Hace ya mucho tiempo que la inocente idea de internet como un espacio no regulado o como una “tierra sin leyes” fue superada. Desde la llegada, la expansión y la popularización en América Latina de las comunicaciones digitales, especialmente a partir de los años 2000,¹ fueron innumerables los casos de conflictos en línea. Esto llevó en ocasiones al bloqueo (judicial o por orden ejecutiva) de plataformas enteras o de contenidos considerados indebidos, incluso antes de que las normas existentes se adaptaran o de que se tratara de crear medidas específicas para el espacio digital. Reglas del mundo analógico, relacionadas al “derecho al honor”, a los derechos de autor, a propaganda y elecciones, entre otras, empezaron a ser aplicadas para los contenidos publicados en la web, quizás obviando sus alcances.

Por detrás de esos avances en la aplicación de la ley estaban, muchas veces, los intereses de poderosos grupos económicos globales en controlar la circulación de contenidos, especialmente aquellos protegidos por derechos de autor. Y también los intereses de un poder político, en muchos países conformado a partir de largos periodos de autoritarismo y censura, para quienes limitar discursos críticos de cualquier tipo y en cualquier medio sigue siendo una prioridad. Lo anterior incluye no solo restringir contenidos, sino perseguir opositores políticos, ahora también con el auxilio de las tecnologías.

Por otro lado, la idea de que existirían ciertos “derechos digitales” llega con fuerza a la región a partir de la primera década del siglo XXI, buscando enfatizar que las interacciones ocurridas en línea tienen un carácter distinto de las que ocurren fuera de línea. De esta forma, eventuales restricciones al comportamiento en línea, aunque dirigidas a una única persona, podrían afectar de manera también diferenciada tanto el ejercicio de derechos fundamentales, la libertad de expresión, el acceso a la información, a la cultura y al conocimiento, así como el mismo avance tecnológico.

Las tensiones entre estas distintas visiones estuvieron por detrás de los principales debates que originaron las primeras políticas específicamente destinadas a regular internet en América Latina. Ese proceso de modernización y adaptación de la ley (desde su concepción hasta su interpretación y aplicación) para el mundo digitalizado, lejos de terminar, se viene renovando y reinventando desde entonces. En ocasiones, desde una perspectiva de la protección de derechos: el primer marco general para la responsabilidad en internet, el Marco Civil de Internet, salió de América Latina. También varias de las primeras leyes sobre neutralidad de la red en el mundo. Y con dificultad, pero con firmeza, también las reglas de protección de datos personales se actualizan. Pero a menudo los pasos son dubitativos o erráticos y las tensiones entre distintas visiones e intereses permean la mayoría de los debates y desarrollos normativos regionales en temas de internet.

Control contra la expresión

Parte de los esfuerzos por controlar la circulación de contenidos en línea se ha centrado en establecer y aumentar penas asociadas al uso de las redes, tratando de controlar por medio de la ley aquello que había sido liberado a gran escala por la tecnología. Eso implica, por ejemplo, la reforma de normas destinadas a la protección de los derechos de autor buscando hacerlas más restrictivas. Siguiendo con una tendencia importada, y acordada en foros internacionales desde fines del siglo pasado, varios de los países de la región extendieron las reglas de las copias físicas al mundo digital, buscando extender su vigencia y amplitud y, como consecuencia, limitar las posibilidades al acceso y uso de contenidos protegidos por derechos de autor, incluso con fines legítimos como la innovación o la enseñanza. Más allá de algunos recientes avances a nivel internacional en garantizar ciertos derechos a las usuarias de obras protegidas, como ocurrió con el Tratado de Marrakech, observamos en la región una sostenida tendencia hacia leyes más restrictivas, a menudo motivadas por tratados de libre comercio. Así ha pasado con las reformas que han extendido los plazos de protección en Uruguay, Chile y varios más; con las reformas que facilitan la remoción de contenidos en México y Perú; y con los intentos en Colombia por sancionar la elusión de medidas tecnológicas de protección.

