El fracaso de las negociaciones de setiembre 2003 en Cancún sobre el comercio agrícola ha puesto de relieve la profunda contradicción existente, también en ese plano, entre la Unión Europea y Estados Unidos por un lado y los países pobres o semidesarrollados, por el otro. La raíz del conflicto consiste en que la sobreproducción agrícola de la Unión Europea y de Estados Unidos está ampliamente subvencionada, especialmente los cereales, el azúcar, los productos lecheros, el algodón, etc. que compiten en el mercado internacional con los mismos productos del Tercer Mundo. Se estima que en 2003 el monto total de las subvenciones asciende a más de 300 mil millones de dólares anuales, es decir unas seis veces la "ayuda" al desarrollo. Este "dumping" de los países ricos tiene por consecuencia la limitación del acceso al mercado internacional de los países exportadores del Tercer Mundo y la ruina en estos últimos países de los pequeños campesinos que producen cultivos de subsistencia y para el mercado interno y también en algunos sectores para la exportación, pues no pueden competir con la producción subvencionada. Por ejemplo en el caso del algodón, unos 12000 productores estadounidenses recibieron en 2002 más de 3 mil millones de dólares de subvenciones, lo que les permite vender por debajo del costo de producción. Por el otro lado, el beneficio de los cultivadores de algodón en África, que tendría que dar para vivir a unas 10 millones de personas, se redujo prácticamente a cero. Y los principales países de África exportadores de algodón (Benin, 75% de las exportaciones, Mali, 50 % de sus recursos en divisas y Tchad, primer producto de exportación) perdieron 250 millones de dólares. Además, sobre todo las transnacionales agroalimentarias estadounidenses están cambiando desde hace años los hábitos alimentarios en distintas regiones del mundo, por ejemplo han logrado suplantar en algunos países africanos la mandioca, producida localmente, por el trigo que dichos países deben importar, en Japón el arroz y el pescado ha sido en buena parte suplantado por el trigo y la carne, también importafdos, etc. O han logrado introducir su propia producción compitiendo con el mismo producto local, como ocurre con el maíz en México, que se autoabastecía desde hace miles de años y ahora importa de los Estados Unidos el 30 por ciento del maíz que se consume en el país. La agricultura local, con sus sistemas tradicionales adaptados al clima y a la tierra, tienden a desaparecer y al mismo tiempo desaparecen el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria. La Unión Europea y Estados Unidos realizan esa política no sólo por razones económicas, sino también políticas: sus agricultores no son muy numerosos pero constituyen una reserva electoral mayoritariamente conservadora que puede resultar decisiva en una elección. Lo mismo ocurre en Japón con los productores de arroz, que están subvencionados a nivel del 700 por ciento del costo de producción. Dice Messerlin (op.cit. pág. 63) que las subvenciones a las agricultura costaron 86 mil millones de dólares a los contribuyentes y a los consumidores de la Unión Europea en 1990. Pero en muchos casos, sigue diciendo Messerlin, los agricultores están lejos de ser los principales beneficiarios de esta política: el 80% de las subvenciones a la exportación para los cereales franceses son percibidas por siete sociedades transnacionales: tres europeas (Richco, Soufflet y Toepfer) y cuatro estadounidenses (Cargill, Continental, Dreyfus y Tradigrain). Haciendo una extrapolación de esta estimación de Messerlin para 1990 y sobre la base de que alrededor del 80 por ciento del comercio agrícola internacional está en manos de sociedades transnacionales, se puede suponer que en 2003 las sociedades transnacionales del sector se quedan con unos 200 mil millones de los más de 300 mil millones de dólares de las subvenciones a la agricultura. Cabe concluir que los países ricos "exportan" su problema agrícola de sobreproducción con las consecuencias que se acaban de ver (elevado costo -unos mil dólares anuales por familia- para los contribuyentes europeos, estadounidenses y japoneses por un lado y hambrunas, cambio de los hábitos alimentarios y ruina de la agricultura local en los países pobres, por el otro) y que los principales beneficiarios de esta política son las sociedades transnacionales agroalimentarias. (Fuentes consultadas sobre la cuestión agrícola , entre otras : Messerlin, La nouvelle Organisation mondiale du commerce; Rainelli, Michel, l'Organisation mondiale du commerce, Ed. La Découverte, Paris, año 2000; Wolfensohn, James (Presidente del Banco Mundial) Un enjeu crucial pour les pauvres, en Le Monde del 12/09/03, etc.). Para completar la información sobre el comercio agrícola nos parece muy útil transcribir un fragmento del artículo "Para entender Seattle", de Joaquín García y Juan Velázquez, publicado en el Nº 38 del invierno del 2000 en la revista electrónica española "Cultura para la esperanza" (www.eurosur.org/acc/) de la Acción Cultural Cristiana. El acuerdo sobre la Agricultura de la OMC El acuerdo sobre la liberalización de la agricultura conduce a la "competencia" entre los productos agrícolas subvencionados del Norte y aquellos que no lo son en los países del Sur. Se han instaurado dos tipos de reglas a