Me contaron que un hombre llamado John Doe pasó por las oficinas del Congreso argentino. No llevaba pesadas bolsas de efectivo, sino sólo una tarjeta American Express. Doe, un ciudadano estadounidense bien parecido y bien vestido, vino representando a la Cámara de Comercio Americana (AmCham). Trajo regalos para varios congresistas: pasajes aéreos, alojamiento y entretenimiento en Washington, D.C. Es un hecho conocido que los diputados de países del tercer mundo viajan a los países del primer mundo, especialmente a los Estados Unidos, para reunirse con sus millonarios patrocinadores.

Los congresistas argentinos que recibieron estos regalos pudieron disfrutar de un plácido viaje a Washington desde el 28 de noviembre al 4 de diciembre; la misma semana que se esperaba que el Parlamento argentino aprobara la Ley de Envases: la regulación económica y social más importante de la década, que permitirá una solución ecológica al problema de los residuos. La AmCham quiere salvar a la Argentina de cometer un serio error, porque aparentemente, las compañías norteamericanas están realmente preocupadas sobre cómo esta ley puede afectar a los trabajadores y al crecimiento general en Argentina.

La AmCham es una organización empresarial independiente, sin fines de lucro, con presencia en casi todos los países del mundo y que opera abiertamente en Argentina. Esta organización defiende los intereses de las multinacionales estadounidenses. Algunas empresas de Estados Unidos – como Pepsi y Coca Cola, que además de fabricar refrescos, son las principales empresas de envases plásticos – han declarado abiertamente que están en contra de la Ley de Envases. No se si es un delito o no andar ofreciendo tickets aéreos y recibirlos (junto con alojamientos y regalos) pero me parece que esto se aleja de los principios más básicos de la ética pública. Parece que la American Express de Doe se puso a trabajar para animar a los representantes argentinos a rechazar, no solamente la Ley de Envases, sino también las opiniones de sus electores, que están a favor de la misma.

Este caso ilustra cómo el lobby transnacional opera en el Sur Global, en contra de las regulaciones socio-ambientales y cualquier acción política en defensa de prácticas ecológicas, pero también, en contra de la soberanía nacional y los intereses públicos con los que deberían comprometerse las empresas. En cuanto AmCham notó que la Ley de Envases podía suponer un riesgo para los intereses de las compañías que ellos representan en Argentina, encendió la maquinaria para socavarla. Los mismos medios argentinos que alababan la ley unos días antes de que AmCham entrara en acción, se volvieron contra ella. Diputados que habían votado a favor en las diferentes comisiones, revirtieron su voto en cuanto sus oficinas se inundaron de invitaciones de Washington, D.C.

La Cámara de Comercio Americana afirma que las empresas que representa no están contra la Ley de Envases en sí, pero que las compañías no deben ser reguladas, sino que deben tener permitido manejar sus propios sistemas de envasado. Esto es bastante ridículo. Nadie prohíbe a estas compañías manejar sus propios negocios privados. La Ley de Envases está ahí, simplemente, para definir los términos del negocio. Si una empresa usa métodos de envasado ecológicos o reciclables, entonces está todo bien. Si las empresas no siguen esta norma, entonces el Estado reclamará el coste de la mitigación y reparación de los daños ambientales creados por las técnicas de envasado no ecológicas utilizadas.

Cuando una empresa pone en el mercado un envase que no se puede reciclar o compostar, ese envase no desaparece mágicamente en el cosmos infinito. Se entierra en un vertedero, acaba en un basurero clandestino, se arroja al océano, atenta contra la vida de los peces y crea islas de plástico. Hay un lugar en el océano pacífico llamado el Gran Parche de Basura del Pacífico, que tiene tres veces el tamaño de Francia. Afortunadamente para la sociedad, los cartoneros (recicladores) prestan un servicio integral que ayuda a recuperar una parte considerable de los residuos, unas 10.000 toneladas diarias en Argentina. Sin embargo, están considerablemente mal pagados para el inmenso servicio social que realizan.

Al mismo tiempo, las empresas se benefician de las materias primas que recogen los cartoneros y sus familias. Sus cadenas de suministro son tan sucias como sus prácticas de presión. Coca-Cola fabrica sus botellas con plástico que, probablemente, un niño recogió del basurero de San Pedro en Buenos Aires. Las luchas sociales y la nueva Ley de Envases exigen un plan más humano y ecológico para el planeta. Los cartoneros quieren formar parte de cooperativas de recicladores urbanos y desean ciertas garantías para su trabajo. Además, el daño ambiental causado por las botellas de plástico y otros materiales debería ser absorbido por las empresas, para que la sociedad no tenga que asumir los costos de asegurar los beneficios de estas empresas privadas.

Las empresas estadounidenses, por su parte, proponen un modelo de “consorcios privados”, una especie de caridad autogestionada para el eco-blanqueo. Quieren pagar a los políticos para evitar las regulaciones y luego quieren hacer sus propias regulaciones, pero suavizadas. Su corrupción y tendencia al ecocidio no sorprenden a nadie. Forma parte de la naturaleza de la maximización del beneficio, que hace que empresas como éstas no se preocupen por los daños humanos y medioambientales causados por sus acciones o por los costes resultantes que acaban soportando las comunidades y la naturaleza. Su lógica es asegurar la maximización del beneficio y la acumulación de capital para ellos mismos. No se puede esperar que las empresas con esta lógica se contengan voluntariamente. La sociedad y los Gobiernos deben detener esta carrera desbocada.

El verdadero problema radica en la permeabilidad del poder político que se vende, incluso más barato que el poder corporativo: ¡qué barato es el voto de un político! Eva Perón condenó a los que se entregaban por una “sonrisa, unas monedas o un banquete”. Esto es igual que la gira por Washington que ha comprado los votos de varios políticos argentinos, que parecen ansiosos por cobrar los beneficios de la tarjeta American Express de AmCham – también hecha de plástico –, mientras se siguen formando islas de basura plástica en los océanos y los cartoneros luchan por sobrevivir en medio del lodo tóxico de los residuos corporativos.

Este artículo fue producido para Globetrotter. Juan Grabois es abogado y dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en Argentina. Fundó y ahora lidera el Frente Patria Grande, una de las principales fuerzas políticas del país.