Representantes de decenas de países y organizaciones sociales se han reunido en Ginebra para avanzar en la elaboración de un tratado vinculante para las multinacionales y la violación de derechos humanos. Las grandes potencias siguen poniendo trabas a este tratado.

El guion se ha cumplido desde el principio. La Unión Europea (UE) tenía muy clara su estrategia de cara a la reunión del grupo de trabajo intergubernamental de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos que ha tenido lugar durante toda esta semana en Ginebra. Y la puso en marcha desde el primer momento, con una combinación de obstruccionismo burocrático e intentos por vaciar de contenido el espíritu y objetivos de la sesión. Así, ha vuelto a repetir la misma escena que se ha venido interpretando en Naciones Unidas en todos los debates que ha habido sobre esta cuestión en los últimos cuarenta años.

Del 23 al 27 de octubre, en la sede de la ONU en Ginebra, se ha estado desarrollando la tercera sesión del grupo de trabajo que debe negociar la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Es el mandato aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha ido avanzando, con sucesivos obstáculos y pocos recursos, desde el año 2014.

En realidad, habría que remontarse a la década de los setenta para situar el inicio de las discusiones sobre cómo controlar a las compañías multinacionales. Fue entonces cuando la ONU fijó entre sus prioridades elaborar un código de conducta internacional de carácter obligatorio para las grandes corporaciones. Pero la oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies empresariales hicieron que esa normativa nunca llegara a poder ponerse en marcha. En su lugar, los códigos voluntarios de conducta y la responsabilidad social corporativa fueron la expresión del “compromiso” empresarial con los derechos humanos. El discurso oficial de Naciones Unidas fue evolucionando así desde la lógica de la obligatoriedad a la de la voluntariedad.

La resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos hace tres años supuso un cambio en esa orientación. Como resultado de una correlación de fuerzas en la ONU favorable a la reapertura del debate, y con el liderazgo de Ecuador, volvía a situarse en el centro de la agenda el mismo debate que Salvador Allende lideró a principios de los años setenta. Y se repite, igualmente, el posicionamiento de los diferentes países: las potencias económicas, sus aliados y las organizaciones empresariales frente a los países de la periferia y las organizaciones de derechos humanos. Desde esa misma votación de la resolución en el Consejo por la que se establecía el mandato de crear el grupo intergubernamental para elaborar el instrumento vinculante, Estados Unidos y la UE se posicionaron en contra. Pero perdieron la votación, y optaron por estrategias distintas: mientras EEUU no ha reconocido el proceso desde entonces —y no va a asumir su resultado—, la UE sí ha decidido participar en él con el objetivo de bloquearlo. Eso se hizo patente desde su primera sesión en 2015, cuando alegó que era imposible continuar si antes no se aceptaban acuerdos voluntarios como los Principios Rectores y si no se ampliaba el foco de las obligaciones a todas las empresas y no solo a las compañías multinacionales. En aquel momento, al no conseguir su propósito, se retiró de los debates.

La segunda sesión del grupo de trabajo, en octubre del año pasado, transcurrió sin mayores incidencias. No había que decidir nada, solo se presentaron diferentes perspectivas sobre los elementos de un posible instrumento vinculante. Ahora, en la tercera sesión, el panorama es bien distinto: hay que establecer el texto base para empezar a negociar este instrumento. Y la UE parece que no quiere que se avance ningún paso más. Junto a ella están Rusia, México, Australia, Noruega y Suiza. Frente a estos países, aquellos que respaldan la necesidad de mecanismos obligatorios: Cuba, Argelia, Filipinas, Indonesia, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Egipto.

Al comienzo de los debates de esta semana, la UE no hizo gala de la diplomacia que suele caracterizar este tipo de reuniones y descalificó a la presidencia del grupo de trabajo, que encabeza la delegación de Ecuador en Ginebra. Incumplimiento de los acuerdos, desconocimiento de los procedimientos y retraso en los plazos fueron algunas de sus acusaciones, llegando a amenazar con “profundas consecuencias” si no se tenían en cuenta sus exigencias.

“No vamos a tolerar las amenazas de la UE en el marco del inicio de las sesiones”. Esa fue la contundente respuesta que dio la embajadora sudafricana para contrarrestar la estrategia de bloqueo europea. En la misma línea, el representante de Cuba apuntó al quid de la cuestión: “Quienes votaron en contra de la creación del grupo son los mismos que piden una mayor extensión en su alcance”. La indignación volvió a subir de tono cuando Jerome Bellion-Jourdan, representante de la UE, justificó su actitud con el argumento de que las víctimas precisan instrumentos rápidos para acceder a justicia y reparación. “La presidencia no tendrá prisa, pero nosotros sí”, afirmó para defender la primacía de mecanismos voluntarios para las empresas.

Representantes de los movimientos sociales se encargaron de trasladarle lo infructuoso de esos intentos y la preocupación que había generado su falta de respeto hacia la presidencia ecuatoriana. Lola Sánchez Caldentey, europarlamentaria de Podemos que intervino como panelista, calificó la postura Bellion-Jourdan como “obstruccionista y cínica”, denunciando que su actuación era contraria al apoyo explícito que ha hecho el Parlamento Europeo al mandato del grupo de trabajo. Terminó señalando que si el representante europeo seguía así se vería obligada a decirle “usted no me representa”.

Algunas perlas corporativas

En el marco de estos debates, las críticas de varios países y de las organizaciones empresariales a la creación de un instrumento vinculante han dado lugar a numerosas “perlas corporativas”. Entre las palabras más destacadas, las del representante de México, que hasta en dos ocasiones llegó a negar uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la jerarquía normativa de los derechos humanos sobre las normas de comercio e inversión. También afirmó que la participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos redundaba en una “infrarrepresentación” de la voz de las empresas en el proceso. Seguía la línea marcada por la UE, denunciando el supuesto “ensañamiento” del que estarían siendo objeto las grandes transnacionales.

