Colombia

El affaire Petro

Alejandro Mantilla

16/01/2014

Opinión

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Considero que las masivas movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro no han pretendido defender al alcalde como individuo, más bien fueron expresión de la defensa de la democracia y el rechazo de una decisión desproporcionada. Ese descontento parecía configurar una oportunidad política para generar un proyecto unitario que desde la izquierda defendiera una apuesta democrática que a su vez respaldara la búsqueda de la paz, pero no fue así.

La destitución del Alcalde de Bogotá ha generado un complejo debate jurídico. Al momento de escribir esta columna no es claro cuál será el desenlace de esta historia y ningún pronóstico parece enteramente fiable. Sin embargo, una adecuada comprensión de esta situación debe ir más allá de la pregunta por la posible continuidad de la administración Petro; la destitución puede leerse como un síntoma de las tensiones que vive el país en nuestro tiempo.

¿El final de la utopía constitucional?

La actuación de Ordóñez como Procurador muestra que el diseño institucional del Estado colombiano es bastante precario. La constitución de 1991 ha realzado los derechos fundamentales, fortalecido la justicia constitucional y defendido la plurietnicidad. No obstante, su sistema de pesos y contrapesos, que en teoría permite equilibrar a las diversas entidades del Estado, hace aguas por todas partes. Hoy la Procuraduría y la Contraloría parecen ser instituciones sin freno alguno, la Comisión de acusaciones de la Cámara es llamada “comisión de absoluciones” e importantes secciones del Consejo Superior de la Judicatura parecieran más dedicadas al tráfico de influencias que a la administración de justicia.

Lo anterior pareciera darle la razón a quienes hoy promueven una Asamblea Constituyente, pero esa alternativa tampoco parece razonable ante la polarización de la sociedad colombiana. En una eventual constituyente las posiciones de derecha buscarán debilitar la tutela y la justicia constitucional, los sectores liberales le apuntarán a un sistema de pesos y contrapesos más riguroso, y los proyectos de izquierda perseguirán un Estado más incluyente para alcanzar la paz. Aún estamos muy lejos de llegar a un “acuerdo sobre lo fundamental” para impulsar una constituyente, máxime cuando “lo fundamental” para algunos es inaceptable para otros. En ese marco, son evidentes los problemas pero no son claras las salidas, y la posibilidad de alcanzar un diseño institucional respaldado en un auténtico consenso parece muy lejana.

De los clérigos del liberalismo a los clérigos de Lefebvre

En un famoso pasaje de su libro Justicia y racionalidad, Alasdair McIntyre afirmó que “los abogados, y no los filósofos, son el clero del liberalismo”¹. Para McIntyre los sistemas jurídicos modernos procuran solucionar los conflictos sin apelar a una concepción global del bien humano, pero detrás de la supuesta neutralidad se esconde la veneración por los veredictos legales, de ahí que los juristas sean los nuevos sacerdotes (tal vez la similitud entre la toga y la sotana no es accidental).

Aunque la crítica de McIntyre tenga asidero, el gran riesgo de su posición radica en que algunas concepciones globales del bien pueden ser abiertamente opresivas. En estos días ha circulado un documento escrito por Juan Carlos Novoa, cercano colaborador de Ordóñez y, al parecer, uno de los redactores del fallo contra Petro. Novoa afirma que los derechos humanos se oponen a la “sana filosofía del realismo jurídico clásico”, doctrina que no reconoce derechos individuales pues juzga conforme a “una relación de hombres, conforme al orden natural”².

Si Ordóñez también respalda esta tesis, entonces la defensa de un “orden natural” definido por los criterios de la teología más conservadora y la definición de los derechos como apetitos arbitrarios, hace inmune al Procurador frente a cualquier argumento jurídico contrario³. Si para Ordoñez el derecho es expresión de un orden natural orgánico, entonces sus decisiones disciplinarias son defensoras del equilibrio natural perdido. Es claro que para este conservadurismo los homosexuales y las mujeres violadas que buscan abortar son una desviación de ese orden natural; la pregunta crucial es si las convicciones de izquierda también pueden ser tratadas como un desequilibrio natural, y si tal racionalidad es el fundamento oculto de las decisiones de Ordoñez. En tal caso podremos esperar que Ordoñez siga siendo un obstáculo para que el proceso de paz pueda avanzar con buenos resultados.

