La relocalización, el sindicalismo y las nuevas formas de organización
12/03/2013
- Opinión
Ivirgarzama, Eterazama, Padrezama, Isarzama, Cesarzama y otras poblaciones actuales del Trópico de Cochabamba llevan nombres indígenas, en idioma yuracaré. Pero, contradictoriamente en esos pueblos ya no viven indígenas sino que fueron desplazados por migrantes, sobre todo por productores de coca.
Los yuracaré, de manera forzosa emigraron al monte; los colonizadores se apoderaron de sus vidas.
“Zama” en yuracaré significa lugar donde hay un río: Ivirgarzama, lugar con río espumoso, Eterazama, lugar con río con mucho ambaibo (fruta tropical) o Cesarzama, lugar con río de agua verde.
Para los pueblos indígenas que ancestralmente habitaban en el trópico cochabambino ni la colonización, ni las actividades empresariales ni menos la construcción de la carretera troncal que une el occidente con el oriente del país significaron desarrollo, progreso o el fin de su pobreza; lo que realmente ocurrió fue la expulsión de sus tierras de origen.
Los colonizadores no sólo ocuparon las mejores tierras sino que impusieron un orden cultural, económico, ideológico y político. No respetaron la forma de vida de los pueblos indígenas: idioma, costumbres, religión, hábitat ni organización. Destruyeron culturas.
En la actualidad, la mayor parte de esas tierras ancestrales están ocupadas por los productores de coca que, a lo largo de los años, y en un proceso complicado por las políticas gubernamentales se convirtieron en uno de los sectores más poderosos del país.
Pero ¿por qué los productores de coca adquirieron esa fortaleza política y económica si sólo migraron hacia el Trópico de Cochabamba en busca de sobrevivencia?, ¿por qué otros sectores migrantes –como existen miles en el país- no adquieren esa misma fortaleza?, ¿verdaderamente es la defensa de la coca la esencia de este movimiento?, ¿cómo el narcotráfico influye en esta organización?, ¿cuál es el sustento ideológico con el que se construyó el Instrumento Político?, ¿cuándo se consolida la transición de organización sindical a movimiento político?, ¿el Presidente del Estado Plurinacional tiene aliados incondicionales?, ¿los cocaleros se empoderaron del gobierno al extremo de obligar al gobierno a avanzar en el sentido contrario a los pilares del proceso, como incrementar la cantidad de cultivos de coca o como ocurre con la polémica construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS?
Evo Morales Ayma, hace tiempo atrás recordaba que en sus primeros años de colono en las poblaciones tropicales prefería el deporte a la dirigencia pero desde que fue testigo de un brutal atropello a los derechos humanos por parte de efectivos antidrogas, decidió ingresar, primero a la vida sindical y posteriormente a la política.
“Un hecho que quedó grabado por siempre en mi pensamiento y en mi conciencia ocurrió en 1982: un cocalero fue asesinado en forma salvaje por los militares del gobierno garcíamecista. En Senda Bayer de la central Chipiriri, un grupo de militares en estado de ebriedad golpearon salvajemente a un campesino que no quería declararse culpable por tráfico de drogas; entonces, sin ninguna contemplación, le rociaron gasolina en todo el cuerpo y a vista de varios colonos le quemaron vivo.
Fue un crimen horrendo que reflejaba fielmente las acciones de quienes nos gobernaban. Desde esa vez prometí luchar incansablemente por el respeto a los derechos humanos, por la paz en nuestras tierras, por el libre cultivo de la hoja de coca, por los recursos naturales, por el territorio y por la defensa de la soberanía nacional”, nos dijo en una entrevista exclusiva.
Además, recordó que producto de esa acción, impulsó la formación de un grupo juvenil para apoyar las acciones del sindicato, donde –entre otros- participaba un indígena yuracaré: Rosauro Noe.
La mayor parte de las actividades de hace 50 o 30 años e incluso durante la erradicación de cultivos de coca en el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) se realizaban en forma conjunta entre productores de coca e indígenas, migrantes y originarios. Aunque los indígenas eran minoría se les permitía participar.
En la actualidad, esa situación de amistad, compañerismo y sobrevivencia mutua cambió radicalmente porque entre las determinaciones de reuniones sindicales de los colonos se considera a los indígenas poco menos que enemigos. Se los identifica –sin argumento alguno- como parte de la oposición por el sólo hecho de defender el poco territorio que les pertenece ante los nuevos intentos de avasallamiento.
Otra vida, nuevos retos
En el Trópico de Cochabamba podemos destacar tres momentos de la colonización. El primero, durante la década de 1930, fue conducido de manera espontánea luego de la Guerra del Chaco (Canaviri 2000: 27). El segundo, abarca desde la Reforma Agraria en 1953 hasta la década del 70, cuando el Estado desplegó esfuerzos con el plan denominado ‘marcha hacia el oriente’ a partir del cual se impulsó contingentes de familias campesinas de distintos distritos del país hacia las zonas tropicales (Arrueta 1994: 33), en ese momento el campesino colono se articuló al circuito de la coca. El tercer período se refleja a principios de la década de los 80 con el fenómeno de la sequía que se presentó entre 1982 y 1983, del “boom” de la hoja de coca (entre 1980 a 1983), el desmantelamiento de COMIBOL y el despido de mineros en 1985 (Arrueta 1997: 12).