La Cámara Internacional de Comercio y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que participaron en las discusiones dentro del espacio destinado a la sociedad civil, afirmaron que “la comunidad empresarial no apoya el tratado”. A los ojos de la secretaria general de la OIE, es un “paso atrás” que “amenaza las inversiones”, especialmente las de “los países industrializados hacia los países emergentes”. Igualmente, sostuvo que las responsabilidades en derechos humanos son competencia exclusiva de los Estados y no de las empresas, llegando a decir que el avance de los derechos fundamentales no debía esquivar el marco legal y político de los Estados. La respuesta no se hizo esperar por parte de la representante de la Confederación Sindical Internacional, Makbule Sahan, que interpeló a la empresaria diciéndole que le gustaría que eso se cumpliera, “especialmente en relación a las demandas que imponen las empresas en los tribunales de arbitraje”.

Movimientos sociales dentro y fuera de la ONU

El contrapunto a estas perlas corporativas lo han puesto los movimientos sociales, que intervinieron activamente dentro y fuera de la sede de la ONU. Frente a la plaza de las Naciones Unidas, al lado de una gigantesca silla rota que simboliza la paz y la lucha contra las minas antipersona, ha estado estos días un iglú blanco adornado con banderas de la Vía Campesina, de Amigos de la Tierra o de la Marcha Mundial de las Mujeres. Es el espacio que ha creado la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo para llevar a cabo múltiples actividades de denuncia y resistencia frente al poder de las empresas multinacionales. El lema de esta campaña ha sido “actuamos en la ONU pero no olvidamos de dónde venimos”, entendiendo que su participación en las instituciones está subordinada a las prioridades establecidas por las luchas sociales.

Los debates se expandieron más allá del iglú y llegaron hasta la Universidad de Ginebra donde, entre otras voces de las comunidades afectadas por las actividades de las grandes corporaciones, se escuchó la del pueblo sioux de Standing Rock, Estados Unidos: “Energy Transfer Partners ha instalado el oleoducto y contrata mercenarios para reprimir y dañar a defensoras de derechos humanos”. Este es el proyecto Dakota Access Pipeline (DAPL), financiado por BBVA y por Credit Suisse, entre otras 32 entidades financieras. Y no se quiso dejar pasar la ocasión sin señalar y denunciar a quienes están poniendo dinero en un proyecto que está destruyendo el territorio y enfermando a la población. El pasado miércoles, siete miembros de los pueblos originarios de América del Norte y otros sesenta activistas ocupaban la sede en Ginebra del Credit Suisse para protestar por su financiación de oleoductos como el DAPL.

La intensa actividad de los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos fuera de las instalaciones de la ONU no ha ido en detrimento de su presencia a en la Sala de la Alianza de Civilizaciones, lugar donde se desarrollaban los plenarios del grupo de trabajo. Ahí fueron tomando la palabra para exigir, por ejemplo, que se incorporen medidas que permitan frenar la captura corporativa de instituciones como Naciones Unidas —la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha recibido financiación millonaria de Microsoft—, que se establezcan cuáles son las obligaciones directas para las grandes corporaciones en el ámbito internacional y que se pongan en marcha las garantías para el acceso de las víctimas a la justicia. Todas estas propuestas están recogidas en la propuesta de la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo que ha sido presentada en estos días.

Hubo incluso una acción de protesta cuando la UE y sus países miembros pudieron disponer de un espacio en la sesión de trabajo para promocionar los Principios Rectores. “Consideramos que es una imposición y nos negamos a participar en este debate”, señalaba Brid Brennan del Transnational Institute. Tras su intervención, los representantes de numerosas organizaciones de la sociedad civil fueron saliendo y dejaron sus sillas vacías. Mientras tanto, la UE intentaba justificar por qué los códigos voluntarios se presentan como la solución más práctica y rápida frente a la impunidad de las grandes empresas.

Malas perspectivas

El inicio de la sesión no auguraba un resultado positivo. Como decíamos, la UE puso todo de su parte para tratar de entorpecer el inicio de los trabajos del grupo. Aun así, Jerome Bellion-Jourdan, cara y voz de la delegación comunitaria, optó por rebajar los niveles de enfrentamiento a partir del segundo día. Manteniendo el espíritu de enmienda a la totalidad del proceso, permitió la aprobación del programa de trabajo e hizo que las deliberaciones discurrieran en un marco de relativa normalidad, no sin dejar de intentar ralentizar el desarrollo de la sesión mediante constantes solicitudes de aclaración y otras maniobras dilatorias.

El jueves 25, algunas embajadas comunicaron de manera informal a las organizaciones de derechos humanos que la UE iba a volver a emplearse a fondo al final de la semana para impedir que pudieran salir adelante las negociaciones para un instrumento vinculante. Y es que hoy viernes se votará un informe donde se establecen los siguientes pasos a seguir por parte del grupo de trabajo. Ante la posibilidad de qu se produzca un bloqueo, las organizaciones agrupadas en la Alianza por el Tratado han puesto en marcha una campaña de presión a la UE. En estos momentos, varios colectivos y organizaciones del Estado español también están interpelando al Ministerio de Asuntos Exteriores mediante una carta en la que muestran su preocupación por la posibilidad de que “la Unión Europea esté intentando socavar este proceso” e instándole a que “aproveche esta oportunidad histórica para apoyar el tratado de la ONU”. El resultado y los siguientes pasos a dar los conoceremos hoy por la tarde. Esperamos que esta vez no se repita la historia.

Gorka Martija y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

Fuente: El Salto, 27 de octubre de 2017

http://omal.info/spip.php?article8436