Las clases dominantes en Brasil, desde su fase colonial, reiteran ideológicamente que Brasil posee vocación agrícola y, por lo tanto, se debe usufructuar de esta ventaja comparativa en relación a otros países, aunque para eso se mantenga la histórica desigualdad social en el país.

Esa ideología de la predestinación agrícola brasileña ha sido reforzada siempre por los gobiernos imperialistas y por las grandes empresas multinacionales, desde la colonia hasta este periodo reciente de dominación neoliberal.  Es un discurso – secundado por las prácticas económicas y políticas que le dan substancia- continuadamente renovado que legitima el desarrollo dependiente del país, la afirmación del perfil de la economía brasileña siempre ajustado a las estrategias de la agroexportación, la concentración de la tierra, la disgregación de la economía y de los territorios campesinos, así como la superexplotación de los asalariados rurales.

Los monocultivos en auge

El clima de idolatría al agronegocio, que reina en Brasil desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, sólo se hace eco de esa estrecha visión de la vocación agrícola que, si bien, por un lado, tiene su base material, en función de la disponibilidad de tierras para la ganadería y la reforestación, por otro lado se contenta con la dependencia del país en lo que tiene que ver con la exportación de materia prima de origen rural y la exclusión social creciente.

La inserción de Brasil como proveedor mundial de ‘productos' de la agroindustria, de la ganadería y de los monocultivos forestales responde a la reconfiguración de la economía mundial y a la nueva, para no decir nuevamente, división internacional del trabajo a partir de los intereses imperiales hegemónicos de Estados Unidos, Japón y de los países desarrollados de Europa.

Del total de productos de origen agropecuario y forestal (1) exportados por Brasil, el 75% están representados por sólo cuatro grupos de productos: carnes y cueros con el 25%; soja y derivados con el 22%; madera, papel y celulosa con el 17%, y azúcar y alcohol con el 11%.

Esos cuatro grupos de productos demandan, por la forma como son producidos, grandes extensiones de tierras.  En 2006/2007 la producción pecuaria ocupó 203 millones de hectáreas, la soja 20,6 millones de hectáreas (corresponde al 45% del área plantada en el país), la caña de azúcar 6,9 millones de hectáreas y los bosques, 3 millones de hectáreas.

Sin embargo, con excepción de la ganadería, estos grupos de productos tienden a expandirse y exigirán más tierras para la producción de materia prima.  Esta demanda de nuevas áreas no sólo aumenta el precio relativo de las tierras sino que ejerce presión sobre diversos biomas brasileños, en especial sobre la Amazonia, los Cerrados y la Mata Atlántica.  En lo que tiene que ver con la ganadería, al sufrir presión por la expansión de las áreas de caña de azúcar y de los monocultivos forestales sobre las tierras que hoy ocupa, tenderá a expandirse hacia las áreas forestales nativas, incluso si puede, aquí y allá, mejorar su productividad.  En esa reorganización del espacio rural se vislumbra un aumento considerable de la deforestación.

Es creciente la tendencia de expansión de las plantaciones de caña de azúcar para la producción del etanol así como las de eucalipto para leña (2), papel y celulosa.  Se estima que la plantación de caña de azúcar en el 2017 alcanzaría 28 millones de hectáreas (6,9 en 2007) y la de eucalipto para leña en el 2010, 13,8 millones de hectáreas (5,3 en 2006).  Todo lleva a pensar que la soja volverá a expandirse, pudiendo alcanzar de 30 a 40 millones de hectáreas en 2020 (hoy es 20,6), sobre todo por la presencia de China como creciente compradora de la soja brasileña.

Expropiación del patrimonio público

Este modelo económico, conservador y dependiente, para el campo en Brasil conduce inevitablemente a la concentración de la tierra, al aumento de las deforestaciones, a la disgregación de la economía campesina y al aumento de la explotación de la fuerza de trabajo asalariada rural.

La concentración de la tierra se viene produciendo a través de la adquisición de antiguos latifundios y de empresas agrarias particulares tradicionales por parte de grandes grupos económicos nacionales y multinacionales y de personalidades del mundo de las finanzas internacionales.  Pero, también y sobre todo, por el proceso creciente de traspaso de las tierras del patrimonio público al patrimonio privado.

Según afirma el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente hay una disputa mundial por cerca de 120 millones de hectáreas de tierras brasileñas susceptibles de ser incorporadas a la producción de materias primas para la producción de etanol, así como para las plantaciones de bosques homogéneos para leña, madera, celulosa y papel.  Esta codicia por las tierras brasileñas, públicas y privadas, evidencia que la cuestión de la concentración y de la privatización de las tierras públicas en beneficio de grupos económicos con intereses en el agronegocio se está convirtiendo en una expropiación del patrimonio público en una escala sin precedentes (3).  Y esto sin tener en cuenta las 203 millones de hectáreas destinadas a pastos.  En este contexto, la reforma agraria escapa a la agenda política nacional.  Las tierras rurales del país están políticamente destinadas al gran capital.

A pesar de las innumerables iniciativas de los movimientos sociales que luchan por la reforma agraria, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la existencia de 50 mil familias acampadas por todo el país solamente de este Movimiento, crece el número de campesinos que están perdiendo sus tierras en ese proceso de concentración de la tierra y de implantación de monocultivos en grandes escalas.  En estas condiciones, las tensiones en el campo aumentan cada día más a causa de las arbitrariedades de las empresas del agronegocio.

Las grandes empresas capitalistas, como las productoras de caña de azúcar y de eucalipto, al adquirir las tierras de empresas agropecuarias de los medianos y pequeños productores rurales, pasan a controlar territorios y a someterlos la tiranía del monocultivo.  En ese proceso de conquista de territorios por el capital, los pueblos, las comunidades, las casas, los huertos y las instalaciones productivas de los campesinos son destruidos para facilitar la mecanización a gran escala.  Las tierras donde prevalecía la etnobiodiversidad dan paso al desierto verde de los monocultivos.  No solamente la biodiversidad es destruida.  Al implantarse en esas empresas los sistemas de asalariados temporales (los “bóias frias”), miles de trabajadores son sometidos a la superexplotación y al trabajo extenuante.

Y, cuando por conveniencia, esas grandes empresas de monocultivos no concentran directamente en sus manos toda la tierra que necesitan para sus negocios, arriendan las tierras de medianos y pequeños productores, o establecen con ellos contratos de producción que los vuelven cautivos de los intereses mercantiles de esas empresas.  En este tiempo –triste tiempo-, esos pequeños productores tienden a perder sus tierras debido al endeudamiento, perdiendo su identidad social como campesinos.

La explotación de los “bóias frías”, en el caso de las plantaciones de caña de azúcar, es creciente.  Para un corte de diez toneladas de caña se necesitan 9.700 golpes de machete, por lo tanto, casi 1.000 golpes por tonelada.  En la década de 1980, la media (productividad) exigida de cada trabajador era de 5 a 8 toneladas de caña cortada/día; en 1990, pasa de 8 a 9; en 2000 a 10 y en 2004 de 12 a 15 toneladas! (4)

Alimentos más costosos y escasos

Tanto las plantaciones de caña de azúcar como las de bosques homogéneos cercan pueblos, secan fuentes y pequeños ríos, presionan poblaciones indígenas y campesinas, hacen de sus territorios grandes espacios de albedrío privado en nombre de la modernidad.  Y los precios de las tierras aumentan.

La producción de alimentos básicos por parte de los campesinos, quienes responden en Brasil por cerca del 60% de la oferta de esos productos, se volverá más cara para los consumidores, en tanto se incrementará su escasez relativa.  Eso significará que los más pobres tendrán mayores dificultades de acceso a los alimentos básicos.  Esa inducción indirecta de los más pobres a una situación de hambre disfrazada es una manera de someter a las poblaciones más pobres a condiciones de trabajo degradantes.

Como la expansión del monocultivo y la concentración de tierras por parte de las grandes empresas capitalistas multinacionales tienen el apoyo de las macropolíticas económicas gubernamentales, las denuncias ambientalistas son sofocadas, los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos ignorados, al tiempo que se establecen condiciones objetivas (políticas públicas compensatorias) y subjetivas (formación de opinión por los grandes medios de difusión) de estabilidad social controlada de arriba hacia abajo.  En ese proceso de acciones integradas, públicas y privadas bajo la hegemonía del gran capital, la cooptación de fracciones de las organizaciones y movimientos sociales y sindicales, en el campo y en la ciudad, y de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, confunden y desarticulan las acciones populares de democratización de acceso y uso de las tierras rurales.

Podría afirmar que un complejo proceso autoritario se está instalando en el país, con más fuerza en el campo.  La libertad de acción discriminatoria contra los campesinos y los pueblos originarios y la superexplotación del trabajo ejercidas por las grandes empresas del agronegocio, sea por la omisión pública, sea por su impotencia frente a la completa liberalización de las iniciativas, convierte a la población rural (y de las periferias urbanas de las pequeñas y medianas ciudades) en rehenes del desempleo, del subempleo y del empleo precario, situación que es considerada como natural por las clases dominantes.

Nuevas alianzas sociales

En ese contexto, las luchas sociales en el campo (y en la ciudad) adquieren nuevas formas de expresión.  Miles de pequeños enfrentamientos se verifican y nuevas alianzas se establecen ya no solo entre clases sociales sino, sobre todo, entre grupos sociales organizados por los más distintos motivos: desde la lucha por la vivienda hasta la afirmación étnica y cultural de minorías; desde la afirmación de la autonomía campesina ante la dominación del capital hasta las luchas de acción directa contra los experimentos de cultivos transgénicos; desde la ocupación de tierras para la concreción de la reforma agraria hasta las iniciativas de defensa del medio ambiente; desde la afirmación de ritmos y danzas que expresan una contracultura hasta la multiplicidad de formas de ver y defender la cuestión de género.

La pluralidad de iniciativas y de formas de organización remite a la memoria al periodo de resistencia social y política a la dictadura militar (1964 - 1984), donde la creatividad y las más distintas formas de resistencia y de agitación fueron desarrolladas, en tanto otras dimensiones de la solidaridad son redescubiertas.

Una vez más en la historia del país, el desafío popular está en la construcción de un proyecto de sociedad y, en este caso, de desarrollo rural que sea capaz de unificar esas luchas e iniciativas de organización, de manera de acumular fuerzas para detener esa avalancha verde del capital así como vislumbrar caminos para nuevas formas de socialización.  Esto, no sólo en el nivel nacional, sino también internacional.

Las macro estrategias del capital en su fase neoliberal, al imponer la globalización del capital y de las comunicaciones, crearon las condiciones objetivas y subjetivas, aunque por razones adversas a los pueblos, de solidaridad y articulación de la resistencia social popular en el campo contra la desnacionalización de las tierras, la destrucción de la biodiversidad y la sumisión de los trabajadores a los intereses del lucro privado de las empresas nacionales y multinacionales del agronegocio.

La intención y práctica de los capitalistas de convertir las semillas, la tierra, el agua dulce y la biodiversidad en mercancías y objetos de negocios compromete la vida de los pueblos y amenaza el equilibrio ambiental del planeta.  El agronegocio se vuelve, contemporáneamente, en uno de los principales agentes de la nueva era de las degradaciones ambientales: el monocultivo versus la biodiversidad.

Horacio Martins de Carvalho es ingeniero agrónomo, consultor técnico autónomo y asesor de movimientos y organizaciones sociales populares en el campo.

Notas:

1) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 2005.

2) La leña representó el 12,4% de la oferta interna de energía (OIE) en el ámbito de la matriz energética brasileña en 2006 (Fuente: MME, , Balanço Energético em 2006)

3) GRAIN.  ¡No a la fiebre de los agrocombustibles! Junio de 2006, http://www.grain.org/go/agrocombustibles.

4) Maria Aparecida de Moraes Silva (2006).  Mortes dos “severinos” nos canaviais paulistas, in Conflitos no campo em 2005.  Goiânia, CPT, Gráfica e Editora América, p.162-166.