Actualmente Guatemala, es el país más rural del continente americano ya que del total de su población (12 millones aproximadamente) la mayoría habita en el campo lo que redunda en que sea este espacio en donde se encuentra la mayor fuente de empleo y de generación de divisas, según el Programa de Desarrollo de la Naciones Unidas -PNUD- cerca del 40% de la Población Económicamente Activa -PEA- todavía se desempeña en el sector agrícola, sector que genera un poco más del 23% del Producto Interno Bruto (PIB). En el área rural radica el 77% de los trabajadores no remunerados del país y el 70% de las personas dedicadas al trabajo domestico, mujeres casi en su totalidad. En ese sentido el sistema económico estructurado alrededor de extensos latifundios dedicados a cultivos de exportación que se formó a partir de la época liberal promovió la inserción del país a la economía mundial. La reforma liberal no solo desplaza y expropia a los terratenientes conservadores y a la iglesia como gran propietaria de tierras, sino que también usurpa las tierras comunales, conformándose con ello una nueva clase terrateniente, que a partir del cultivo y exportación del café, inicia un nuevo ciclo de acumulación de riqueza sobre el trabajo forzado de la población indígena y campesina, sin que ello en el tiempo, hasta la actualidad haya tenido cambios sustanciales. Ese modelo agro exportador de desarrollo está condicionado a tres productos agrícolas de escaso o bajo valor agregado, como lo son el café, la caña de azúcar y el banano que necesitan de grandes extensiones de tierra, creando así una estructura agraria altamente concentradora y de carácter dual o sea la conformación de latifundios vas. minifundios. En donde el minifundio es el espacio donde la mayoría campesina trabaja para el autoconsumo y genera un excedente mínimo para el mercado interno. A lo anterior descrito hay que adicionarle que la imposición que se da desde los mercados internacionales a la cantidad y calidad de dichos productos, así como su precio esta controlado por estructuras mono u oligopólicas que impiden el desarrollo de las economías pobres. En el caso guatemalteco es a partir de la década de los ochenta que las políticas de corte neoliberal se empiezan a implementar con más fuerza, con notables consecuencias en el agro. Estas políticas se ven concretadas en la importancia que le dan los gobiernos a los subsidios y protección para los productos destinados para la exportación descuidando y desprotegiendo el mercado interno a través de la poca relevancia que se le da al pequeño y mediano productor. Lo anterior refleja que la globalización neoliberal ha hecho a los países latinoamericanos cada vez más dependientes y para el caso guatemalteco es aun más abrumador ya que ante cualquier desequilibrio externo causa problemas serios en nuestra economía. Principalmente en la recesión económica que actualmente está afrontando EE.UU., principal socio comercial de nuestro país. Entendemos que esta globalización neoliberal impide que cada uno de los países pueda ir concretando desde su realidad nacional un proyecto de desarrollo que atienda las necesidades de su población, basados en la equidad y la justicia social por encima de los hábitos de consumo inducidos, del capital y las ganancias. Es en este marco en el que actualmente Guatemala se sumerge a una profunda crisis de agotamiento de su modelo de desarrollo evidenciado en parte de nuestra población rural, población que está viviendo casos extremos de hambruna, llegando a la pauperización de varias comunidades y municipios principalmente de la parte oriental, con fuertes amenazas de extenderse en todo el territorio nacional. Los campesinos y campesinas del agro guatemalteco mantienen su economía basada en pequeñas extensiones de tierra (minifundios) la que emplean para la producción de granos básicos para el autoconsumo, primordialmente el maíz. Producto de las políticas neoliberales y su doctrina los precios del café han tenido una baja significativa por un problema en la oferta de este producto a escala mundial, lo que ha provocado que los miles de campesinos que migran año con año al corte de este producto queden desempleados y en el abandono total, aunado a esto la sequía producida por la irracionalidad en el uso de los recursos naturales, principalmente por las grandes empresas nacionales y transnacionales y cambios climáticos importantes que mantienen en peligro de hambruna a 25 municipios de los Departamentos de Totonicapán, Quiché y Sololá. En la Costa Sur se perderá entre el 50 y 60 por ciento de la producción de maíz y en el caso más extremo, en Jocotán y Camotán han muerto más de un centenar de personas debido a la pérdida casi total de la producción de los campesinos y campesinas. En Noviembre de 1996 en reunión de la FAO, los jefes de Estado o de Gobierno de casi todas la naciones del mundo, o sus representantes fueron signatarios de la "Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaría Mundial" y un "Plan de Acción sobre la Alimentación" comprometiéndose asegurar el derecho a la alimentación y declararon "intolerable que más de 800 millones de personas en todo el mundo y en particular de los países en desarrollo, no dispongan de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas" y asumieron el compromiso de consagrar su voluntad política y hacer el esfuerzo necesario para erradicar el hambre de todos los países. A cinco años de tan "noble" compromiso la humanidad es testigo de cómo los poderes económicos de los países desarrollados aumentan sus ganancias en detrimento del empobrecimiento acelerado y del crecimiento de la deuda externa de los países en desarrollo, así como la globalización neoliberal ha concentrado más el mercado agrícola internacional en unas cuentas empresas transnacionales que genera mayor dependencia e inseguridad alimentaría de la mayoría de los pueblos. Es en ese sentido que el hambre, la desnutrición y la exclusión de millones de personas al acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecnología y el conocimiento, no son efecto de la fatalidad de un accidente, de un problema de geografía o de los fenómenos climatológicos. Ante todo son una consecuencia de determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional que han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados y sus corporaciones en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el actual proceso de reestructuración económica global. Lo anterior nos demuestra que los problemas del hambre no se resuelven a través del mero aumento de la producción agrícola en nuestros países; el problema es mucho más complejo que eso y se refiere a la falta de ingreso y de empleo y la consiguiente prevalencia continua de altos niveles de pobreza. En contraposición a lo que se nos ofrece a través de la globalización y sus muy variados mecanismos, la observancia atenta de las tendencias mundiales, nos indican un fenómeno creciente de marginación de las grandes mayorías nacionales en los beneficios del desarrollo, distribución regresiva del ingreso, concentración creciente del poder económico en algunos países y en algunas grandes empresas. Esto ha generado fuertes aumentos de las migraciones rural-urbanas y hacia los países desarrollados como puede observarse en sus principales ciudades. Esto revela que hoy hay una globalización de la pobreza. Se nos ha dicho que estamos en el fin de la historia. Que solo hay una manera única, absoluta, de conducir la economía. Esa visión, extremadamente ideologizada, que deifica el neoliberalismo y el mercado omnipotente, es notablemente errada y causante de los males más graves que nos aquejan. Hoy más que nunca hay sobre expoliación en el trabajo, hay falta de empleo, de ingreso, de equidad, hay crecimiento mediocre y nada de desarrollo y predominan una alta inestabilidad e incertidumbres variadas. Es necesario que el Estado como tal, sea el que retome su papel de promotor, de conductor del desarrollo y no las fuerzas del mercado que hasta la actualidad sólo han desarticulado todo el aparato estatal que tenía como obligación atender las necesidades sociales -que no son competencia del mercado- como lo son la salud, la educación y desde luego el derecho a la alimentación. Es en ese sentido que Guatemala, y América Latina en su conjunto, tiene un gran reto en su presente y en su futuro ante la oleada de políticas neoliberales impuestas por los países ricos a través de los organismos financieros internacionales. Esperamos que este evento contribuya a la búsqueda de soluciones sobre este y otros temas de trascendencia continental. Guatemala, noviembre del 2001 * Jorge Santos, Byron Garoz, Programa Estudios para el Desarrollo Rural Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP-