La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en decisión unánime de los cinco magistrados habilitados para tomar la decisión, toda vez que del caso fue separada la magistrada Cristina Lombana, y con ponencia del magistrado César Reyes, decidió proferir medida de aseguramiento con detención domiciliaria este martes 4 de agosto contra el expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los posibles delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Estos delitos están contemplados en el Código penal con penas para el primero de entre cuatro y ocho años y por el segundo entre 6 y 12 años de prisión.

Contrario a lo que muchos opinan le era muy difícil a la Sala si mantenía abierto el proceso no proferir medida de aseguramiento contra Uribe por la naturaleza de los delitos que se le imputan. De seguir en libertad existía y existe aún con la detención domiciliaria, el enorme riesgo que Uribe siga intentando obstruir la justicia pues precisamente la compra de testigos para que desvirtúen los testimonios y las pruebas que han aportado los testigos que los abogados de Uribe pero principalmente Diego Cadena y Juan José Salazar, intentaron cambiar dando dinero y ofreciendo prebendas en nombre de Uribe a los testigos Carlos Enrique Vélez, quien ha señalado ante la Corte haber recibido 48 millones de pesos  de los 200 millones ofrecidos para que acusaran al senador Iván Cepeda del opositor Polo Democrático Alternativo, PDA, de ofrecer prebendas y dinero para que testificaran contra el denunciante de Cepeda que había sido precisamente Álvaro Uribe que instauró demanda penal contra Cepeda desde el año 2012 por que según Uribe Cepeda quería incriminarlo de ser el organizador del bloque Metro, grupo paramilitar que actuó en Medellín y en el Valle del Aburra desde los años 90 del siglo XX.

Esta demanda fue archivada por la Corte Suprema en el mes de febrero del año 2018 y por denuncia del abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, quien presentó ante la Corte Suprema las primeras pruebas de soborno en el caso de Vélez e intento de soborno al otro testigo, Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la finca “Las Guacharacas” de propiedad de los Uribe, quien señala a Uribe de ser promotor y organizador de ese grupo paramilitar al lado de su hermano Santiago Uribe. Los dos abogados, Cadena y Salazar, han sido acusados en proceso que adelanta la fiscalía ante la justicia ordinaria de soborno a testigos y fraude procesal en beneficio de terceros y su suerte será definida precisamente este jueves 6 de agosto en que un juez de control de garantías debe decidir si les profiere medida de aseguramiento con detención domiciliaria como lo pide la fiscalía o los envía a detención carcelaria. Lo curioso, por decir lo menos es que el fiscal del caso, Daniel Hernández, mantiene la tesis que el tercero beneficiado es indeterminado cuando a todas luces el único beneficiado con estas maniobras era justamente Álvaro Uribe, pero así siempre ha operado la justicia en Colombia. Tratando de favorecer a los poderosos y solo profiriendo duras condenas contra los humildes. La naturaleza clasista de la justicia en Colombia de donde nace parte de su desprestigio.

Los efectos de la detención domiciliaria de Uribe

La detención domiciliaria de Uribe manda un duro mensaje de la Justicia a los delincuentes de cuello blanco lo cual no es usual en Colombia donde las clases dominantes han montado todo un sistema de privilegios e impunidad para sus turbios negocios. La justicia en Colombia es predominantemente clasista como los hemos dicho. En este caso el mensaje es que nadie por encumbrado que sea está por encima de la ley. Y es muy simbólico en el caso de Uribe que mantiene sin que avancen más de 250 denuncias de todo tipo desde penales, favorecimientos personales con decisiones que incrementaron el patrimonio de él y de sus hijos, compra de votos de parlamentarios para que aprobaran su reelección, que reposan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sin que pase nada. A Uribe lo cobija un fuero especial otorgado por la Constitución que cubre sus actuaciones cuando se desempeñó como presidente de la República, 2002 a 2010. Solo lo puede investigar la Comisión de Absoluciones como se le dice a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En la Corte Suprema de Justicia hay contra Uribe 14 procesos abiertos sin que tampoco tengan avances significativos. Solo dos de estos procesos se han movido durante estos dos últimos años. El primero es éste por el cual se le profirió medida de aseguramiento con detención domiciliaria y el proceso del Hacker, Andrés Sepúlveda, por interceptaciones ilegales contra los negociadores del proceso de Paz con las FARC en La Habana, compleja trama urdida desde las Fuerzas Armadas. El receptor de esta información sería Álvaro Uribe. En menor medida se han movido tres procesos más que comprometen a Uribe. Se trata de los procesos por el asesinato del abogado defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo y por las masacres del Aro y la Granja, hechos ocurridos cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Estos casos fueron calificados como delitos de lesa humanidad con lo cual no prescriben y las investigaciones continúan.

Los primeros efectos de la detención de Uribe y los más relevantes se relacionan con el debilitamiento del gobierno de Duque ya duramente cuestionado por la infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial y compra de votos en por lo menos los departamentos del Atlántico, Bolívar, Santander, Cesar y la Guajira señalados por el proceso de la llamada Ñeñepolítica y por la condena a la parlamentaria conservadora, Aída Merlano, a lo cual se suma la cada vez más cuestionada estrategia frente a la pandemia, que nos tiene ahora como el 10 país en el mundo con el mayor número de enfermos, cerca de 350 mil  y de los 12 mil muertos. La detención de Uribe debilita el apoyo parlamentario que tenía a Uribe como su principal armador de la coalición en el Congreso de la República. Uribe no podrá ejercer su labor parlamentaria, su curul queda congelada, es decir, mientras no se le profiera resolución de acusación o no sea condenado su curul no podrá ser reemplazada. La única manera de ser reemplazada es que Uribe renuncie.

