Ante la sanción otorgada por el Congreso Nacional Paraguayo para el ingreso de tropas del Gobierno de los Estados Unidos a nuestro país por un lapso de 18 meses, desde el 1 de junio de este año hasta el 31 de diciembre de 2006, el Servicio de Paz y Justicia de Paraguay manifiesta lo siguiente: 1. El manejo silencioso por parte de algunos legisladores de este tema, sin dar a conocer a la población el contenido del acuerdo, el alcance del mismo, y los peligros que puede acarrear la presencia militar norteamericana en el país. 2. Que, el citado convenio es una nueva estrategia del Gobierno de los Estados Unidos para incumplir con legislaciones internacionales, como el Tratado de Roma que establece la Corte Penal Internacional, debido a que nuestro país garantiza la “inmunidad” a todo el personal que participe de estas actividades, incluyendo civiles. 3. Que, nuestro país renuncia a su Poder Jurisdiccional y lo delega al Gobierno de los Estados Unidos, cuando un funcionario norteamericano se vea involucrado en la comisiòn de Hechos Punibles, incluso impidiendo que un particular acceda a la Justicia cuando el mismo fuera atropellado en sus derechos por personal norteamericano. 4. Que, la firma de este convenio por parte del Gobierno Nacional, contraría su posición primaria, de no firmar un convenio bilateral con los EE.UU para brindar impunidad total a sus funcionarios, por medio de la renuncia expresa, a presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional, y así como todo el MERCOSUR se pronunciara en contra. 5. Que, los Estados Unidos en el convenio no se responsabilizan de los daños que puedan causar a poblaciones en su salud y al medio ambiente. Para ello es bueno señalar que en los países donde han estado Fuerzas de los Estados Unidos y Bases Militares de los mismos, como Panamá y Vieques, los mismos han dejado un elevado nivel de contaminación y de usos (armamento sin explotar, en especial bombas y minas antipersonales). Se calcula que en Vieques el la cantidad de personas con Cáncer es bastante elevada desde la presencia militar estadounidense. 6. Que, estos ejercicios militares pueden representar un peligro para la población nacional, sobre todo tomando en cuenta casos como el de Ecuador, donde 13 barcos pesqueros habrían sido derribados por la Marina Estadounidense por ingresar en la zonas de prácticas en Manta, según organizaciones de Derechos Humanos locales, sin que se haya podido investigar los hechos, por la inmunidad con la cual gozan los efectivos militares en el país. 7. Que el convenio no individualiza a las personas que serán beneficiadas por el mismo, no se establece la cantidad de personal, el carácter de los mismos, la función a desempeñar, las áreas afectadas, por lo que se da vía libre para lo que el Embajador de los Estados Unidos y el Comandante del Comando Sur (SOUTHCOM) puedan disponer. 8. Que, el convenio no señala el carácter de los cursos a ser impartidos a los oficiales militares nacionales, lo cual nos resulta muy peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que fueron militares estadounidenses quienes impartieron cursos de tortura y otras formas de violaciones de Derechos Humanos por medio de la Escuela de las Américas, dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Por todo ello, el SERPAJ-PY solicita que el Presidente de la República corrija esta situación, por medio de la no firma del convenio, rectificando de esta manera lo que consideramos fue un tratamiento casi secreto y sin el mayor estudio del documento enviado por la embajada estadounidense y que atenta contra la soberanía nacional. - Orlando Castillo Programa de Desmilitarización y Alternativas No Violentas del SERPAJ PY