En Colombia el 9 de septiembre se ha consagrado como el día de los derechos humanos en homenaje a San Pedro Claver un sacerdote jesuita que dedicó su vida a la defensa de los negros africanos secuestrados de su tierra y traídos y vendidos como esclavos en Cartagena de Indias. Justo ese día y como una muestra más de la gravísima situación por la que atraviesan los derechos humanos en el país, dos agentes de la Policía Nacional asesinaron aplicándole diez descargas eléctricas con una pistola Taser, al abogado Javier Ordoñez, en la localidad de Engativa, de la ciudad de Bogotá. Esta fue la gota que rebaso el vaso de la indignación contra una institución denunciada reiteradamente por la arbitrariedad y por el uso desmedido de la fuerza sin que las investigaciones sobre sus crímenes hayan sido esclarecidas y sus autores castigados cuando se comprobare que hicieron un uso abusivo de la fuerza y de sus atribuciones legales y constitucionales.

Lo primero que hay que aclarar es que no es un hecho aislado. No es cuestión como dicen los encumbrados voceros del régimen de hechos aislados. La ONG Temblores en su informe titulado “Bolillo, Dios y Patria” como lo recuerda Víctor Correa de Lugo señala que en el período 2017-2019 hubo 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 de violencia sexual, en los que, basados en informes de Medicina Legal, hay un presunto miembro de la fuerza Pública involucrado. Solo en el primer trimestre de este año se abrieron por abuso policial, ocho procesos al día. En el primer semestre la policía abrió 3.674 casos, 1.474 por presunto abuso de autoridad. ¿Y los no denunciados? Por este número de casos solo 10 policías han sido destituidos.ⁱ

La indignación popular por el asesinato de Javier Ordoñez no se hizo esperar. Las protestas frente a la sede inicialmente del Comando de Acción Inmediata, CAI, del barrio Santa Cecilia, donde ocurrieron los hechos, fue constante durante todo este 9 de septiembre reclamando contra la violencia desmedida y el irrespeto a los derechos humanos por cuenta de los dos Agentes de la Policía responsables directos del asesinato. Y luego caída la tarde la protesta y la indignación se manifestó en prácticamente toda la ciudad. La gente acudió a protestar en contra de la Policía al frente de los CAI de prácticamente todas las localidades. Con las horas la protesta se tornó violenta. El saldo final 7 personas asesinadas, 5 en la ciudad de Bogotá y 2 en la vecina ciudad de Soacha. 140 personas resultaron heridas. 87 policías y 53 civiles.

Los pronunciamientos del gobierno nacional son patéticos. Ante el asesinato de Ordoñez, Duque que ni siquiera lo mencionó por su nombre señaló que en un acto de gallardía la Policía había reconocido los hechos y se realizarían las investigaciones correspondientes. La desconexión de Duque con la realidad del país es una muestra de su mediocridad. No menos desatinado es su gabinete, el cuestionado ministro de la Defensa del cual depende la Policía Nacional, Carlos Holmes Trujillo, anunció “exhaustivas” investigaciones como lo ha hecho frente a las 55 masacres que se han presentado en Colombia durante lo corrido de este año 2020. Lo cierto es que la impunidad es casi total y de eso es consciente la ciudadanía que exige el desmonte del Escuadrón Antimotines, ESMAD, y el castigo por los abusos policiales.

El problema es de fondo y se requieren reformas estructurales que este gobierno no llevará a cabo. La primera separar a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa como hemos planteado desde hace muchos años. Su adscripción al Ministerio de Defensa militarizó a la Policía que debe ser como lo señala la Constitución Política “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Artículo 218 de la Constitución Política). Y ello supone desmilitarizar a la policía y adscribirla al Ministerio del Interior que es la institución encargada de la protección de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Como consecuencia del largo conflicto armado interno la policía está muy lejos de ser lo que expresa la constitución. Entonces lo primero que habría que hacer es ponerla bajo la dirección del Ministerio del Interior pero eso no ha sido posible hasta el momento.

Un segundo elemento que advertimos cuando en el año 2016 se tramitaba en el Congreso la reforma al Código de Policía es que, lejos de desarrollar normas que profundizaran en la naturaleza civil de este cuerpo armado, la reforma dotó a la policía de unas normas excesivas que iban en contra de las libertades ciudadanas y además favoreció la impunidad al fortalecer el fuero militar de que gozan sus miembros. Allí esta uno de los problemas centrales. El día 23 de noviembre de 2019 fue asesinado, en las protestas desencadenadas alrededor del Paro Nacional del 21 de noviembre, el joven Dilan Cruz. Su asesinato sigue en la impunidad y camina hacia allá como consecuencia de la decisión judicial que lo traslado a la Justicia Penal Militar, en donde con casi absoluta seguridad los agentes responsables no serán castigados. Hay un diseño institucional que favorece al abuso, la arbitrariedad y el uso desmedido de la Fuerza así lo percibe la población que a diario sufre las consecuencias de los superpoderes con los que los dota el Código de Policía Vigente. Multas arbitrarias por miles en esta cuarentena en contra de ciudadanos que transitaban por las calles, asesinatos como el de Dilan Cruz sin esclarecer o el asesinato de 15 campesinos el 1 de octubre de 2017 en el municipio de Tumaco, en un operativo de erradicación forzosa, en que la Policía disparó a los campesinos que se oponían a la erradicación y que permanece en la más completa impunidad y también en aquel entonces se anunciaron “exhaustivas” investigaciones y promesas que este crimen no quedaría en la impunidad. Cientos de ciudadanos asesinados sin ningún resultado en las investigaciones ha originado un sentimiento de indignidad que se expresa no solo ahora en este 9 de septiembre sino que se expresó también en las jornadas de protesta del 21N y que se ha seguido manifestando y que choca con un gobierno inepto e insensible a las reclamaciones populares.

En el caso de Bogotá la situación es más compleja y la alcaldesa Claudia López debe entenderlo así. La reacción ciudadana está directamente relacionada con la arbitrariedad policial y con el abuso y el uso desmedido de la fuerza. De manera clara la alcaldesa condenó el asesinato del abogado Javier Ordoñez y ofreció apoyo a su familia y a los dos pequeños hijos que deja huérfanos. Pero la alcaldesa debe ir más allá y exigir una reforma profunda a los aparatos de la policía en la ciudad que si bien no dependen de ella pues la estructura de la policía está centralizada y depende del Ministerio de la Defensa y del presidente de la República, debe hacer valer el principio constitucional que señala que el Alcalde es el jefe de la Policía en su municipio.

Y lo más importante que no ha hecho, debe apoyarse de manera clara, para exigir esa reforma, en la ciudadanía. Ella debe encabezar ese sentimiento justo de indignación. No debe olvidar que la extrema derecha en el gobierno nacional trabaja por su fracaso. Debe exigir la investigación de quiénes son los civiles armados que se ve en los videos grabados por la ciudadanía y que circulan en las redes sociales que acompañan a los policías en las operaciones armadas contra la población civil.

Sectores de las Fuerzas Armadas, sectores terratenientes y altos funcionarios del gobierno de Duque, trabajan por hacer invivible la República como pregonaba Laureano Gómez a mediados del siglo XX. Todo ello se hace con la complacencia del gobierno nacional que a falta de apoyo popular se vale del uso de la fuerza para tratar de impedir la justa protesta social que se ha desencadenado nuevamente. Hoy se requiere denunciar y exigir investigaciones de los nexos de sectores de las fuerzas armadas con los grupos paramilitares. No se explica que en los territorios más militarizados del país los grupos ilegales ligados con el narcotráfico perpetren masacres en la más completa impunidad. Las masacres no se detendrán si no hay una depuración de las Fuerzas Armadas y de Policía que rompa los nexos y la connivencia de sectores de la Fuerza Pública con el crimen organizado. Las medidas anunciadas son paños de agua tibia. Hay que detener el fascismo que se incuba en las altas esferas de este gobierno.

La alcaldesa debe entender que solo apoyándose en la ciudadanía y en sus organizaciones puede librar esta batalla que se le impone. No puede permitir que la extrema derecha haga invivible la ciudad. Hay un proyecto que busca derrotar de antemano la coalición política democrática que hay que construir para desalojar a los sectores mafiosos incubados en el gobierno nacional que quieren infundir miedo y odio para detener el cambio que se requiere y que bulle en las entrañas del pueblo. Hay que, como lo señaló claramente Jorge Eliécer Gaitán a mediados del siglo XX, trabajar por la restauración moral de la República y para ello hay que trabajar por una coalición democrática del centro izquierda que detenga la entrega del país a las mafias. Vendrán masivas protestas tan pronto las condiciones de la pandemia lo permitan. Eso se siente en al ambiente.

La gente condena la desidia de este gobierno, sus fracasadas políticas para el manejo de la pandemia que nos tiene con cerca de 700 mil contagiados cerca de los 25 mil muertos y con políticas sociales minimalistas. Un gobierno incompetente que gobierna para los ricos. Que niega apoyo a la propuesta de renta básica de emergencia y que solo ha gastado el 56% de los 25,6 billones que tiene en el Fondo de Atención de la Emergencia, FOME. Que pretende dedicar 1.4 billones de pesos de esos fondos para rescatar una empresa como Avianca que no es nacional y que todo indica, esos recursos, serán para pagar las deudas de Avianca con los grupos que han apoyado a Duque y al Uribismo, Sarmiento Ángulo y el grupo Colpatria. Mientras que más de 5 millones de personas aguantan física hambre. El 28% de la población según datos del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, solo pueden comer 2 veces al día y el 10.8 % de la población, es decir, 5 millones de personas solo tienen para comer una vez al día. Indignación y movilización. Pero hay que lograr que esa indignación social se convierta en indignación política. Hay que movilizarse para exigir renta básica de emergencia ya! Política de apoyo a la economía campesina que ha suministrado el 80% de los alimentos que consumimos en el país y que no tienen políticas públicas que los apoyen. Movilización pacífica, construcción de una alternativa de coalición democrática. Son las tareas del momento.

Bogotá 10 de septiembre de 2020.

- Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur