Paro nacional de la educación: los desafíos de la hora presente
15/06/2008
- Opinión
El Paro Nacional del Colegio de Profesores viene a sumar (enhorabuena), a las sucesivas manifestaciones estudiantiles desatadas a lo largo y ancho del país. La razón esgrimida, es el rechazo a la Ley General de la Educación (LGE), que fue ingresada al Congreso y espera su pronta aprobación.
En este escenario se conjugan dos problemas: uno, que después de las movilizaciones estudiantiles del 2006, que impusieron en la agenda pública la crisis de la educación, como un problema estructural, apuntando su crítica a los pilares del actual sistema (LOCE, municipalización, calidad, equidad, rol de los sostenedores, etc), el gobierno no puede pretender que el tema se resuelva por la vía legislativa, reformando la ley. Pedir al profesorado, y en particular a los estudiantes, confiar en una LGE, que ha recibido más de 100 indicaciones de parte de los propios parlamentarios oficialistas, es una apelación casi desesperada. El problema es político y no legal.
En segundo lugar, al instalar en la agenda pública el tema de la calidad de la educación (porque esa no era una prioridad declarada por el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet), los estudiantes lograron sensibilizar a los más amplios sectores de la ciudadanía. Incluso los medios de comunicación, tuvieron que rendirse ante una movilización dinámica, activa, original, flexible, debiendo incorporar en su pauta diaria y columnas de reflexión, las demandas estudiantiles, más allá de aludir únicamente a los mecanismos de protesta. Es usual la descalificación a las marchas, destrozos, acciones de grupos minoritarios, que son relevadas a objeto de descalificar cualquier movimiento ciudadano. Los estudiantes en suma fueron quienes ciudadanizaron los problemas de la educación chilena, más allá de los ajustes legales, indicadores de producción varios y estándares de desempeño, con que opera la real politik. Sacaron la educación del debate de “honorables” entre cuatro paredes al espacio público. Por ende hoy, es un tema de interés político.
Entonces, si el problema es político, entendido esto como el ámbito donde se debaten y resuelven los temas de interés público, el gobierno no puede apelar únicamente a la confianza en las instituciones, en los marcos regulatorios, ni en el rol de los parlamentarios. Es contra esa forma de hacer política que se rebelaron los secundarios el 2006. Es contra esa política intramuros, que no incluye la voz de los actores sociales comprometidos y que ha hecho de la política un ejercicio altamente tecnificado, donde no se distinguen sino matices entre las visiones de las dos alianzas representadas en el Congreso, que se levantaron las voces de los ‘hijos de la democracia’ hace dos años. Son ellos quienes se sienten pasados a llevar por el celebrado acuerdo entre la Concertación y la Alianza. Son ellos los que están dispuestos a arremeter de nuevo, poniendo los pelos de punta de los sostenedores, los que incluso han hecho circular en algunas corporaciones, instructivos para evitar paros y tomas de sus establecimientos.
La Ministra de Educación no contribuye a resolver el problema, cuando culpa a los profesores por los malos resultados en el SIMCE, responsabilizándolos de paso por la cuestionable calidad de la educación chilena. Esas frases, no solo son desafortunadas, sino que derechamente son una muestra de la falta de autocrítica que tienen quienes han dirigido el actual sistema educativo. Claramente no dimensionan la complejidad del problema.
El desafío entonces para estudiantes y profesores es sostener el debate político en torno a la educación en el tiempo. Las demandas están legitimadas socialmente, por lo tanto lo que cabe es apuntar a transformar los pilares del actual sistema educacional. La jornada de paro nacional, no puede ser sino un escalón en la larga tarea por reformar por completo el sistema educativo. El debate sobre la educación, no puede ser ni entre cuatro paredes, ni tampoco marginal. Debe ser un debate público. No puede limitarse a una modificación legal.
El gobierno tiene la oportunidad, retirando el proyecto de ley, de reponer la discusión, sumar otros actores y además romper el cordón umbilical que en este acuerdo tiene con la derecha.
