El aumento del costo de la cesta básica es una pesada losa para las capas más pobres de la sociedad, sobre todo en los países más desfavorecidos, donde el gasto medio en alimentación representa entre el 60% y el 80% (en Cataluña representa entre el 10% y el 20%). Pero, por otra parte, sabemos que buena parte de esta pobreza se sufre en el mundo rural o en familias expulsadas del campo. Entonces, la subida de los precios de los alimentos, ¿es una bendición o una maldición? ¿Este aumento de los precios de los alimentos va a repercutir en una mejora de los pagos a los productores de los mismos, tantas familias campesinas que sabemos que luchan desde hace muchos años para sobrevivir en un entorno muy hostil? Mientras que las políticas se habían olvidado de la importancia de un mundo rural vivo -con agricultores, con ganaderos que, además de producir buenos y saludables alimentos, mantuvieran el campo catalán activo y fértil-, ¿es la economía real la que ha llegado para salvarles? Tenemos una buena oportunidad, pero confiar sólo en unas leyes económicas para asegurar la reactivación del sector agrícola es del todo insuficiente.

Una parte del fenómeno del aumento de los precios se debe a las características intrínsecas del modelo agro-consumidor, que está dificultando las condiciones de trabajo y vida en los últimos años de los pequeños agricultores: la conversión del alimento en un producto comercializable, un commodity negociable a escala global. Como tal, está crecientemente sujeto a la creación de burbujas y fluctuaciones de precios derivadas de la entrada y salida de especulación financiera, así como al control de oligopolios en la distribución de los alimentos: las tres o cuatro cadenas de distribución. Cuando la especulación es hacia arriba, una pequeña parte puede repercutir para el agricultor en más ingresos y un aumento de su bienestar a corto plazo, pero cuando la corriente es descendente, el ajuste es mucho más brusco y pasa en muchas ocasiones por la expulsión de la actividad agrícola.

Mucho más atractivo sería que las fluctuaciones en los precios no se aceleraran por procesos especulativos, sino que disminuyeran, al tiempo que aumentaba el precio pagado al agricultor. Necesitamos las políticas. Una manera efectiva de promocionar estas medidas sería la internalización de los costes ambientales y sociales, que son por ahora ignorados. Nos explicamos. En el precio de los alimentos que consumimos en Cataluña falta incorporar costes asociados, por ejemplo, al impacto sobre el cambio climático del transporte; a la gestión y el tratamiento de las aguas, necesario debido al uso exorbitante de pesticidas e insecticidas; a la pérdida de biodiversidad y calidad del suelo asociada al modelo de agricultura intensiva; a las necesidades sociales derivadas de los desplazamientos rurales, etcétera. La internalización de estos costes haría mucho más rentables los productos de proximidad, adaptados al ecosistema donde se producen y producidos mediante una gestión ecológica (nos sorprenderíamos al encontrar más barato un litro de leche fresca y ecológica que el litro de leche brik de cualquier multinacional). A su vez, serían mucho menos importantes las economías de escala y el control de la distribución. De esta manera las inversiones especulativas financieras tendrían menos interés en el sector de la agricultura-distribución-consumo y se ayudaría a establecer un marco económico más razonable y estable.

Defendemos la necesidad de precios remuneradores (justos para el productor) para bienes tan importantes como los alimentos, pero no todo aumento en el precio es válido. Hoy por hoy, mientras la política sigue desaparecida y sin herramientas de intervención, el aumento de los precios no está guiado por un cambio en el modelo que favorezca al pequeño y mediano agricultor, sino que es acentuado por el mismo modelo que lo está llevando a que progresivamente abandone masivamente el ámbito rural. A nivel internacional y también en Cataluña, por supuesto, los gobiernos tienen ahora la oportunidad de apostar por estrategias de soberanía alimentaria, facilitando así que disminuyan las importaciones de manera permanente, de las que ni resbala ni gotea ningún beneficio para la pequeña agricultura de todo el planeta.

- Gustavo Duch Guillot es director de Veterinarios sin Fronteras y Miquel Ortega es coordinador de la comisión de deuda ecológica de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE).