Además cínicos, soberbios, prepotentes, mentirosos, corruptos e impunes. Eso son los gobernantes y diputados guatemaltecos, encabezados por Alejandro Giammattei al frente del Ejecutivo y Allan Rodríguez que preside el Legislativo. Ambos, en apenas diez meses de desempeño como servidores públicos, plagados de opacidad e incapacidad son responsables de la crisis política institucional por la que atraviesa este país centroamericano, caracterizada por la indignación ciudadana que provocó la aprobación del Decreto 33-2020 del Congreso de la República, que fija el presupuesto del Estado en Q.99,700 millardos de quetzales para el ejercicio fiscal 2021 en detrimento de la salud, educación, desnutrición crónica infantil, ciencia, tecnología y defensa de los derechos humanos [DDHH].

Son también responsables de la represión policial contra la población que pacíficamente y en legítimo ejercicio de derechos constitucionales de petición y manifestación, salió a las calles y plazas del país el 21N para rechazar la aprobación del citado decreto. El saldo de la violencia policial fue 17 vapuleados e intoxicados por gases lacrimógenos atendidos en hospitales nacionales, médicos informaron que dos jóvenes perdieron el ojo izquierdo cada uno, porque bombas lacrimógenas les explotaron en el rostro.

En las ciudades de Guatemala y Huehuetenango fueron detenidas ilegal y arbitrariamente 42 personas, mujeres y hombres entre los que destacan periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes universitarios, atletas, trabajadores y dos menores de edad, todos sin excepción, después de tres días privados de libertad y de asistir a audiencias judiciales, fueron dejados en libertad por falta de méritos, ni el Ministerio Público [MP] ni la Policía Nacional Civil [PNC] pudieron probar la participación de los acusados en presuntos actos terroristas, que fue la acusación que les hicieron.

El descontento sigue creciendo. A las protestas públicas y concentraciones en las plazas rechazando el presupuesto aprobado, se agregan la exigencia para que renuncien el presidente Gimmattei y los diputados, la destitución del ministro de Gobernación Gendri Reyes y del director PNC, José Tzubán, por ordenar reprimir las manifestaciones pacíficas.

Para atenuar los ánimos, el Congreso anuló el controversial decreto y llegó una delegación de la Organización de Estados Americanos [OEA], porque Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana alegando intento de golpe de Estado. Desde el 21N, las movilizaciones y caminatas de protesta no cesan y se reproducen en otras ciudades de la República. La terquedad e intolerancia de Giammattei y su grupo de lacayunos y testaferros incondicionales, conducen al país y su gobierno al despeñadero y la paciencia de la gente se desborda. Son múltiples las señales de descontento social, suficientes para hacer sonar las alarmas y atender el clamor de la población, pero los gobernantes dan la espalda al pueblo, su miopía y ambición de poder les impide ver la realidad. Giammattei se deja llevar por los lisonjeros, por quienes le susurran al oído mentiras y fantasías, mientras tanto, la población necesitada clama ayuda y alimentos ante la destrucción y desolación provocados por las tormentas ETA e IOTA que azotaron el país y dejaron un rastro de luto, dolor, hambre e insalubridad. A ese drama social, se agregan condiciones históricas como la pobreza, el desempleo, la exclusión de mayorías sociales y pueblos indígenas, agravadas por medidas excepcionales, restricciones y confinamiento ordenados para controlar la pandemia de covid-19.

Estos gobernantes siervos de las élites, siguen violando los derechos humanos. #BASTAYA.

Guatemala, 27/11/2020

-Factor Méndez Doninelli es maestro e investigador, consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.