Desde el inicio de la administración de Oscar Arias Sánchez y más grave desde hace unos meses, el régimen neoliberal intenta imponer una política de terror, a la que hay que cerrarle el paso.

Cierre de programas en medios de comunicación

Como parte de la dictadura mediática que existe en Costa Rica, desde su ascenso al poder la administración Arias Sánchez se encargó de cerrar los pocos espacios de prensa independientes. El caso más destacado fue el cierre del programa Diagnóstico, que era conducido por Álvaro Montero Mejía en el estatal Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). La razón: el conductor del programa es un conocido intelectual y activista antineoliberal.

Persecución a sindicalistas y opositores

Una de las expresiones más graves es la persecución selectiva de dirigentes opositores al modelo neoliberal. Con la clara intención de descabezar al sindicato del INS, cuyos dirigentes se han opuesto a la privatización de esta empresa, en setiembre de 2007 el gobierno inició el proceso para despedir al Secretario General Luis Salas y a la Secretaria de la Mujer Trabajadora Alicia Vargas Obando.

La maniobra le salió muy mal al régimen. A pocos días de celebrado el fraude del referéndum sobre el TLC, las y los trabajadores dieron un significativo respaldo a sus dirigentes y les re – eligieron para seguir conduciendo la Junta Directiva. Aún así el expediente sigue abierto como espada de Damócles sobre el gremio.

Más recientemente y en flagrante violación a los derechos sindicales, el gobierno ha abierto procesos de destitución contra David Morera Herrera y Marvin Marín Mora, líderes del Sindicato del Hospital San Juan de Dios (CCSS). Lo mismo está haciendo contra el dirigente Fabio Chaves, de ASDEICE, uno de los principales gremios que ha enfrentado los numerosos zarpazos de la cúpula neoliberal.

Por si fuera poco, el régimen del miedo ha dirigido sus cañoneras contra la Defensora de los Habitantes Lizbeth Quesada. Le cobra su denuncia de que el TLC lesiona los intereses del país y haber desenmascarado el ridículo informe de la administración Arias, en el que se jactaba de haber reducido la pobreza en varios puntos porcentuales.

Aumenta la violencia de la represión policial

A estas persecuciones selectivas hay que añadir la serie de violaciones a los derechos humanos ejercidas por los cuerpos policiales. A pesar de que existe prueba testimonial, documentación, denuncias formales y material fílmico, no se ha castigado a ningún miembro del aparato represivo. Como muestra la golpiza recibida por un joven estudiante durante la campaña del referéndum en San Ramón.

El incidente más grave fue el cinco de febrero de este año, durante una manifestación pacífica que fue brutalmente reprimida en el bulevar de la Asamblea Legislativa. Los ciudadanos Evans Marín y José Luis Traña fueron violentamente agredidos y requirieron atención hospitalaria. Kattia Castro, persona no vidente, fue golpeada y le quebraron su bastón. El señor José Luis Bertone fue detenido, trasladado y abandonado en un lugar desconocido para él.

La responsabilidad por estos actos recae en los jerarcas de la Fuerza Pública y el Ex Ministro de Seguridad Fernando Berrocal, quien recientemente fue obligado a renunciar. Campantemente este sinvergüenza se fue del Ministerio sin rendir cuentas de estos atropellos contra los Derechos Humanos.

Criminalización de la protesta social y de los pobres

Mientras los ladrones se dan banquete todos los días asaltando al pueblo, el régimen neoliberal ha convertido en criminales a los campesinos e indígenas a través del convenio UPOV. Ha legislado para declarar delincuentes a nuestros alumnos, quienes para poder estudiar recurren a las fotocopias y al clonado de libros. Ha hecho criminales a las comunidades, que cansadas de tanta demagogia históricamente han bloqueado calles para hacerse escuchar.

Las pavas tirándole a la escopeta

Mientras el régimen escupe para arriba, Arias Sánchez sigue rodeado de bichos de toda especie y de actos que han quedado impunes. Veamos una pequeña muestra. Los grandes medios de información (La Nación, Repretel, Canal 7 y Nuestra Voz/Monumental) violaron la tregua propagandística durante los días previos al referéndum, en lo que podría calificarse como delito electoral, lo cual está sumamente documentado y las caricaturas de magistrados del TSE no hacen nada.

El ex Vice Presidente de la República Kevin Casas renunció confesando que cometió delito electoral, pero en vez de enfrentar algún castigo anda disfrutando sus largas vacaciones. Su gran socio, el otro delincuente electoral confeso Fernando Sánchez, sigue calentando el asiento de diputado, ¿será porque es primo del Presidente de la República?

Han pasado meses desde el fraude del referéndum y el TSE congeló la investigación sobre el evidente uso de fondos públicos por parte del gobierno, durante la campaña. Tampoco se investigó el origen de los multimillonarios recursos con que se financió la campaña del Sí.

El Ministro de Hacienda Guillermo Zúñiga, con la plata de todos los costarricenses, le hizo un generoso regalo de 90 millones de colones al Diputado evangélico Guyón Masey, por su lealtad al grupo de los 38 ¿y nada pasa? Un Diputado del G-38 está acusado de hostigamiento sexual y se protege bajo la impunidad, perdón, inmunidad parlamentaria. Y los grandes medios no dicen nada.

No nos dejemos doblegar

Es urgente fortalecer la campaña nacional e internacional en defensa de los dirigentes sindicales perseguidos por razones políticas. También es importante denunciar y movilizarse contra todo tipo de violación a los derechos humanos y laborales. Hay que preparar las jornadas de resistencia contra las medidas neoliberales y la agenda de implementación. También es urgente construir un frente electoral para sacar a los neoliberales y maleantes del poder. Esta es una carrera de resistencia y no de velocidad.

Giovanni Beluche V.
Sociólogo (Abril, 2008)