La afirmación de Pablo de Iglesias de que en el estado español no hay plena normalidad democrática, ha desatado una gran cantidad de furiosas críticas. Sin embargo, sus palabras, son sumamente benevolentes. Lo cierto es que, en mi opinión, la democracia que tenemos es una versión que la convierte en arcaica. Pero lo cierto es que los responsables de ese montaje legal llamado transición jamás reconocerán lo evidente.

Según el índice de Democracia Global 2020, hay 23 países con democracia avanzada, ocupando el reino de España el lugar 22. De acuerdo que se clasifica a España en el grupo más democrático, pero en penúltimo lugar. También es significativo que, entre los 27 países de la Unión Europea, sólo Polonia está por detrás de España en la esfera de la independencia judicial.

Pero antes de seguir, es importante matizar que no hay una democracia, hay democracias. Las hay que son meramente procedimentales, un conjunto de reglas, para elegir autoridades. Yo diría que son minimalistas y delegativas. Hay otras democracias que se asientan en valores de libertad, igualdad, pluralismo y participación. Entre las dos hay una variedad de democracias con diferentes matices o grises. La nuestra es una democracia elitista cuya utilidad es distinta para los de arriba y para los de abajo. Una democracia atrapada en una transición que redujo los espacios de libertad, por ejemplo, en los asuntos territoriales y que, cuarenta años después, bajo su amparo, permite una ley mordaza que asfixia la libertad.

Según la ONG Freemuse, una organización internacional que defiende el derecho a la libre expresión artística, España es el Estado con más artistas encarcelados en el mundo. Le siguen Irán y Turquía. Es significativo que cuando se expone este grave atentado a la libertad, voces políticas reaccionan con furia, atacando al mensajero. No digamos cuando se afirma que hay presos políticos. Que los hay.

A la luz de lo anterior, creo que es una buena idea destacar que la Constitución española no incorpora el conflicto como legítimo y en consecuencia su tratamiento es, sistemáticamente, desde enfoques represivos. No contempla la desobediencia civil como vía democrática. Antes bien, es de vocación autoritaria y nos remite al código penal cómo método de abordaje de las disidencias y protestas. La asignación del ejército como garante de la unidad de España y la consagración de una monarquía que no ha sido votada, es quizás lo más llamativo, pero sin llegar a extremos tan simbólicos, la ley mordaza representa de manera didáctica la camisa de fuerza cotidiana de una Constitución articulada para satisfacer a los poderes fácticos.

En realidad, es muy comprensible que la democracia española no esté plenamente normalizada. Sólo hay que fijarse en que fue fabricada con una influencia muy grande de fuerzas franquistas, civiles y militares. Entre 1977 y 1982 España estuvo atrapada en conspiraciones e intentos de involución por la fuerza, incluyendo fallidos golpes de Estado.

En el seno de los militares ha anidado durante años la ilusión de un franquismo sin Franco. El 23F no fue la obra de una extrema derecha marginal. Si Tejero, al servicio de Milans del Boch, creyó que su golpe de Estado era imprescindible para impedir que el comunismo llegara al poder y el separatismo rompiera España, en paralelo, el golpe que intentó el general Alfonso Armada con el concurso de civiles y de partidos políticos buscó un nuevo orden autoritario en una España convulsa.

Ante los dos golpes, el rey se situó en la ambigüedad, a verlas venir por donde se consolidaba el golpe con más posibilidades. Sólo cuando vio que ninguno de los dos triunfaría hizo una declaración de apoyo a la democracia. En cosa de horas se fabricó una narrativa que salvaba al rey de toda responsabilidad y lo coronaba como héroe de la transición. Así se reforzó el “juancarlismo”. La narrativa colocaba su foco en la chapuza de Tejero y extendía un velo sobre el golpe (blando) de Armada, dejando libres a conspiradores civiles y militares.

Pero a partir de ahí la transición quedó sujeta a presiones fácticas que extendieron el miedo e impusieron unas reglas del juego con recortes.

Claro que la Constitución es de 1978 y el asalto al congreso fue en 1981. Nos lo aclara el historiador Muñoz Bolaños: “En el invierno de 1977 tuvo lugar el primer intento de “transición paralela”, un proyecto civil, una especie de “franquismo coronado”, impulsado por un importante grupo de empresarios, financieros, periodistas, políticos y militares, cuya figura más visible era Luis María Anson, presidente de la Agencia EFE. Operación que tenía como objetivo sustituir a Suárez por un afín a los conspiradores, de la confianza del rey, y poder así controlar el proceso de cambio en beneficio de esa élite”.

De modo que la transición y la Constitución estuvieron desde el primer momento bajo presión del franquismo, antes ya del tejerazo. Tras el 23F de 1981 todo fue más fácil para las fuerzas involucionistas. Les bastaba con poco para influir en el PSOE y en el PCE.

Algo más de cuarenta años después, un grupo de altos jefes del ejército ya retirados, amenazan con fusilar a 26 millones de personas. No habrá castigo para ellos, como es dudoso que lo haya para los ultras que recientemente enaltecieron el fascismo y vertieron su odio contra el pueblo judío.

La democracia actual es herencia de los movimientos conspirativos de aquellos años. Siempre he pensado que la derecha franquista esperaba el momento en que, por la vía de los votos, pudiese recuperar parte del terreno perdido, para llevarnos al pasado. Es su tormenta perfecta, quise decir su venganza perfecta. La democracia española actual es un pozo opaco, apenas una caricatura de lo que debe ser una auténtica democracia que incluye una ética política y un modo de vida.

Democracia no es sólo votar. Es más, el ejercicio del voto si no va acompañado de igualdad de oportunidades (todos nacemos libres e iguales) y de justicia social (todos los derechos para todas las personas) puede ser una trampa. Una democracia convertida en votocracia oculta la verdad: los de arriba acumulan el poder real, los de abajo lo sufren, haciéndoles creer que deciden.

La corrupción en el estado español antes que económica fue política. Lo fue en tanto que engaño, manipulación, al imponernos una transición adecuada a los intereses de poderes fácticos que aún se mantienen vivos. Aquel juego trilero de OTAN de entrada no, sintetiza bien la mentira. La corrupción en forma de robo, de botín amasado con dinero público, mordidas y comisiones, ha llevado a la democracia española hasta el fondo de un pozo de aguas negras. Aquí no hay rendición de cuentas, ni transparencia, ni dimisiones. Hay políticos investigados e imputados y un partido condenado.

A la hora de pensar en qué y cómo mejorar la democracia, dos temas clave son la división de poderes y el respeto a la soberanía popular. El caso de Catalunya aúna y resume bien el problema. En el Estado Español, la conexión ideológica del poder judicial con el franquismo sigue siendo un escándalo. La construcción de los sumarios, el curso de las investigaciones, los juicios y las sentencias son atropellos que delatan inclinaciones hacia la derecha, con frecuencia sin disimulo alguno. Es de pecado mortal decir que en el reino de España la democracia es de sobresaliente cuando la impartición de la justicia sobresale por su tendencia a la prevaricación.

Me gusta lo que dice Gurutz Jáuregui, cuando al final de su libro “La democracia en la encrucijada” dice: En el momento presente la democracia se halla sometida a un doble reto. De una parte, debe actualizar y profundizar el contenido de sus fines, adecuándolos a los valores sociales, éticos y culturales vigentes. De la otra debe llevar a cabo una profunda transformación de las bases institucionales en las que se asientan los vigentes sistemas democráticos. En ello le va su propia supervivencia”. Precisamente he escrito con reiteración que el enemigo principal de la democracia no es exterior, está adentro. Que se vacíe hasta ser una caricatura o que se llene de participación, depende de los actores internos.

A la política española todavía le queda grande la palabra democracia. Por más que voces de izquierda dediquen sus energías a convencernos de que disfrutamos la mejor de las democracias, lo cierto es que la tozudez de los hechos dice lo contrario. Precisamente escribo este artículo el mismo día en que las redes sociales y algunos medios de comunicación reproducen la conversación entre el coronel Juan Alberto Perote y el teniente Pedro Gómez Nieto: conversan sobre cómo mataron a Mikel Zabalza mediante torturas. ¿Se hará justicia, después de tantos años? Por cierto, un diario estatal publicó el contenido del audio hace unos cuantos años y un tribunal lo desechó como prueba. ¿Por qué no lo publicaron otros medios? ¿Por qué se ha ocultado el audio tanto tiempo? ¿En qué democracia creen?

Pero la maravillosa democracia española tiene más muertos en el armario. El audio de los dos guardias civiles nos descubre que Lasa y Zabala fueron asesinados de dos tiros. Antes “les hicimos hacer dos agujeros” dice Gómez Nieto “y luego los matamos”. Hasta nueve resoluciones del tribunal europeo de DDHH han condenado a España por no investigar torturas. El ministro Marlasca, ejerciendo de juez, tenía seis casos encima de la mesa. A lo largo de los años, una cadena de responsables, policías, jueces, fiscales, forenses, medios de comunicación, han participado de la guerra sucia del Estado.

Mientras, en algunas ciudades miles de jóvenes frustrados y atacados por el sistema, protestan. Muchos migrarán.

Democracia ¿dónde estás?