La ortodoxia neoliberal de este gobierno imprime el sello a las políticas públicas puestas en marcha para enfrentar la crisis desatada alrededor de la Covid-19 en Colombia adobada con una crisis de legitimidad del gobierno relacionada con el financiamiento de la campaña electoral de Iván Duque y el Centro Democrático, tanto por recursos provenientes del narcotráfico como de la corrupción y ahora parece ser también por la entrada de US$ 300.000 dólares provenientes del grupo Cisneros de Venezuela. En Colombia es ilegal que las campañas electorales reciban recursos provenientes de entidades internacionales. Detengamos un poco en el tema de la ilegitimidad de este gobierno.

En el año 2002 para la elección del entonces candidato Álvaro Uribe se puso en marcha una campaña de constreñimiento a los electores y de financiamiento ilegal por parte de los grupos paramilitares que conformaron circunscripciones electorales para no solo apoyar las aspiraciones de Uribe a la presidencia de la República sino para elegir senadores y representantes, lo que pudo comprobar primero el Consejo de Estado que encontró, sin investigar todas las denuncias, que éstas circunscripciones electorales habían obtenido más de 1.7 millones de votos que fueron anulados por este organismo; luego las investigaciones penales de la Corte Suprema de Justicia despojaron de la investidura de congresista y condenaron a penas privativas de la libertad a 62 parlamentarios a quienes pudo comprobar que habían sido elegidos con la participación en su financiamiento y en prácticas de constreñimiento a los electores en pactos como el denominado pacto de Chivolo o de San Pedro de Urbá, para mencionar dos pactos de políticos uribistas con grupos paramilitares. Este proceso eufemísticamente se denominó como el proceso de la parapolítica. Muchos de los jefes paramilitares han declarado en la jurisdicción de Justicia y Paz que apoyaron las aspiraciones presidenciales de Álvaro Uribe tanto en las elecciones del año 2002 como en las elecciones para su reelección en el año 2006.

O sea que los nexos entre el uribismo y los grupos armados de la extrema derecha no son cosa reciente sino una vieja práctica. Todo indica que esa práctica y esas alianzas mutaron. La campaña uribista habría recibido voluminosos recursos del narcotráfico que se utilizaron para la compra masiva de votos en las elecciones presidenciales del año 2018. Hasta ahora y como producto de investigaciones judiciales debidamente autorizadas y ordenadas por los jueces van mostrando un mapa de recursos ilegales que se manejaron en las regiones para la compra masiva de Votos. Aida Merlano actualmente presa en Venezuela y elegida senadora por el Partido Conservador en estrecha alianza con el partido Cambio Radical ha confesado que el grupo Char, que domina la política regional en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico pero que extiende sus tentáculos a los departamentos de la Guajira, Bolívar y Magdalena, habría destinado más de 3 mil millones de pesos que a ella le consta para el financiamiento y la compra de votos, hecho comprobado por la Corte Suprema de Justicia que la condenó a una pena de cárcel inicialmente de 15 años y que luego le fue rebajada a 11 años y cuatro meses. Ella confesó que se habría hecho una alianza entre el grupo de Fuad Char, de Cambio Radical   y el grupo conservador de los Gerlein, no solo para elegirla a ella sino para apoyar a Duque aún en desmedro del entonces candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Los recursos económicos provendrían de empresarios contratistas que a cambio del dinero para las campañas disfrutan de jugosos contratos con la Alcaldía de Barranquilla y con entidades nacionales manejadas por dicho partido.

La investigación por el asesinato del joven Oscar Eduardo Rodríguez hijo del sastre barranquillero Carlos Rodríguez hecho perpetrado el 17 de agosto de 2011 ordenado al parecer por José Guillermo Hernández conocido como el Ñeñe Hernández y ejecutado por la banda criminal dirigida por alias Marquitos Figueroa, habría tenido como motivación central el no pago de una deuda de mil millones de pesos que Carlos Rodríguez habría suministrado al Ñeñe Hernández. Los criminales se equivocaron, así lo confeso el autor material del crimen, que iba dirigido contra Carlos Rodríguez y por equivocación asesinaron a su hijo. En el curso de la investigación los jueces ordenaron la interceptación de los teléfonos del Ñeñe y ahí aparece grabaciones en las cuales el Ñeñe Hernández aparece gestionando e invirtiendo recursos para el financiamiento ilegal de la campaña de Duque en los departamentos de Cesar y la Guajira. El Ñeñe era un ganadero lavador de dinero proveniente del narcotráfico y testaferro de narcotraficantes. Esas actividades ilegales quedaron registradas en conversaciones del Ñeñe con María Claudia Daza, Cayita Daza, asesora de Álvaro Uribe en su Unidad Legislativa en el Senado de la República. De modo que, a los casos del Atlántico, Bolívar y Magdalena, se suman también los departamentos del Cesar y la Guajira.                          

