Es bueno que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y otros países de América Latina y el Caribe, establezcan acuerdos para trabajar coordinadamente a favor de la paz. Que esto signifique enviar tropas militares a Haití, sin embargo, debe ser rechazado con firmeza. Son otras las políticas que necesitan el pueblo haitiano y que podrían afianzar una verdadera alianza nueva de los gobiernos de la región al servicio de la justicia como base de la paz. Este año marca el bicentenario de la independencia ganada por los esclavos traídos a Haití para enriquecer a los colonos y terratenientes franceses. Forzado a la retirada por ese primer grito libertario de un pueblo negro, esclavizado y colonizado, el gobierno francés logró imponer una Deuda de 150 millones de francos oros a la joven nación como supuesta compensación por la pérdida de sus "propiedades". Desde entonces han sucedido largos años de saqueo, bloqueos, embargos, invasiones y ocupaciones. De hecho, las elecciones de 1990 que encumbraron al carismático y antineoliberal cura villero Jean-Bertrande Aristide, con el 67,5% de los votos, fueron prácticamente las primeras elecciones libres en la historia del país. La candidatura opositora de un ex funcionario del Banco Mundial logró apenas el 15% de las simpatías, pese al apoyo y financiamiento de EE.UU.. No obstante, EE.UU. continuó su política de hostigamiento y en menos de nueve meses logró parir el golpe de estado que derrocó a Aristide por primera vez. Más de cuatro mil personas fueron asesinadas por el nuevo régimen durante sus primeros meses, muchas de ellas líderes de las organizaciones y movimientos populares que habían podido sobrevivir los largos años de la anterior dictadura duvalierista. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto con EE.UU. y sus demás gobiernos mandatarios, se encargaron del resto. Se aplicaron las mismas políticas neoliberales que han producido los mismos resultados donde sea que se apliquen: mayor empobrecimiento, mayor desempleo, mayor endeudamiento y mayor entrega a los centros de poder y las grandes empresas transnacionales. Hoy Haití ostenta el trágico récord del país más empobrecido de América. No obstante esos mismos poderes siguen reclamando que pague la Deuda que ellos, con sus políticas, llevaron a acumular. El penúltimo capítulo de esta repetida historia se abrió en 1994 con la "reeducación" y retorno de Aristide a Haití, de la mano de 25 mil soldados estadounidenses. La traición de él y la llamada fuerza de paz de ellos, bendecida en su momento por la ONU y la OEA, resultaron letales para esta pequeña nación cuyo "pecado" original fue osar ser libre y cuyo "pecado" actual parece ser encontrarse en una zona caliente donde EE.UU. quiere aumentar su control y presencia militar, a apenas 90 kilómetros de la costa sur de Cuba y en el medio de las más importantes rutas por las que hoy pasan la droga y el petróleo del que tanto depende EE.UU.. Desde entonces siguieron las presiones, los desencuentros, las claudicaciones y los ajustes. El fracaso de la política tradicional se manifestaba en la parálisis gubernamental y parlamentaria, resultado de las acusaciones cruzadas de fraude electoral, en el acelerado deterioro de las condiciones de vida de la población y el recurso sistemático por parte del gobierno de Aristide a la violencia institucional y parainstitucional. El mismo dio lugar a un crecimiento sin pausa de las protestas y la movilización social. A fines de enero de este año, la Plataforma Haitiana de Acción por un Desarrollo Alternativo, una coalición amplia de organizaciones sociales y populares, denunció con todos los datos del caso, de qué manera el Acuerdo firmado entre el gobierno de Aristide y el FMI en mayo de 2003 había significado la reducción de los presupuestos destinados a los sectores sociales a fin de priorizar el pago de la Deuda Externa, la liberalización del sector financiero con una acelerada fuga de capitales y el alza espectacular de los precios de primeras necesidades, incluyendo el agua, el gas, la luz y el transporte. Reiteró además su denuncia frente a un gobierno que se había "hundido en la inmoralidad, la corrupción, la violación sistemática de los derechos más elementales de la ciudadanía haitiana (y) la institucionalización de la impunidad". Pese al apoyo que seguía gozando del gobierno de los EE.UU. y otros, los movimientos populares lograron poner en jaque al gobierno de Aristide con su reclamo de renuncia para dar lugar a la constitución de un verdadero diálogo nacional sobre el presente y futuro del país, con la participación de todos los sectores democráticos. Poco debe sorprender las revelaciones luego confirmadas por fuentes tales como el ex Procurador General de EE.UU., Ramsey Clark, acerca del financiamiento, entrenamiento y equipamiento de parte del gobierno de EE.UU., de las llamadas "bandas rebeldes", integradas en su mayoría, por los matones y ladrones usados una década atrás, quienes asolaron el país en preparación de lo que fue el secuestro y segunda "renuncia forzada" del Presidente Aristide, nuevamente a mano de las tropas estadounidenses cuya intervención él mismo había solicitado días antes. Pese al debate entonces abierto en la ONU, tanto EE.UU. como Francia se adelantaron a la decisión del propio Consejo de Seguridad para enviar sus tropas y asegurar los términos de la nueva transición abierta en Haití. De esta manera se ha desvirtuado nuevamente cualquier sentido de "multilateralismo" o de respeto a la Carta de la ONU que ahora se invoca para mantener en Haití, una fuerza militar extranjera. Aunque esta cambie de mando, difícilmente pueda revertir en la mirada de la población haitiana, el convencimiento de que una vez más su lucha por la independencia y la autodeterminación está siendo frustrada por los grandes centros de poder y el servilismo de algunas repúblicas "hermanas", jaqueadas por las propias Deudas, financieras y de las otras, que el imperialismo estadounidense les reclame. El conjunto de organizaciones que constituyen la Asamblea de los Pueblos del Caribe en Haití, y el ampliamente constituido Grupo Democrático Popular, entre otras fuerzas sociales y políticas de Haití, no cesan en su demanda de retiro de todas las tropas militares extranjeras a fin de que el pueblo haitiano pueda avanzar en su propio camino de reconstrucción nacional. Reclaman que los pueblos y gobiernos democráticos del mundo los apoyen para enjuiciar a los responsables de tanta violación a los derechos humanos -incluyendo al ex Presidente Aristide- y poner fin a la impunidad con la cual tantos de ellos han sido o siguen siendo protegidos. Reiteran además, con gran dignidad, su pedido para que en este año bicentenario de la gran hipoteca impuesta por Francia sobre el recién liberado país, toda persona y gobierno amante de la paz trabaje mancomunadamente para lograr la anulación de la Deuda Externa reclamada a Haití y la restitución y reparación de los inmensos daños sociales, ecológicos, políticos y culturales por ella provocados. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y el resto de América Latina y el Caribe pueden y deben trabajar conjuntamente desde un rechazo cerrado a las políticas de dominación trazadas por otros gobiernos con otros fines, por más que lleven el sello posterior de una ONU demasiado impotente frente al poder de los más fuertes. El gobierno argentino no debe enviar tropas a Haití sino concentrar sus esfuerzos en la concertación de medidas que respondan a los derechos y necesidades apremiantes del pueblo haitiano y las raíces de la crisis que vive. Asegurando la provisión de alimentos y servicios básicos a la población. Apoyando el reclamo del pueblo haitiano por la anulación de su Deuda Externa y presionando para que Francia, EE.UU. y las instituciones financieras internacionales, restituyan lo que ya han cobrado de más y hagan reparaciones. Exigiendo que la ONU investigue y sancione las responsabilidades externas en el golpe perpetrado contra Aristide y respaldando al pueblo y sus organizaciones en sus esfuerzos para reconstruir el tejido social y politico del país. Apoyar un proceso de construcción democratica en Haití es también tarea del conjunto de nuestra sociedad. Para citar algunos ejemplos, las asociaciones de abogados podrían mandar expertos en mediación, las cátedras libres de derechos humanos establecer convenios de cooperación e intercambio con universidades haitianas, los institutos de estudios y formación sindical podrían colaborar con los sindicatos, etc. De esta manera podría forjarse una verdadera fuerza de paz. 20 de mayo de 2004 Referencias: - Declaración de las organizaciones haitianas miembros de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, 3/2004 -Comunicado de prensa del Regwoupman Democratik Popilè, 18/3/2004 -Declaración de prensa de PAPDA, 27/1/2004 - H. Dieterich, "Destrucción consumada de Aristide,destrucción planeada de Hugo Chávez", Desafíos No.38 -Declaración sobre Haití, CEMIDA, 27/03/04