la hora de diseñar las políticas agrícolas de los Estados: + De un lado, los grandes países exportadores, principalmente los EE.UU. y la Unión Europea, que han desequilibrado los mercados mundiales por sus subvenciones a la exportación, sus ayudas internas a la producción y las restricciones a las importaciones, son autorizados a mantener sus subvenciones a unos niveles que tienen que ser reducidos progresivamente. + De otro lado, los países del Sur que no han desarrollado tales políticas de sostenimiento o que han tenido que desmantelarlas debido a las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI, se ven legalmente prohibidos a introducir tales medidas en el futuro. Aquí empezamos ya a ver las primeras asimetrías. Mientras un grupo de países siguen teniendo posibilidad de mantener, durante un período de tiempo, las ayudas a su agricultura, a otros se les prohibe cualquier posibilidad de apoyar a sus producciones. Cualquier medida liberalizadora, con estas condiciones de partida, lleva necesariamente a una competencia desleal sobre los mercados de los países del Sur. La UNCTAD, en su informe sobre el Comercio y Desarrollo citado, calcula que "el costo anual del sostenimiento aprobado a la agricultura en los países industrializados en el curso del período 1996-1998 ha representado dos veces el nivel de las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo en el mismo período". Esta competencia desleal es reforzada por otra regla del Acuerdo de la OMC que obliga a cada país miembro a importar un porcentaje mínimo de su consumo agroalimentario doméstico. Cuando las importaciones de un país representan menos del 5% del consumo interior para los grandes grupos de productos (cereales, productos lácteos, carnes), este país debe ofrecer posibilidades de importación a derechos muy reducidos (para los países del Sur se ha establecido un acceso mínimo del 4% del consumo interior). Para países muy poblados como Indonesia o la India, donde el mercado interior está muy protegido, esta obligatoriedad puede tener graves consecuencias. Si las reglas de acceso al mercado se aplican, Indonesia podría importar 4 a 5 millones de t. de arroz, o sea cerca de un tercio del mercado internacional actual, y la India, 6 millones de t. de trigo. Los grandes ganadores de este acuerdo de liberalización de la agricultura son las empresas agroalimentarias de las grandes potencias agrícolas. El Acuerdo revela una estrategia de los EE.UU. y de los Estados del Grupo de Cairns (autodenominados exportadores eficientes) para apoderarse de los mercados agrícolas emergentes del Noreste de Asia, en particular Japón y Corea del Sur. Los grandes exportadores y comerciantes del Sudeste asiático por su lado buscan en la liberalización progresiva de los mercados del Norte un mercado para productos como el aceite de palma de Malasia, el aceite de coco de las Filipinas o el arroz tailandés. Los grandes perdedores de este Acuerdo son: + El pequeño campesinado de los países agrícolas del Sur que se ve excluido de la actividad agrícola y privado de sus medios de subsistencia, debido a la competencia y al dumping sobre su mercado de productos agrícolas todavía subvencionados de los países desarrollados. + Los países del Sur que quieren desarrollar políticas de sostenimiento agrícola para contribuir tanto a la seguridad alimentaria, el empleo y el desarrollo rural. + Los países más empobrecidos importadores netos de productos alimenticios para los cuales la OMC no ha tomado ninguna medida para ayudarles a asegurar su seguridad alimentaria y compensar las alzas de los precios en los mercados mundiales. Este Acuerdo aun no se ha cerrado definitivamente, estando prevista una nueva negociación. Los países del Sur deberían aprovechar la oportunidad para solicitar con una sola voz la modificación fundamental de las reglas. La India ha lanzado una propuesta que denomina "Mercado Plus" para los países del Sur, donde un porcentaje significativo de la población no sólo depende del sector agrícola para su subsistencia sino que también se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. La iniciativa defiende que se tomen en cuenta otras consideraciones que las meramente comerciales a la hora de negociar un acuerdo agrícola. Significa reconocer que la agricultura campesina asegura los medios de subsistencia de una mayoría de la población, protege la biodiversidad, garantiza la seguridad alimentaria contra la volatilidad de los precios en el comercio mundial y promueve el desarrollo rural. Las nuevas reglas en la OMC deberían de reconocer el derecho de cada país a definir su propia política agrícola incluyendo las medidas de sostenimiento legítimo para asegurar su soberanía alimentaria. La UE ha defendido en Seattle el principio de "multifuncionalidad" de la agricultura, pero encaminada a no desmantelar su política agraria comunitaria que alcanza subvenciones por valor de 9,5 billones de pesetas. La situación es totalmente diferente respecto a la de los países del Sur porque en la UE no se puede hablar de defensa de la seguridad alimentaria, sino de defensa de la capacidad exportadora para inundar los mercados mundiales y hundir los precios. El agricultor europeo tiene derecho a ser apoyado para sostener su medio de vida pero no a costa de hundir a millones de agricultores del Sur.