Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que falta identificar de la masacre de Bagua, entre policías, bagüinos y Awajun Wampis, expresan no solo el ingreso a una fase dictatorial en el Perú, sino también la agravación de un antiguo proceso de etnocidio permitido y promovido desde el Estado. Hace mucho tiempo que transcurre impune una compleja ofensiva ideológica, jurídica, política y represiva, de carácter racista, privatista, neoliberal contra los pueblos indígenas /originarios /campesinos, amazónicos, andinos y costeños, con el respaldo cómplice de los gremios empresariales, la mayoría de medios de comunicación  y los partidos del Apra, Unidad Nacional y el fujimorismo, y hasta del toledismo y belaundismo que conciliaron con esos procesos.

La ofensiva se expresa en más de 33 millones de hectáreas amazónicas subastadas a petroleras; más de 3000 comunidades andinas con denuncios mineros superpuestos a sus territorios; los ínfimos empleos y miserables impuestos que pagan dichas empresas; impunidad de la depredación y contaminación de las industrias extractivas; negativa estatal a la titulación de 250 comunidades amazónicas, ampliación de títulos de centenares de comunidades en crisis por el crecimiento poblacional y de establecer reservas territoriales a pueblos en aislamiento voluntario;  y la presión de Cofopri, entidad a la que se ha encargado el saneamiento de los títulos, para fragmentar y privatizar los títulos comunitarios y abrir el “mercado de tierras” reclamado por la derecha neoliberal.

La fiebre apresurada por los TLC, iniciada por el entreguista “Sí o Sí” de Toledo frente a los Estados Unidos y seguido por todos los partidos tradicionales, expresa la desesperación por colocar varios candados jurídicos a esta literal invasión y saqueo de la madre tierra y la consiguiente exclusión y destrucción social de los pueblos originarios. Bajo dicho TLC se imponen 102 decretos en junio del 2008 con el silencio del Congreso, lo cual configura un auténtico autogolpe legislativo. Varios de esos decretos (1090, 1064, 1020, 1089, 1081, 1083, 1080 y otros) están dirigidos a precarizar, fragilizar, fragmentar y privatizar los territorios indígenas como propiedades de “segunda clase” y facilitar su invasión por capitales extractivistas. La justificación ideológica fue expuesta en los artículos del Perro del Hortelano, donde dichos pueblos son acusados de “demagogia” en sus identidades culturales; del “error histórico” de entregar tierra a pobres sin productividad alguna y por tanto son condenados a  ser parte del “pasado” por el propio presidente de la República. Una clara y violenta sentencia social: están fuera del futuro del Perú y eso es racismo institucionalizado desde el Estado.

Todo lo anterior significa políticas públicas que dificultan, agreden y violentan las condiciones sociales necesarias para la reproducción social y cultural de los pueblos originarios. Si esa prédica y políticas continúan, aumentarán los indicadores de mortalidad, morbilidad, analfabetismo, migración, contaminación tóxica degenerativa, y en especial los conflictos socio-ambientales-culturales, acumulando más enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, heridos, mutilados, encarcelados y persecuciones. Esto se llama políticas estatales que permiten el etnocidio respaldadas por el racismo del partido Aprista, Unidad Nacional y fujimorista.

Para detener estas agresiones múltiples, es urgente, aunque ya insuficiente, la derogatoria del DL 1090. El gobierno sigue agravando los problemas. La soberbia de imponer a sangre y fuego la incoherente “suspensión” de ese decreto demuestra que hace parte de una ofensiva capitalista mucho más amplia, frente a la cual es indispensable levantar alternativas mas profundas también. No hay garantías para los territorios indígenas y ellas deben ser instaladas plenamente. Esa agresión social debe ser detenida, porque seguirá agravando una innecesaria conflictividad y violencia social. La amplitud y profundidad del etnocidio hacen necesarias entre otras medidas las siguientes:

·         Derogatoria de los decretos pro TLC anti indígenas (994, 995, 1090, 1064, 1020, 1089, 1081, 1075, 1083, 1080 y otros) y los de criminalización del ejercicio de derechos indígenas y populares (982, 983, 988, 989).

·         Ayudar a cerrar las heridas del pueblo Awajun y Wampis, suspendiendo las agresiones de la minera Dorato y petrolera Hocol sobre sus territorios, y estableciendo una Comisión de Paz y de la Verdad internacional, para identificar a desaparecidos, liberar a los detenidos “secuestrados”, atender la salud de los heridos y detener los rastrillajes en las comunidades amazónicas.

·         Consolidación de la propiedad territorial indígena, cuyos títulos están mutilados en más de la mitad, en las partes forestales relegadas a contratos de cesión de uso. Debe atenderse el reclamo de hace 30 años para que sean incorporadas las áreas forestales como parte plena de los títulos territoriales.

·         Amnistía para Alberto Pizango, dirigentes de AIDESEP y los más de 1000 líderes de comunidades amazónicas y andinas perseguidos por defender la madre tierra, los territorios y los derechos sociales y culturales.

·         Titulación de más de 250 nuevas comunidades, más de 300 ampliaciones y reservas territoriales (pueblos en aislamiento). No basta con colocarlo en un acta o norma. Falta voluntad política, presupuesto suficiente y encargar su ejecución a otra entidad distinta del “privatizador” Cofopri.

·         Culminar el saneamiento territorial como condición previa a cualquier inversión, proyecto o propuesta estatal de negocios amazónicos, en especial de concesiones a negocios forestales, agrocombustibles, mineros, petroleros u otros.

·         Establecimiento como ley nacional, vinculante y de fuerza coactiva, de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, tal como lo ha efectuado Bolivia.

·         Transversalización legislativa, del Convenio Nº 169-OIT (DL 26253) y la Declaración de la ONU, para adecuar a estos tratados internacionales de derechos humanos, las leyes orgánicas de recursos naturales, agua, energía, minería, hidrocarburos, forestal, educación, salud, justicia, entre otras.

·         Presentación de denuncias sobre etnocidio estatal en el Perú ante la Organización Internacional del Trabajo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Erradicación de la Discriminación Racial de la ONU, algunas ya iniciadas por la CAOI con las pruebas del “Perro del Hortelano”.

Si se dan o no las condiciones en el Congreso para ofrecer garantías como las señaladas, es un tema de coyuntura y correlación de fuerzas políticas cambiantes. Si las soluciones demoran meses o años, dependerá de la opinión y acción nacionales, pero eso no cambia los vacíos y exclusiones sociales que deben ser resueltos. La excesiva sangre que se ha derramado, incluida la de los policías de la estación 6 abandonados a su suerte por el gobierno cuando ordenó el desalojo de Bagua, se suma a decenas y cientos de años de desprecio, indiferencia, engaño, humillación, corrupción sufridos por los pueblos originarios por parte del estado y los  partidos “sistémicos”. No es solo desconfianza histórica, ahora es una herida más profunda de violencia estatal.

Superemos las fracturas, incoherencias y fracasos de imponer un Estado Uni-Nacional y un modelo capitalista de mercantilización de la Vida y avancemos en la transformación hacia un estado Pluri-Nacional y una sociedad del Vivir Bien (no del “vivir mejor”). Unidad en la Diversidad sin exclusión, racismo y etnocidio. Es indispensable hacer posible esta nueva reparación histórica en el Perú del 2009 y que se suma a las que dejó pendientes el Informe de la Comisión de la Verdad entre 1980-2000. Dos procesos históricos, dos matanzas, dos lecciones, dos oportunidades perdidas, y ojalá que en la futura repetición de esta historia anunciada, podamos ver otro desenlace. El próximo paro nacional del 7, 8,9 julio del 2009 busca abrir caminos en esa dirección; todos estamos convocados y los haremos posible con el aporte de la solidaridad nacional e internacional.

- Roberto Espinoza, Coordinador Técnico  de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI