La captura el pasado 19 de junio de Fabio Orlando Acevedo Monsalve, conocido con el alias de don Fabio, uno de los más representativos miembros de la Corporación Democracia, que en Medellín llegó a agrupar a cerca de 4 mil desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, deja en el ambiente profundos interrogantes sobre la viabilidad de la apuesta política de esta organización y el éxito del proceso de reinserción colectiva en la ciudad.

El arresto de Acevedo Monsalve se produjo en desarrollo de la operación “Regalo de Dios”, con la cual las autoridades desarticularon una peligrosa estructura criminal dedicada a la extorsión y la fabricación, porte y distribución de estupefacientes, y que al parecer sería responsable de desplazamientos masivos, homicidios y hurtos en un amplio sector del nororiente de Medellín.

Al momento de su captura, el general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, manifestó que  alias don Fabio lideraba esta estructura criminal, a la que también se le vincula con la expropiación ilegal de lotes baldíos para luego venderlos en sectores marginales de la ciudad como Altos de Oriente, Santo Domingo Savio y Carpinelo, los mayores zonas receptores de población desplazada de la capital antioqueña.

Este hecho se suma a una larga lista de incidentes que involucran a altos dirigentes de esta organización no gubernamental, que van desde detenciones y condenas por parte de la justicia colombiana, señalamientos por parte de la Fiscalía, pedidos de extradición y arreglos con la justicia norteamericana, y la muerte violenta de varios de sus integrantes.

En definitiva, lo que puede observarse es que la justicia, tanto la nacional como la internacional, acorraló a la Corporación Democracia, y ahondó las dudas sobre el papel que realmente jugó como interlocutor legítimo de los reinsertados. Si bien su función inicial le significó un diálogo directo con autoridades municipales, departamentales, nacionales y extranjeras, en la actualidad los hechos delictivos a su alrededor la han venido minando paulatinamente. 

Proceso lleno de dificultades

La Corporación Democracia se erigió como el interlocutor de los reinsertados de las Auc en la capital antioqueña. Su papel fue refrendado por el llamado Acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y los reincorporados del Bloque Cacique de las Autodefensas Unidas de Colombia, firmado en el municipio de La Ceja, Antioquia, el 10 de diciembre de 2003.

El documento, firmado por Acevedo Monsalve y Jovani Marín, como miembros representantes de los desmovilizados, estableció que “El Gobierno nacional reconoce a la Organización No gubernamental denominada "Corporación Democracia" como la organización representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, con quien se mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación. El Gobierno nacional, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia diseñarán los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de reinserción”.

Gracias a su articulación con el programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno Municipal, estuvo presente en múltiples aspectos de la reinserción de los jóvenes que provenían de las estructuras de las Auc; esto le permitió, incluso, recibir varios millones de pesos a través de la contratación de diversas actividades tanto culturales como deportivas y de intervenciones sociales, en la pasada administración del alcalde Sergio Fajardo y en buena parte de la actual, en cabeza de Alonso Salazar.

A la par del empoderamiento de varios de sus integrantes como nuevos actores sociales, así como la conformación de pequeñas corporaciones integradas por desmovilizados en los barrios de Medellín dedicadas a labores comunitarias y al desarrollo de proyectos productivos, aumentaron también las denuncias de las comunidades sobre abusos y control social por parte de los reinsertados, hostigamiento a los líderes tradicionales, la connivencia con las actividades ilícitas y el manejo poco claro a los recursos obtenidos a través de la contratación con la Administración Municipal.

Dichas denuncias fueron consignadas en su momento por entidades como la Personería de Medellín en sus informes de los años 2005, 2006 y 2007. Asimismo, la Agencia de Prensa IPC conoció diversos casos al respecto que, en su momento, fueron denunciados públicamente.

En abril de este año, por ejemplo, esta Agencia documentó las quejas de los pobladores del barrio La Avanzada, parte alta de la Comuna 1, en las que vinculaban a Acevedo con 14 casos de desplazamientos masivos que tuvieron lugar en ese populoso sector de la ciudad en el mes de marzo.

Según las denuncias, una banda criminal integrada por desmovilizados de las Auc le dio orden perentoria de abandonar el barrio a estas familias para luego tomar posesión de los bienes. El líder de la banda, de acuerdo con los afectados, adelantaba “labores sociales” para la Corporación Democracia siguiendo las directrices de Acevedo, quien siempre estuvo al tanto de la comisión de estos hechos.

En el año 2007, la Agencia de Prensa IPC denunció cómo en la sede de esta corporación se dirimían conflictos relacionados con bienes tomados en el pasado por los paramilitares y en los que participaba directamente alias don Fabio. Uno de los casos conocidos es el de un hombre quien fue despojado de su propiedad en Manrique Oriental por los paramilitares. Para su entrega, Acevedo le pidió al propietario el 40% del valor del inmueble.

