En el marco de la XI Asamblea de CLADE diversas organizaciones de la sociedad civil que actúan en el campo de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) compartieron sus diagnósticos y propuestas hacia la Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos (CONFINTEA VII).

Ésta tendrá lugar en 2022, ocasión en la que el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida (UIL) dará a conocer el quinto Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE 5), actualmente en preparación.

Presentamos a continuación una síntesis de los análisis vertidos en el evento por representantes del Consejo de Educación Popular para América Latina (CEAAL), la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y la DVV Internacional.

La EPJA desde el compromiso del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe presentan una realidad muy compleja y poco alentadora en el campo de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Los grandes rezagos que la han caracterizado se han reducido lentamente y en algunos casos incluso han permanecido casi sin mejoras.

El Marco de Acción de Belém (CONFINTEA VI, 2009) ha tenido escaso impacto en los esfuerzos gubernamentales. Una visión general de EPJA en América Latina y el Caribe arroja resultados insatisfactorios. Los Estados asumen los compromisos establecidos en los marcos internacionales, pero no están priorizando las acciones consecuentes para darles vida y convertirlos en medidas concretas. Y el concepto de la EPJA sigue siendo limitado y con un marcado sesgo compensatorio.

Según el informe “Procurando acelerar el paso” (CEAAL, con apoyo de UIL-UNESCO, 2017), “los diversos contextos socioeconómicos, étnicos y culturales de la región plantean una gran diversidad de desafíos para la alfabetización y para otras formas de educación de personas jóvenes y adultas, en un contexto educativo en el que hay 35 millones de personas adultas analfabetas y 88 millones que no han terminado la educación primaria”.

A pesar de eso, algunos programas gubernamentales y otros de organizaciones de la sociedad civil han logrado impactos positivos limitados. Estos programas no solo organizan los procesos educativos que permiten a las personas concluir sus estudios regulares o participar en la formación profesional o técnica, sino que también ayudan a mejorar las condiciones de la atención comunitaria de la salud, aumentar el bienestar de los sectores populares y propiciar condiciones ciudadanas y políticas que permiten superar la discriminación por concepto de género, etnia, lengua y territorio. Sin embargo, estos programas son pocos y bien delimitados.

A esto se añade que el mundo entero y nuestra América Latina y Caribeña está atravesando las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza; poniendo aún más en evidencia, las débiles políticas públicas de salud, educación, empleo, entre las más importantes. Se han agudizado así las condiciones de vida de millones de personas, especialmente de los pobres, de las zonas urbano marginales, de indígenas de las zonas rurales, amazónicas y de los afrodescendientes.

La educación de jóvenes y adultos, no ha sido prioritaria en esta etapa de crisis, y en algunos casos, ni siquiera ha sido considerada, mostrándose nuevamente que la desigualdad vulnera aún más el derecho a la educación de jóvenes y adultos.

Los retos a nivel regional

En la región persisten los déficits de atención educativa y la falta de visibilidad del Derecho a la Educación a lo largo de la vida. Para un cambio de rumbo y un mayor cumplimiento del Derecho a la Educación y específicamente de la EPJA, es necesario que los Estados, los organismos multilaterales, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales creen condiciones y acuerdos que incidan en una mejor inversión pública y asegurar ofertas educativas inclusivas y participativas.

Al mismo tiempo, es fundamental que estos programas se adapten a las culturas, que respondan a las necesidades de aprendizaje de las comunidades y que democraticen el acceso efectivo a los conocimientos generales y tecnológicos actualmente disponibles, para asegurar la subsistencia de sociedades justas.

La Agenda 2030 no será alcanzada a menos que en los siguientes años se invierta de forma sustantivamente mayor y mejor, y se construyan procesos de EPJA bien calificados y pertinentes, puesto que el alcance del conjunto de los ODS requiere de una mejora en la educación de la población en general.

Desde CEAAL señalan que es preciso exigir que los Estados, como garantes de los derechos, aseguren en todas sus instancias medidas políticas intersectoriales que articulen la economía, la salud, la educación, el trabajo digno, la soberanía alimentaria, especialmente a aquellos de las zonas urbano marginales, rurales y amazónicas con enfoque de género e intercultural.

El mismo modo, demandar el cumplimiento de medidas que signifiquen la garantía del derecho a la educación y políticas públicas que den cuenta de los sujetos reales que son destinatarios de propuestas para la EPJA es, una exigencia histórica del momento.

Entre sus consideraciones indican que urge un enfoque territorial ligado a la educación comunitaria porque responde a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

Por otra parte, es una necesidad desarrollar políticas de democratización de la conectividad como una forma de democratización de nuestros países, especialmente para zonas urbano marginales, rurales, amazónicas, afrodescendientes.

Imprescindible, añaden, es exigir el financiamiento de la EPJA en momentos que esta decrece en el sector educación, porque sin recursos no será posible enfrentar la profundidad de la crisis de esta modalidad.

