I.  Cuando algunos reclaman un diálogo abierto entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea con participación de la “sociedad civil” hay que comenzar por interrogarse sobre quién es el verdadero interlocutor del otro lado del Atlántico, es decir qué es realmente la Unión Europea y sobre todo su Comisión Europea, que tiene, de hecho y de derecho, el poder de decisión en los asuntos europeos.

La Comisión Europea no es otra cosa que la correa de transmisión de los intereses de las grandes sociedades transnacionales europeas.

Estas, agrupadas en la UNICE -Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- controlan estrechamente a la Comisión Europea y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la Comisión.

Pero un grupo más restringido de grandes transnacionales europeas, la Mesa Redonda de los Industriales Europeos – European Round Table- ERT (entre ellas Volvo, Olivetti, Siemens y Unilever) trabaja prácticamente en equipo con la Comisión Europea y, entre otras cosas, están llevando a término el despojo del patrimonio público de los Estados europeos: el transporte, la energía, las telecomunicaciones, las comunicaciones electrónicas y los servicios públicos esenciales, que son progresivamente privatizados.

Sociedad civil

II.  Cabe preguntarse qué eco puede tener en un interlocutor europeo de esas características el reclamo de una verdadera participación de la sociedad civil en las discusiones para un acuerdo América Latina y el Caribe - Unión Europea cuando en el mismo continente europeo los grandes lineamientos de la política se deciden sin participación alguna de la «sociedad civil ».  Por lo menos tal como entienden el concepto de « sociedad civil » los que de buena fe reclaman su participación en el diálogo, es decir la participación de los ciudadanos comunes, de los trabajadores del campo y de la ciudad, de los profesionales, de las mujeres, los indígenas, etc.  y de sus organizaciones.  En una palabra, de los que sufrirán las consecuencias de los posibles acuerdos entre ALC y la Unión Europea..

Porque cuando se habla en las declaraciones oficiales de la participación de la sociedad civil, en realidad se está pensando en la participación –directa o indirecta – de las grandes empresas y no de los ciudadanos comunes.

III.  La Unión Europea ha celebrado y continúa negociando una serie de acuerdos regionales de asociación económica, llamados EPA por sus siglas en inglés, con países pobres.  Los EPA son convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonu, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y el Pacífico (ACP).  La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.

La UE sostiene que los EPA integrarán a los países ACP a la economía mundial, promoverán el desarrollo sostenible y contribuirán a la erradicación de la pobreza.

Pero la realidad es completamente diferente.

Dos organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y EcoNews Africa, de Kenia, señalaron en un informe que en países como Kenia la liberalización económica y comercial de los últimos años produjo situaciones extremas, incluyendo altos índices de criminalidad y de prostitución, deterioro de la educación e incluso suicidios y que el número de personas pobres aumentó de 11 a 17 millones, más de la mitad de la población keniana.

Tras las huellas de EE.UU.

IV.  El objetivo actual de la Unión Europea en América Latina y el Caribe es seguir las huellas que va dejando Estados Unidos.

La UE negocia con subregiones o país por país, como ha hecho Estados Unidos después de fracasar con el ALCA.

La UE se concentra en lo que puede ser el eslabón más débil en la región, Centroamérica, para obtener de ésta la colocación de sus productos, servicios y capitales prácticamente sin contrapartida, comprar en la región los productos primarios que necesitan a precios ínfimos y explotar al máximo el bajo costo de la mano de obra local.  Es lo que ya obtuvo Estados Unidos en dicha subregión con el CAFTA.
Y el otro caballo de Troya con que cuenta la UE en la región latinoamericana y caribeña son los tratados comerciales bilaterales que existen entre Estados de ALC y Estados europeos[1].

V.  No cabe esperar gran cosa de los Gobiernos de la región, que tienden a ceder ante las exigencias del gran capital transnacional, salvo muy raras excepciones.  Y todos ellos carecen de una legislación adecuada en materia de inversiones extranjeras tendente a proteger el interés nacional y los derechos de los pueblos.  Al contrario, todos tienen una legislación ultraliberal en esa materia.  Y prácticamente todos están atrapados en una red de tratados comerciales bilaterales.

Solidaridad

VI.  La respuesta de los pueblos de todos los continentes y países debe ser la lucha conjunta y solidaria contra el poder económico transnacional, de la que Enlazando Alternativas es un buen, aunque modesto, comienzo.

Quizás esa estrategia vaya adquiriendo envergadura si cunde el ejemplo de los sindicatos franceses de Renault, que se solidarizan con los trabajadores de Renault en Rumania, en huelga por mejores salarios.  En marzo de 2008 los trabajadores de la fábrica de automóviles Dacia en Rumania, que es una filial de la transnacional francesa Renault, se declararon en huelga reclamando un aumento de salarios del 50 por ciento sobre su salario actual, que oscila entre 200 y 285 euros mensuales, mientras sus colegas franceses perciben un salario de unos 2200 euros mensuales.

El 11 de abril, después de tres semanas de huelga, los trabajadores de DACIA lograron una importante victoria pues la empresa cedió y aceptó conceder un aumento de salarios del 35 por ciento.

La lucha de los trabajadores rumanos y la solidaridad de los trabajadores franceses es un esbozo de respuesta a la superexplotación creciente de los trabajadores de todo el mundo, basada en la estrategia de las transnacionales de hacer competir entre si a los trabajadores de distintos países y regiones.

Es decir oponer la solidaridad internacional a la competencia forzada entre los trabajadores impuesta por las sociedades transnacionales.

- Alejandro Teitelbaum, representante en Ginebra de la Asociación Americana de Juristas.