Alias don Fabio no ha sido el único requerido por la justicia para aclarar sus actividades ilegales. En febrero de este año, un juez de Medellín condenó a 22 años de prisión a Jonh William López, alias Memín, quizás uno de los principales prospectos políticos de la organización, toda vez que fue el único de los 14 desmovilizados que alcanzó un escaño para las Juntas Administradoras Locales (Jal) de la comuna 8 de Medellín. El Juez encontró culpable a López de los cargos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano y constreñimiento ilegal. A lo largo de la etapa de juicio, se registró el asesinato de cuatro testigos claves en su contra.

El día de su captura, el 16 de mayo del año 2008, La Corporación Democracia aseguró a través de un comunicado que López Echavarría “se encontraba adelantando una fecunda labor a favor de su comunidad, como lo atestigua el hecho de que recientemente fue elegido edil en la Jal, con una votación importante, que es un indicativo del respaldo ciudadano con que cuenta en la zona”. Y agregó que no se opone a la acción de la justicia; “sin embargo, con serenidad pero con firmeza, invitamos a los organismos competentes, para que las investigaciones se hagan con profundidad, sin hacer caso de rumores o consejas a las que son tan aficionados los enemigos de este proceso”.

En el ojo de la justicia

El pasado 15 de abril, la Fiscalía 14 Seccional de Bogotá señaló a la Corporación Democracia de ser “brazo político de la banda los Paisas, componente rural de la oficina de Envigado”. La sindicación la realizó el ente investigador durante la audiencia de legalización de captura de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los principales cabecillas de la llamada Oficina de Envigado, capturado 24 horas antes por miembros de la Dijin Bogotá.

La acusación generó malestar en Jovani Marín, quizás el único directivo que le queda a la Corporación, quien afirmó en su momento que todo obedecía a una campaña de desprestigio contra el trabajo que adelantaba dicha institución.

Y es que a Marín le ha tocado atender muchas hogueras encendidas alrededor de la Corporación que representa. En noviembre de 2007, confrontó al general Oscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional, quien afirmó que Carlos Mario Aguilar, más conocido con el alias de Rogelio y quien figura en el acta de conformación de la Corporación como vicepresidente, era el nuevo líder de la llamada Oficina de Envigado. Marín dijo en ese momento que las autoridades en el país “estaban siendo asaltadas en su buena fe con informaciones malintencionadas”.

El tiempo le terminó dando la razón al General Naranjo. Luego de su salida abrupta del país, ayudado por oficiales de la fuerza pública de Medellín, alias Rogelio huyó a Argentina, desde donde viajó a Estados Unidos para negociar su entrega a la justicia de ese país que lo juzgará por los cargos de conspiración para la importación y distribución de cocaína.

Pero quizás uno de los hechos que más suscitó escándalo en la opinión pública fue el asesinato, el 28 de julio de 2008, de Severo Antonio López, alias Job, otro de los fundadores de la Corporación y recordado por su famosa visita a la Casa de Nariño.

Si bien antes de su muerte no cursaban investigaciones en su contra, organismos de seguridad habían elaborado sendos informes en los que se advertía el poder criminal que había acumulado alias Job en varias comunas de Medellín y de cómo “se había convertido en un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios”.

Varios desmovilizados que fungían como promotores sociales en los barrios hoy se encuentran detenidos o han sido asesinados en medio de ajustes de cuentas, entre ellos uno de sus últimos gerentes, Ubaldo Antonio Ayala Arenas, asesinado el 12 de diciembre de 2008 en Medellín, junto a Ruby Liliana Suaza, quien laboró como abogada en esa organización.

En su conjunto, estos hechos han tenido un efecto directo tanto en las actividades desarrolladas por la Corporación como en el propio proceso de reinserción. Varios proyectos productivos emprendidos por las corporaciones barriales, como el proyecto agroecológico Granja La Fortaleza, ubicado en las laderas de la comuna 8, se cerraron o se encuentran paralizados. El distanciamiento entre esta organización y la Administración Municipal hoy día es evidente.

Entre algunos analistas la situación de la Corporación causa preocupación, pues como afirma Jesús Balbín, coordinador del proyecto de víctimas del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “siempre será provechoso para la democracia que existan movimientos sociales fuertes, de las más variadas tendencias, donde el debate sea en el plano de lo político”.

Las épocas en que sus voceros eran reconocidos como líderes de opinión parece ser asunto del pasado. Si bien diversos sectores de la sociedad reconocen los éxitos individuales del proceso de reinserción en Medellín, las evidencias muestran que el proyecto político planteado por las estructuras de las Auc desmovilizadas no logró proyectarse y todo indica que, en el caso de la Corporación Democracia, esta oportunidad se desaprovechó, pues sus voceros nunca tuvieron la claridad necesaria para constatar que la puerta hacia la ilegalidad había sido cerrada definitivamente.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia. www.ipc.org.co