Se debilita el Centro Democrático puesto que este partido esta vertebrado y organizado alrededor del caudillo con una estructura fuertemente atada a Uribe y a su suerte. Si bien este partido representa un proyecto de extrema derecha con sólido respaldo en la clase terrateniente y latifundista, con apoyos de clanes y familias políticas regionales con nexos económicos con el narcotráfico y el saqueo del erario público, tales como las que ejercen las familias Genecco en el Cesar, Char y Gerlein en el Atlántico, Vives y Cotes en Magdalena, Elías en Córdoba y en otras regiones del país, la figura de Uribe es clave en su vertebración en un proyecto nacional. Uribe es el articulador político de toda esta clase política corrupta tradicional y es además el articulador y legitimador en el terreno político de las expresiones armadas del paramilitarismo.

El levantamiento armado de los latifundistas en contra de la Constitución de 1991 que se expresó en el incremento exponencial del paramilitarismo que se convirtió en el principal cartel del narcotráfico respaldó con sus recursos y con su accionar armado las aspiraciones de Uribe a la presidencia de la República en al año 2002 y 2006. La anulación de más de 1 millón 700 mil votos en las elecciones parlamentarias de dicho año y la condena de 62 parlamentarios por sus nexos con los paramilitares, la mayor parte de ellos uribistas, son la muestra que Uribe en el terreno político se benefició y hasta cierta manera ha representado no solo los intereses de terratenientes sino de todos estos sectores emergentes producto del lucrativo negocio del narcotráfico. Esta alianza con la detención de Uribe se debilita puesto que él era en el terreno político su principal articulador.

Se debilita la agenda neoliberal. La habilidad de Uribe para tejer alianzas con los sectores financieros y empresariales -pese a que principalmente representa los intereses ligados al latifundio y a los terratenientes despojadores de tierras y a que como ya se indicó vertebra los sectores emergentes de quienes se ha beneficiado y hasta cierta forma representa- ha sido exitosa. Una prueba es que ante su detención de manera desvergonzada el Consejo Gremial Nacional que representa a los 20 gremios más importantes del país, salió a respaldarlo y a rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Este apoyo de los principales conglomerados financieros se debe a mi juicio a dos jugadas de Uribe. La primera que desde el gobierno los premió con toda clase de exenciones e hizo política pública para beneficiarlos castigando fuertemente los ingresos y los intereses de los trabajadores. Hizo suyas las políticas de ajuste, privatizaciones, reducción de salarios, prestaciones sociales, extractivismo, que dicta la agenda neoliberal para nuestros países. Ello ha continuado con el gobierno de Duque que ahora se verá debilitado con la detención de su mentor en la profundización de esta agenda.

Pero Uribe se benefició además en el campo para granjearse el apoyo de la clase latifundista y terrateniente del odio a las FARC y su degradada guerra, así como de sus prácticas de boleteo y extorsión a estos actores que adhirieron al proyecto de sangre y fuego contra una guerrilla degradada e impopular. Y en el plano nacional más reciente el apoyo de los sectores financiero y empresarial lo consigue por el temor que tienen estos sectores al proyecto político del centro izquierda que en el año 2018 encabezó en segunda vuelta Gustavo Petro. Un eventual triunfo del centro izquierda significaría que finalmente tengan que pagar impuestos y se eliminen las exenciones tributarias que los benefician y que las prácticas corruptas sean desterradas de la contratación pública, que se respeten los derechos de los trabajadores y que muchos de los turbios negocios sean puestos a la luz pública.       

Un factor no menos importante es que con esta adhesión y por esos motivos de los sectores financiero y empresarial al proyecto Uribista quienes son los dueños de los principales medios de comunicación de masas en Colombia, estos medios han ocultado o debilitado las innumerables denuncias y proceso en los que está implicado Uribe. Se habla mucho del teflón de Uribe, pero no se discute que este teflón fue constantemente reforzado desde los medios de comunicación masivos que contribuyen al atraso cultural y a la débil opinión pública crítica e independiente existente en el país. Ahora estos medios están duramente cuestionados en su credibilidad y está seriamente comprometida su independencia. Por fortuna este monopolio que tuvieron durante decenas de años está debilitado por la existencia de las redes sociales y medios digitales alternativos que se han venido abriendo camino lenta, pero con paso firme.

También es importante señalar que se debilitará aún más la ya desprestigiada y errática política internacional uribista. Su incondicionalidad con la defensa de los intereses y las posturas de los Estados Unidos las ha logrado Uribe a costa de atentar contra la soberanía nacional. Entrega de bases militares aún por encima de las pretensiones norteamericanas, secundar en este gobierno de Duque las posturas de Trump no solo en relación con Venezuela sino con Israel o el vergonzoso respaldo a la candidatura norteamericana para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, o el aplauso y el lobbying realizado para que EEUU incluyera a Cuba dentro de los países cómplices del terrorismo, todo ello, por fortuna se verá debilitado. Esas son a mi juicio las principales consecuencias inmediatas de la detención domiciliaria de Uribe.

Bogotá agosto 6 de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)