La mentira tiene patas cortas, pero la verdad tarda en llegar y llega a cuenta gotas. Este aserto bien puede aplicarse al proceso iniciado con la detención con fines de extradición de Seuxis Paucias Hernández, Jesús Santrich, el 8 de abril de 2018 y formalmente solicitado en extradición el 8 de junio del mismo año, por el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de New York. Santrich fue acusado de complotarse para exportar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos en hechos ocurridos según la acusación entre los meses de junio de 2017 y abril de 2018. Como se recordará Santrich hizo parte de los delegados a la mesa de negociaciones entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, instalada en Oslo el 18 de octubre de 2012. Estas negociaciones se cerraron el 24 de noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá.

La detención y acusación contra Santrich comprometió en la investigación a la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que debería autorizar la extradición para lo cual debería verificar en su sección de Revisión la fecha en que habrían ocurrido los supuestos hechos para lo cual desde el comienzo esta jurisdicción reclamo la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y a la justicia norteamericana para que entregaran al JEP el acervo probatorio con el que contaban y sobre los cuales sustentaban la solicitud de extradición. La Fiscalía general de la Nación como queda claro en el comunicado emitido este 10 de noviembre solo entregó 12 audios.

“El Fiscal General de la Nación de la época (Néstor Humberto Martínez) allegó de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández. Esta información no contaba con informe de análisis de línea, ordenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo”. Además el texto de la JEP agrega que los videos que se presentaron en los medios de comunicación como prueba de los vínculos de Santrich con narcotraficantes nunca llegaron a la JEP. (JEP: comunicado a la opinión pública, 10 de noviembre de 2020).

La JEP de manera contundente hace saber en este comunicado que la Fiscalía de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos se negaron a entregar pruebas sobre el caso de Santrich. Pues bien, este domingo 8 de noviembre el diario El Espectador reveló una serie de audios que reposan en el expediente de Jesús Santrich y que según afirmaciones del periódico hacen parte de 24 mil audios que reposan en la fiscalía en este proceso.

Queda claro que lo que operó en este caso fue una labor de entrampamiento en que agentes provocadores de la DEA de los estados Unidos junto con funcionarios de la Fiscalía de Colombia pusieron una trampa a Santrich para que supuestamente éste se comprometiera a exportar cocaína a los Estados Unidos. La droga, cinco kilos, habría sido puesta por la propia fiscalía pese a que de las grabaciones se desprende que los agentes de la DEA que se hacían pasar por narcotraficantes del cartel de Sinaloa habían entregado a Marlon Marín $22´500.000 para que comprara esa cocaína. En Colombia provocar la comisión de un delito no es legal y está penalizado, es decir, que la Fiscalía incurrió en un delito. Así de claro.

Pero además los Audios revelados por el Espectador muestran que se imitó las voces de varias personas como las de Piedad Córdoba y la voz del propio Iván Márquez, así como se hacen unas inverosímiles referencias a la participación del entonces vicepresidente general (r) Oscar Naranjo en este entrampamiento. Lo que queda claro de todo esto es que Néstor Humberto Martínez se complotó con la DEA para hacer estallar el recién firmado proceso de Paz. Con ello buscaba tapar sus propias fechorías pero también hacía causa común con la DEA y con el uribismo, para atacar la paz y destruirla y con ella a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

Un escándalo para tapar otro que lo comprometía

Por las fechas en que ocurrieron estos lamentables hechos para hacer explotar el recién firmado acuerdo de Paz, avanzaba una investigación en la propia fiscalía dirigida por el corrupto fiscal Néstor Humberto Martínez, en que se conocían evidencias que mostraban la participación del grupo Aval del cual había sido abogado Martínez, en el pago de coimas para hacerse al contrato Ruta del Sol 2. El auditor Jorge Enrique Pizano daba a conocer pruebas que no solo comprometían al grupo Aval sino al propio Néstor Humberto Martínez en este proceso de corrupción pero también indirectamente hasta al propio presidente de la República de la época, Juan Manuel Santos, por la entrega de dinero de Odebrecht para el financiamiento de su campaña presidencial del año 2014. Un verdadero laberinto de macro corrupción.

De modo que los verdaderos fines de Néstor Humberto Martínez para poner en marcha y participar en este complot contra el proceso de paz estarían relacionados con desviar la atención de un proceso que lo comprometía y que ha sido enterrado en el propio organismo que él dirigía, la Fiscalía General de la Nación. En el colmo del cinismo Martínez presentó su renuncia arguyendo que renunciaba por la negativa de la JEP a extraditar a Santrich. Ver para creer. La verdadera razón es que la Corte Suprema de Justicia discutía en su momento la solicitud de renuncia de Martínez o en todo caso la orden para sacar de su órbita la investigación de corrupción de Odebrecht.

Martínez Neira debería responder por el delito de entrampamiento activo en contra del proceso de Paz pero también en el proceso por corrupción abierto en contra de Odebrecht y del grupo Aval, para hacerse al contrato de la Ruta del Sol 2. Martínez Neira además fue el directo responsable del marchitamiento en la práctica de la Unidad de Desmonte del Paramilitarismo contemplado en los Acuerdos de Paz al subordinar esa Unidad a su dirección con el resultado que tenemos actualmente y es el desbordamiento de estas estructuras criminales que dan como resultado más de 240 excombatientes de las FARC asesinados, más de mil líderes y lideresas asesinados, desde las firma de los acuerdos de paz y más de 74 masacres ocurridas en este último año.

Pero el colmo de esta impunidad reinante en el país es que el gobierno de Duque haya iniciado el proceso para nombrar a Néstor Humberto Martínez Neira como Embajador de Colombia en España. Martínez debería como lo señaló recientemente en carta pública Piedad Córdoba no ser premiado con una embajada sino respondiendo por estos delitos ante la justicia colombiana.

Debemos insistir que todo esto se presenta en el país por una estructura judicial en que los más encumbrados poderes se protegen en sus fechorías. No hay ninguna posibilidad que la Fiscalía hoy en manos de Francisco Barbosa obsecuente servidor de Uribe-Duque avance en estas investigaciones. Se requiere una Fiscalía independiente del ejecutivo, perteneciente completamente a la rama judicial y en que el proceso de elección de sus más altos dignatarios sea independiente, publica y transparente.

Bogotá 19 de noviembre de 2020

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur