Han transcurrido aproximadamente dos años del llamado movimiento de los pingüinos, estudiantes secundarios cuyas manifestaciones abrieron un amplio debate sobre la precariedad de la educación básica y media en Chile. No debe sorprender que los estudiantes hayan vuelto a las calles y a las movilizaciones, y que las reivindicaciones planteadas por éstos vuelvan y sigan siendo el lucro, la Ley General de Educación, la calidad de la enseñanza, la Jornada Escolar Completa, la tarifa escolar, entre otros. Todo lo anterior, a pesar de la instalación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación -anunciada pomposamente por la Sra. Bachelet- que debió haber generado las propuestas adecuadas, pero que sólo sirvió para poner freno al movimiento estudiantil y no superar las grandes lacras del sistema educacional: financiamiento, calidad y equidad.

Es importante no olvidar que uno de los problemas importantes que enfrenta la institucionalidad educacional chilena es el sesgo que favorece el reemplazo de colegios públicos por privados, lo que se ha traducido en el desmantelamiento progresivo de los primeros, sin que los segundos los suplan con resultados de calidad adecuada y cobertura equitativa. Por su parte, las reformas anunciadas y el acuerdo educacional marco entre el Gobierno y la Derecha no han logrado revertir esta situación. Como se sabe, el sistema educacional público fue construido durante más o menos un siglo por gobiernos de todos los signos políticos y fue un factor clave en el progreso y transformación social que experimentó el país en la segunda parte del siglo XX. Durante la dictadura militar 1973/1990, fue sometido a un severo desmantelamiento, el cual sólo se ha agudizado durante los gobiernos de la Concertación.

Un de los factores que ha contribuido a esta situación es el mecanismo de financiamiento que se utiliza, el que, vía subvenciones por alumno, no hace ninguna distinción entre colegios públicos y particulares subvencionados, contribuyendo a concentrar más recursos en los colegios particulares subvencionados que terminan siendo más competitivos, captando más matrícula y, por lo tanto, disfrutando crecientemente de los beneficios que les otorga el Estado, a pesar de que el norte final de estos colegios es el lucro de sus sostenedores. Es decir, en parte importante, los recursos públicos para educación han terminado simplemente contribuyendo a sostener las tasas de ganancias del capital invertido en la educación.

Nada de lo anterior sería relevante si efectivamente estas significativas transformaciones hubiesen mejorado la calidad de la educación chilena. No obstante, según la prueba internacional TIMSS 2003, aplicada a octavos básicos, en matemáticas Chile promedio 387, 5 puntos menos que la vez anterior y muy por debajo del promedio internacional de 467. Sólo superamos a países como Filipinas, Botswana, Arabia Saudita, Ghana y Sudáfrica. En Ciencias Chile obtuvo 413 puntos, 7 puntos menos que en 1999, mientras que el promedio internacional fue de 474. Sólo superamos a Túnez, Arabia Saudita, Marruecos, El Líbano, Filipinas, Botswana, Ghana y Sudáfrica. De esta medición internacional, a partir de los magros resultados Chile decidió retirarse.

Estas transformaciones, tampoco han contribuido a mejorar las desigualdades y no han contribuido en nada a ser un mecanismo de ascenso social. El diagnóstico en cuanto a la equidad es tan malo o pero que en materia de calidad.

Esto mismo es posible observar en relación a los resultados de la Prueba de Selección Universitaria, por ejemplo, en los resultados del 2007, solo un 1% de los hijos de las familias de menos recursos superaron los 700 puntos, mientras que en los hijos de familias de altos ingresos ese porcentaje llega al 16%. Estas cifran demuestran que los pobres en su condición de exclusión reciben una educación muy deficiente, lo que no ocurre con los estudiantes de altos ingresos. De allí que el sistema de selección universitaria no sea más que el reflejo de la realidad social del país, razón por la cual, en la última propuesta entregada por los secundarios al Ministerio de Educación en diciembre pasado, se planteó su eliminación definitiva y su reemplazo por un mecanismo que considere sistemas de bachillerato humanista y científico.

En esa misma y errada dirección se pueden considerar a otros mecanismos como el aporte fiscal indirecto (AFI) que resulta hoy una medida de política pública regresiva, ya que bajo el supuesto de favorecer la excelencia académica, premia a aquellas instituciones de educación superior que acogen a los alumnos de los estratos socioeconómicos más altos, que son aquellos que obtuvieron mejores resultados en la PSU y que provienen, a la vez, de los colegios privados que muestran históricamente los mejores resultados en la prueba SIMCE. Un círculo vicioso que lleva más de 30 años sin romperse, heredado de la dictadura y que la Concertación ha ratificado. Basta recordar las demandas de los secundarios de la segunda mitad de los años ochenta que no eran ni más ni menos que las mismas del día 24 de abril pasado, cuando nuevamente los estudiantes salieron a la calle en distintas ciudades del país y recibieron la acostumbrada represión policial.

Una explicación del problema viene por la importancia de la educación pública respecto a la privada. Es más o menos sabido que la educación privada no está orientada a convertirse en un instrumento de justicia social y ascenso. Los países de alto desarrollo mantienen niveles significativos de educación pública como porcentaje de la riqueza nacional, mientras que en Chile, la importancia de la educación privada es casi la misma que la pública.

