Donaldo Álvarez Ruiz, uno de los más grandes y directos responsables de execrables asesinatos, torturas, secuestros y abominables acciones contra la población guatemalteca se esfumó, a pesar de que se tenía conocimiento de su permanencia y movimientos en México. Es tal el asombro que este hecho provoca que Adolfo Aguilar Sinzer, político mexicano, considera que su fuga es un gigantesco escándalo que pone en entredicho el compromiso de México con los derechos humanos y no alcanza a comprender ¿cómo es posible que esta persona permaneciera 22 años en ese país cuando es el responsable de tantos crímenes?, por lo que exigió que el Secretario de Gobernación de su país, Santiago Creel cumpla su palabra de investigar las circunstancias en que se dio tan asombrosa fuga. Donaldo Álvarez Ruíz es, para mala fortuna de esta profesión, Abogado, co fundador del Partido Institucional Democrático (PID) plataforma política creada por y para los miembros del ejército, convertido, indudablemente por sus méritos y afinidades en el operador civil y político de esa maquinaria castrense. Fue subsecretario de la Presidencia del mal recordado General Carlos Arana Osorio, más conocido como el “chacal de oriente”. Posteriormente ocupó la Presidencia del Congreso, organismo de Estado que ha sido la guarida y bunker de deleznables criminales como él y su homólogo Efraín Ríos Mont. Ministro de Gobernación de Kjell Laurerud y de Romero Lucas, dos generales ante quienes se cuadró y les hizo el saludo uno en cumplimiento de órdenes y deseos a los que aportó iniciativas y ejecución efectiva de las mismas. Entre 1978 y 1986 fue pieza clave de la maquinaria del terror, cobró cerca del 80% del total de las víctimas del genocidio. En marzo de 1982, después del golpe de estado de Ríos Montt, huyó de Guatemala hacia México en donde obtuvo, según Aguilar Sinzer una protección migratoria durante más de dos décadas.. En Guatemala los criminales andan sueltos, están ocupando importantes cargos, son reconocidos por algunos como “personalidades”, la justicia ni es pronta ni cumplida, por lo que las víctimas tienen que recurrir a instancias internacionales para que los casos sean juzgados. Es por esa sistemática denegación de la justicia que Rigoberta Menchú y otras víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas presentaron una querella formal ante la Audiencia Nacional de España por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y tortura, perpetrados en Guatemala entre 1978 y 1986. Entre los sindicados se encuentra este sembrador de muerte y horror, torturador y violador, además de cómplice y director de escuadrones de la muerte. El 10 de diciembre del año anterior, el Magistrado español Grande- Marlaska emitió la orden internacional de detención con fines de extradición del ex Ministro de Gobernación por “un delito de tortura, siete delitos de asesinato y un delito de asesinato en grado de tentativa o bien siete delitos de asesinato de naturaleza terrorista y un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa”. La prensa internacional, al dar la noticia, alertó al genocida quien abandonó su domicilio en Tlanepantla, Estado de México, a pesar de que las autoridades mexicanas contaban con la información oficiosa sobre el caso. La secuela de dolor y muerte dejada por los asesinos desalmados es profunda, alarmante, increíble y descomunal . Para muchos es inconcebible la vileza, saña y deshumanización con la que fueron realizados los crímenes de lesa humanidad. La sociedad guatemalteca no puede ni debe olvidar esos años de terror. No se trata de buscar venganza sino justicia, que se convierte en la garantía de que esa pesadilla no la volveremos a tener. Donaldo Álvarez es uno de esos monstruos responsables de nuestros sufrimientos como sociedad. Entre los casos emblemáticos que se le atribuyen está el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala ocurrida el 31 de enero de 1980, donde fueron calcinas 37 personas que habían ocupado pacíficamente las instalaciones de esa Embajada en la capital para denunciar la represión que sufrían sus comunidades en el altiplano. Los secuestros y desapariciones forzadas de Emil Bustamante, de 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), de 16 dirigentes y líderes sindicales y estudiantiles en la finca Emaus Medio Monte así como de la ejecución extrajudicial de Alberto Figueroa, Edna Albertina Ibarra, Mario René Matute, Mario López Larrave, Oliverio Castañeda, Alberto Fuentes Mohr, sindicalistas de la Coca Cola, del ametrallamiento de estudiantes universitarios y de miles de víctimas más. También es responsable directo y torturador de la destacada intelectual, feminista, periodista y escritora guatemalteca, Alaíde Foppa, a quien su entrañable amiga, la escritora mexicana, Elena Poniatowsca, considera como el símbolo de la lucha de las mujeres por la libertad. Por todas estas personas, por la patria y sobre todo por nuestra dignidad, es necesario que estos casos los asumamos como propios, que reivindiquemos la memoria de todas las víctimas y que, como sociedad, exijamos que se lleven a cabo juicios contra los responsables de los delitos de genocidio. Esta es la única garantía de un futuro distinto.