Un gran desafío para los educadores populares

A su vez, se requiere pensar qué tipo de educación queremos y hacia dónde queremos que vaya. Es decir, no se trata de dar la pelea por una educación capitalista que siga dejando por fuera a los sectores más postergados de la sociedad.

Se trata de construir un nuevo tipo de educación, más igualitaria, más humanitaria, que no reproduzca la colonialidad del saber, que no reproduzca el patriarcado, que permita la construcción de otras relaciones sociales en pos de la pelea por un mundo más justo y más humano.

Se debe generar un gran movimiento pedagógico que incluya a todos los actores vinculados a la comunidad educativa para pensar otra educación en los marcos de las desigualdades actuales y la cuarta revolución industrial.

En definitiva, el reto es crear las condiciones de realización de una sociedad más justa, haciendo de la educación popular el estandarte que nos devuelva la politicidad del acto educativo y con ello, nos permita proyectar en el aquí y ahora, la sociedad a la que aspiramos.

La EPJA y la lucha por el pleno derecho a la Educación en Colombia

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE, es una red de organizaciones y movimientos sociales que participan en la movilización por el Derecho a la Educación fue creada en 2005 en el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE y de la Campaña Mundial por la Educación – CME.

Durante los últimos años ésta ha venido trabajando en procesos de formación para la incidencia política popular. Estos procesos condujeron a la convicción de que en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se expresan algunas fórmulas que posibilitan interpretaciones restringidas y excluyentes del Derecho Humano a la Educación (DHE). Desde las organizaciones sociales y de base de la sociedad civil que conforman la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación puntualizan que, al fijar como obligación estatal en materia de educación formal exclusivamente el rango de edad comprendido entre los 5 (cinco) y los 15 (quince) años de edad, se diluye fácilmente la responsabilidad estatal para garantizar el Derecho Humano a la Educación para la primera infancia, los jóvenes y los adultos. Este hecho es contrario a lo que exigen el carácter del Estado, sus finalidades y el bloque de constitucionalidad, obstruyendo la plena vigencia de los principios internacionales de progresividad, no discriminación, solidaridad y prevalencia inherentes al DHE.

Ante esta realidad, el camino de formación, articulación y movilización recorrido, llevó a proponer la realización de una gran audiencia pública sobre este tema, cuya finalidad será la modificación del artículo 67 y también la generación de políticas públicas para la EPJA y la consolidación de un presupuesto único para que más jóvenes y adultos en toda su diversidad puedan estudiar en el territorio nacional.

En el siguiente video se expone gran parte de las apuestas para la mejora de la educación para personas jóvenes y adultas – EPJA.

La  EPJA como promotora y elemento clave de los objetivos de un desarrollo sostenible

Por su parte, el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DVV Internacional) destaca puntos esenciales que revelan la importante función de la EPJA en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Educación para el Desarrollo Sostenible tiene una larga tradición en la comunidad de la EPJA y de la Educación Popular. El aprendizaje aumenta la conciencia sobre la producción, el consumo y los estilos de vida sostenibles de la generación actual y prepara a las personas para ser ciudadanxs responsables a nivel mundial.

La EPJA es indispensable para asegurar el derecho humano a la educación. Dado que atiende a una fase central y extensa de la vida de las personas, es un componente clave del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. La EPJA puede preparar a los educandxs de todas las edades para un entorno en rápida evolución.

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas hace valiosas contribuciones para garantizar la igualdad de acceso a todas las personas en diversos niveles. Los programas apoyan a los jóvenes y adultos para que éstos tengan una segunda oportunidad de acceso a la educación.

Invertir en la EPJA significa invertir en última instancia en una población educada para las generaciones venideras. Las pruebas demuestran que cada año adicional de educación de los padres tiene un efecto positivo en la carrera escolar de los niños.

A su vez, como elementos sustanciales del ODS 4, la alfabetización y la aritmética elemental son una condición previa para el éxito de cualquier iniciativa educativa. Los enfoques integrados contemplan mejoras en ámbitos como la generación de ingresos, la formación profesional y las aptitudes para la vida cotidiana y el desarrollo de los valores democráticos.

Por último, un aspecto fundamental es la profesionalización. El aumento postulado de la oferta de profesores/docentes calificados también debe abarcar los esfuerzos para profesionalizar a las y los educadores en contextos no formales y equiparles con un conjunto amplio de metodologías de educación/aprendizaje, incluyendo la alfabetización digital y en medios de comunicación.

En la elaboración de esta nota colaboraron Nélida Céspedes, Francisco Cabrera (Grupo de Incidencia en Política Educativa del CEAAL, Andrés Ramos (Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación-CCDE)  y Beate Schmidt-Behlau (DVV Internacional).

28.10.2020 -