Venezuela

Los derechos humanos y la subversión de la derecha

Yoel Pérez Marcano

06/04/2014

Opinión

^-A ⁺A

El reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la existencia de los derechos fundamentales contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1.948, constituyó un momento histórico en el desarrollo de la Humanidad, por cuanto los 51 Estados integrantes iniciales de las Naciones Unidas asumieron el respeto y la protección de los derechos y garantías de la persona humana como un elemento fundamental de su orden jurídico y político interno.

Los derechos humanos, a lo largo de la historia de la Humanidad, siempre han estado asociados a las luchas de los pueblos oprimidos y explotados por los Estados de la conquista, el colonialismo y la dominación imperial, en cuyo reivindicación, conquista y defensa siempre han estado vinculados los movimientos sociales y políticos que se han colocado al lado de los oprimidos y explotados, mientras que las clases Propietarias, en defensa de sus intereses, siempre se han sostenido una conducta de resistencia, desconocimiento y violación de los derechos de los pueblos, por cuanto, la conquista de un derecho humano, siempre ha representado un victoria de la Libertad y la Justicia frente a la opresión estatal y de las otras expresiones de poder emanadas de la sociedad de los Propietarios; fuesen estas gentilicias, esclavistas, feudales y burguesas, e incluso, algunas expresiones originales del Socialismo que se extinguieron en medio de sus propias inconsecuencias doctrinarias.

Aunque la Constitución de Venezuela de 1961 recogió, además del reconocimiento y garantías de los derechos civiles, políticos de, económicos, sociales y culturales contenidos en la Constitución redactada por la Asamblea Constituyente de 1.947, la Revolución Bolivariana tuvo como un objetivo político fundamental aprobar, mediante la convocatoria de la Soberanía Popular, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Resolutoria, que redactara una nueva Constitución que, fundada en las mejores tradiciones republicanas de la historia nacional y los aportes de las experiencias e instituciones jurídicas de América Latina y demás países del planeta Tierra, un nuevo Código Constitucional, en donde se ampliaran los derechos humanos de todos y todas y que ellos pudieran ser reconocidos, garantizados y protegidos efectivamente, a través de instituciones del Estado.

En estos 15 años de Revolución Bolivariana, el Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia ha realizado una labor sin precedentes de promoción y defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación alguna, incorporando a los programas de estudios del sistema escolar contenidos sobre derechos humanos, modificando los programas de formación de las escuelas militares y policiales para incluir temas teóricos y prácticos sobre respeto a los derechos humanos en situaciones de conflicto, formando y entrenando en procedimientos legales a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de los cuerpos policiales, de investigación criminal, las Guardia Nacional, de la Fiscalía General y la Defensoría Pública que, pese a los casos aislados que se han producido en tales instituciones estatales, representan un enorme patrimonio moral y ético que ha favorecido el desarrollo de relaciones de respeto, colaboración entre la sociedad y los agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley.

Esa hegemonía moral del Estado tutelar, garantista y defensor de los derechos fundamentales de las persona humana que emanan de la Constitución y de los tratados y convenios internacionales válidamente suscritos por la República, ha sido puesta a prueba en estos 15 años de Revolución Bolivariana por una derecha antidemocrática, cuya historias de abusos, violaciones, delitos y Crímenes de Lesa Humanidad no solo tiene en su haber a más de 1.500 desparecidos entre quienes se rebelaron contra los gobiernos represivos anteriores a la Revolución, sino una estrategia de guerra contra el pueblo y sus organizaciones desarrollada a través de redadas indiscriminadas, reclutamiento forzosos, torturas, desapariciones de detenidos, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones a activistas y dirigentes sociales, las Masacres del 27 de Febrero, de El Amparo y la de Cantaura y otras prácticas y acciones violatorias de los derechos humanos, las cuales contaban con la complicidad de un poder judicial totalmente favorable a la impunidad de tales delitos.

En las actuales circunstancias del desarrollo del Golpe de Estado impulsada por la derecha opositora venezolana con el apoyo del gobierno delos Estados Unidos y los círculos más reaccionarios de América Latina, el Estado Bolivariano ha sido fiel a los principios consagrados en el Titulo III “De los derechos humanos y garantías y deberes”, de la Constitución de 1.999, desarrollando una estrategia de seguridad y orden público, en primer lugar, manteniendo la vigencia pleno de todos los derechos humanos; haciendo uso proporcional y selectivo de la fuerza de los agentes encargados de cumplir la ley y, garantizándole sus derechos a cada uno de los detenidos, incluyendo al cabecilla contrarrevolucionario, Leopoldo López, expresado en el respeto a la dignidad a los detenidos y detenidas, la Presunción de Inocencia, Derecho a la Defensa, la No Incomunicación y su presentación en el plazo legal ante un juez penal e iniciando las averiguaciones administrativas y penales a los agentes de la ley que hubiesen estado presuntamente involucrados en delitos en las operaciones de control de muchedumbre, además mantener contactos con organizaciones de oposición vinculadas con derechos humanos y permitiendo sus acceso a los lugares de detención ya a las audiencias judiciales; política que han permitido reducir el número de víctimas y que, pese a las destempladas declaraciones de los voceros de la oposición, sus forjados videos y, las notas de sus cómplices de la canalla mediática nacional e internacional, no han podido desvirtuar.

De allí que la decisión del Presidente Nicolás Maduro Moros, atendiendo la sugerencia de la Comisión de la Unión de Naciones de Suramérica, UNASUR, de dictar un decreto mediante el cual crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que se integrarían los órganos del Estado relacionados con el tema y sectores sociales y académicos e, incluso, provenientes de la oposición venezolana, constituye una decisión acertada, oportuna y pertinente, que reafirma el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y el fortalecer los mecanismos de diálogo nacional e institucional sobre las medidas más adecuadas para hacer más efectiva la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los venezolanos y todas las venezolanas,, especialmente el Derecho a la Paz del pueblo venezolano.

Domingo, 06/04/2014 11:10 AM

http://www.aporrea.org/actualidad/a185818.html

https://www.alainet.org/de/node/84613?language=es