El concepto de transición democrática es a mi juicio el más adecuado para identificar o definir una estrategia política para la realidad colombiana actual. Esa transición que se inició y tuvo su momento más estelar con la promulgación y puesta en marcha de la Constitución de 1991 no se profundizó y desde el comienzo alinderó fuerzas que comenzaron a socavarla, a vaciarla de contenido, no solo con las reformas, 56 en los treinta años que lleva de vigencia, sino con la insurgencia contrareformista de sectores ligados al establecimiento tradicional que se opusieron a su puesta en práctica sobre todo en dos frentes: el ataque sistemático a la carta de derechos consagrados en la Carta Política y la irrupción de fuerzas armadas irregulares respaldadas desde sectores amplios de la Fuerza Pública, la organización del paramilitarismo para oponerse a las reivindicaciones de los sectores campesinos empobrecidos y golpeados de manera brutal con la puesta en marcha de la apertura indiscriminada y la importación de alimentos que antes eran producidos por nuestra economía campesina. Al mismo tiempo, el desmantelamiento de conquistas laborales y una profunda reforma laboral que precarizo la contratación laboral y eliminó derechos en materia de contratación laboral, cesantías, privatización y pauperización de las pensiones, la entrega de la salud a los intermediarios financieros en menoscabo del derecho fundamental a la salud. En pocas palabras la precarización laboral y el empobrecimiento de amplios sectores de la población.

El modelo puesto en marcha desmanteló sin atenuantes el aparato productivo existente en el país como resultado de la aplicación del modelo cepalino de sustitución de importaciones. A cambio el modelo retrotrajo la economía a la exportación de materias primas principalmente a la extracción de minerales y petróleo y a la exportación de productos agrícolas como el café, las flores y el banano sin procesos de agregación de valor. Se reprimarizó la economía.

Las elites y sus partidos políticos cerraron filas en la aplicación del modelo neoliberal y mayoritariamente se dieron a la tarea de torpedear la transición prometida por la Constitución de 1991. Las fuerzas del cambio, de la modernización y democratización del país, en síntesis, las fuerzas sociales y políticas que empujaban la transición hacia una sociedad más democrática más incluyente y con justicia social, no lograron en muchos aspectos materializar los anhelos de cambio nacidos en el proceso constituyente. Han resistido en algunos aspectos con éxito, pero en otros son las fuerzas tradicionales, los contrareformistas, quienes han ganado la batalla. Colombia ha vivido una regresión autoritaria, ha profundizado la pobreza, la exclusión social y la concentración de la riqueza lo cual se ha profundizado en la época de la pandemia. Se han debilitado las instituciones democráticas.

Colombia es, como producto de la aplicación de este modelo, una sociedad de pobres, de excluidos, de los que sobran. En plena pandemia se profundizó la desigualdad. Antes de la pandemia tres multimillonarios tenían un patrimonio de 14 mil millones de dólares y después de la pandemia cinco multimillonarios tenían 26.300 millones de dólares. Mientras tanto la pobreza medida por ingresos que al comienzo de la pandemia en el año 2019 ya estaba en el 35.7% de toda la población, que tenía ingresos por debajo de los 331.800 pesos que es el umbral de pobreza calculado por el DANE, unos 88 dólares mensuales, pasó para finales del año 2020 al 42.5% del total de la población (21 millones de personas) que recibían ingresos por debajo de esta cifra y el 15% estaba en una situación de pobreza monetaria extrema. 3.3 millones de hombres y mujeres jóvenes entre los 18 y los 28 años ni estudian ni trabajan, son 2.2 millones de mujeres y 1.1 millones de hombres. El desempleo es superior al 15% del total de la población económicamente activa. Esos son rasgos estructurales del modelo de desarrollo aplicado entre nosotros y que ha contado con el respaldo de las elites.

Para mantener este orden de cosas a todas luces injusto y antidemocrático las élites capitalistas han recurrido a la represión y a la supresión de libertades civiles y políticas. En los años noventa del siglo XX esta tarea fue facilitada ideológicamente por la existencia de una guerrilla prepotente y antidemocrática que se negó a sumarse a las fuerzas reformistas del cambio, rechazó el proceso constituyente, se alió con el narcotráfico y fue responsable de abominables crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por los cuales hoy, por fortuna, pide público perdón a la sociedad. Esta violencia nacida de la resistencia armada campesina, de los despojados por la violencia del medio siglo XX, se desnaturalizó y sirvió de pretexto para la organización desde sectores de las Fuerzas Armadas y del establecimiento político de los grupos paramilitares que fueron instrumentos para el asesinato de miles de líderes sociales, sindicalistas, líderes de oposición, defensores de derechos humanos y que condujeron al despojo de más de 7 millones de hectáreas de tierra de campesinos medios y pequeños, fueron expulsados más de 8 millones de campesinos que engrosaron los cinturones de miseria de nuestras más grandes ciudades. En el campo pese a la resistencia de indígenas, afrocolombianos y campesinos el proyecto contrareformista, ha ganado en muchos aspectos la batalla.

El avance de la extrema derecha en Colombia se dio con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República en el año 2002, aquí se inició desde su gobierno un ataque al sistema democrático liberal y a las conquistas sociales que se habían logrado a lo largo del siglo XX. Uribe se alió a los EEUU al cual se entregó incondicionalmente ofreciendo y otorgando bases militares, desarrollando una guerra contra los cultivadores de coca aliado con los norteamericanos que diseñaron desde el gobierno de Pastrana el llamado Plan Colombia, el objetivo fue ese campesinado empujado por la necesidad al cultivo de la coca y la amapola. El resultado como lo reconoció un reciente informe de una Comisión del Congreso de los Estados Unidos fue un total fracaso en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Propino golpes duros a las guerrillas de las FARC, pero no pudo derrotarlas. Las debilitó y Juan Manuel Santos condujo una negociación que las reincorporó mayoritariamente a la vida civil con la promesa de algunas reformas que no se han llevado a la práctica y en medio de una violencia que ha dejado ya más de 280 asesinatos de excombatientes y más de 1300 líderes sociales y defensores de derechos humanos desde noviembre de 2016 en que se firmaron los acuerdos de Paz.

Hay que tener claro que la extrema derecha representada en el proyecto uribista ha hecho mucho daño a las instituciones de la democracia liberal en el país. La extrema derecha colombiana ha socavado las instituciones democráticas abusando de su poder y ese proyecto se ha profundizado. La instauración mediante la compra de votos de la reelección de Uribe socavo el sistema de pesos y contrapesos en las instituciones del Estado y con Duque todas ellas han caído bajo su dominio con la excepción no sin concesiones de la rama judicial. Hoy la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo ofician desde los intereses del gobierno. Barbosa y sus fiscales delegados como Gabriel Jaimes se han convertido en los abogados defensores de Uribe, judicializan a líderes políticos, tienen a más de un centenar de jóvenes protestantes en el paro nacional en las cárceles mientras no hace investigaciones sobre civiles armados que atentaron contra manifestaciones ciudadanas en 27 ciudades del país. Cohonestan la corrupción de aliados del gobierno y narcotraficantes que no son llevados a juicio porque les deben el financiamiento de las campañas. Mancuso recientemente reitero que en los años 2002 y 2006 apoyaron a Uribe desde los grupos paramilitares. Y todo ello ha contado con el respaldo de los grandes medios de comunicación y de los gremios económicos y las elites empresariales. Han cogobernado con la extrema derecha uribista y tolerado el socavamiento de las instituciones democráticas.

Una agenda de transición democrática

Todo esto es lo que nos lleva a plantear la necesidad de trabajar por la unidad de los demócratas, de las tendencias de centro y de la izquierda que en vez de ello se agreden e insultan. El adversario a derrotar es la extrema derecha que atenta contra las instituciones democráticas a las cuales los demócratas de centro y de izquierda en todos sus matices debemos defender. Hay que defender las libertades civiles y políticas de los demoledores ataques de la extrema derecha que ha gobernado por más de 12 años este país. El núcleo duro de esa extrema derecha es el uribismo que es aliado del narcotráfico y del paramilitarismo. Se ha beneficiado de ambos.

Pero además de la defensa de las libertades civiles y políticas que deben ser profundizadas hay que aplicar sin reservas los acuerdos de paz y emprender y abocar una agenda de transición democrática para el país. Justamente desde la Corporación Sur desde hace más de un año nos dimos a la tarea con más de 50 investigadores de la realidad colombiana de abocar algunos de estos temas que presentaremos en un seminario que contará con la presencia de Colombia Humana, el polo Democrático y Fuerza ciudadana y al cual ha sido invitado el Partido Alianza Verde que ha confirmado su participación con uno de sus copresidentes. Allí presentaremos propuestas concretas para un gobierno de transición democrática en temas como la renta básica permanente, la reforma tributaria estructural que necesita el país, la reforma a la salud, una política agraria para nuestro campesinado, una reforma educativa integral, las reformas necesarias a la Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Convivencia Ciudadana, las reformas políticas y electorales que requiere Colombia y las políticas ambientales que se requieren en el país. Este seminario se realizará de manera semipresencial y podrá ser seguido por Facebook Live y por YouTube entre el 23 y el 27 de agosto. Los documentos tendrán también acceso libre.

Hay por supuesto otros temas urgentes nosotros seguimos trabajando en el tema de una reindustrialización limpia para el país y una reforma laboral y políticas públicas de empleo y nuestra invitación a otras instituciones y entidades es que se trabaje sobre otros temas como la reforma a la justicia y políticas para las mujeres y la juventud que también nos parecen prioritarias.

Ofrecemos este esfuerzo a todos los demócratas de centro e izquierda para que en vez de insultos y descalificaciones que solo favorecen a la extrema derecha avancemos en acuerdos mínimos en medio del respeto por la pluralidad y la diversidad que son valores democráticos que enriquecen la vida y la sociedad. Ojalá una sola consulta para elegir un candidato a la presidencia en las consultas de marzo o sino bases, para un acuerdo para la segunda vuelta presidencial. Es la hora de la grandeza, de poner los intereses de las mayorías empobrecidas y de la democracia por encima de los egos. Es momento de los acuerdos.