In memoriam de Enereana Sofía Díaz y Carlos Payares entrañables amigos fallecidos en este mes. Siempre los recordaremos y enalteceremos su legado.

Una mirada a lo que aconteció en Colombia en este difícil año de 2020 será útil para anticipar algunos de los acontecimientos que vendrán y a manera de balance de la coyuntura colombiana. Me ocuparé solo de los tres temas que considero más relevantes. El primero obviamente el manejo que se dio a la pandemia y ligado a ella el manejo de la economía, en segundo lugar, la recomposición política del gobierno y en tercer lugar el difícil camino de la paz y del (in) cumplimiento de los Acuerdos pactados y hechos política de Estado desde el 24 de noviembre de 2016 en que se suscribieron los mismos en el teatro Colón de Bogotá entre el presidente de la República de entonces, Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, Timochenko.

El manejo de la pandemia ha sido desastroso por donde se le mire. A la fecha de acuerdo con el registro oficial del Instituto Nacional de Salud, INS, se presentan 1´456.599 infectados con 76.833 casos activos. Han fallecido hasta el momento 39.560 personas por la Covid-19. El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ha documentado un subregistro del 20% el cual solo ha sido actualizado hasta el mes de octubre de modo que proyectando ese subregistro las muertes pueden superar hoy las 47.000 desde el pasado 6 de marzo en que se comprobó el primer caso de Coronavirus en el país. Ocupamos el 11 puesto en el mundo tanto por el número de muertos como por el número de contagios y de acuerdo a los muertos por millón de habitantes ocupamos el lugar 23 pero si se tiene en cuenta el subregistro estaríamos ocupando el 15 lugar en el mundo.

El creciente número de contagios se debe a las políticas públicas puestas en marcha que han sido muy erráticas. Desde el 23 marzo y durante un mes se aplicó una cuarentena rígida que retraso el nivel de contagios, pero éstos se dispararon cuando el gobierno decidió, sin capacidad real para realizar testeos masivos, la apertura primero de la industria manufacturera y de la construcción desde el lunes 27 de abril y luego una apertura generalizada desde el 1 de junio. Hasta la fecha el numero de pruebas ha sido limitado y muy bajo, pero además las pruebas se han aplicado a los posibles contagiados que tienen que solicitarlas a las Empresas Promotoras de Salud, EPS, privadas, que no las autorizan de manera expedita. Las pruebas no se hacen aleatoriamente para controlar, identificar y aislar a los portadores asintomáticos que como se sabe son la mayor parte de los infectados. De esta manera las pruebas van detrás del virus con muy poca probabilidad de detener o por lo menos disminuir el contagio. El subregistro de los contagiados es enorme. Se calcula que hoy en realidad hay más de cinco millones que han padecido del virus y ante la falta de testeos masivos la enfermedad se ha propagado de manera exponencial.

La cuarentena rígida permitió aumentar la capacidad de camas UCI con ventiladores para tratar los casos más graves, pero, hubo una gran improvisación en su atención pues el número de médicos capacitados para el manejo de estas Unidades de Cuidados Intensivos es limitado en el país. Colombia solo cuenta con 1200 médicos intensivistas. De tal manera que se tuvo que improvisar con personal de la salud para atenderlas. Falta una evaluación sobre las consecuencias de dicha improvisación y sus repercusiones en el alto número de fallecidos en esas Unidades de Cuidados Intensivos. Las políticas aprobadas mediante la emergencia económica y ambiental no enfrentaron los problemas reales por lo que atraviesa el sector. Por el contrario, el alto número de muertos así como de contagiados, ha dejado al desnudo las falencias y limitaciones de un privatizado sistema de salud. El 80% del personal sanitario existente en el país tiene contratos laborales precarios y la atención primaria en salud, prácticamente ha desaparecido o está muy debilitada, siendo el principal instrumento, para la atención de una pandemia como la que atravesamos.

Estamos atravesando la segunda ola de crecimiento de contagios con un personal de la salud fuertemente golpeado por el numero de muertos del sector que de acuerdo con las agremiaciones médicas supera los 170 salubristas fallecidos y con muchas falencias en cuanto a la dotación de los instrumentos de bioseguridad que a nueve meses de la pandemia aún no se ha resuelto en todas las regiones del país. Pero además el personal sanitario está fuertemente estresado y cansado por las difíciles condiciones en que tiene que realizar sus actividades para combatir el virus. Nada ha hecho el gobierno para mejorar estas condiciones laborales. En estas condiciones se afronta la segunda ola que se ha hecho critica en varias regiones del país, pero principalmente en Norte de Santander, Cesar, Antioquia y en Bogotá donde es mayor el crecimiento del virus. El gobierno no actúa, ha dejado todo en manos de la sociedad, en el autocuidado que se verá relajado por las fiestas navideñas y que nos puede pasar una factura muy dolorosa. La lógica del gobierno inepto es más o menos el sálvese quien pueda y como pueda. Solo actúan los gobiernos locales que tienen muchas limitaciones para ello.

Las tasas de desempleo han crecido, se mantienen por encima del 15% y con un subempleo que ronda al 60% de la población económicamente activa. La política económica es miserabilista. Los programas asistenciales no cubren a toda la población y las sumas de dinero que llegan a las familias son insuficientes. Se calcula que solo unos 7.5 millones de personas reciben estos pírricos auxilios que oscilan entre los 40 y los 80 dólares insuficientes para cubrir las mínimas necesidades. La coalición de gobierno pese a los resultados desastrosos se negó a considerar las propuestas sensatas y realistas de establecer transitoriamente una renta básica de emergencia. Dos proyectos que la proponían fueron hundidos por la coalición de gobierno en el Congreso de la República.

Las consecuencias no solo han sido desastrosas para las micro, pequeñas y medianas empresas que cerraron en la crisis aumentando el desempleo. El propio DANE ha señalado que el 28% de la población colombiana no tiene acceso sino a dos comidas al día y de ese 28% unos 6 millones de personas no tienen acceso sino a una comida diaria. Se vive una situación de hambre. No hay una política seria para hacer frente a esta realidad, pues, el equipo económico del gobierno considera que se debe mantener la austeridad en el gasto público que es muy bajo para hacer frente a la pandemia. Este gasto no llega al 4% del PIB como los ha señalado el Observatorio Económico de la Universidad Javeriana que ha hecho un riguroso seguimiento al gasto público. Aún hay recursos económicos del Fondo de Emergencia, FOME, que fue creado para atender las secuelas de la emergencia. Este fondo no ha gastado aún los 28 billones de pesos que son los recursos asignados.

De modo que el manejo macroeconómico ha sido un desastre. Las ayudas a las empresas llegaron tarde para las micro, pequeñas y medianas empresas y esas ayudas además se concentraron en auxiliar a las más grandes, así como a las grandes empresas agroindustriales en desmedro de la economía campesina. Un manejo clasista de la crisis en que el sector financiero sigue cosechando grandes utilidades aún cobrando por hacer llegar los auxilios monetarios pírricos que el gobierno ha distribuido en las redes asistencialistas existentes. Y lo peor es que no se vislumbran cambios en esta errática política. El equipo económico del gobierno confía en una pronta recuperación de la economía sin poner en marcha políticas públicas para ello y por el contrario con una política económica que busca aún deprimir más los salarios en beneficio del gran capital.

