Santo Domingo

La reciente entrada en vigencia en República Dominicana del TLC del país con Centroamérica y Estados Unidos coincidió con el desarrollo de un importante movimiento de los trabajadores, transportistas y sectores urbanos por aumento salarial, subsidios a los usuarios del transporte público, contra los desalojos y los megaproyectos que como el metro ha impuesto al país el gobierno de Leonel Fernández, el cual ha respondido con un intento por criminalizar a la protesta social en marcha.

La más importante resistencia ha venido siendo encabezada por el sector de transporte público, operado en más de un 95% por pequeños y medianos propietarios de autobuses, agrupados en varias organizaciones sindicales, una de las más representativas y bien definida es la Federación de Transporte La Nueva Opción, FENATRANO, encabezada por Juan Hubieres.

La lucha de los transportistas comenzó con el cuestionamiento a la construcción de los megaproyectos como el metro Santo Domingo, frente a los intentos por desplazarlos para crear monopolios privados que sirvan las rutas alimentadoras, además de la urgencia de resolver los altos costos de operación del transporte sin lesionar a los usuarios, para lo cual han demandado la implementación del subsidio a los estudiantes, envejecientes y minusválidos.

El gobierno y propietarios de medios de comunicación iniciaron una campaña tendente a tratar de desacreditar el movimiento de transportistas, dada su gran fortaleza y capacidad de convocatoria de les endilgaba los “dueños del país”, a lo que ellos respondieron que dueños son los grandes empresarios que niegan un salario justo a los trabajadores, el FMI y los organismos que imponen el DR-CAFTA, los que imponen al país un lujo como el metro en un país con más de 12 horas diarias promedio sin energía eléctrica o las 20 familias señaladas por el periodista Esteban Rosario en un libro publicado y acaparado por la oligarquía dominicana, señaló Juan Hubieres a varios medios de comunicación.

La protesta del 12 de marzo y los hechos siguientes

El 12 de marzo los transportistas llamaron a una paralización del transporte público de 4 horas en Santo Domingo, desde las 6h00. Mientras esto se desarrollaba fue lanzado un cocktail molotov contra un autobús privado que transportaba obreros de zona franca resultando heridas siete personas resultando con quemaduras de distintos grados.

Rápidamente el Gobierno a través de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo procedió contra los dirigentes nacionales de las organizaciones del transporte público, pese a que la constitución de la República establece claramente la personalidad de la pena, y que nadie puede responder por hechos que cometa otra persona, amén de no existir ningún indicio que pueda vincular a los dirigentes transportistas con este hecho, que ellos también han condenado.

El tribunal ha tomado la medida de coacción contra los dirigentes mientras se desarrolla el proceso de investigación, colocándoles impedimento de salida y que los mismos tengan que presentarse mensualmente ante la fiscalía, lo que los sindicalistas rechazan.

Intento de criminalización de la protesta social

En el período de 1966 al 1978 estuvieron vigentes en el país las leyes 6, 70 y 71 las cuales criminalizaban las actividades comunistas y las protestas sociales, lo que sirvió al asesinato de muchos dirigentes de izquierda y populares en alegados intercambios de disparos con la fuerza pública o en la represión a la protesta social. El precedente tomado ahora con la condena a los sindicalistas es visto en el país como un retroceso o vuelta a tiempos que el país creía ya superados.

Si este precedente se toma en cuenta ahora cada vez que una organización convoque una protesta sus dirigentes serán incriminados por cualquier hecho que suceda durante la misma, no importa si quienes los provoquen sean los sectores opuestos a la misma.

La protesta social y la huelga de hambre

Mientras Hubieres ha iniciado su huelga de hambre a la que se han sumado en el segundo día su hija Paloma Hubieres y unos diez miembros de FENATRANO, los empresarios se han envalentonado en el marco de las discusiones con las centrales sindicales resistiéndose a convenir producir un aumento general de salarios, los desalojos y demoliciones de vivienda en los barrios continúan mientras el gobierno sigue resistiéndose a producir el subsidio a los usuarios del transporte público que demandan los transportistas y organizaciones sociales.

El Foro Social Alternativo, la Red Urbano Popular y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por el Dr. Manuel María Mercedes, han anunciado acciones tendentes a detener la ola contra los derechos humanos, por criminalizar la protesta social y para detener las amenazas impuestas por la entrada en vigencia del TLC contra la producción nacional, especialmente los pequeños y medianos que prestan servicios fundamentales.

Pedro Franco
Grito de los Excluidos