El asunto más estratégico de México entre los que ejecuta el presidente Andrés Manuel López Obrador, es sin dudas la reforma eléctrica, comparable con la nacionalización de esa industria en 1960 y del petróleo en 1938.

Ese propósito busca poner freno al deterioro y la desviación radical de los objetivos de aquella medida tomada por el presidente Adolfo López Mateo el 27 de septiembre de 1960 de entregarle al pueblo mexicano en propiedad un servicio altamente determinante y fortalecer así su soberanía nacional.

Con el modelo neoliberal de acumulación de capitales, México se dejó arrastrar por esa corriente privatizadora en favor de nacionales y extranjeros y en pocos años retrocedió como nunca antes en materia de soberanía económica y política.

Las transnacionales, encabezadas por las españolas Iberdrola y Repsol, entre otras, enfilaron sus cañones contra las dos empresas estatales mexicanas que les hacían sombras: Petróleos Mexicanos (Pemex), y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El puntillazo definitivo para la desaparición de ambas fue la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto mediante una descomunal corrupción de legisladores y líderes políticos iniciada desde antes por su antecesor Felipe Calderón.

La guerra contra López obrador

En las propuestas de campaña electoral iniciadas a principios de este siglo, López Obrador proclamó como objetivo básico de su programa de gobierno el rescate de Pemex y la CFE, lo que implicaba una batalla contra la corrupción, pues sin propinarle una derrota contundente sería imposible lograr todo lo demás.

La guerra contra el entonces candidato presidencial-muy fuerte desde 2006 cuando le arrebataron su triunfo electoral en favor de Calderón- la encabezaron precisamente Iberdrola y Repsol junto a otras estadounidenses.

El objetivo era impedir que AMLO -como le llama la gente- lograra la presidencia y aplicara sus ideas de rescatar el sector energético como hicieron Lázaro Cárdenas y López Mateo con el petróleo y la electricidad.

Pero en 2018 ya no les fue posible contener las ânsias populares por liberarse de la corrupción, y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), convertido en partido político, lo llevó a la primera magistratura con más de 30 millones de votos, y tres años después se mantiene como el segundo jefe de estado del mundo con mejor aceptación popular.

Desmontaje de la reforma de Peña Nieto

López Obrador no solamente desmontó el programa de Peña Nieto para entregar el sector al capital privado, sino que impulsó de manera indetenible la batalla contra la corrupción, puso al desnudo a jerarcas y líderes de partidos que se hicieron millonarios, y dejó sin argumentos a inversionistas que aspiraban a seguir igual.

La detención y juicio al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el destape de todo lo podrido en ese sector, se convirtieron en los argumentos más sólidos en respaldo a esa política de cambios mediante una contrarreforma energética a fondo.

De esa acción surgió la idea de institucionalizar la revocación del presidente de la República y cualquier funcionario y juzgarlo penalmente en funciones sin necesidad de hacerlo una vez terminado su mandato, aprobado por el Congreso y en consulta popular.

Pemex y la nueva reforma energética

Los cambios de política energética que implementa López Obrador realmente comenzaron por Pemex debido a la necesidad imperiosa de sanear y adecentar la principal empresa productiva del país, y base del desarrollo de la nación.

La transformación es radical y todas las iniciativas están dirigidas a su fortalecimiento y conversión de Pemex en el puntal económico para el que fue diseñado desde 1938 cuando la industria fue expropiada.

No se trata de un simple cambio de estructura, ni siquiera una renacionalización, pues los contratos firmados se mantienen tal cual bajo la condición de que cumplan todos los compromisos contraídos, no solamente de extracción de crudo.

Cambia de forma radical lo conceptual, y es de suma importancia para entender el propósito de la transformación: México extraerá solamente la cantidad de petróleo que requiera aun cuando las reservas comprobadas aumentaron extraordinariamente sobre todo este último año.

El énfasis extractivo se hará exclusivamente en yacimientos en tierra y aguas someras, cuyos costos de operación son muy bajos, y el Estado no invertirá en los de aguas profundas, aunque sean comerciables.

México, además, dejará de exportar petróleo crudo, y toda la producción irá a las refinerías nacionales, incluida la Deer Park, de Texas, a fin de pasar de importador neto de gasolinas y combustibles a gran exportador.

Este cambio de estrategia ya se está dando con la adquisición del ciento por ciento de las acciones de Deer que estaban en manos de Royal Dutch Shell, la modernización de las seis en operaciones en México y la terminación en el 2022 de la de Dos Bocas, una de las mayores y más modernas del mundo.

Tales planes marchan muy bien y ya están garantizando que, con la utilización y venta de menos petróleo, México esté obteniendo mayores ganancias y que cada vez dependa menos del exterior, lo cual garantiza una soberanía petrolera total, sin afectar a los inversionistas privados.

Reforma eléctrica, parte de la estrategia

Por supuesto que la reforma eléctrica es parte de la estrategia energética, que es mucho más abarcadora y se extiende, además de Pemex y la CFE, a una parte importante de la minería e incluso las comunicaciones.

Esta reestructuración constituye una de las iniciativas que ha generado más tiempo de debates en las dos cámaras del Congreso de la República, trifulcas, desencuentros, injerencia abierta de gobiernos como los de España y Estados Unidos, acciones y presiones de poderosas empresas transnacionales, y de políticos derechistas, para seguir siendo objeto de broncas y distanciamientos en tanto su debate no concluirá este año.

Grosso modo, la sustancia del cambio se podría resumir en unos pocos puntos, pero todos de enorme trascendencia: la CFE deja de ser una simple empresa productiva y de servicios para convertirse en un organismo del Estado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la electricidad en el sistema, su planeación y control, así como rector del desarrollo sectorial.

Para lograr ese propósito general el gobierno reformará los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y los cambios no estarán sujetos a negociaciones ni tampoco habrá anonimato en las votaciones parlamentarias para su aprobación.

El artículo 25 plantea que el sector público tendrá en exclusiva las áreas estratégicas señaladas en el 28: correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, energía nuclear, electricidad y exploración y extracción del petróleo. La CFE estará a cargo de la transición en materia de electricidad.

Sus empresas de generación, distribución, transmisión, comercialización, y otras, trabajarán interconectadas y existirán, como subsidiarias, sus filiales Telecomunicaciones e Internet para Todos, Energía, CFE Internacional y CFE Capital.

El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a una vida digna.

La reforma cambiará el despacho de la electricidad en favor de la CFE y eliminará el privilegio monopólico privado: primero serán las hidroeléctricas las que suban al sistema nacional su producción por constituir la energía más limpia y barata, aunque así no lo quieran ver las transnacionales.

En segundo lugar, la nuclear, seguida de la geotérmica, las eólica y solar, y finalmente el gas y el carbón, para garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y mantener bajas las tarifas.

El artículo 27 señala, en materia de transición energética, que corresponderá exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer el fluido eléctrico a todo el país.

A su vez, el 28 precisa que la CFE generará como mínimo el 54 por ciento de la electricidad total y los privados el 46 por ciento, para garantizar a todos los mexicanos seguridad energética, y tarifas a un precio por debajo de la inflación, determinado por el sector público y no el privado.

Significa, en consecuencia, que la energía eléctrica en el país vuelve a ser un asunto de seguridad nacional y un derecho humano, como lo concibieron Lázaro Cárdenas y López Mateo con sus nacionalizaciones y refrendado entonces por el pueblo mexicano.

Finalmente, la innovación ampara la propiedad nacional y única del lítio, como se consagra en los artículos 25 y 28 de la propuesta de López Obrador, teniendo en cuenta que es un mineral estratégico en el desarrollo tecnológico del futuro inmediato.

Por lo tanto, no se otorgarán concesiones ni constituirán un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva.

Un artículo transitorio indica que las concesiones mineras en vigor y por las que están explorando o explotando oro, plata, cobre y otros minerales, se conservarán en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, aclara, no amparan la explotación y producción de litio.

Fuerte oposición a la reforma

Después de analizar los objetivos generales de la reforma eléctrica y la misión de rescatar la soberanía nacional en ese sector y cortar el saqueo de esos recursos por un reducido grupo de empresas extranjeras y nacionales, resulta más fácil entender la férrea oposición a la iniciativa gubernamental por inversionistas y líderes políticos que les entregaron esas riquezas.

La iniciativa ha sido frenada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) casi desde la presentación porque desde el principio se percibió a las claras su sentido nacionalista y patriótico y el papel fundamental en el programa económico de la IV Transformación.

Esa resistencia va más allá de las ambiciones económicas y financieras de las empresas para convertirse en un tema político e incluso ideológico de la mayor trascendencia porque resucita los sentimientos nacionales que el neoliberalismo había sepultado en sus tres décadas de dominio y entreguismo en México.

Esto explica el injerencismo directo de los gobiernos de España y Estados Unidos, y las presiones que ejercen sobre el ejecutivo de López Obrador para mediatizar sus alcances y tratar de desmontar el andamiaje de la IV Transformación, cuyas bases son el fortalecimiento y la defensa de la soberanía y la independencia en las difíciles condiciones que le impone la cercanía de un vecino tan poderoso y agresivo.

Liderazgo de EE. UU.

El liderato de Estados Unidos al respecto, teóricamente, se basa en que los empresarios de ese país desplazaron a los españoles.

Como en una carrera de relevo, el gobierno y las empresas de España pasaron el batón a Estados Unidos, que encabeza ahora las acciones contra la reforma, en medio de una gran demagogia del presidente Joe Biden sobre nuevas relaciones con México, pero sin ceder en el caso energético.

Según la revista Forbes, del total de la Inversión Directa Extranjera (IED) en el sector energético, Estados Unidos alcanzó los 10 mil 154 millones de dólares y España bajó a nueve mil 348 millones después de mantenerse en el primer lugar durante años, pero cedió ante Washington hacia el cierre de junio pasado.

La Secretaría de Economía reveló que en ese mes la IED proveniente de Estados Unidos representó un 22 por ciento de la participación total del sector, frente al 20 de España, 19 de Canadá, 11 de Italia y seis de Brasil, los cinco países que concentran el 78 por ciento de la inversión acumulada en el sector energético mexicano.

Eso variará a partir de la reforma, cuando bajará a 46 por ciento porque el estado se quedará con el 54 por ciento.

En estos datos se identifican las tres empresas mayores generadoras de empleos en México, que son: Sempra LNG (Estados Unidos), Iberdrola (España) y Pelican Energy (Canadá).

Tergiversaciones, amenazas y TMEC

Los ataques a la ley de reforma impulsada por el mandatario van dirigidos hacia la tergiversación de sus objetivos mediante una red de mentiras para buscar confundir a las personas, entre las que sobresale la tesis de que el sector no puede desarrollarse ni tecnológica ni financieramente sin la presencia del capital privado.

La idea es hacer creer que el estado jamás podrá controlar los precios de venta por los presuntos altos costos de producción, muy superiores a los privados, lo cual supondrá tarifas altas con una tendencia permanente hacia el alza.

No les avergüenza mostrar lo que sí era una realidad con Iberdrola, Sempra y las demás que monopolizaban el sector hasta ahora.

El gran capital estadounidense -como hasta ahora el español y el canadiense- está de lleno en una ofensiva descomunal contra la iniciativa obradorista.

Tiene como abanderado al actual embajador norteamericano de origen español, Kent Salazar, quien realiza un injerencismo muy activo en ese y otros temas, con declaraciones poco diplomáticas y abiertamente tergiversadoras.

Por ejemplo, recientemente un grupo de congresistas envió una carta al presidente Joe Biden para pedir que presione a López Obrador para detener acciones que excluyen a las inversiones estadunidenses al considerar que violan las reglas en la materia acordadas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los 40 legisladores expresaron su preocupación en el documento dirigido también a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos; Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado, y Jeniffer Granholm, secretaria del Departamento de Energía.

La Cámara de Comercio (American Chamber of Commerce of Mexico, AmCham) atacó duramente a México al afirmar que la reforma tiene el potencial de aumentar los costos energéticos para las cadenas de producción instaladas en el país, incluidas las de Estados Unidos.

Amenazó al gobierno al advertir que, debido a la reestructuración, México perdería la oportunidad de ser una economía pujante y competitiva, para comprometer, además, la prosperidad de la región de América del Norte.

A ese criterio ni siquiera argumentado y menos probado, se adhirió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de empresarios privados muy comprometidos con sus vecinos.

Incluso llegaron a asegurar que, de aprobarse el proyecto del gobierno morenista, México multiplicará el riesgo de enfrentar litigios internacionales por reclamos millonarios nunca antes vistos, con demandas de pago hasta 20 veces superiores a la inversión realizada por los empresarios nacionales y extranjeros en los proyectos eléctricos.

Tales argumentos contradicen uno de los principios de la reforma de no suspender contratos existentes, sino simplemente regularlos a fin de eliminar vestigios monopolistas, privilegios e indemnizaciones ilegítimas, pero manteniéndole al sector privado solamente el 46 por ciento de la producción nacional de electricidad, lo cual equivale al valor del ciento por ciento de la energía que produce Argentina.

Pero acostumbrados a dominar el sector y mantener aplastada a la CFE, esas empresas y los gobiernos de Estados Unidos y España no aceptan la iniciativa de López Obrador quien, por su parte, se mantiene muy firme en aplicarla e incluso califica de traición a la patria a quienes se oponen y ejercen todo tipo de freno dentro y fuera del Congreso de la República.

Parodiando el título de un libro del sabio cubano Fernando Ortiz llevado al cine por Tomás Gutiérrez Alea, la reforma eléctrica que López Obrador impulsa y defiende con argumentos inobjetables, es una verdadera pelea mexicana contra los demonios nacionales y extranjeros.