- Alexis Meza Sánchez es Profesor de Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Arena Pública, Plataforma de Opinión Pública de Universidad Arcis
Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
http://www.cronicadigital.cl
En este escenario se conjugan dos problemas: uno, que después de las movilizaciones estudiantiles del 2006, que impusieron en la agenda pública la crisis de la educación, como un problema estructural, apuntando su crítica a los pilares del actual sistema (LOCE, municipalización, calidad, equidad, rol de los sostenedores, etc), el gobierno no puede pretender que el tema se resuelva por la vía legislativa, reformando la ley. Pedir al profesorado, y en particular a los estudiantes, confiar en una LGE, que ha recibido más de 100 indicaciones de parte de los propios parlamentarios oficialistas, es una apelación casi desesperada. El problema es político y no legal.
En segundo lugar, al instalar en la agenda pública el tema de la calidad de la educación (porque esa no era una prioridad declarada por el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet), los estudiantes lograron sensibilizar a los más amplios sectores de la ciudadanía. Incluso los medios de comunicación, tuvieron que rendirse ante una movilización dinámica, activa, original, flexible, debiendo incorporar en su pauta diaria y columnas de reflexión, las demandas estudiantiles, más allá de aludir únicamente a los mecanismos de protesta. Es usual la descalificación a las marchas, destrozos, acciones de grupos minoritarios, que son relevadas a objeto de descalificar cualquier movimiento ciudadano. Los estudiantes en suma fueron quienes ciudadanizaron los problemas de la educación chilena, más allá de los ajustes legales, indicadores de producción varios y estándares de desempeño, con que opera la real politik. Sacaron la educación del debate de “honorables” entre cuatro paredes al espacio público. Por ende hoy, es un tema de interés político.
Entonces, si el problema es político, entendido esto como el ámbito donde se debaten y resuelven los temas de interés público, el gobierno no puede apelar únicamente a la confianza en las instituciones, en los marcos regulatorios, ni en el rol de los parlamentarios. Es contra esa forma de hacer política que se rebelaron los secundarios el 2006. Es contra esa política intramuros, que no incluye la voz de los actores sociales comprometidos y que ha hecho de la política un ejercicio altamente tecnificado, donde no se distinguen sino matices entre las visiones de las dos alianzas representadas en el Congreso, que se levantaron las voces de los ‘hijos de la democracia’ hace dos años. Son ellos quienes se sienten pasados a llevar por el celebrado acuerdo entre la Concertación y la Alianza. Son ellos los que están dispuestos a arremeter de nuevo, poniendo los pelos de punta de los sostenedores, los que incluso han hecho circular en algunas corporaciones, instructivos para evitar paros y tomas de sus establecimientos.
La Ministra de Educación no contribuye a resolver el problema, cuando culpa a los profesores por los malos resultados en el SIMCE, responsabilizándolos de paso por la cuestionable calidad de la educación chilena. Esas frases, no solo son desafortunadas, sino que derechamente son una muestra de la falta de autocrítica que tienen quienes han dirigido el actual sistema educativo. Claramente no dimensionan la complejidad del problema.
El desafío entonces para estudiantes y profesores es sostener el debate político en torno a la educación en el tiempo. Las demandas están legitimadas socialmente, por lo tanto lo que cabe es apuntar a transformar los pilares del actual sistema educacional. La jornada de paro nacional, no puede ser sino un escalón en la larga tarea por reformar por completo el sistema educativo. El debate sobre la educación, no puede ser ni entre cuatro paredes, ni tampoco marginal. Debe ser un debate público. No puede limitarse a una modificación legal.
El gobierno tiene la oportunidad, retirando el proyecto de ley, de reponer la discusión, sumar otros actores y además romper el cordón umbilical que en este acuerdo tiene con la derecha.
- Alexis Meza Sánchez es Profesor de Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Arena Pública, Plataforma de Opinión Pública de Universidad Arcis
Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
http://www.cronicadigital.cl
https://www.alainet.org/en/node/128165
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