Incluso si la anterior hipótesis es falsa, la destitución de Petro marca un precedente muy peligroso para la sociedad colombiana: reemplazar la responsabilidad política por la responsabilidad disciplinaria. Mientras en las democracias modernas los gobernantes que cometen errores de gestión son castigados en las urnas, en Colombia son castigados por el Procurador (o por la Contralora) y condenados a la muerte política. Ese precedente problemático es una amenaza para la democracia, pues convierte a la Procuraduría y la Contraloría en centros de persecución política y no en organismos de control.

El debate jurídico y las decisiones judiciales en torno a la destitución del alcalde van más allá de este caso particular; lo que está en juego son dos concepciones del derecho, de los derechos, de la paz y de la democracia. Ese pulso no se resolverá con facilidad, ni en el corto plazo.

Las derivas de la izquierda

Durante el affaire Dreyfus los partidarios del patriotismo y el orden natural acusaron a un inocente oficial del ejército francés de espionaje a favor de Alemania. El origen de la acusación no se derivó de las faltas del capitán Alfred Dreyfus sino en el ascenso del antisemitismo en la Europa de inicios del siglo XX. Semejante situación motivó un rechazo de buena parte de la sociedad francesa, pues en el caso del Capitán Judío se mostraba el síntoma de un problema más general.

La destitución de Petro también es síntoma de un problema mayor, pues refleja el avance de posiciones muy peligrosas para la democracia colombiana, como lo mostré en el punto anterior. Por esa razón considero que las masivas movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro no han pretendido defender al alcalde como individuo, más bien fueron expresión de la defensa de la democracia y el rechazo de una decisión desproporcionada. Ese descontento parecía configurar una oportunidad política para generar un proyecto unitario que desde la izquierda defendiera una apuesta democrática que a su vez respaldara la búsqueda de la paz, pero no fue así.

Aunque los más cercanos al alcalde le apostarán a una movilización por la democracia y la paz, Petro parecía insistir en una deriva individual al afirmar que “el caudillo tiene un valor porque es parte de la cultura popular”⁴, al lanzar largos discursos en balcones que recuerdan a Eva Perón, y al insistir en la primera persona del singular al decir en su cuenta de twitter que estaba listo para una primavera democrática, soslayando el descontento colectivo en nombre del liderazgo individual. Tal vez una actitud similar fue el origen de su constante ruego por auxilio al presidente Santos, actitud que no siempre cayó bien en una plaza colmada por integrantes de la oposición. Por último, aunque la destitución sea arbitraria, preocupa la nula autocrítica del alcalde; el proyecto Basura Cero es necesario para la ciudad y puede ser defendido como un proyecto democratizador, pero su improvisación y falta de previsión socavaron la posibilidad de llevarlo adelante sin problemas.

La reacción del Polo fue más preocupante. Mientras en la plaza de Bolívar se veían banderas del Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, el PST, la Alianza Verde, la UP, el Partido Comunista y otras organizaciones, el Polo brilló por su ausencia. Clara López y Jorge Robledo, voceros de la mayoría del PDA, no respaldaron abiertamente al alcalde y se limitaron a rechazar la destitución por razones jurídicas. Su peor momento se evidenció cuando Clara López afirmó que en caso de elecciones el Polo tendría un candidato propio, aunque la decisión del Procurador aún no estaba en firme. Las voces del Polo que respaldaron a Petro, las del candidato al Senado Alberto Castilla y el representante Iván Cepeda, aún lucen minoritarias en ese partido, pero tal vez tras las elecciones su posición pueda ganar mayor fuerza al interior de esa colectividad.

A pesar de lo anterior, las movilizaciones reflejaron que la ciudadanía bogotana se la juega por la defensa de la democracia y que la izquierda aún puede actuar con contundencia, a pesar de la corta visión de sus líderes, quienes pasadas las elecciones deberán revisar sus actitudes y sus posturas. Recordando a un viejo caudillo, en esta coyuntura el pueblo ha sido superior a sus dirigentes.

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¹Alasdair McIntyre, Justicia y racionalidad, ediciones Eiunsa, P. 327.

²Juan Carlos Novoa, “El problema de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos contemporáneos” http://www.restauracionacional.org/el-problema-de-los-derechos-humanos-en-los-ordenamientos-juridicos-contemporaneos/

³Un argumento similar fue planteado por Rodolfo Arango en su columna “El Realismo jurídico del Procurador” http://www.elespectador.com/opinion/columna-423593-el-realismo-juridico-del-procurador

⁴Ver la nota de Noticias Uno del 11 de enero de 2014, disponible en: http://noticiasunolaredindependiente.com/2014/01/11/noticias/petro-se-la-juega-por-la-revocatoria/

Fuente: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-affaire-petro?category_id=138

Foto: www.bogota.gov.co

https://www.alainet.org/de/node/82397