Antes de los años 70, en Costa Rica disfrutábamos la magnífica Biblioteca Nacional ubicada en el corazón de San José, entre el Parque Morazán y el Cine Variedades. En esa biblioteca teníamos acceso a libros y documentos de todo tipo, estudiantes de bajos recursos se salvaban leyendo ahí los textos que no podían comprar, todos bien clasificados, con ficheros y atendido por personal que conocía cada rincón y nos facilitaban el libro que ocupábamos en una época donde no habían fotocopiadoras ni leyes de protección intelectual absurdas.

Repentinamente el gobierno tomó la atroz decisión que había que demoler el edificio de piedra, con más de 100 años de existencia porque era inservible. Lo que realmente estaba dañado eran los estantes por el tiempo y el comején, pero la edificación era extraordinariamente fuerte y para su demolición ocuparon maquinaria pesada y muchas horas hombre para traerla al suelo.

En esa época yo vivía a pocos metros de ese monumento nacional y puedo dar testimonio de lo que les costó demolerlo. Con enorme tristeza veía cómo le daban duro a sus muros de piedra que resistían el absurdo embate. Era tan fuerte esa edificación que finalmente dejaron como testimonio de lo difícil que fue su desaparición, algo más de un metro de pared y parte del piso que hoy sirve para albergar un parqueo en la Avenida Primera. Las malas lenguas aseguran que edificación fue trasladada por partes y las tiene alguien en Alajuela.

Exactamente lo mismo desean hacer hoy con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la empresa centroamericana más grande de la región, que es una enorme fortaleza, brinda un magnífico servicio y constituye un orgullo nacional porque la hemos pagado todos y el beneficio queda en el país ¿Habrá que demolerlo sólo porque tiene comején? ¿No será mejor sacar a quienes socavan la institución? Quienes desean apoderarse del ICE no es para hacerlo más eficiente y fuerte, sino sólo su negocio y como los bancos privados, acabaría todo en manos extranjeras.

Mediante el TLC metieron la supuesta apertura del ICE y del Instituto Nacional de Seguros (INS) que en realidad son la ruptura de la solidaridad y el bienestar de las mayorías para que unos pocos hagan negocios jugosos.

Lo más paradójico es que hace 50 años Monseñor Sanabria se empeñó en que la salud y el bienestar llegaran a las mayorías y en especial a los más pobres según la misión de la Iglesia. Hoy el cura Claudio Solano se empeña en lo contrario y no debe sorprendernos esa actitud, muy cercano a Oscar y Rodrigo Arias celebraba la noche del 7 de octubre con alegría, haber alcanzado el 51% de los votos aunque para ello fuese necesario un fraude.

Pero además, el mayor accionista del Grupo Sama es nada menos que la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica que a su vez tiene una participación muy importante en el Hospital La Católica, testimonio que deja por escrito el Presidente del Grupo Sama, Víctor Oconitrillo en el oficio GES/225/2007 del 8 de noviembre pasado. Tal vez eso explique en parte, la tímida reacción de la cúpula eclesiástica frente a los inmorales Tratados de Budapest y UPOV que riñen con la ética y los más elementales principios cristianos.

Por eso luego de haber sido parte de los que en el 2000 evitamos que se robaran el ICE, hoy nos reagrupamos para evitar que vengan a demoler la solidaridad social comenzando por el ICE, el INS, la CCSS y las instituciones de bienestar para obligarnos a pagar caprichos por esos servicios.

Los que vamos a defender la Patria somos más de la mitad de los costarricenses: desde quienes votamos NO en el referéndum, las personas que fueron obligados a votar SI y ahora saben que era un engaño; muchísimos sacerdotes y pastores decentes y coherentes, así como la gente que no vota porque no cree en esta democracia de mentiritas que tenemos. Esa es la gran fuerza que tendrán que enfrentar los codiciosos que pretenden demoler el Estado de Bienestar como demolieron la Biblioteca Nacional.