Una verdadera prueba de fuego tiene en sus manos la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de Justicia que se apresta a tomar una decisión sobre quién debe asumir la investigación que se sigue contra el expresidente y hoy también exsenador, Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que abrió la propia Corte Suprema de Justicia por soborno a testigos y fraude procesal desde el mes de febrero de 2018. En esta investigación Uribe rindió versión libre y 9 meses después, el 4 de agosto, esta Sala decidió la medida de detención domiciliaria lo que conllevó posteriormente el 18 del mismo mes a que Uribe presentara su renuncia al Senado de la República la que fue aceptada el mismo día de su presentación.

Aprobada la renuncia inmediatamente los abogados de Uribe presentaron la solicitud formal para que su proceso pasara a la Fiscalía General de la Nación, pero, no solo se debería remitir ese proceso sino todos los que se siguen en la Corte Suprema de Justicia y específicamente el proceso por las interceptaciones ilegales a los miembros del equipo negociador entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, efectuadas en La Habana y que comúnmente se conoce como el proceso contra el hacker Andrés Sepúlveda y en que el receptor de esa información sería precisamente Álvaro Uribe Vélez. También se solicita que el proceso en que se investiga a Uribe por su participación en las masacres del Aro y la Granja perpetradas en 1997 cuando Uribe Vélez era el gobernador del Departamento de Antioquia y luego en el año de 1998 por el asesinato del abogado defensor de los derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. Estos procesos son los que han avanzado en estos últimos años en la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Uribe pretende que sean remitidos por la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía en donde esperan que se congelen, precluyan o sean cerrados.

Precisamente cuando se instauraba la solicitud de traslado de los procesos que se siguen contra Uribe se conoció un nuevo auto fechado el 14 de agosto en que se cita a Uribe a una versión libre ante la Sala II de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el proceso por las masacres del Aro y la Granja, municipio de Ituango y por el asesinato de Jesús María Valle. Hay que anotar que estos delitos fueron calificados como delitos de lesa humanidad por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el mes de mayo del año 2018. Con esta declaración estos crímenes no precluyen y la investigación debe proseguir hasta establecer responsabilidades en el mismo.

El auto que llama a Uribe a versión libre fija la fecha del 16 de septiembre para su realización. En el Auto la Corte establece un cronograma de trabajo en la investigación que reúne el conjunto de testimonios, indicios, pruebas y demás hechos relacionados con las dos masacres. Allí lo que se trata de investigar es la responsabilidad de Uribe que siendo gobernador debería haber protegido a la población tras las denuncias de Jesús María Valle sobre la connivencia de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares que asesinaron a más de 20 campesinos de este municipio. Luego Jesús María Valle fue asesinado. Hasta ahora la investigación no ha arrojado resultados finales y justamente lo que se busca es esclarecer el papel que jugó Uribe en estos crímenes. De modo que son tres procesos los que busca la defensa de Uribe que pasen a la Fiscalía: el proceso por soborno de testigos y fraude procesal en el caso de Uribe contra el senador, Iván Cepeda; el proceso por la interceptación de las comunicaciones de los negociadores del gobierno de Santos con las FARC y el proceso por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle.

La defensa argumenta que Uribe debe ser investigado por la Fiscalía dado que al renunciar ya no ostenta fuero parlamentario que establece que el juez natural es la Corte Suprema de Justicia y de fondo argumenta que los presuntos delitos cometidos por Uribe no tienen que ver con sus funciones parlamentarias y por tanto deberían ir a la justicia ordinaria en dónde investiga la Fiscalía que de encontrar mérito acusa ante un juez quien resolvería sobre la inocencia o la culpabilidad del imputado. Pero también la fiscalía puede precluir o sea cerrar la investigación o la puede congelar como ha ocurrido con cientos de casos. Uribe busca desesperadamente que la Corte Suprema decida enviar allí el proceso donde contaría con la ayuda del Fiscal Francisco Barbosa puesto en ese cargo por el presidente Iván Duque Márquez.

Los ataques desaforados e irresponsables de Uribe buscan provocar a los magistrados de la Corte para que le respondan, cosa que por fortuna no ha ocurrido. En una entrevista de dos horas y 38 minutos por el canal televisivo de la Revista Semana, realizado por las periodistas uribistas, Vicky Dávila y María Isabel Rueda, Uribe señaló que estaba secuestrado por la Corte Suprema, que la Sala de Instrucción está al servicio de las mafias, que Cepeda compró 10 testigos y que no tenía ningunas garantías procesales. Y lo obvio que la Corte no tenía competencia desde el momento en que dejó de ser senador de la República, es decir, desde el 18 de agosto. Además contradiciendo sus propios argumentos se declaró perseguido político por una Corte al servicio de la “izquierda internacional”. No se entiende que argumente que sus delitos son vulgares delitos comunes y al mismo tiempo se declare perseguido político.