Para Zavaleta Mercado (1983: 227) “Los mineros desocupados participaron en un número elevado en la colonización de Caranavi, Alto Beni y principalmente el Chapare, zonas de nueva frontera agrícola”.
Estos procesos de colonización condujeron al campesinado a organizarse bajo la forma sindical a partir de los años 30 (Arrueta 1994: 32). “Según el testimonio de colonos antiguos su conformación sindical obedeció a una suerte de práctica y conocimiento organizativo, que ellos heredaron de sus lugares de origen. En sus primeros momentos, este sindicalismo tenía básicamente el papel de representación frente al gobierno central y frente a la sociedad en general y sus tareas eran sobre todo de carácter cívico corporativo”.
Se impuso el sindicato de los migrantes a los cabildos y las formas tradicionales de organización indígena.
Las tareas de la organización sindical fueron varias entre las que podemos destacar la apertura de caminos y sendas de penetración al monte, distribución de parcelas entre sus afiliados, admisión de nuevos afiliados, reglamentación de la convivencia en la región, explotación de fuentes de agua y ríos, madera y otros recursos naturales; establecimiento y captura de algunos gravámenes que puedan imponer en tramos de caminos por cobro de peaje, entre otros.
Silvia Rivera Cusicanqui (1986: 117-118) muestra cómo de los procesos de colonización, surge un nuevo tipo de organización campesina, desvinculada desde los orígenes a los aparatos sindicalistas oficialistas. Su mejor disponibilidad a la movilización y su mayor autonomía ideológica se explica también porque frecuentemente son estas zonas de colonización las que sirven de refugio a los trabajadores despedidos en las minas en las masacres blancas de las fases dictatoriales.
La organización de este estrato se basa en un sinnúmero de sindicatos y federaciones especiales de colonizadores y campesinos que se organizan a partir de la década del 60 en sindicatos, centrales y federaciones. Las federaciones del Trópico, Centrales Unidas y Yungas del Chapare pertenecen orgánicamente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las federaciones Carrasco, Chimoré y Mamoré a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), hoy conocida como la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, ambas afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB).
Las organizaciones cocaleras están constituidas en sindicatos (localmente son las comunidades) que tienen presencia territorial ya que los afiliados tienen su parcela y reúnen entre 20 y 300 personas. Los afiliados deben contribuir con un aporte mensual destinados a las actividades de sus dirigentes. El sindicato tiene como función construir caminos, escuelas, postas de salud, etc. Segundo, las centrales que agrupan entre 10 y 18 sindicatos. Tercero, las federaciones las cuales están afiliadas a instancias nacionales. Cuarto, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que fue creada en 1990 debido a la necesidad de unificar sus demandas.
Se estima que en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba están afiliadas 60 mil personas y en el Chapare, Carrasco y Tiraque Tropical se estima una población fija y flotante cercana al medio millón de personas.
El secretario de actas de la Federación Sindical de Colonizadores de Chimoré, Alberto Morales, al confirmar el dato señaló que en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa lograron el reconocimiento a tener “un cato por familia”; pero con Evo Morales Ayma la política cambió a “un cato por afiliado”.
El cato de coca tiene una extensión de 1.600 metros cuadrados.
En los últimos seis años, se produjo un crecimiento desmesurado de la producción de hoja de coca en las poblaciones tropicales del departamento. De 12 mil hectáreas ‘legales’ para el masticado o acullicu –sin que nadie sepa cuántos son los acullicadores reales porque no existe ningún estudio- se incrementó a 32 mil y actualmente rondan las 27 mil hectáreas en todo el país, según la Oficina del Control de Drogas de Naciones Unidas en Bolivia. Expertos afirman que esta cifra no tomó en cuenta las plantaciones excedentarias en el TIPNIS y otros parques.
Los consumidores de la hoja de coca aseguran que “acullican la coca de Los Yungas y no del Chapare”. Se estima que la mayor parte de la coca chapareña va destinada a la producción de cocaína.
La nueva organización
Por la presencia del circuito coca-cocaína, gran parte de las poblaciones del trópico cochabambino, fueron víctimas del actuar de efectivos antidrogas que estaban asesorados por funcionarios norteamericanos (DEA, USAID y otros.).
Una de las actividades de las fuerzas conjuntas antidrogas era la erradicación o eliminación forzosa de cultivos de coca y la otra la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, se caracterizaron por la violación permanente a los derechos humanos, aspecto que antes de debilitar a la organización de los productores de coca, lo fortaleció al extremo que fue convertida en “organización víctima” y, por tanto, empezó a recibir apoyo de diferentes sectores del país.
En todo este proceso, un impulso, un aporte fundamental en la vida organizacional de los productores de coca, sin lugar a dudas que tiene que ver con la “relocalización” de miles de trabajadores mineros que, en busca de tierras, se asentaron en varias poblaciones cocaleras.