En el plano político el cambio más significativo fue la conformación de una coalición mayoritaria del gobierno en el Congreso de la República lo cual logró a punta de entregar recursos públicos a los nuevos socios del Partido de la U y de Cambio Radical que ingresaron al gobierno con cuotas burocráticas y partidas regionales. Con ello garantizó domesticar al Congreso para que no ejerciera un verdadero control político a los más de 160 decretos legislativos expedidos bajo la figura de la Emergencia Social, económica y ambiental decretada desde el pasado mes de marzo. Con la anuencia de esas mayorías despareció el control político y se mantuvo al Congreso en sesiones virtuales sin reales motivos para ello. Pero a la vez se logró que las mayorías parlamentarias dieran visto bueno hundiendo las iniciativas de modificar el gasto público para hacer frente a la pandemia con proyectos como el de renta básica de emergencia. Es decir, el Congreso de la República se convirtió en el socio del gobierno para hacer oficial y pública la política miserabilista que ha profundizado la crisis. No se vislumbran por desgracia cambios en la política pública para hacer frente a las consecuencias desoladoras y devastadoras que nos ha dejado la pandemia. La consecuencia es por supuesto el hundimiento del gobierno en las encuestas que muestran cada vez más la impopularidad del gobierno donde cerca de un 70% de la población desaprueba a Duque-Uribe por el manejo que ha dado a esta tragedia.

Pero las cosas son más complicadas porque si bien todos los sectores independientes y de oposición se mantienen unificados en su accionar en el Congreso esa unidad desaparece al momento de plantear alternativas para derrotar a la coalición mafiosa y tradicional que hoy nos gobierna. El fantasma de la división que se presentó en el año 2018 entre el centro y la izquierda no ha desaparecido. No hay un poderoso movimiento desde la sociedad civil para garantizar la unidad y la derrota del régimen oligárquico que está muy bien representado en este gobierno. Sobre eso volveremos más adelante.

Por otra parte, la pandemia se atravesó al auge y ascenso en que venían los movimientos sociales. Si bien se han realizado grandes movilizaciones estás no han tenido la envergadura que tuvieron en el año 2019. Para destacar la gran jornada de protesta que se realizó durante el mes de octubre del presente año alrededor de la Minga Indígena que atravesó 5 departamentos del país y que fue protagonista de dos grandes movilizaciones en Bogotá. El año próximo será a no dudarlo de movilización que es la única respuesta posible frente a la desidia y negativa del gobierno aún para reunirse con las organizaciones y los movimientos sociales y la negativa a considerar los pliegos de solicitudes. Solo una movilización como la del 2019 logrará modificar esta política indolente del gobierno.

Finalmente debemos decir que el proceso de paz ha resistido a la andanada del gobierno con objeciones y obstáculos, para que los organismos salidos del acuerdo de La Habana puedan funcionar. Las objeciones presidenciales a Ley estatutaria que la rige a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le puso un obstáculo que, si bien fue derrotado en el Congreso en el año 2019, significó un retraso de 6 meses para que la JEP pudiera avanzar en su misión de satisfacer la verdad y la reparación a los más de 9 millones de víctimas existentes en el país. Luego tres intentos de entrampamiento que también fueron sorteados han significado un duro camino para su avance en un gobierno que hace todo lo posible por hacer que los acuerdos de paz fracasen. Esto tampoco se modificará en el próximo año. Al final del próximo año la Comisión para el esclarecimiento de la verdad deberá presentar su informe que ha sido obstaculizado con menores recursos para su funcionamiento y con la negativa para entregar información de organismos estatales que deberían hacerlo. Así pues, seguiremos en esta lucha por construir y avanzar en la implementación de los acuerdos en medio de una violencia desenfrenada que nos deja desde la firma de los acuerdos más de mil líderes y lideresas sociales asesinados, 244 desmovilizados de las FARC en proceso de reinserción también asesinados y 84 masacres con más de 360 personas asesinadas en lo corrido de este año. Un recrudecimiento de la violencia y un orden público resquebrajado con unas Fuerzas Armadas y de Policía divididas y fragmentadas con aumento de denuncias de connivencia de esa fuerza pública con grupos armados ilegales ligados al narcotráfico. Esta situación es la que enfrentaremos en el próximo año. Un año en que se desplegará la campaña electoral para las elecciones de Congreso en marzo del 2022 y presidencia de la República en el mes de mayo.

Bueno pero en medio de esta tragedia les deseo a todas y todos unas felices fiestas.

Bogotá 17 de diciembre de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)