Son tiempos de barbarie imperial. No importa cuánto haya tratado de avanzar el ordenamiento jurídico internacional. Una terna de países agrupados en la llamada “Unión Europea” y alineados con Estados Unidos (EE.UU), amenazan la seguridad nacional de Venezuela, a través de eso que los latinoamericanos llamamos “patoterismo”.

Más de 50 países, ante el poder que detentan,  dejan saber que los votos de los venezolanos no valen, e insólitamente, algunos de ellos reconocen dos representantes diplomáticos por Venezuela. Mientras, en las últimas semanas, voceros estadounidenses, han azuzado más la presión contra el país suramericano.

Reino Unido usa una treta y niega al Estado venezolano que disponga de sus 30 toneladas de oro para que las administre el Programa Nacional de Naciones Unidas (PNUD) en beneficio de su población; mientras España -al borde del descalabro monárquico producido por un entramado corrupto- alienta, con incremento de propaganda sistemática contra Venezuela, las acciones de esta “patota”.

La Unión Europea (UE) plagada de naciones que, en su mayoría, como Reino Unido, venían antes de la pandemia por coronavirus, financiera y económicamente en picada, producto de situaciones como el Brexit y socios como Portugal y Grecia devenidos de una debacle financiera, donde la corrupción hizo mella, se halla urgida y se mete en los procesos políticos internos de Venezuela, procurando un escenario propicio a sus intereses económicos.

Un montón de empresas navieras y petroleras que intentaron comerciar con el país bolivariano han sido castigadas por “sanciones unilaterales y coercitivas” aplicadas contra Venezuela por parte de EE.UU y su política guerrerista, expresada por la administración Trump, que simula erigirse en ‘libertaria’, mientras subyuga a la población venezolana con medidas asfixiantes.

No importa que la mayoría de los países del mundo pongan su queja al respecto, tal como sucedió en el año 2014, ante el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH) de la ONU, en su 27º período de sesiones, en el tema 3 de la agenda Promoción y Protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.

En la Resolución aprobada por el Consejo de DD.HH 27/21 respecto a la vulneración de derechos humanos debido a medidas coercitivas unilaterales (1), esta instancia admite estar alarmada “por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de las sanciones unilaterales y sus efectos negativos para la población civil, en particular las mujeres y los niños, de los Estados contra los cuales van dirigidas”.  Y condenó el hecho de que:

(…) determinadas Potencias sigan aplicando y haciendo cumplir unilateralmente medidas de esa índole como instrumento de presión política o económica contra cualquier país (…) con objeto de impedir que estos países ejerzan su derecho a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales”.

Esta instancia de la ONU admite en dicho documento que todas esas medidas son contrarias al derecho internacional y la Carta de los DD.HH. Así se confirma que países como éstos que agreden a la población venezolana, ya devenida en una profunda crisis sociopolítica interna, violentan los DD.HH bajo el manido pretexto de defenderlos.

Así lo ha reconocido el Consejo de DD.HH de la ONU en el acuerdo antes citado cuando deja saber que hay Estados que siguen  “recurriendo a la guerra y al militarismo, con todas las consecuencias negativas que tienen para las actividades sociales y humanitarias y el desarrollo económico y social de los países en desarrollo, incluidos sus efectos extraterritoriales”.

No es de extrañar que desde esos Estados “patoteros” -babeados por los recursos venezolanos- aceleren más decretos violatorios del derecho internacional contra Venezuela. Los países que no aprobaron el documento antes citado fueron: Alemania, Austria, Estados Unidos de América, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea y Rumania.

Así, el planeta entero observa que la soberanía existe solo para quienes detentan el poder de las armas y el dinero del mundo, represados en pocas manos. La ambición no cesa. La corrupción que ha devastado la economía de esos patoteros que se pregonan “desarrollados” andan cuales buitres ofreciéndose a cuidar carne. Ya se han visto los resultados: Un expediente falso por posesión de armas de destrucción masiva le costó a Irak su soberanía, sus activos y su gente.

Libia es otro caso. Tras el bombardeo de 2011, algunas fuentes aún recuerdan un correo del asistente de Hillary Clinton donde se expresarían los verdaderos motivos para derrocar a Muamar Gadafi: El proyecto que éste tendría de utilizar sus reservas de oro para destronar la influencia económica francesa en África,  mediante una moneda panafricana (2).

Así se invalida un sistema de ordenamiento internacional, que los “vencedores” de la II Guerra Mundial instauraron en forma de poderes multilaterales, con el fin de que, como reza en la Carta de Naciones: “el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. #NoAlPatoterismo

 Notas

1. http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIM8c1X4GZjGEGHV9SBM9XT8MOm4QWsm1oDcpUCl3wAsiFpXQBNJQyHciRTWfkbSRxo9NyLHlPw2oiZVBZ8xq65A01IKCNMXU8z%2FUGcftkhf
2. https://www.oroyfinanzas.com/2016/02/hillary-clinton-nicolas-sarkozy-reservas-oro-muamar-gadafi-libia/
3. http://www.un.org/es/documents/udhr/

Ramaris Vásquez, periodista venezolana. Con estudios de Especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Venezuela.