Principales argumentos del informe

•Los refugiados y migrantes se ven afectados en forma desproporcionada por la COVID-19.

•El hacinamiento y las condiciones precarias en los campamentos de refugiados han provocado brotes de la enfermedad en Francia, Argelia, Bangladesh, Kenya y el Líbano.

•Las personas en centros de detención (en el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos) han experimentado brotes de la enfermedad y un mayor aislamiento o maltrato debido a las medidas de confinamiento.

•Los trabajadores migrantes, como los trabajadores de los mataderos, que son considerados “esenciales” por los Gobiernos, han recibido menos protección sanitaria y por lo tanto es probable que estén más expuestos al virus.

•La deportación de migrantes (en Estados Unidos y Arabia Saudita) ha provocado la propagación del Coronavirus en países de bajos ingresos con recursos limitados para adoptar medidas al respecto.

•Los trabajadores migrantes, especialmente los trabajadores indocumentados, han estado más expuestos a perder sus empleos o sus ingresos debido a la pandemia y es menos probable que reciban asistencia médica o social.

•La COVID-19 ha provocado el cierre de fronteras y restricciones a la migración sin precedentes (91 % de la población mundial vive en países con restricciones a los arribos internacionales, 39 % en países con fronteras completamente cerradas).

•Se ha incrementado la devolución violenta de refugiados en fronteras (en Croacia), el rechazo inmediato de solicitantes de asilo (en Estados Unidos), las redadas en campamentos de migrantes (en Malasia), así como el cierre de puertos, incluso a embarcaciones de rescate (en Italia y Malta). Todo ello ha provocado un aumento de las muertes en regiones que ya registraban un elevado número de decesos, como el mar Mediterráneo.

•Medios de comunicación y organizaciones racistas, partidos y Gobiernos de extrema derecha (en Estados Unidos, Israel, Brasil, Irán y Hungría) han utilizado la crisis para incitar sentimientos xenófobos.

•Se ha utilizado a la pandemia como excusa para aumentar la militarización de las fronteras, lo que ha provocado un aumento del despliegue de soldados y armamento en muchas fronteras del mundo (Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, los Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal y la República Checa).

•Existe el riesgo de que muchas de estas restricciones draconianas, justificadas por los Gobiernos como medidas de salud temporales, se conviertan en medidas permanentes cuando disminuya la intensidad de la pandemia, del mismo modo que las restricciones a las libertades civiles se mantuvieron en vigor mucho después de los ataques del 11 de septiembre.

•En medio de la pandemia, la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia y otros países han seguido gastando miles de millones de dólares en la fortificación de sus fronteras, el fortalecimiento de los organismos de vigilancia de las fronteras –como la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) o Frontex– y financiando a países terceros, a menudo autoritarios, para impedir que la migración llegue a sus costas. La UE propuso aumentar considerablemente el presupuesto para seguridad de las fronteras en medio de la COVID-19.

•Las empresas siguen recibiendo un número sin precedente de contratos de control fronterizo, en particular las del sector armamentista, de informática y datos biométricos. Muchas de las empresas que ganaron licitaciones para la vigilancia, el control y seguimiento de migrantes han publicitado las mismas tecnologías para su aplicación en la salud y el control relacionados con la COVID-19. Serán de los pocos beneficiarios del auge de la militarización de las fronteras provocado por la pandemia.

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https://www.tni.org/files/publication-downloads/tni-covid-19-y-politicas-fronterizas.pdf