Obviamente, esto nos permite colegir una directa relación entre educación pública y desarrollo de los pueblos. Esto es así por la simple razón de que los criterios de acceso a la educación de calidad en dichos países, no son las categorías socioeconómicas, sino el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del capital humano. Además del factor justicia social, está el factor desarrollo, es decir, cuando los pueblos se quieren desarrollar deben necesariamente integrar a toda la sociedad y mejorar sus capacidades productivas y profesionales. Cuando se antepone el lucro como razón de ser de la educación, el fin de alcanzar mejores estándares de desarrollo queda postergado irremediablemente. Esto, los economistas lo deberían saber muy bien, ya que los recursos son escasos y no es posible -en la mayoría de los casos- asegurar lucro y calidad, lucro y justicia social, lucro y desarrollo. Normalmente se debe optar y cuando los pueblos están demasiado afectados por las asimetrías de poder a favor de las elites y oligarquías, tiende a privilegiarse el lucro por sobre cualquier otra meta social. Este es el caso de Chile.

En nuestro país, se gastan aproximadamente -según el Ministerio de Educación- unos 150 mil pesos mensuales promedio por alumno en la educación privada, en donde estudia no más del 8% de los estudiantes, mientras que el gasto por alumno en el sector público asciende a no más de 30 mil pesos mensuales. Es decir, existe una diferencia gigantesca de 5 veces más o menos entre la inversión por alumno en el sector público versus la inversión por alumno en el sector privado. El 90% de los niños chilenos tiene acceso a una pésima calidad de la educación que recibe.

Para efectos de empatar o tender a cierto equilibrio, se requerirían unos 60 mil pesos mensuales de inversión por alumno en el mundo de la educación pública, para alcanzar el rango mínimo de aranceles privados de 90 mil pesos al mes para los 3 millones 294 mil estudiantes del sistema público y/o subvencionado.

La respuesta que siempre da la autoridad es que Chile es un país pobre que no se puede permitir este tipo de lujos. En consecuencia no hay que esperar sino los frutos del crecimiento económico. Sin embargo, esta mayor inversión significaría anualmente la suma de 3.500 millones de dólares adicionales, lo que constituye una cifra menor respecto a la riqueza disponible en Chile, no sólo desde la perspectiva de las utilidades de la banca, el capital de los grupos económicos y las considerables ganancias de las sociedades anónimas, sino también, desde la perspectiva de nuestra riqueza en recursos naturales cuyo uso y explotación, en Chile, es de exclusivo beneficio del capital privado nacional y trasnacional. La aplicación de royalties al uso de recurso críticos como el cobre, el agua, los recursos forestales que las grandes empresas explotan casi gratuitamente, dejaría un excedente superior a los 8 mil millones de dólares anuales. En consecuencia, dada la dotación de recursos naturales disponibles, Chile podría perfectamente disponer de los recursos financieros necesarios para realizar una reforma educacional que modifique sustantivamente las asimetrías en calidad, equidad y financiamiento que muestra el sistema educacional chileno.

Cabe recordar que dichos recursos pertenecen a Chile y el cobro por el uso de estos recursos es una cuestión exclusiva de equidad mercantil, en donde se supone que los que aportan cierto capital -en este caso Chile y sus recursos- deben ser remunerados en el aporte económico que dicho capital genera. Los recursos naturales en Chile y su valor económico, representan aproximadamente un tercio del valor de venta de esos sectores productivos; sin embargo, dado el poder del capital y el desequilibrio político que hoy exhibe nuestro país, esos valores económicos se orientan a engrosar las utilidades del capital, en vez de reasignarse al desarrollo del país. Esto es lo que hicieron países como Noruega, Finlandia y otros países de la OCDE que lograron estándares mayores de desarrollo y eso es lo que Chile no puede hacer, puesto que sus gobiernos son prisioneros del poder político y económico de la oligarquía.

El desarrollo de los pueblos es una cuestión de orden político y no técnico y éste desarrollo requiere fuertes inversiones, no es gratis. Los pueblos que han alcanzado el desarrollo han invertido importantes recursos en esa meta política. En Chile, la opción es una economía basada fundamentalmente en exportar recursos naturales cuya renta es apropiada por el capital, en donde la formación del capital humano es contraria al tipo de ordenamiento económico que se ha instalado, dado que personas bien educadas no sólo se convertirían en ciudadanos críticos y autónomos, sino que también implicaría aumentar los niveles salariales, lo que significaría reducir la rentabilidad del capital.

La crisis de la educación en Chile, no es fruto de un país que no dispone de los recursos financieros necesarios, sino más bien, de una oligarquía que teniendo férreamente los puestos de comando y control, no está dispuesta a transar, ni en medida menor, la repartición del excedente productivo que es el resultado del trabajo colectivo de los chilenos, pero que es apropiado por las elites, gracias al poder incontrarrestable que ésta exhibe en el espacio socioeconómico y político del país.


- Marcel Claude es economista, Director de Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS.