La fiscalía general de Colombia, al frente de la cual está Francisco Barbosa, un uribista-duquista, ha anunciado que le imputara cargos al ex-gobernador de Antioquia y precandidato presidencial de la coalición por la Esperanza, Sergio Fajardo Valderrama. La imputación será por los delitos de peculado -por apropiación agravada a favor de terceros- y por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Los hechos se registraron en el año 2013. Siendo Fajardo Gobernador de Antioquia decidió contratar con el banco CorpBanca un crédito por 77 millones de dólares, que tenía como propósito la sustitución de deuda, es decir, pagar otros créditos del departamento. Sucedió que después de 2013 y como producto de la crisis de los precios del petróleo -del cual es sumamente dependiente la economía colombiana-, sobrevino una drástica devaluación del peso. Por lo tanto, el crédito que fue contratado a un precio de $1.926 por dólar, ya en 2015 había ascendido a $3.140. La obligación financiera contraída en dólares originó un presunto detrimento patrimonial de 320.000 millones de pesos.

Para la fiscalía el entonces gobernador Fajardo no hizo los estudios necesarios, ni la proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario. Hay que advertir que estos estudios no son exigidos en Colombia y los seguros cambiarios tampoco. Con este argumento cientos de funcionarios públicos, incluidos varios ministros de Hacienda, deberían también ser imputados. El delito sería el de no adivinar como se comportará el dólar en el futuro.

La verdad es que la debilidad de los argumentos muestra que las verdaderas intenciones del uribismo en el gobierno y en la fiscalía, así como en los demás organismos de control -Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo- vienen siendo utilizados sin ningún rubor para favorecer los intereses de la fuerza política que teme perder el poder en las elecciones próximas, tanto al Congreso como a la presidencia de la República. Aunque el propio Fajardo se niegue a asumir públicamente ese debate, considerando que su coherencia ideológica lo obliga a no denunciar estos hechos como persecución política, sino acudir a los organismos de la justicia para allí demostrar lo infundado de esta imputación, la verdad es que el caso de Fajardo se suma a la creciente utilización de los organismos judiciales en provecho del uribismo. Este se encuentra desesperado por sus bajos niveles de aceptación y por el miedo a perder las elecciones y el poder político.

La posición de Fajardo es desde luego respetable. Pero que sea respetable no nos obliga a compartir su postura ni a dejar de denunciar que los organismos judiciales vienen siendo utilizados con fines políticos. Quizás el más notorio fue la decisión del entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, que el 9 de diciembre del año 2013 destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Destitución que fue derogada por sentencia del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fueron esas decisiones las que le permitieron a Petro retornar a la Alcaldía de la ciudad y terminar su período. Luego vinieron múltiples procesos sancionatorios, todos ellos encaminados a sacar del ejercicio político a Petro, el que ha ido ganando todos esos procesos amañados y antidemocráticos.

Las más recientes decisiones de la justicia, que por supuesto permanecen en la impunidad, se relacionan, para mencionar solo tres, con la creciente utilización de la fiscalía para interferir en los procesos judiciales, con un tinte marcadamente sesgado en beneficio del uribismo y del gobierno. El primero de ellos es la solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente Uribe por soborno y compra de testigos, en el caso contra el senador de la oposición Iván Cepeda. Este proceso sigue su curso en la fiscalía donde el fiscal encargado de la misma, Gabriel Jaimes, opera, como lo han denunciado las víctimas, como parte de la defensa de Uribe y no como un organismo imparcial. Pero aún en estas circunstancias, a la Fiscalía, a la que se ha sumado la Procuraduría General de la Nación, no han logrado desmontar la investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia que llevó a la detención el 4 de agosto de 2020 del expresidente. Ahora corresponderá a un juez decidir sobre la solicitud de la Fiscalía de cerrar el caso.

Un segundo hecho notorio es la investigación sobre ingresos de dineros provenientes del narcotráfico para la compra de votos en las elecciones presidenciales del año 2018, en favor del candidato y actual presidente Iván Duque Márquez. Las interceptaciones que dan cuenta de este hecho y las investigaciones correspondientes no avanzan. Además, los agentes encargados de estas operaciones ordenadas en el curso de una investigación por los jueces competentes, han sido detenidos y acusados de realizar interceptaciones ilegales en otros procesos, con el evidente propósito de amedrentarlos. Estos han ido demostrando que las pruebas contra ellos son endebles. Pero, mientras tanto, las investigaciones por la compra de votos con dineros provenientes del narcotráfico duermen en los anaqueles de la Fiscalía. Nada avanza en este proceso.

Un tercer hecho tiene que ver con la compra de votos en la Costa Caribe, y concretamente en el departamento del Atlántico, a favor de Duque. Esta sería responsabilidad de los clanes políticos de los Char, dueños del poder en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, quienes militan en Cambio Radical, partido socio del actual gobierno de Duque. En esa compra también habría participado el clan de los hermanos Gerlein, dueños del Partido Conservador. La denuncia la hizo la ex-parlamentaria Aída Merlano, hoy presa en Venezuela. El gobierno de Colombia, como en un chiste macabro, ha pedido a Guaidó que la deporte, cuando todos sabemos que este autoproclamado presidente de Venezuela no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Así funciona la fiscalía de Barbosa y el uribismo en el gobierno.

Pues bien, además de condenar la politización de la justicia y de denunciar de manera clara y enérgica la infundada acusación en contra de Sergio Fajardo, hay que proyectar el debate más allá. Con esta decisión la Fiscalía busca sacar de la contienda electoral a Fajardo, lo cual debe ser rechazado sin ambigüedades. Pero hay que ir más allá, en el sentido de examinar las innumerables fallas del diseño institucional de la Justicia en el país.

Con la reelección presidencial se afectó aún más la independencia de este organismo, cosa que intentó por todos los medios. Con una débil oposición de la Corte Suprema, ésta rechazó sin embargo la terna presentada por Uribe para someter a la Fiscalía. Pero algo logró, sin embargo, y fue que los gobiernos que le siguieron pusieran sin ningún recato a sus amigos en este organismo para que así les protegieran sus fechorías.

Santos hizo nombrar a Néstor Humberto Martínez, quien lo protegió de las investigaciones por el financiamiento ilegal de su campaña por parte de la corrupta firma brasilera Odebrecht. Firma que también financió de manera ilegal la campaña del uribista Oscar Iván Zuluaga en el año 2014. Ahora Barbosa ha sido nombrado por Uribe-Duque para proteger a Uribe en sus múltiples procesos y por supuesto también para blindar a Iván Duque. Esas instituciones que tanto dice defender Fajardo son un antro de corrupción y deben ser profundamente reformadas.

La Fiscalía debe pertenecer íntegramente al poder judicial y los períodos del fiscal no deben coincidir con los del Presidente de la República. Se debe reformar la manera en como hoy se elige a este importante funcionario del Estado. Actualmente es el Presidente de la República quien envía una terna para que la Corte Suprema de Justicia en sala plenaria lo elija. Esto debe ser radicalmente modificado. La mejor alternativa para ocupar ese cargo debería ser la del concurso público, organizado por el propio poder judicial, garantizado la la autonomía e independencia de este organismo.

Otras formulas se han propuesto, pero a nuestro juicio son intermedias y no garantizan la plena independencia de la Fiscalía. Una de ellas es que la terna sea conformada por la Corte Suprema de Justicia y que quién elija sea el Presidente de la República. Pero aún se mantendría una injerencia inconveniente del ejecutivo. Lo que queda claro es que la Fiscalía es hoy una dependencia del Ejecutivo y que ha perdido total credibilidad en el país. Esto es muy grave en una sociedad desgarrada por la violencia y con las más altas tasas de impunidad en el mundo para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La reforma a la justicia no puede esperar. Lo de Fajardo es apenas una muestra de hasta dónde puede llegar el uribismo y sus socios mafiosos para mantenerse en el poder. Poder que comparten impúdicamente con los grandes conglomerados económicos y financieros del país, y por supuesto con los grandes medios de comunicación que son propiedad de éstos últimos.

Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur