Aunque el comercio podría sacar a las mujeres y a sus familias de la pobreza, hay demasiadas mujeres que están quedando atrás. Las propuestas actuales del ALCA no garantizan que los actos comerciales sean herramientas para alcanzar la equidad de género, la justicia social y el desarrollo sustentable. Más bien, codifican la dominación creciente del libre comercio corporativo, que coloca el lucro y el crecimiento económico por encima de las necesidades humanas básicas. Los negociadores comerciales que han estado proponiendo nuevas reglas y disciplinas para el acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) hasta ahora han ignorado los efectos potenciales de la liberalización comercial sobre las mujeres que viven en la pobreza en todo el continente. Al no incorporar un análisis sobre la forma en que el ALCA podría afectar a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada, el texto publicado recientemente está destinado a incrementar muchas cargas de trabajo de las mujeres y a profundizar su indigencia a lo largo del continente. Género y Comercio Según datos de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen más del 70% de los ciudadanos más pobres del mundo. Las mujeres son desproporcionadamente pobres debido a la discriminación social y cultural que limita su acceso a la educación, a la capacitación tecnológica, al crédito y a la tierra. Además, las mujeres no son contratadas para muchos empleos en los que están calificadas; son consideradas asalariadas "secundarias", suelen percibir menos salario que los hombres por el mismo tipo de trabajo y usualmente son las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. Finalmente, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo "reproductivo" –cuidando a sus familias, preparando las comidas y manteniendo la casa limpia y funcionando. Este trabajo invisible significa que las mujeres tienen menos tiempo para adquirir nuevas habilidades, para buscar nuevos empleos o simplemente para relajarse y dedicarse al ocio. Por último, la raza, la clase, la etnia y la geografía también afectan la manera en que las mujeres pueden (o no) participar en la economía local, nacional o global. Aunque las mujeres se están jugando mucho en el resultado de las pláticas comerciales, los negociadores ignoran las necesidades y preocupaciones específicas de las mujeres cuando llegan a nuevos acuerdos. Hasta hoy, ningún negociador ha estudiado cómo las nuevas reglas comerciales podrían afectar a las mujeres de manera distinta. En consecuencia, el acuerdo del ALCA podría no sólo acrecentar la división de género entre hombres y mujeres, sino que también podría incrementar la pobreza de muchas mujeres en las Américas. Las siguientes secciones subrayan las posibles consecuencias negativas del texto del ALCA para el estatus de las mujeres y los problemas de desarrollo en la región. Aunque gran parte del texto está encorchetado, debido a que los negociadores no han determinado exactamente qué redacción adoptarán, el sentido general de los capítulos y el tipo de propuestas enlistadas indican la intención de consolidar un modelo de comercio que prioriza el crecimiento corporativo sobre la equidad de género y el desarrollo social. Servicios El capítulo sobre el ámbito de servicios está excepcionalmente saturado de lenguaje ambiguo que se aplicará a "todas las medidas... en todos los sectores y en todos los modos diferentes de proveeduría, incluidos aquellos que provengan de los servicios comerciales por parte del sector público a nivel nacional, federal, regional o local, así como aquéllos que provengan de instituciones en el ejercicio de poderes delegados por un gobierno nacional, federal, regional o local." Este lenguaje representa una expansión tremenda de la definición de un servicio, y podría incluir todos los niveles de gobierno. La medida se refiere a cualquier disposición, sea ésta un decreto, una ley, una regulación, una regla, un procedimiento o una decisión que tiene efectos sobre el comercio de servicios. Esto también representa una visión muy amplia sobre qué clase de leyes nacionales estarían sujetas al escrutinio como barrera para el comercio. El texto también señala que aunque los países pueden regular e introducir nuevas regulaciones con miras a alcanzar metas de política nacional, las medidas no podrán ser más duras de lo necesario, el ámbito de las regulaciones deberá estar limitado a lo que es necesario para alcanzar dicha meta, y las regulaciones deberán estar dirigidas a utilizar mecanismos de mercado para alcanzar sus objetivos. En el pasado, lograr el acceso universal a un sistema de salud sostenible, a educación y a agua limpia se consideraba un derecho humano elemental. El proveer a sus ciudadanos de salud de alta calidad, educación y sistemas de agua potable era una meta para muchos países. Sin embargo, en el texto del ALCA estas nobles metas han sido transformadas en "artículos" que pueden venderse en el mercado. Aunque hubo una propuesta en el MERCOSUR para proteger subsidios para servicios con beneficios sociales, es poco probable que otros países apoyen esta propuesta. Las corporaciones de EUA ven a Latinoamérica y a El Caribe como blancos potenciales para un sistema de salud y un plan de estudios corporativos administrados al estilo estadounidense. La transformación de estos derechos en artículos tiene implicaciones particulares para las mujeres, los trabajadores y los consumidores. El sector del servicio público ha sido asociado con trabajos más capacitados y mejor remunerados para las mujeres. Las mujeres han trabajado como enfermeras, médicas, administradoras, maestras y trabajadoras sociales. A muchos países con deudas, el FMI y el Banco Mundial les han exigido ya la privatización de los servicios de salud. Estos planes privatizadores han afectado desproporcionadamente a las mujeres. Las trabajadoras han sido las primeras despedidas por la privatización. En 1991, después de que Nicaragua aceptó un plan de privatización del FMI, muchos trabajadores del gobierno fueron despedidos, particularmente en los campos de la salud y la educación. Más del 70 por ciento de esos trabajadores despedidos eran mujeres(1). Los nuevos empleos en los sectores de salud y educación tienden a ofrecer menores salarios o cada vez más trabajos casuales, temporales o contractuales con menos prestaciones. (Public Services International, 1999)(2) Además, la privatización de servicios básicos afectará a las mujeres consumidoras que dejarán de asistir a consultas médicas, a la escuela o a otros lugares donde cubrir sus necesidades básicas si es que el costo se vuelve muy alto. El agua ha de ser privatizada como parte del ALCA, lo cual tendrá serias implicaciones de salud para mujeres y niños. En muchos países, las mujeres y las niñas gastan aproximadamente 40 mil millones de horas anuales acarreando agua de fuentes distantes y frecuentemente contaminadas. Si el precio del agua llegara a ser excesivo para las familias pobres como resultado de la privatización, las mujeres podrían recurrir a racionar el agua para sus familias o a sustituir el agua potable por agua impura cuando sea necesario. El agua no potable es una de las mayores causas de mortalidad infantil y de enfermedades en los países en desarrollo. Derechos de Propiedad Intelectual La meta del capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR p.s.s.i.) en el ALCA es basarse en los Derechos de Propiedad Intelectual Relativos al Comercio (TRIPS p.s.s.i.) de la Organización Mundial del Trabajo y promover una mayor eficiencia y transparencia de los IPR. El hecho de que el capítulo esté basado en los TRIPS es un problema porque el acuerdo sobre los TRIPS fue el pretexto que utilizó EUA (por el bien de las compañías farmacéuticas) para tratar de impedir que Brasil usara licencias compulsivas e importaciones paralelas para lograr que el medicamento contra el VIH/SIDA fuera accesible. El capítulo de los TRIPS también ha sido utilizado para proteger el derecho de las corporaciones a patentar semillas incluso cuando las semillas hayan sido usadas por grupos indígenas durante siglos. Aunque algunos de estos casos no han tenido éxito, otros siguen sin resolución. Los temas sobre IPR impactan a mujeres agricultoras, artesanas y afectadas por el VIH/SIDA. El texto propone un serie de formas en que podrán ser protegidos los saberes tradicionales, incluido un sistema sui generis, un proceso basado en la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD p.s.s.i.) y un sistema de registro, promoción y mercadeo de los derechos colectivos de propiedad intelectual. Sin embargo, no queda claro cuáles de estas propuestas, o si acaso alguna, tiene mayor apoyo. Los sistemas sugeridos quedan vagamente definidos, son difíciles de implementar y no toman en cuenta las asimetrías entre los grupos indígenas que están tratando de proteger su legado cultural y de recibir una compensación justa por sus saberes de parte de las corporaciones que están buscando el mercadeo del producto. Cualquier sistema que vaya a desarrollarse deberá tener suficientes fondos y ser lo suficientemente accesible como para que los poseedores de saberes tradicionales sean capaces de usarlos y beneficiarse de ellos. Para las artesanas, el texto sobre IPR sugiere que una persona puede patentar una marca registrada (incluidas las indicaciones geográficas) para bienes y servicios. Esto les daría derechos exclusivos para impedir que otros que no cuenten con el consentimiento del propietario puedan usar indicadores o palabras similares en sus productos. Hay ciertos tipos y estilos de artesanías asociadas con ubicaciones particulares. Por ejemplo, la Talavera Mexicana denota los orígenes de su cerámica, la cual es preparada y decorada usando patrones y métodos tradicionales. El capítulo sobre derechos conferidos parece indicar que una persona o corporación podría intercambiar el indicador geográfico, privando de este modo a artesanos locales de la capacidad de vender sus productos de la mejor manera posible. Las mujeres artesanas que fabrican y venden sus textiles, su joyería y su cerámica local y globalmente constituyen el 70 por ciento de los artesanos en Latinoamérica(3). En los EUA, los americanos nativos artesanos y curanderos, así como los artesanos tradicionales, pueden verse afectados porque sus patrones y métodos de diseño no pueden estar protegidos. Para las mujeres que padecen el VIH/SIDA, el acceso a medicinas esenciales suele ser una cuestión de vida o muerte. El texto de IPR establece que los derechos de patente pueden no aplicar en caso de emergencia nacional. Sin embargo, no es seguro que esta redacción se acepte. Además, hubo excepciones similares en el acuerdo sobre los TRIPS del la OIT y los países siguen en disputa con los esfuerzos de otras naciones para brindar medicamentos accesibles contra el VIH/SIDA para su población. Adquisiciones Gubernamentales La propuesta para adquisiciones del ALCA no hace una excepción para empresas encabezadas por mujeres o por minorías. En los Estados Unidos, muchas empresas pequeñas o encabezadas por mujeres se han podido beneficiar de los incentivos y privilegios gubernamentales. Estas reglas nacionales estimularon a agencias del gobierno federal a intercambiar cierto porcentaje de sus bienes y servicios con empresas de mujeres, que habían tenido menor acceso a este tipo de contratos que las empresas de hombres. En 1998, más del 50 por ciento de los contratos gubernamentales concedidos a empresas de mujeres fueron pequeñas empresas dirigidas por mujeres de color. En los EUA y en otros países, las mujeres empresarias enfrentarán más dificultades en la competencia empresarial. El texto propone excepciones para que las economías pequeñas recurran a políticas de adquisición gubernamental que estimulen a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las excepciones también fueron propuestas para productos hechos con trabajo carcelario, así que existe un precedente dentro del documento para diseñar una excepción general para productos o servicios ofrecidos por empresas de mujeres y de minorías. Es cuestión de falta de voluntad política que dicha excepción no esté dentro del texto. Además, en la sección de Requisitos, el texto propone que el gobierno considere "la experiencia del proveedor en actividades empresariales globales." Esta frase indica que los gobiernos habrán de otorgar contratos a corporaciones multinacionales y globales más que a proveedores locales (o que al menos darán preferencia a las compañías globales sobre las locales). Esta frase discrimina a proveedores nacionales y locales y, específicamente, a compañías de mujeres porque muy pocas mujeres tienen acceso al crédito, la tecnología y la información necesarias para desarrollar compañías globales. Aunque el documento señala su interés por que el proceso sea abierto y competitivo, la inclusión de estos requisitos sugiere que las compañías gigantes tendrán una consideración especial. Inversión La inversión en la zona del ALCA ha llevado hasta ahora a la proliferación de zonas de procesos de exportación (EPZs p.s.s.i.) donde las mujeres pueden conseguir empleo ensamblando vestidos o componentes de computadoras para otros mercados. Estos nuevos trabajos para mujeres ofrecen salarios extremadamente bajos, y condiciones de trabajo difíciles con horarios extensos. Sin embargo, muchas mujeres aceptaron estos empleos como un "mecanismo de superviviencia" porque sus familias necesitaban ingresos nuevos al caer los precios de sus productos como resultado de la liberalización en la agricultura. En Latinoamérica, las mujeres constituyen entre el 70 y el 90 por ciento de los trabajadores en las EZPs(4). Las firmas extranjeras muestran una preferencia por las mujeres trabajadoras, en parte porque las mujeres aceptarán menores salarios que los hombres. Además, las mujeres tienden a aceptar peores condiciones de trabajo que los hombres (por falta de alternativas). Estas trabajadoras ganan la cantidad mínima de 56 a 77 centavos de dólar la hora, y suelen trabajar entre 50 y 80 horas semanales(5). Sus salarios casi nunca son suficientes para brindar comida y abrigo a sus familias. Las mujeres trabajadoras en muchas fábricas han informado sobre abuso físico, acoso sexual y violencia, además de la prueba de ingravidez como condición para el empleo. Las promociones para trabajos mejor capacitados son casi inexistentes. Aunque las reglas de comercio global han generado estos empleos nuevos para mujeres, la discriminación está llevando a una pérdida de empleos para mujeres y trabajadores de EPZs. Al volverse cada vez más especializada la producción de exportaciones (y mejor pagada), existe una creciente demanda de trabajo varonil. En México, la proporción de trabajadoras en la manufactura de exportaciones cayó de 77 por ciento en 1982 a 60 por ciento en 1990(6). Sin una capacitación adecuada y un apoyo para mejorar las habilidades de las mujeres, cualquier beneficio que una mujer adquiera en estos empleos será efímero. Igualmente conflictivo ha sido el hecho de que, en el pasado, los acuerdos de comercio regional han tendido a mover sus empleos de un lugar a otro. Mientras las corporaciones llegan a disfrutar de mayores ganancias por estar pagando salarios menores, muchas mujeres trabajadoras sufren pérdida de empleos, trastornos y angustia. En 1995, Jamaica era el mayor exportador de ropa interior hacia el mercado de los EUA, pues surtía 44 por ciento de este producto. Para noviembre de 1996, 22 meses después de que entrara en vigor el TLCAN, las exportaciones de Jamaica hacia los EUA bajaron un 12 por ciento mientras México creció en ese mercado un 40 por ciento. Conclusión La actual trayectoria del ALCA podría profundizar la discriminación y exacerbar las inequidades existentes entre mujeres y hombres. Sin embargo, las mujeres en todo el continente están rechazando este modelo de libre comercio, y están promoviendo, en cambio, un modelo de comercio justo. Más de 45 mujeres provenientes de toda la región participaron en el desarrollo del "capítulo sobre Género" de Alternativas para las Américas que describe nuestra visión compartida para las Américas. Creemos que "Otra América es Posible", una donde las mujeres se beneficien de un modelo económico alternativo y participativo que aquilate el desarrollo social y la equidad de género. Traducción: Eugenia Gutiérrez ------ NOTAS 1) Wiegersma, Nan "State policy and the restructuring of women’s industries in Nicaragua," en Aslanbeigui, Nahid, Steven Pressman, and Gale Summerfield Women in the Age of Economic Transformation, Routledge Press; Nueva York, 1994. 2) Public Services International, "The WTO and the General Agreement on Trade in Services: What is at stake for public health?," junio, 1999. 3) "The Craft of Sustainable Development," Americas, Washington: Organization of the American States, 1999. 4) Gereffi, Gary & Lynn Hempel "Latin America and the Global Economy: Running Faster to Stay in Place," NACLA Vol. XXIX No. 4, 1996, página 22. 5) Figueroa, Héctor "In the Name of Fashion: Exploitation in the Garment Industry," NACLA Vol. XXIX No. 4, 1996, página 39. 6) Mehra, Rekha & Sarah Gammage "Trends, Countertrends, and Gaps in Women’s Employment," World Development Vol. 27, No. 3, 1999, página 541.