El disimulo es una de las actuales estrategias para la privatización de los distintos sectores económicos, algo que llama bastante la atención si se compara con la metodología que se utilizó en los años ochenta y noventa para este mismo fin, esto es, la demostración de poder. En esa época de eclosión de las multinacionales en América Latina, la clase política modificaba la legislación de arriba a abajo para abrir sus fronteras al capital extranjero, y no admitía ninguna duda. Pero, si alguna se colaba por cierto sector social incómodo, su convicción sobre el acierto del libre mercado se obtenía por las buenas, mediante el revestimiento dogmático de las privatizaciones y un poco de populismo, o por las malas, a través de la represión pura y dura.

Las razones de tan trabajada política de convicción venían de un mandato casi divino, es decir del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y de los suculentos pagos a su buen servicio. Esta actitud, frontal e impune, ha encontrado varios problemas, desde un rechazo de grandes sectores de la población, tan fuerte como el intento de la elite política de implantar estas medidas, hasta la evidencia de irregularidades en la venta de propiedades estatales o en la gestión hecha por las propias multinacionales. Por no hablar del fracaso que ha supuesto la gestión privada en el servicio público del agua o la energía.

Los problemas que han ido surgiendo a lo largo de estos años han sido analizados por los impulsores de las medidas neoliberales, pero no sólo los han analizado, también han aprendido y se han inventado más caminos para mantener sus teorías y favorecer la mercantilización de aquellos sectores no tocados, pero con potencial de grandes beneficios. Estos caminos deben asegurar una escalada fácil en la cuesta de la competitividad, es decir, eliminar esas trabas sociales, jurídicas, políticas o económicas que les limitan en su irracional crecimiento. Así, la mala imagen que puedan haber adquirido las compañías mundiales por los abusos de su poder se pueden difuminar a través de lo que ahora se llama Responsabilidad Social Empresarial, por la cual las multinacionales se convierten casi en una ONG o en una entidad ecologista, algo en lo que se están especializando las compañías españolas  [1]. También es muy hábil la táctica del sigilo, seguida por aquellos gobiernos que abren la puerta de atrás a las grandes corporaciones mundiales ante el previsible rechazo de la población, que ha podido sufrir ya la política del máximo beneficio.

Y para ilustrar este caso, un ejemplo paradigmático es la política seguida por los últimos gobiernos mexicanos, en relación a la electricidad, para beneficio de las multinacionales españolas Unión Fenosa e Iberdrola.

La privatización frustrada de los gobiernos neoliberales de México

Al contrario que la mayoría de los países en América Latina, en México este sector se rige, en principio, por una gestión pública, y como tal, cumple las condiciones clásicas para definir el carácter estatal de un servicio. Entre ellas, mantener en su Constitución una ley que otorga a la nación mexicana la exclusividad en la prestación de la electricidad (artículo 27) y tener compañías estatales que controlan todas las etapas de este servicio, como son la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). En cambio, podemos leer en los medios de comunicación afirmaciones como la realizada por Unión Fenosa: “ante la escasez de recursos económicos, muchos países aplican esquemas similares al de México, que permite utilizar más racionalmente los recursos públicos”. Y que esto sea afirmado por una multinacional española crea bastantes dudas de la gestión estatal de los recursos públicos.

Si se tira del cable hasta las generadoras de electricidad, podremos ver por qué una multinacional está tan orgullosa de un sistema estatal de gestión. La generación de electricidad es una parte del proceso eléctrico que ha sido convertida en un negocio muy lucrativo para las compañías privadas desde las políticas neoliberales. En muchos países esta parte es gestionada por corporaciones en condiciones muy ventajosas: tanto, que tienen beneficios aunque no funcionen, simplemente por el mismo hecho de existir [2]. En el caso de México, aunque este proceso no fue tan intensivo, sí se inició la apertura al capital transnacional con las modificaciones a la ley constitucional de Carlos Salinas en 1992. Así, se inventó figuras nuevas de producción de energía, como la Cogeneración, Pequeña producción, Producción independiente (PIE), Exportación e Importación de electricidad. Como no sólo con la ley se puede adecuar la realidad para el buen establecimiento de las corporaciones, también se crearon organismos institucionales que permiten el manejo de esta ley, así como de los distintos contratos y regulaciones a su favor. Organismos como la Comisión Reguladora de Energía, que, según denuncia el Frente de Trabajadores de la Energía, ha estado concediendo contratos inconstitucionales a entidades privadas [3].

Realmente, estos cambios no supusieron un desembarco del capital transnacional, y es que la Constitución seguía encorsetando las pretensiones de beneficio de las multinacionales, ante lo cual el Gobierno de Fox inició una nueva campaña de privatización para el cambio de la Carta Magna. Sin embargo, ocurrió un hecho muy poco frecuente en las esferas de la alta política: ni el Senado, ni la Corte Suprema de Justicia del país aprobaron el cambio, es decir, el poder legislativo y judicial se enfrentaron de manera clara al ejecutivo en un tema esencial para la soberanía energética del país [4]. Aunque esto daba un revés importante a las pretensiones del Gobierno, lo intentaría de nuevo dentro de su línea de desmantelamiento del Estado para el libre mercado, y, esta vez, la respuesta de rechazo fue directamente de las organizaciones sociales, sindicales campesinas y estudiantiles. Así, en noviembre de 2003 se celebró la Jornada Obrero, Campesina y Popular en Defensa de la Soberanía Nacional y Contra el Neoliberalismo, que logró la confluencia de muy distintos sectores de los movimientos sociales de izquierda y logró aumentar y difundir las voces críticas a tales políticas [5].

La estrategia a seguir

Con estos precedentes, no es de extrañar que la privatización se esté realizando lo más silenciosamente posible. Y sin ningún cambio legislativo, en los cinco que años que van de 2000 a 2005, la generación privada de electricidad se ha incrementado un 1.600%, mientras la pública lo ha hecho un 7%.

El asombroso crecimiento de la propiedad privada -sin aparentemente ningún cambio en la ley o en la política- se consigue de una manera muy sencilla: si el Gobierno no puede matar abiertamente el sector público de la electricidad, simplemente lo deja morir. El método es paralizar toda inversión pública, aunque sea necesaria, tal y como lo está haciendo con la empresa Luz y Fuerza del Centro. A pesar de que es rentable y abastece la zona más consumidora del país, la compañía está sometida a una campaña de desprestigio que tiene el propósito de allanar el camino a su privatización, según Mario Govea, ex dirigente sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas. Govea afirma que de los 14 proyectos de crecimiento que presentó la empresa desde 1993 no fue concedido ninguno, de manera que la nueva demanda es abastecida por las productoras privadas copadas por multinacionales [6].

Según los datos ofrecidos por una fuente de la Coordinadora Nacional de Electricistas CFE-SUTERM, en 2006 la participación de los proyectos privados en el Sistema Eléctrico Nacional público era del 21,3% [7], aunque en un estudio de Gustavo Castro, se afirma que en relación a la capacidad de generación, el capital privado tiene el equivalente a 46,5% del total de la energía eléctrica que se produce en México en las diversas modalidades como producción independiente, cogeneración y autoabastecimiento, según la Secretaría de Energía. [8].

Así que en este sistema público están operando las principales compañías del mundo. Como la segunda eléctrica española, Iberdrola, que es la principal generadora privada del país. Tanto Iberdrola como Unión Fenosa, también de origen español, tienen las miras puestas en México como el principal país de América Latina donde establecer la mayor parte de sus inversiones. Y la previsión de ingresos es espectacular si se considera el crecimiento del consumo eléctrico del país. Pero si éste no crece, ya lo hará Estados Unidos, porque la posición estratégica de México, y la infraestructura que se está construyendo para interconectar ambos países, es muy golosa para cualquier compañía que venda energía.

Por otro lado, en la entrada de las multinacionales se observa un fenómeno curioso: la capacidad de sinergia que tienen éstas. Como muestra, un botón, las centrales de los productores independientes, como Unión Fenosa, funcionan, sobre todo, con gas natural, pero el origen de este recurso es externo, se importa, y son las compañías transnacionales las responsables de llevar el gas a México. Por lo tanto, se crea un nuevo camino de entrada al país para compañías como Repsol YPF, aunque los hidrocarburos estén en manos de la empresa estatal Pemex. Sin ir más lejos, la petrolera española acaba de conseguir un contrato de 15.000 millones de dólares para distribuir gas procedente de Camisea (Perú) en el oeste de México  [9].

La huella del paso de las transnacionales

La planificada expansión de estas multinacionales se está llevando a cabo con una serie de consecuencias negativas para las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, que han sufrido un deterioro considerable en relación a las condiciones que tenían en la Administración pública. Y también para la población localizada en aquellos territorios donde han situado su inversión, como en el caso de Iberdrola y Gamesa en La Venta II. Esta planta está situada en el estado de Oaxaca, en concreto en el Istmo de Tehuantepec, donde se quieren instalar 98 aerogeneradores. Allí, Iberdrola, que en sus anuncios afirma que ofrece “una energía más humana, innovadora y limpia; muy limpia.; que cuenta siempre contigo y que avanza respetando el medio ambiente”, ha hecho contratos abusivos, ha despojado a los pobladores de las tierras comunales y ha presionado a quienes se han negado a ceder sus propiedades para el desarrollo de su inversión. Y para completar la otra cara de su publicidad verde, habría que citar su proyecto de relanzar la energía nuclear en el país, ya que quiere reactivar la instalación atómica de Laguna Verde [10].

La puerta de atrás por la que están entrando las multinacionales está siendo cada vez más visible, y cuanto más establecidas se encuentran más difícil es el disimulo de la política privatizadora. Por el momento, algunos sindicatos y organizaciones sociales ya están dando la voz de alarma.

NOTAS:

[1] Pedro Ramiro, "Las multinacionales españolas de la energía, líderes mundiales en sostenibilidad (?)" Boletín OMAL, nº 16, diciembre de 2006.

[2] Este tipo de contratos se llaman Power Purchase Agreement. Los ingresos que reciben provienen de la potencia instalada de electricidad (ingresos fijos), así como de la venta de su producción de energía (variables).

[3] J.C. Escalante y J.M. Pérez-Vázquez, “Defensa de la Soberanía Nacional”, Frente de Trabajadores de la Energía de México.

[4] Ibídem.

[5] J. Luis Hernández, "México: ¿Hacia un paro nacional?", Rebelión, 20 de noviembre de 2003.

[6] Israel Rodríguez, “El gobierno se niega a otorgarle recursos; ’quieren aparentar un desfalco’ para venderla”, La Jornada, 31 de agosto de 2007.

[7] Según la CFE.

[8] Gustavo Castro Soto, “Radiografía de la electricidad en México” Edupaz/Mapder, Chiapas (México), 2007.

[9] "Repsol YPF distribuirá en México gas natural procedente de Camisea (Perú)" Reuters, 19 de septiembre de 2007.

[10] "Iberdrola relanza el uso de energía nuclear en México" EFE 13 de febrero de 2007

Erika González
Observatorio de Multinacionales en América Latina
Paz con Dignidad

Fuente: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
http://www.omal.info