A los casos anteriores se suma ahora la presunta entrega por parte de Oswaldo Cisneros del poderoso grupo económico venezolano, de 300 mil dólares para financiar la campaña presidencial de Duque en el departamento de Santander y que tendría como propósito comprar a líderes del precandidato Sergio Fajardo para que adhirieran a la campaña de Duque en segunda vuelta. Las investigaciones comprometen a la directora del Centro Democrático Nubia Stella Martínez que como es habitual en los personajes ligados a Uribe sale a desmentir y a tratar de explicar que lo que se oye en las grabaciones no es lo que aparece allí. Estas grabaciones también fueron rebeladas casi dos años después de realizadas, dormían el sueño de los justos en medio de la impunidad favorecida por la Fiscalía General de la Nación antes en cabeza del nefasto Néstor Humberto Martínez y ahora en cabeza de Francisco Barbosa nominado para ese cargo por Duque a quien debe investigar por todos estos hechos. Solo la insistencia de los abogados que representan a la familia del Joven Oscar Eduardo Rodríguez han logrado que estos audios y los que vendrán, pues son más de 25 mil horas de grabaciones al Ñeñe Hernández, han ido destapando la trama del financiamiento de la campaña de Duque por parte del narcotráfico, de contratistas corruptos y por empresarios extranjeros que habrían tenido como propósito la compra masiva de votos que ahora también involucra al Departamento de Santander. Habría que investigar además el financiamiento de la campaña de Duque en los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia para completar el mapa del financiamiento ilegal y la compra de votos en todas estas regiones.

Ilegitimidad y minimalismo neoliberal frente a la pandemia

Al gobierno como se dice coloquialmente se le apareció la virgen con la agresiva presencia de la Covid-19 en el país pues las devastadoras consecuencias de la misma dispararon el desempleo a un 23% de la Población Económicamente Activa, PEA, la pobreza y el hambre extendida que son la principal razón que explican el alarmante crecimiento de los enfermos que ya suman 102.009 casos y 3.470 muertos, han colocado el foco principal de la coyuntura política y de la agenda nacional en el manejo de la pandemia y no en la ilegitimidad del gobierno de Duque que sin embargo por sus políticas no logra remontar en las encuestas a pesar de la propaganda y el respaldo activo de los grandes medios de comunicación. Duque apenas tiene un 30% de opinión favorable mientras que más del 60% considera que es un mal gobierno.

Las cifras que han dado a conocer investigadores independientes muestran que el gasto social para el manejo de la pandemia apenas ha comprometido recursos por menos del 3% del Producto interno Bruto, PIB, para los programas focalizados con subsidios insuficientes que además no cubren a toda la población necesitada, pero además, no es claro que esos cerca de 28 billones de pesos, unos 8 mil millones de dólares, que dice el gobierno que se han destinado a esos programas, realmente se hayan ejecutado. Hasta ahora apenas hay claridad sobre 1,7% del PIB que se ha desembolsado, el resto de recursos no parecen haber salido de los bancos donde están depositados. Hay pues además de bajas cifras destinadas a la pandemia una muy baja ejecución de los recursos.

Con el levantamiento de la cuarentena rígida que se mantuvo hasta el 27 de abril como era de esperar aumentaron exponencialmente los enfermos amenazando con desbordar el frágil y debilitado sistema de salud. La crisis es más fuerte en Barraquilla y el departamento del Atlántico donde el sistema de salud si no ha colapsado está a punto de hacerlo. La mayor parte de los más de 1 mil muertos no han llegado a las Unidades de Cuidados Intensivos, UCIs. O han muerto en sus casas o en entidades hospitalarias, el hecho concreto es que no han llegado a esas unidades de cuidados intensivos y habrá que averiguar si por trabas o barreras de acceso o cuáles son las razones, el hecho concreto es que esta región suma más muertos que Bogotá y el Valle del cauca juntos, que son las otras dos regiones con mayor presencia del virus. La principal razón del crecimiento del contagio no tiene que ver con la indisciplina social que se esgrime por parte de los gobernantes locales sino principalmente por la pobreza y por los altos niveles de informalidad laboral en esa región del país. O se mueren de hambre en sus casas o salen a rebuscar recursos en actividades informales como ventas callejeras, mototaxismo, etc., donde se exponen al contagio y eso es a nuestro juicio lo que ha ocurrido agravado eso sí por brotes minoritarios de indisciplina social que también se han presentado.

Todo ello ocurre sin que hayamos llegado al pico de la curva como se dice. Cuando este pico llegue si no se controla mediante confinamientos rígidos que en Colombia deben operar regionalmente pues el crecimiento del virus no es uniforme en todo el territorio nacional podemos llegar a un colapso del sistema de salud que no ha logrado amentar de manera significativa de las Unidades de Cuidados Intensivos pero que además presenta un problema de déficit de personal calificado para que maneje esos equipos. Colombia solo tiene 1.200 médicos intensivistas que son los profesionales debidamente calificados para su operación sin riesgos para los pacientes. De modo que una variable que no se discute públicamente en Colombia y que debe comenzar a discutirse tiene que ver con la posibilidad real de crecimiento de las UCIs de acuerdo con la disposición de profesionales capacitados para manejarlos. Estamos en una situación en que el ascenso de la curva de contagios debe ser controlada, pero el gobierno ni se da por enterado. Por el contrario, mañana viernes se desarrollará en Colombia el segundo día sin impuesto a las ventas, el primero se desarrolló el viernes 19 de junio, con más de 100 aglomeraciones en varias ciudades del país con los riesgos de masivos contagios.

Políticas minimalistas y miserabilistas, crecimiento del desempleo, cierres de empresas, créditos ofrecidos que no llegan y un sistema de salud a punto del desborde, todo ello, es la realidad que estamos enfrentando y para coronar con un gobierno ilegitimo.

Bogotá 2 de julio de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)