¿Otro terrorismo de Estado?

17/08/2007
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  • Opinión
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Panamá se caracteriza por su cálida hospitalidad; sin embargo, durante 21 años el pueblo panameño sufrió un feroz, extendido y sincronizado terrorismo de Estado, que consiste en la utilización por parte de un gobierno de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo en la población para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que de otra forma no se producirían.

Cuando se creó la ‘Comisión de la Verdad’ para investigar eventuales crímenes de la dictadura, el difunto Padre Néstor Jaén subrayó que a “estas cosas hay que darle seguimiento como ocurrió en otros países como El Salvador, Guatemala, Chile y Argentina”. Sin embargo, al poco tiempo de que ‘Patria Nueva’ asumiera el poder, eliminó los fondos que permitía el funcionamiento de la ‘Comisión de la Verdad’. Se puede perdonar, pero no borrar de la memoria; la población no puede hacerse cómplice de un olvido que podría llevar a otro régimen totalitario.

A pesar de que han pasado 17 años de la invasión norteamericana, las víctimas de la dictadura no han sido atendidas debidamente; tras la represión, han sufrido la falta de reconocimiento. También se ha abandonado a las víctimas de la invasión estadounidense. El homenaje, la localización y recuperación de los restos de las personas asesinadas, la explicación de la verdad a sus familiares, la atención psicológica, el reconocimiento social e institucional y la justicia reparadora, tanto en lo moral como en lo material, son tareas impostergables. Sin embargo, en vez de arrepentirse y pedir perdón por sus actos, Benjamín Colamarco y Juan José Amado se muestran orgullosos de su participación en la narcodictadura.

Se impone recuperar la memoria histórica, dado que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es imprescindible rescatar la memoria colectiva, ya que el olvido sólo conducirá a que se perpetúe la impunidad y la injusticia; es necesario divulgar la historia de la lucha contra la dictadura y sus protagonistas, con el objetivo de que se haga justicia y poder recuperar referentes para garantizar los derechos humanos, la libertad y la justicia social. Y cuando hablo de hacer justicia, hablo de reconocimiento y reparación, en ningún caso de venganza. No es lo mismo buscar la verdad y la justicia que la venganza.

“Sólo obedeciendo estrictamente a la justicia se honra a la patria”, nos dice José Martí. Entonces, ¿cómo es posible que existan calles, parques, barriadas, instalaciones sanitarias, etc., con el nombre del dictador Omar Torrijos Herrera? ¿Por qué no se les cambia el nombre? ¿Es posible emprender la construcción de un mejor país, si no se conoce su historia? Sin embargo, la verdadera historia de Panamá es desconocida por los jóvenes, ya que la misma es manipulada; sólo hay que ver cómo comienza el día con los programas televisivos producidos por los más cercanos colaboradores de la narcodictadura, pretendiéndonos dar lecciones de democracia.

Para colmo, en varios programas radiales se ha criticado a los periodistas por reportar los hechos tal cual ocurren. Incluso, varios mercenarios de la locución han acusado a estos reporteros de estar vendidos. ¡Qué cinismo! Entre estos mercenarios están aquellos que guardaron silencio cómplice cuando la familia Arias Guardia fue despojada ilegalmente del ‘Panamá América’ y de ‘Crítica’. Los verdaderos comunicadores sociales desempeñan un destacado papel como defensores de los derechos ciudadanos; por ejemplo, entre 1972 y 1973, dos reporteros del periódico Washington Post sacaron a la luz el ‘Watergate’, que demostraba que Richard Nixon, presidente norteamericano, estaba al tanto de los registros de la sede central del Partido Demócrata.

El pueblo que no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no puede decidir su futuro. El desconocimiento provoca falta de visión sobre los procesos históricos que han dado como resultado el presente, generando un profundo déficit democrático que se refleja en que la sociedad panameña sea poco participativa, como lo demuestra el estudio ‘Cultura política de la democracia en Panamá: 2006’, realizado por Vanderbilt University.

El 7 de octubre de 1935, al inaugurar la Universidad de Panamá, el Dr. Harmodio Arias Madrid expresó: “Es imposible sostener una democracia donde existe irrespeto a la libertad de protesta”. Desde hace meses se vienen observando conflictos en Isla Viveros; periódicos locales han hecho alusión a los intereses que allí tiene el diputado Héctor Alemán -encargado del frente sindical del PRD y creador de los tristemente célebres CODEPADI-, y ha circulado una foto de él con directivos de ese proyecto. Este lunes, dos miembros del SUNTRACS fueron apuñalados cuando protestaban frente al área donde la empresa brasileña Odebrecht construye la autopista Madden-Colón y “al fotógrafo de Editora Panamá América, Alejandro Méndez, los obreros de Odebrecht le quitaron su cámara fotográfica y posteriormente lo obligaron a sacar la tarjeta que contenía las fotos de la agresión de éstos a miembros del SUNTRACS”.

El martes fue asesinado un dirigente del SUNTRACS; según los periodistas Santiago Cumbrera y Grisel Bethancourt, del Panamá América: “Una orden ‘superior’, que nunca llegó, pudo haber evitado la muerte del obrero Osvaldo Lorenzo, quien falleció al recibir un disparo en el enfrentamiento que se dio ayer entre miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y obreros de la empresa Odebrecht, organizados en otro sindicato”.

Es necesario que todos condenemos estos hechos: el asesinato del obrero, así como la agresión física y verbal que han sufrido los periodistas por ejercer su deber de reportar los hechos verazmente. Recuerden lo que señala Mahatma Gandhi: “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena”.

Como nos dice el editorial del Panamá América: “El asesinato a sangre fría del obrero Osvaldo Lorenzo a manos de elementos supuestamente infiltrados entre las filas de los obreros de la empresa brasileña, así como la agresión sufrida por los periodistas, entre ellos el reportero gráfico de EPASA Alejandro Méndez, requieren de investigaciones profundas, serias y que concluyan con sanciones ejemplares para los responsables, establecidas en el Código Penal con meridiana claridad”.
https://www.alainet.org/en/node/122749
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