Hay momentos en los que se abren ventanas de oportunidad para avanzar en los derechos de los pueblos y que a la vez permiten adecuar normas a situaciones nuevas. En Chile se está gestando esta posibilidad con la redacción de una nueva Carta Magna en la que por primera vez en América Latina y el Caribe se incluirían Derechos Digitales.

¿Qué Derechos Digitales se están considerando? ¿Cómo se piensa proteger a las personas del avance invasivo de las plataformas corporativas sobre sus datos y su dignidad? ¿Será el acceso a Internet un derecho garantizado? ¿Se garantizará la participación ciudadana sin discriminación de quienes decidan no estar conectados? ¿Será una Constitución que favorezca la descentralización y pluralidad de la comunicación en el ámbito digital o estará supeditada la libertad de expresión al poder económico como hasta ahora? ¿De qué manera se está pensando en estos derechos desde una perspectiva de género? ¿Cómo plasmar transversalmente las demandas populares de protección medioambiental, plurinacionalidad o territorialización en el ámbito digital? ¿Qué carácter se dará en ella a la propiedad de los datos?

Son interrogantes, entre otros, que abordaron en el webinario “Inclusión de Derechos Digitales en la Constitución. El caso chileno” Patricia Peña Miranda, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Juan Carlos Lara, Director Ejecutivo de la organización Derechos Digitales en diálogo con Sally Burch (ALAI), co-facilitadora del espacio Internet Ciudadana.

En la presentación, Burch aludió al proceso de análisis que viene llevando adelante la articulación, que ha logrado nuclear a una importante diversidad de colectivos sociales, comunicadores, activistas digitales e investigadores para profundizar y sensibilizar sobre los impactos de la era digital en la región y formular propuestas desde una perspectiva de democratización y justicia social.

A fin de ampliar el contexto del tema, Lara remarcó la importancia del marco de descontento social a partir del cual toma fuerza el proceso de redactar una nueva Constitución, la que es una normativa necesaria para sentar nuevas bases para un futuro país.

En relación a la era digital, los modos de interacción social pueden ser más o menos favorables para las personas cuyos derechos humanos pueden verse afectados o condicionados por situaciones económicas o normativas, cuya raíz se encuentra justamente en la Constitución.

Por otra parte, estos marcos legales suelen quedar retrasados frente al vertiginoso avance de las tecnologías. “No basta con reconocer derechos, sino que hay que entregar un marco de condiciones en el cual esos derechos puedan hacerse efectivos”, señaló el abogado y magíster.

Por su lado, Patricia Peña consignó como un antecedente importante el debate que se venía dando en Chile respecto a cómo democratizar la comunicación, la necesidad de considerar el espacio radioeléctrico como un bien público y cómo la carencia de infraestructura pública afecta, por ejemplo, las posibilidades de conectividad equitativas.

En relación a las principales propuestas sobre derechos digitales que se están acercando a la Convención Constitucional, indicó que ya desde la fecha del estallido social se vienen dando discusiones colectivas y formulando demandas al respecto, pero hay que recordar la gran expectativa que la nueva Constitución refleje transversalmente paradigmas ambientalistas, de plurinacionalidad, de género y con participación popular.

Entre los postulados que se vienen cristalizando está consagrar el derecho básico a la conectividad como deber del Estado y la necesaria garantía a la libertad de expresión y los cuidados a tener para protegerla. Otro tema importante es el de las tecnologías libres y el poder salir de los modos centralizados de comunicación. Del mismo modo, se está considerando la configuración de las garantías de protección de los datos personales, la que en Chile actualmente es bastante laxa y controversial. Esto perjudica mucho a las mujeres por su exposición, lo que ahonda la necesidad de una clara perspectiva de género en la materia.

Peña indicó que se debería avanzar en una institucionalidad que permita una suerte de “Agencia de protección de datos personales”, que tenga autonomía respecto al resto de los poderes, como así también organismos de contraloría eficaces.

El reconocimiento de las desigualdades (de las poblaciones rurales, de género, respecto de los pueblos indígenas, geográficas, entre otras) es significativo en lo digital, puntualizó Lara, como así también la necesidad de fomentar la participación social para superar los déficits democráticos. Del mismo modo, crear estímulos para la generación de contenido en idiomas distintos al predominante puede no solo garantizar el derecho a la libertad de expresión sino también fortalecer la consecución de derechos culturales.

El Estado, agregó, debe permitir, alentar y garantizar formas alternativas, autogestivas de conexión a internet como por ejemplo las redes comunitarias, lo que significa que, a nivel constitucional, no puede estar adherido a un modelo económico funcional a las empresas privadas o a la provisión exclusivamente estatal del servicio.

Consultada por la audiencia sobre la perspectiva de género con la que debería encararse el texto constitucional en relación a lo digital, Patricia Peña expresó que un primer punto impulsado por las organizaciones feministas tiene que ver con la superación de la brecha digital que afecta a las mujeres, en particular y en mayor medida las campesinas, las migrantes, las mujeres indígenas o las adultas mayores. Otro aspecto importante es la participación de las mujeres no solo como usuarias sino también en la creación y la posibilidad de formación e inserción laboral en el ámbito de estas tecnologías. Una cuestión central es poder garantizar que niñas, adolescentes, mujeres y disidencias sexuales puedan vivir una vida libre de violencia digital, libres de vigilancia y cualquier factor que pueda poner en riesgo su existencia.

A la consulta de Sally Burch sobre el tema de la titularidad o propiedad sobre los datos y la posibilidad de considerar una potestad colectiva sobre éstos, tema que va al centro del modelo económico, el director de Derechos Digitales afirmó que es muy importante pensar el modo en que los datos pueden ser utilizados por la gestión pública de manera legítima con fines de interés público, estableciendo salvaguardas, condiciones de seguridad y reglas de acceso y transferencia que impidan la apropiación privada de ese uso. Tanto los datos como las tecnologías digitales pueden ser útiles a un futuro más democrático, pueden constituir una oportunidad para fines sociales y no solamente ser consideradas como un riesgo por el hecho de que hoy determinadas empresas se aprovechen de ello para fines particulares, concluyó.

Sobre posibles garantías del derecho a la no conectividad como opción individual o colectiva, la académica manifestó que efectivamente no existen en muchos lugares mecanismos de consulta o sistemas de consentimiento acerca del despliegue de soluciones tecnológicas y  relacionó esta posibilidad con las modalidades de servicio de conectividad que se habiliten, al tiempo que alertó sobre el riesgo cierto de que se genere un nuevo sesgo excluyente por no estar conectado.

Sobre la receptividad que van teniendo estas propuestas en la Comisión Constitucional a cargo, pero también en otras en las que se abordan derechos en general, tanto Lara como Peña coincidieron en que ésta es amplia pero que es un proceso que recién se inicia y será profundizado en los próximos meses con la participación activa de organizaciones e iniciativas sociales.

En relación al devenir de ese proceso, que desembocará en un plebiscito de salida por la aprobación o rechazo del texto acordado en la Convención, no puede dejar de mencionarse – precisó Peña – la importancia de la segunda vuelta electoral a realizarse en breve, ya que el escenario se muestra complejo con una candidatura que puede poner en riesgo todo lo alcanzado.

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