La ronda de negociaciones iniciadas en México el pasado 13 de agosto, entre representantes del gobierno de Venezuela y distintas facciones de los principales bloques de la oposición -aglutinados en la recientemente constituida Plataforma Unitaria de Venezuela- tendrá un segundo encuentro del 3 al 6 de septiembre. Estos diálogos concitaron una amplia cobertura en los medios de comunicación, así como el interés de diversos analistas, ya que podría tratarse del preludio de un nuevo ciclo político en el país.

Aquel primer encuentro, realizado a mediados de agosto, culminó en la firma de ambas partes de un memorándum de entendimiento, el cual oficiará como una suerte de “hoja de ruta” sobre los temas que se abordarán en las reuniones por venir. Allí se pautaron siete ejes sobre los cuales ambas partes se comprometieron a trabajar. En lo que refiere a las distintas facciones de la oposición, el principal requerimiento se centra en reclamar “garantías electorales” para los comicios del 21 de noviembre próximo -donde se elegirán alcaldes, gobernadores, legisladores y concejales- con miras a las próximas elecciones presidenciales. Por su parte, la delegación oficialista exige el levantamiento de las “sanciones” que pesan sobre el país. Este punto resulta particularmente sensible ya que es el principal reclamo del chavismo, y es a su vez la principal herramienta de presión con la que cuenta la oposición hasta el momento.
 

La demanda por parte del gobierno venezolano contra las sanciones económicas impulsadas por los Estados Unidos es un reclamo que se viene llevando a cabo en distintos planos desde hace años. Tal es así que el pasado 24 de agosto del año en curso, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer en rueda de prensa un informe sobre los daños que causó el bloqueo al país. Mediante este informe, caratulado "Venezuela II", el Gobierno bolivariano denuncia a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo venezolano conforme lo establecido en el Estatuto de Roma. Aprovechando la ocasión, la vicepresidenta recordó el rol de la Agencia Central de Inteligencia ( norteamericana (CIA) en la elaboración de recomendaciones a su gobierno en lo que refiere a los ataques contra Venezuela. Fue el propio ex-secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, quien en una conferencia brindada para el American Enterprise Institute en enero del 2018, decía que “la segunda o tercera batería de sanciones obedecen a recomendaciones hechas por la CIA al presidente Trump”.

El despliegue de estas sanciones económicas son el principal soporte sobre el cual actúan las fracciones de la oposición. Sanciones que se articulan como una estrategia de deslegitimación y ahogó del proceso chavista, buscando la destitución del gobierno. Sin embargo, estas sanciones no son directamente administradas por estas fracciones de la oposición, pese a que se beneficien de ellas. Cuestión que abre algunos interrogantes sobre la oposición en el proceso de negociación en México, ya que, de manera más o menos directa, aquella se encuentra tutelada por los EE.UU.

Por otro lado, en una clara señal de apoyo político a la oposición, el 25 de junio la Unión Europea, los EE.UU. y Canadá -quienes no reconocen a Maduro como presidente y han brindado su apoyo al “presidente interino” Juan Guaidó- emitieron un comunicado conjunto. En el expresan que “están dispuestos a revisar las sanciones” si se produce un “avance significativo en una negociación global" que “repare las instituciones del país". El texto fue suscrito por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Marc Garneau.

Resulta curioso que la prensa internacional, tan interesada en “dar cuenta” de lo que pasa en el país, no se detenga en el significado de estas “sanciones”¿Dde qué se habla al referirse a estas sanciones?

Arantxa Tirado, investigadora asociada del Instituto Samuel Robinson, lo explica de la siguiente manera: “Las medidas coercitivas unilaterales (MCU) son aplicadas de manera ilegal porque contravienen el derecho internacional humanitario, la misma carta de las Naciones Unidas, o incluso las normas que rigen las relaciones pacíficas entre estados. Generalmente son actos unilaterales de fuerza que ejercen los estados entre ellos. Singularmente quien ejerce estas MCU, popularmente conocidas como “sanciones”, suele ser EEUU ante otros países que considera que deben cambiar su modelo económico, político, social o cultural. Algo que va en contra de la normativa internacional que, expresamente, considera que ningún estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro estado. Y mucho menos hacerle una guerra económica para imponer su criterio. (...) Estos actos unilaterales de fuerza, que son declaraciones de guerra, no deberían tener cabida en el escenario internacional.

En este sentido, a partir del 2015 se desarrollan contra Venezuela una serie de acciones económicas, financieras y diplomáticas que buscan la destitución del chavismo. El 8 de marzo de ese año, el por entonces Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Orden Ejecutiva Nro. 13692 (“Decreto Obama”), donde declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, habilitando un conjunto de medidas coercitivas unilaterales contra el país sudamericano.

A partir de ese momento, a varios bancos internacionales se les prohibió operar con Venezuela, con el fin de aislar y dificultar el comercio, lo que dio inicio a momentos dramáticos en el país. Ilustran esta implacable situación algunos episodios: en julio del 2017, Citibank (EE.UU.) se negó a recibir fondos venezolanos para la importación de 300 mil dosis de insulina; en mayo de 2018 se bloqueó el pago de USD 9 millones destinados a la adquisición de insumos para diálisis, dirigidos al tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis; asimismo en junio de 2021 el banco suizo UBS bloqueó los pagos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

Con la llegada de la administración Trump las Medidas Coercitivas Unilaterales fueron intensificadas. CITGO, la principal filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense, que procesa unos 750.000 barriles de crudo al día, fue retenida por el gobierno estadounidense y sus remesas transferidas al autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó. Asimismo, se congelaron todos los activos venezolanos en jurisdicción norteamericana. Operación análoga realizó el Banco de Inglaterra que retuvo el oro venezolano depositado en sus arcas, con un valor estimado en US$1.000 millones, poniéndola a disposición del “gobierno interino”.

De esta manera, la economista e investigadora Pasqualina Curcio, calcula que tan solo en el periodo 2016-2019 las pérdidas económicas del país suman US$194 mil millones. Además, aproximadamente US$5.400 millones pertenecientes al país se encuentran retenidos en 50 bancos del exterior que le son negados al gobierno, incluyendo los USD18 mil millones en activos y dividendos de la empresa CITGO.

El objetivo de estas medidas es el de generar un descalabro a partir de un colapso económico que afecte directamente al conjunto de la población, y forzar así la salida del gobierno. Esta estrategia es graficada por William Brownfield, ex embajador de EE.UU. en Venezuela, quien en una entrevista brindada al medio La Voz de América en octubre del 2018, frente a la pregunta de si se iban a imponer sanciones a la industria petrolera del país (que representa el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela), el funcionario respondió: “Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contraargumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar el colapso aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”.

Estas medidas no son aplicadas aisladamente, sino que por el contrario, responden a un plan sistemático y premeditado para lograr su objetivo. Tal como lo analiza Richard Nephew en su libro '"El arte de las sanciones: una mirada desde el terreno"' (2017) donde, basándose en el esquema de sanciones aplicado por Estados Unidos a Irán entre 1996 y 2015, analiza las variables a considerar a la hora de imponer estos instrumentos de presión contra otros Estados o actores. El autor de “El arte de las sanciones” fue recientemente nombrado por la administración progresista de Biden-Harris como Enviado Especial Adjunto para Irán.

El 17 de junio de 2020, el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, publicó un artículo titulado "Evaluación del enfoque de la administración Trump sobre las sanciones: Venezuela". El artículo lleva la firma de Richard Newphew. El artículo analiza las políticas contra Venezuela a la luz de su propio decálogo del “arte de sanciones” donde recomienda "un proceso de seis elementos para desarrollar un enfoque caso por caso para la imposición de sanciones". Entre las cuales plantea: “Identificar los objetivos para la imposición del dolor y definir los pasos correctivos mínimos necesarios que el estado objetivo debe tomar para eliminar el dolor; comprender tanto como sea posible la naturaleza del objetivo, incluidas sus vulnerabilidades, intereses, compromiso con todo lo que hizo para provocar sanciones y disposición para absorber el dolor; desarrollar una estrategia para aumentar de manera cuidadosa, metódica y eficiente el dolor en aquellas áreas que son vulnerabilidades y evitar las que no lo son.^"Decálogo que no tiene nada que envidiarle a un manual de torturas.

En suma, el objetivo de las sanciones ha sido causar dolor en la población venezolana, persiguiendo el objetivo de derrocar el gobierno. Al momento, el resultado que han surtido fue el de socavar los derechos básicos de la población, y lo que se constituyó en la moneda de cambio no solo de la oposición sino también de las principales potencias sobre la mesa de negociación. La posibilidad de acabar con estos mecanismos coercitivos no dependen únicamente del desarrollo de las negociaciones, ni de la legislación del derecho internacional. Sino que, fundamentalmente, dependerá de la capacidad de presión que puedan ejercer los pueblos.