Se ha desatado una nueva y peligrosa ofensiva para privatizar CODELCO. Sus protagonistas representan a los intereses extranjeros que se han apoderado de las riquezas mineras y arrinconado a la gran empresa de Chile. Ahora pretenden quedarse con ella.

Una vez más se mellarán los dientes. Sus intentos serán nuevamente rechazados por la abrumadora mayoría del país. Se acerca el día en que se recuperen las riquezas nacionalizadas por el Presidente Allende y CODELCO asuma plenamente el rol de liderazgo a que está llamado a nivel mundial, en el interés de todos los chilenos. Esto no da para más.

El Mercurio, cuyo dueño conspiró con una potencia extranjera para derrocar al gobierno democrático de Chile, ha publicado con gran alharaca un llamamiento a convertir CODELCO en una sociedad anónima y venderla a capitales privados. Casi todos los firmantes trabajan o reciben regularmente donaciones de los grandes mineros conglomerados privados, en su mayor parte extranjeros.

Se trata del mismo reducido grupo de tecnócratas que han venido dirigiendo la política minera de los gobiernos de la Concertación. Su enorme influencia ciertamente no se puede atribuir sólo a sus habilidades asesoras. Lo que ocurre hoy con la minería y CODELCO es responsabilidad, en primer lugar, precisamente de este grupo. Los resultados de su accionar han sido y siguen siendo extraordinariamente nocivos para el país.

Durante los años 1990, la carrera desatada entre las principales mineras por controlar el cobre chileno que se les ofrecían sin cobro alguno, significó una sobreproducción tal que derrumbó el precio mundial a lo largo de varios años. Ello acarreó elevadísimas pérdidas a CODELCO y al Fisco. Sólo terminó cuando consideraron que su posición estaba consolidada en Chile y, junto a CODELCO, ajustaron su oferta a la demanda mundial.

Operaron a lo largo de una década sin pagar impuestos, con una sola excepción significativa. Cuando la indignación nacional obligó al gobierno a introducir un tímido cobro por los recursos, lograron acomodar la ley de modo que aquellas empresas que más habían eludido impuestos vieron en la práctica reducida su tasa global en el momento en que el precio del cobre empezó a repuntar.

Un reciente estudio de CENDA presentado en un seminario de la ONU1 2, muestra que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que ya controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganaron otro tanto.

Se comprueba que los subproductos pagan todos los costos. El producto de la venta de cobre se traduce íntegramente en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras. Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas.

Estos resultados ameritan una explicación al país. El propio Director del SII ha confirmado las dudas acerca de los estados financieros publicados por las mineras privadas, declarado que van a ser investigadas, puesto que no se comprende que hayan reducido el pago de impuestos el 2007, al mismo tiempo que el precio del cobre ha alcanzado precios récord.

El estudio estima que la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas - supone que deberían aportar lo mismo que CODELCO en proporción a sus exportaciones respectivas - permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos.

Estos inmensos recursos que pertenecen a todos los chilenos son apropiados por las principales competidoras de CODELCO. La mayor de ellas, los está utilizando para consolidar su monopolio global. En el mercado del cobre, ello redunda en perjuicio de CODELCO. Sin embargo, alcanza también el mercado del hierro, donde afecta a una empresa del Brasil, aliado estratégico de Chile. Esto resulta incompresible desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Al mismo tiempo que financiaban la expansión de sus competidoras mediante el regalo de los minerales chilenos, la política gubernamental inspirada por este grupo ahogaba a CODELCO. Le negaron sistemáticamente recursos de inversión, forzándola a endeudarse y asociarse en condiciones perjudiciales, como en el caso de la mina Gaby. Impidieron su expansión a nivel nacional y global, con el resultado de perder posición relativa. Hoy denuncian esta situación creada por ellos mismos. Como solución, proponen someterla a una nueva "reestructuración," convertirla en sociedad anónima y privatizarla.

Lo que necesita el país es precisamente lo contrario. En primer lugar, terminar con la entrega gratuita de nuestras riquezas minerales. Así lo han venido haciendo la mayor parte de los países ricos en minerales, especialmente a lo largo de los últimos años. Esto es urgente, para aprovechar el actual ciclo alcista que no va a ser eterno.

En segundo lugar, CODELCO debe transformarse en la gran empresa transnacional de Chile - tal como afirman los firmantes del documento. Sin embargo, la condición de ello no es privatizarla, sino precisamente lo contrario. Es decir, manteniendo su carácter estatal que protege su condición de empresa pública, liberarla de las trabas que le impone la política privatizadora encubierta que se ha mantenido hasta el momento.

Una política definida exactamente sobre estas bases ha permitido, por ejemplo, a Noruega, capturar la totalidad de la renta de sus riquezas minerales y lograr que su pueblo alcance el más alto nivel de desarrollo humano a nivel mundial

Todo ello requiere en primer lugar liberar a la política minera chilena y a CODELCO de la tutela de este grupo de lobbystas de intereses extranjeros.

Notas

1 Ver UNRISD "Taller acerca de políticas sociales en países ricos en minerales." Ginebra, Abril 2008. Disponible en www.cendachile.cl

2 Ver CENDA, "Acerca de Rentas Mineras y Desarrollo Social en Chile". Disponible en www.cendachile.cl

3 Dada la gravedad de estas conclusiones, CENDA ha enviando la investigación a las autoridades del gobierno y a las empresas, solicitando que revisen los cálculos y, de comprobarse las conclusiones, que demanden y entreguen las explicaciones que corresponde, en el caso de las autoridades y empresas interpeladas, respectivamente.

- Manuel Riesco Larrarín es economista. Director del Cenda. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
http://www.cronicadigital.cl