Los efectos de la pandemia y las medidas del progresivo desconfinamiento, pasaron por unas horas a un segundo plano informativo en España. Las cifras de contagio, o la ubicación de los rebrotes, fueron desplazados por el resultado de la votación en la mesa del Congreso de una petición para que fuera investigada la posible implicación del ex presidente Felipe González en la creación de los GAL en los años 80. Había sido presentada por Bildu (partido vasco heredero de las tesis independentistas radicales ) y con la firma de todo el arco de partidos nacionalistas de Cataluña, Euskadi y Galicia. El origen de la reactivación del antiguo tema fue la publicación de unos informes desclasificados de la CIA que apuntaban la participación del gobierno de González en acciones ilegales en la lucha contra ETA.

La propuesta, a diferencia de lo ocurrido con el reciente pedido para que fuera investigado el posible cobro de coimas por el Rey emérito, contó esta vez con el visto bueno de los letrados de la cámara, que no pusieron objeciones a la creación de esa comisión. Pero sí se opusieron con su voto los tres representantes del PSOE, los dos del PP y uno de VOX. Extraña e insólita conjunción de partidos que no se alcanza en temas trascendentales para todos los ciudadanos, como lo son la sanidad, la educación o la vivienda. Pero sí en la defensa de Felipe González.

Los únicos votos favorables a que fuera creada la comisión, correspondieron a los tres representantes de Podemos en la Mesa del Congreso, la mitad de los que sumaron el PSOE, PP y Vox. Pero...¿por qué aparecen estos antiguos documentos de la CIA sobre el caso justo ahora? ¿Es una simple coincidencia que ocurra en plena campaña preelectoral del País Vasco?

El puntapié inicial ( como se diría en términos futbolísticos) lo dio el diario "La Razón", de línea editorial conservadora y marcadamente crítico con el PSOE, al publicar hace unos días el manido informe removiendo una cuestión que no es precisamente una novedad como punto de debate. En realidad, el informe de la CIA es de enero de 1984, pero, aunque el diario reconoce que tiene párrafos censurados se preocupa en destacar otros, entre ellos el que indica: «Si la supuesta participación de Madrid es confirmada, las credenciales democráticas del gobierno español y del Partido Socialista estarían seriamente manchadas»

No es esta la primera vez que este tipo de informes aparece en un momento especial de la vida política española. Ya ocurrió en mayo del 2018, cuando se iba a debatir en el Parlamento la moción de censura de Sánchez contra Rajoy. En aquel entonces Bildu no tomó posición y votó la candidatura de Pedro Sánchez. Ahora presentó el pedido de creación de una comisión investigadora parlamentaria. PNV (Partido Vasco de centro derecha) se sumó, posiblemente por las circunstancias preelectorales que no podía ignorar. También repercutió en el PSOE donde hay amplios sectores que preferirían que ese tema sea investigado y aclarado, pero otros próximos a Felipe González, todo lo contrario. No escapa a las tensiones sobre la cuestión Podemos, que como aliado y parte del gobierno trató inicialmente de considerar ese tema como superado, pero finalmente ha votado a favor de que la comisión investigadora fuera creada.

¿Quién gana y quién pierde en esta jugada que algunos consideran como de un billar a tres bandas? Es difícil saberlo. Los informes de la CIA, desclasificados a medias, y con párrafos tachados, siempre han sido un recurso para influir en la vida política de los países. En América Latina tuvo destacado protagonismo en el apoyo al golpe cívico militar contra el gobierno constitucional de Salvador Allende y en casi todas las cuestiones institucionales de diversos países en las últimas décadas.

Lo cierto es que juzgada en su momento, la trama parapolicial que actuó contra ETA entre 1983 y 1987 con prácticas de terrorismo de estado implicó a importantes cargos del gobierno de F. González. Pero ya en octubre de 1995 el Congreso de Diputados rechazó la petición para crear una comisión que investigara los GAL. (el grupo armado anti-ETA). Años después, cuando gobernaba el PP con Aznar, algunos cargos socialistas encabezados por Felipe González pidieron la liberación del ex ministro del Interior José Barrionuevo y del secretario de estado Rafael Vera, que fueron condenados por el llamado "Caso Marey" ( el secuestro de un ciudadano en Hendaya por un comando de los GAL, al confundirlo con un dirigente de ETA). El gobierno de Aznar les concedió el indulto parcial en 1998.

¿Quién o quiénes y con qué propósito desenterraron esta vez los informes de la CIA? Aquí quedan unos cuantos elementos expuestos. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero es evidente que los efectos fueron tensionar al partido de gobierno, y a su aliado, Podemos. Y también perturbaron el clima preelectoral en Euskadi donde los ciudadanos tendrán elecciones autonómicas el próximo 12 de julio.

El peso informativo de la pandemia y del futuro político y económico del país, amortiguó los efectos de una votación que produjo una insólita coincidencia de partidos en la mesa del Congreso español. Ojalá tuvieran la misma vocación de unidad cuando se trata de preservar la salud de todos los ciudadanos, que tendrá que comenzar por defender y potenciar la sanidad pública y a sus trabajadores, que lo dieron todo desde el comienzo de la pandemia.

Pero está claro que el PP y sus socios ultraderechistas están en las antípodas de tal objetivo. Su empeño ha sido y es el de privatizar hospitales y servicios públicos en beneficio del capital privado.-

Dicen que las parábolas suelen dejar una enseñanza. En este caso puede ser más de una. "Tu verdad no, la verdad. Ven conmigo a buscarla"...escribió Antonio Machado.

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