Todo este período también ha implicado diversos intentos de los Estados por intensificar las penas para los llamados "crímenes contra el honor", más allá de las recomendaciones de órganos de derechos humanos del sistema interamericano en el sentido directamente opuesto.

Por otro lado, a pesar del relativo avance en derogar leyes de “desacato” o reducir las penas de injurias, todavía existen intentos por penalizar y sacar de internet lo que se consideran fuentes de “odio” o informaciones “falsas”. Aun cuando situaciones reales de incitación a la discriminación, violencia de género o actos de acoso ocurren a diario en redes sociales digitales con serias consecuencias para las víctimas, varios de estos intentos de regulación parecen dirigirse más a formas de control del discurso público que de protección de las personas, como se observa en el caso del proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua y la Ley Constitucional contra el Odio de Venezuela.

Cibervigilancia total

A mediados de 2013, el mundo fue testigo de revelaciones de vigilancia masiva por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses en cooperación con otros países y la colaboración (voluntaria o desconocida) de algunas de las más importantes empresas globales de internet. Desde América Latina, tales hechos generaron reacciones por parte de gobiernos y de la sociedad civil. Por un lado, hubo una gran preocupación con la protección de infraestructuras del espionaje internacional. Por otro, la comprensión del potencial de vigilancia de las redes digitales levantó sospechas sobre qué pasaba al interior de los Estados latinoamericanos. En otras palabras, se pasó a preguntar: ¿qué estarían haciendo esos gobiernos que, en muchos casos, contaban con potentes redes de inteligencia remanentes desde periodos autoritarios?

Jamás ha sido fácil responder a esta pregunta, una vez que la mayoría de los Estados sigue operando con un alto nivel de opacidad y considerando que hay un importante grado de desconocimiento o inacción de los órganos destinados a controlarlos. Sin embargo, con mayor o menor sofisticación en el uso de la tecnología, la vigilancia no parece haber tenido obstáculos o limitaciones en la ley. Por el contrario, situaciones históricas como los múltiples escándalos en Colombia por las “chuzadas” de la autoridad siguen repitiéndose. En Argentina y Bolivia se desarrollan acciones de “ciberpatrullaje” buscando imputar delitos a personas, a partir de su comportamiento en redes sociales.

Desde el punto de vista normativo, se han implementado reformas en leyes de inteligencia y reglas que buscan obligar a las empresas de internet a facilitar y fortalecer la vigilancia estatal, como por ejemplo por medio de la retención obligatoria de datos de conexión o “metadatos” o el registro obligatorio de identidad para la compra de tarjetas de celular, entre muchas otras. Tales medidas se han popularizado rápidamente y tienen un carácter cada vez más intrusivo en la vida privada de las personas, así como un gran impacto para defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos, movimientos sociales, periodistas independientes, entre otros sujetos que se encuentran en constante amenaza por parte de grupos estatales o paraestatales.

Todo esto se completa con un ansia por utilizar las tecnologías más modernas de espionaje, incluyendo software malicioso, también conocidos como spyware, más allá de los casos de abusos observados en la región. Sucesivas investigaciones sobre proveedores de malware muestran que los países no solamente han adquirido y usado malware como el de Hacking Team o el de NSO Group para interceptar equipos, sino también la adquisición de capturadores de señales de teléfonos móviles o “IMSI catchers”, en países como Colombia y México. Así, en lugar de una búsqueda por garantizar el pleno ejercicio de derechos, los Estados parecen estar trabajando por acelerar su capacidad de vigilancia, tanto a través de la tecnología como de sus propias facultades para intervenir en ella.

Internet más allá de internet

El siglo XXI partió en América Latina con una renovada confianza en la promesa ofrecida por la tecnología de impulsar a nuestras aproblemadas economías hacia el desarrollo global. A la vez, se inició con significativos desafíos para hacer posible esa inclusión tecnológica en contextos con tantas desigualdades históricas. Pero buena parte de lo que ha ocurrido después parece haber seguido otro rumbo: iniciativas de control en lugar de inclusión, de silenciamiento en lugar de democratización de la comunicación, de restricción en lugar de potenciamiento de la innovación, de aquiescencia a formas de regulación impuestas desde socios comerciales en lugar de serlo desde perspectivas locales.

Las consecuencias del abandono de una perspectiva de desarrollo tecnológico local se observan mejor cuando miramos las tendencias relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial o automatización, por ejemplo, así como en la compra de tecnologías de vigilancia, como los sistemas biométricos. Hay una gran adhesión a las “soluciones” importadas de recolección y procesamiento de datos, confiando en su utilidad sin mayor preocupación con sus estándares de protección y seguridad o por las innumerables alertas de expertos y expertas internacionales de derechos humanos a ese respecto.

A partir de acuerdos poco transparentes y sin mecanismos efectivos de participación y control ciudadano, se ofrece acceso a datos sensibles al sector privado y se delega a sistemas algorítmicos opacos la decisión sobre cuestiones cruciales para el bienestar de nuestras sociedades, como la entrega de beneficios sociales o el acceso a la salud, a la educación y al trabajo. En lugar de mecanismos democráticos y participativos de gestión de políticas públicas, se imponen falsas soluciones que solamente aumentan la dependencia del Estado respecto de tecnologías privadas, a menudo discriminatorias y excluyentes.

Detrás de la cortina de humo

Una preocupación reciente en las políticas de internet ha sido la desinformación y el discurso de odio. Sin embargo, si bien hay justificadas y legítimas preocupaciones con el impacto de tales manifestaciones en el desarrollo de nuestras democracias, muchas de las propuestas de regulación de empresas y plataformas de redes sociales, las interpretan como un fenómeno propio de internet (que no lo es), y a la vez evitan hacerse cargo de los problemas subyacentes a esas formas de discurso.

Tales propuestas no tocan (o lo hacen de manera incipiente) el modelo de negocios que sostiene a esas plataformas, en las cuales la mayor interacción de contenidos problemáticos es lo que más contribuye a la monetización. De ese modo, terminan por sacar la atención de las redes de recolección de datos personales que subyacen detrás de la publicidad en línea, o de la transferencia de bases de datos públicas al capital internacional a partir de acuerdos directos entre gobiernos y empresas, o a través de normas muy poco efectivas, dado el carácter transnacional de la red.

La dificultad de muchos de nuestros países en desarrollar o implementar reglas de protección de datos personales es un síntoma de una relación paradójica en la que los gobiernos sucumben a los intereses de las empresas globales de tecnología. A la vez, da pistas de que las prioridades en términos de tecnologías, con pocas excepciones, siguen mayormente dirigidas a la vigilancia y el control.

Una mirada latinoamericana

Las tecnologías no borran por sí solas las desigualdades sociales o de poder. Al contrario: se trata de herramientas que, según quien tenga acceso a ellas o quien pueda utilizarlas de manera más intensa, pueden tener un efecto distinto. Sea a nivel nacional o global, las tecnologías digitales pueden incrementar las inequidades ya existentes de manera acelerada e inédita. Esto convierte al gran potencial de desarrollo económico e inclusivo ya no solo en una promesa rota, sino en una falsedad que antecede a la distopía. Es necesario recuperar aprendizajes del pasado e invertir seriamente en el desarrollo tecnológico local, contextualizado y basado en los valores y derechos humanos que buscamos proteger, inclusivo de personas y comunidades vulnerables que han sido históricamente marginalizadas. De lo contrario, seguiremos batallando en una guerra perdida.

Jamila Venturini es coordinadora regional en Derechos Digitales; jamila@derechosdigitales.org.

Juan Carlos Lara es director de Investigación y Políticas Públicas en Derechos Digitales; juancarlos@derechosdigitales.org.