La valerosa actitud de Ángel Zúñiga, patrullero de la Policía de Cali que el martes 9 de junio de 2020 se negó a participar en el desalojo y la represión de personas sencillas en el sector La Viga, corregimiento de Pance, zona rural del sur de la capital del Valle del Cauca, evidencia que aún en las fuerzas coercitivas del Estado colombiano hay seres con conciencia social.

El patrullero, que fue detenido de inmediato por uno de sus superiores, no puede ser violentado ahora judicialmente, pues está amparado nada menos y nada más que por la Constitución Política de Colombia, que en su Artículo 18 establece la libertad de conciencia, que consecuencialmente habilita a todo ciudadano, y Zúñiga lo es, a no obrar en contra de sus principios y valores supremos.

Dice el referido Artículo superior de la CP: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas *ni obligado a actuar contra su conciencia”.

“Estamos en plena cuarentena y a esa gente la van a dejar desamparada, sola. Es algo injusto, yo soy policía, soy patrullero, yo me metí a ejercer es para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”, dijo Zúñiga al entregar su arma de dotación.

La actitud valiente, vehemente y consciente del patrullero Zúñiga ha concitado el respaldo de muy amplios sectores del país que rechazan, como él, la arbitrariedad y la injusticia.

Y contrasta con la posición de un amplio número de concejales de Cali, que en estos días se han negado a hacer control político a altos funcionarios de la Alcaldía de la ciudad por su manejo de contratos para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Tampoco ha habido cuestionamientos a la Alcaldía de Cali por abusos como los que viene cometiendo en sucesivos desalojos, con lo cual se incumple una de las funciones primigenias de todo concejal: ejercer control político. ¡Tan cómodos y sumisos los ediles de la ciudad!

No hay que olvidar que un desafuero igual al que se comete contra habitantes de años en La Viga ocurrió el sábado 16 de mayo en predios del barrio Siloé, en el suroccidente de Cali, a donde el Alcalde de Cali, su Secretaria de Vivienda y su Secretario de Seguridad enviaron el Esmad de la Policía para que ejerciera represión en el desalojo.

“Quédate sin casa”

El alcalde Jorge Iván Ospina, que tanto ha propalado la consigna del “quédate en casa para evitar el contagio del virus”, se ha dedicado en la actual pandemia a perseguir a los destechados y a dejarlos, precisamente, sin casa, a expensas de la amenaza de la covid-19.

Quienes alcanzaron a alegrarse cuando un grupo de cinco de los nuevos concejales se mostraron, hace meses, irreverentes frente a la vieja clase política y albergaron esperanzas de “renovación” en el Cabildo de Cali recibieron un portazo.

Parece que cuentan más los acuerdos y los puestos de la “bancada mayoritaria”, que los intereses colectivos de la sociedad caleña.

Y en cuanto a los desalojos, todo indica que los pulpos urbanizadores –de uribistas recalcitrantes, por lo demás–, están detrás de ellos.

Al alcalde se le olvidan varias normas vigentes. Por ejemplo, para no ir muy lejos, el Decreto Legislativo 579 del 15 de abril, que dice, en su Artículo 1: “Durante el período comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa…”.

También desconoce lo preceptuado en la Ley de Vivienda, la No. 1649 de 2011, en sus artículos 18 y 19, que está en concordancia con el Artículo 51 de la Constitución Política: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El estado fijará las condiciones para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social…”.

Lección ética

El patrullero Zúñiga está dando una lección de ética pública, de conciencia social y de valor civil. Y es preciso tener en cuenta, a propósito, que la Policía es un cuerpo armado, pero civil, de acuerdo con nuestra Carta Fundamental.

Su acto de objeción de conciencia debería servir, por lo menos, para que tantos cómodos y sumisos que se limitan a cumplir órdenes, reflexionen sobre el sistema de jurídico colombiano, un viejo y anquilosado escaparate repleto de leyes, unas que formulan derechos que se quedan solo en la letra y nunca se cumplen, y otras muy injustas, antiéticas e inmorales, establecidas para favorecer a los potentados dueños del país.

Ojalá la solidaridad nacional evite una sanción del establecimiento oligárquico, que ahora se rasgará las vestiduras contra el patrullero valiente.

APOSTILLA: El patrullero Ángel Zúñiga fue incomunicado de inmediato por el alto mando de la Policía, circunstancia que no ha ocurrido en otros casos como, por ejemplo, los de los dos agentes de la institución en Puerto Tejada, sindicados por la comunidad de su presunta responsabilidad en las muertes de los jóvenes Anderson Arboleda y Janner García. Trato diferenciado que llaman…

Cali, miércoles 10 de junio de 2020