La Corte se apresta hoy 27 de agosto a tomar una determinación y allí deberá sopesar tres argumentos que indican que los procesos deben seguir en sus manos o por lo menos el de los delitos de soborno a testigos, fraude procesal y el proceso por las masacres del Aro y la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. En el auto que ordenó la detención domiciliaria de Uribe se ve claramente que Uribe utilizó a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para diversas tareas en el soborno a testigos y para engañar a la Corte Suprema de Justicia, esto mostraría palmariamente que Uribe como senador y determinador de estas acciones utilizó su investidura para presuntamente cometer estos delitos. Un segundo argumento que deberá evaluar la Corte es que el proceso y la disputa se da entre dos aforados constitucionales los senadores Cepeda y Uribe y un tercer argumento es que la mayor parte de los testigos que aparecen en el proceso de las masacres y el asesinato de Jesús María Valle son los mismos y su accionar correspondería a un patrón de comportamiento que se repite en estos dos procesos pero también en otros procesos en que aparece vinculado Uribe. Ya veremos que determinación toman los magistrados.

Lo que es claro es que Uribe busca que sus procesos pasen a la fiscalía puesto que él está seguro que allí tendrá mejores condiciones para favorecer su impunidad al contar con un fiscal general amigo y a quién él apoyo para su elección. Este favorecimiento ya es claro en el proceso que la fiscalía le sigue a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar en el mismo proceso, solo que este sí es llevado por la Fiscalía. Allí contra la abundante evidencia contenida en el Auto de la Corte que ordena la detención domiciliara de Uribe, el fiscal que lleva el caso, Daniel Hernández, no relaciona en el proceso como beneficiario de estos delitos a Álvaro Uribe sino que el beneficiario sería indeterminado. Este patrón de análisis es el mismo que se siguió en otros procesos en que son condenados funcionarios del gobierno de Uribe sin que se establezca la responsabilidad de Uribe. Así sucedió en el proceso y condena a María del Pilar Hurtado por las interceptaciones ilegales a magistrados, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. Igual sucedió en el proceso de la llamada Yidispolítica, por la compra de votos para la aprobación de la reelección presidencial de Uribe, donde además son condenados altos exfuncionarios de Uribe como los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, todos ellos se sacrificaron para proteger a su jefe.

Pero además la Corte debe evaluar la denuncia penal instaurada este martes por el exfiscal, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, que acusan a Uribe de los delitos de lesa humanidad por las masacres del Aro y la Granja y por el asesinato de Jesús María Valle, ello a juicio de ellos por omisión y por no actuación en la protección de la población civil siendo Uribe el jefe de la Fuerza Pública como gobernador de Antioquia en ese momento.

El caso de Uribe pone sobre la mesa el problema de la impunidad que se registra en Colombia. Las masacres y el asesinato de Valle se produjeron hace ya 23 años y continúan en la impunidad. Los expedientes van de un lado para el otro. Las investigaciones se han cerrado durante años. Luego al aparecer hechos sobrevinientes se han reabierto y han ido de la Fiscalía a la Corte Suprema y ahora se pretende que regresen a la Fiscalía en donde estuvieron durante años sin avances significativos. Esa es la importancia del caso además porque en el fondo de todo el asunto lo que se busca es desvelar el papel de Uribe en el proceso de organización de los grupos paramilitares en Colombia, esa es su importancia.

Como hemos dicho Uribe fungió como el vertebrador del levantamiento armado en contra de la Constitución de 1991 que se materializó en la organización de grupos paramilitares apoyados desde la fuerza pública y con una base social de latifundistas y terratenientes para crear una fuerza contrainsurgente que contó además con el apoyo del narcotráfico. Desenredar esa madeja es la tarea que ha emprendido la Corte Suprema de Justicia y en su trabajo debe contar con el apoyo de todos quienes creemos que con la impunidad reinante seguirá este mar de sangre que en lo que va corrido del año ya cuenta con 46 masacres, y desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 se han asesinado 223 excombatientes de las FARC-EP en proceso de reintegración y de cerca de 1000 líderes sociales.

Esa es la trascendencia que tiene la decisión que finalmente tome la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de Justicia. Quienes queremos que las investigaciones avancen esperamos que la Corte mantenga su competencia y la investigación de los procesos que comprometen a Álvaro Uribe Vélez.

Bogotá 27 de agosto de 2020.

- Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur