La cultura de dominación ha penetrado en la vida y conciencia de muchos sectores sociales y del periodismo malsano que trata a los pueblos originarios de usurpadores, de gobiernos provinciales que en lugar de dialogar y encontrar solución a los problemas de vida de los indígenas responde con represión, acusando a las comunidades de terroristas para justificar la marginalidad, quitándoles los territorios para venderlos a terratenientes nacionales como extranjeros. Continúan con la misma mentalidad de los genocidas de la Campaña del Desierto, que llevó la muerte y destrucción de los pueblos originarios, que  viven en la pobreza y bajo la amenaza de la llamada “civilización occidental” en expulsarlos de sus territorios.

Esta situación pasa en Argentina como en la mayoría de los pueblos latinoamericanos.

Los gobiernos tratan de tirarles las migajas que sobran en la mesa de los ricos, pero no encaran políticas de protección a las culturas y diversidad de pueblos que habitan en el país. Buscan patear la pelota sin solución alguna buscando renovar ante el Congreso de la Nación la ley 26160 por cuatro años y prorrogada por las leyes 26554 del año 2009, la 26894 del año 2013 y la 27400 del año 2017 para evitar los desalojos, pero sin solucionar el problema central, que es el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente (de antaño) ocupan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado una sentencia contra la República Argentina y una de las sanciones impuestas fue que por violar los derechos territoriales y de Consulta de las Comunidades que integran la Asociación LhakaHonhat -Nuestra Tierra- ordenó al Estado que dicte una ley, en plazo razonable, y que adopte el derecho a la propiedad comunitaria y protección de sus derechos para los pueblos indígenas de Argentina.

El gobierno nacional y los provinciales tienen que recordar, cumplir y hace respetar la Constitución Nacional, Art. 75, inciso 17, el Convenio de la OIT 169 (ratificado por la ley 24071) y la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas de la ONU, que los gobiernos violan sistemáticamente y que los jueces desconocen o no quieren cumplir y ordenan reprimir y expulsan de sus territorios a las comunidades indígenas. 

El hecho reciente ocurrido en Quemquemtrew a 15 kms en la Ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, fue objeto de una represión indiscriminada a pesar de haberse acordado con el fiscal Arrien, en espera de una reunión entre varias comunidades, para decidir medidas para resolver el conflicto en una audiencia de conciliación, la policía comenzó a disparar balas de goma y llevar detenidos a varios integrantes de la comunidad.

El abogado de la Confederación Mapuche del Neuquén, Juan Salgado denuncia que la fiscal y el juez no permiten llevar comida, agua y ropa al lugar, violando los derechos humanos.

Desde el SERPAJ hemos tratado de comunicarnos con la gobernadora de Río Negro, sin resultado alguno, su objetivo es la represión y expulsión de la comunidad del Pueblo Mapuche, violando el derecho de los pueblos.

Conversamos con el Obispo de Bariloche Monseñor Chaparro quien apoya la necesidad de diálogo para encontrar una solución justa al conflicto, sin violencia. En solidaridad con la comunidad viajó a Río Negro Pablo Pimentel de la APDH de la Matanza, reclamando se respete el derecho de los pueblos originarios.

Lo que señalo se produce en todo el país, también comunique con el Ministro de Seguridad Anibal Fernández quien apoya una salida institucional, y el diálogo y no la violencia. La dureza y represión del gobierno de Río Negro demuestra un actuar racista dado que niega los derechos de los integrantes del Pueblo mapuche, en favor de los intereses de los terratenientes, habría quedecirle que no siempre lo legal es justo y no siempre lo justo es legal.

Esta situación se repite en todo el país y ha cobrado víctimas como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel entre otros conflictos por territorio, agua y recursos naturales, las víctimas son los pueblos originarios que sufren la marginalidad y desprecio de sectores del poder económico, y  el poder político vende las tierras al mejor postor y no se sabe dónde va ese dinero.

La pregunta -¿Cómo es posible que empresas extranjeras como Benetton tengan en la Patagonia cerca de un millón de hectáreas, y continúen quitándoles las tierras a las comunidades del Pueblo Mapuche? Tendríamos que nombrar a otros terratenientes como Lewis y Turner, los señores feudales en Salta destruyendo la floresta con los desmontes y dañando la biodiversidad, o las empresas mineras. Es una larga lista de despojos, de muertes, persecuciones y discriminación. Hay que hacer memoria de hechos dolorosos, como la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, entre otros. Queman galpones, bosques y destruyen maquinarias para culpar a los mapuches y a otros pueblos originarios, acusándolos de terrorismo, para justificar la represión.

Guardan silencio de quienes provocan los incendios de grandes extensiones de bosques para la especulación financiera e inmobiliaria. 

Los gobiernos no se atreven a plantear, ni siquiera hablar de la necesidad de la reforma agraria como política pública, que tenga en cuenta la distribución de la tierra para el trabajo de los pequeños y medianos productores rurales, los que garantizan la soberanía alimentaria del país, pero continúan creciendo los monocultivos, el uso de los agro-tóxicos como el glifosato, provocando daños a la Madre Tierra y al medioambiente.  

Entregan territorios a  empresas mineras, se reparten los bienes y recursos, contaminan el ambiente y el agua, destruyen los humedales y se expulsa a las comunidades indígenas y campesinas.

El pueblo de Chubut en consulta popular decidió y votó no a la minería sin embargo el gobierno desoye la voz del pueblo y busca la entrega de territorios a empresas mineras y responde a las demandas del pueblo con la represión. Podríamos continuar  señalando las violaciones del derecho de los pueblos como Andalgalá en Catamarca y otros emprendimientos en el país.

No se trata de desarrollo, se trata de explotación, no son sinónimos, se busca beneficiar los intereses económicos y financieros sobre la vida de los pueblos. 

Este 12 de octubre es un día de resistencia y lucha para los Pueblos Indígenas, y para los Estados debe ser un día donde la diversidad cultural se reconozca efectivamente en nuestro sistema democrático.