Uncía, Llallagua, Icoya, Aroma, Virgen del Socavón y otros nombres de sindicatos cocaleros son apenas una muestra de que los nuevos colonizadores no sólo se fueron con sus nombres de pueblos mineros sino que cargaron en sus espaldas su forma de organización, su estilo de vida pero también su ideología y objetivos políticos. La mayoría de los asentamientos se realizó en el TIPNIS.
Según la Fundación Natura, después del cierre de las minas en 1985 se incrementaron los niveles de deforestación en el Chapare y sobre todo en el TIPNIS, donde se asentaron miles de relocalizados mineros. Diferentes estudios aseguran que si la deforestación en el TIPNIS sigue creciendo al ritmo que se registra al sur de esta zona, casi la mitad del área protegida desaparecerá en menos de 20 años, aun sin construir la carretera por el medio.
Imágenes satelitales del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, evidencia que entre 1976 y 2007 en el TIPNIS se perdieron aproximadamente 50 mil hectáreas de bosque por la conversión en suelos agrícolas, sobretodo en la zona sur controlado por el Consejo Indígena del Sur (CONISUR). También existe deforestación en la parte noreste del parque donde están las comunidades indígenas, aunque esta es “pequeñísima”, porque los grupos originarios son dispersos y tienen una economía de subsistencia, a diferencia del polígono 7, donde los cultivos, especialmente de coca, son intensivos.
La Fundación Natura Bolivia en un estudio a partir de la deforestación registrada desde 1976 en el parque -fundamentalmente en el área denominada polígono 7- donde están los pueblos colonizadores, alerta que en el plazo de 20 años podría desaparecer el área de reserva y la construcción de una carretera agravaría el impacto medioambiental.
Según el Plan de Manejo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), en el TIPNIS existen casi 12 mil colonos, aunque hay estudios que estiman que pueden llegar a ser el doble, los indígenas de la zona no son más que 2.500 personas.
Varios dirigentes cocaleros reconocieron el aporte fundamental de los ex mineros en su organización: no sólo defendían el cultivo de la coca con marchas y bloqueos sino que su trayectoria y formación política hasta el uso de la dinamita e incluso las bombas caseras se hizo más común para defender “su” territorio.
En los ampliados cocaleros (la máxima instancia sindical) los indígenas fueron desplazados y la presencia de los ex mineros fue notoria por el cambio del discurso: el enemigo ya no sólo era el gobierno sino sobre todo el imperialismo y ya no sólo se hablaba de defender la coca ni la tierra sino el territorio en su integridad (sub suelo, suelo y sobre suelo).
A la par que el lema “causachun coca, wañuchun yanquis” (viva la coca, mueran los gringos) se extendió como reguero de pólvora en el extenso trópico cochabambino también la colonización se encargó de destruir la vida de los indígenas que al verse reducidos tuvieron que buscar lugares alejados y, sobretodo, cercanos a ríos para sobrevivir.
La caza, la recolección y la pesca que caracterizaban la actividad económica principal de los yuki, yurakaré y otros pueblos indígenas nunca fue respetada por los miles de colonizadores porque se impuso la deforestación, el chaqueo, la pesca con dinamita y el cultivo de la coca. La pequeña producción indígena estaba destinada al autoconsumo; mientras que el mercado fue controlado por los colonos. Y, para generar ingresos en dinero, algunos indígenas empezaron a vender su fuerza de trabajo a los colonizadores, comerciantes y narcotraficantes de la región.
La vida de los pueblos indígenas cambió radicalmente producto de la influencia de los colonos.
En los últimos días, se confirmó a través del asambleista del pueblo yuki, Abel Yairaguaguazú que en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO Yuracaré) de Nueva Galilea y Santa Elena se verificaron plantaciones de coca nuevas e ilegales sembradas por colonos.
La expansión y los asentamientos a los territorios indígenas avanzan incontenibles en el Trópico de Cochabamba y otras regiones del país porque –aunque en los medios de comunicación se habla de fiscalización y control social de las organizaciones- los colonizadores cuentan con el aval de las autoridades del gobierno para continuar con la expansión cocalera ligada al narcotráfico pero también relacionadas al contrabando y otras actividades ilegales.
A pesar que la Constitución Política del Estado (CPE) protege a los territorios indígenas y sus habitantes, éstos derechos son pisoteados impunemente por un sector que tiene la protección oficial. El artículo 394, parágrafo tercero señala: “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta a pago de impuestos a la propiedad agraria”.
Mientras que los sectores de colonizadores tienen entre sus objetivos la expansión de los cultivos de coca como ha ocurrido en la TCO Yuracaré y otras poblaciones originarias y también en parques nacionales lo que es sinónimo de depredación, deforestación y explotación del medio ambiente; los pueblos indígenas resisten, buscan justicia y aún sueñan en la defensa de la “loma santa”…
Segunda parte del ensayo: EL PODER COCALERO: LA EXPANSIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL Y LA DESTRUCCIÓN DE LOS VALORES INDÍGENAS
Alex Contreras Baspineiro
Periodista y escritor boliviano
https://www.alainet.org/de/node/74463?language=es
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