La belleza natural de Costa Rica atrae a miles de turistas. Pero los esfuerzos del país por proteger esa belleza y captar los dólares del ecoturismo están poniendo en peligro a los ciudadanos más pobres del país.

Los costarricenses que viven a lo largo de la costa del Pacífico están siendo obligados a abandonar sus hogares para proteger los parques o para hacer espacio a hoteles y otros proyectos inmobiliarios. La legislación de Costa Rica permite al gobierno desalojar a personas que viven dentro de los 200 m de la costa. Esta ley está siendo usada para expulsar a comunidades pobres que viven ya sea en el camino hacia los complejos turísticos o dentro de populares reservas nacionales.

En el Refugio de Vida Silvestre de Ostional —espacio de 18 km en la costa norte donde los turistas acuden en masa a ver miles de tortugas desovar en la playa—, tres comunidades están siendo amenazadas con ser desalojadas por un fallo de la Corte Suprema bajo el argumento de que se protegerá el parque y a las tortugas que llegan allí a anidar. Pero antiguos residentes, como Olga Correa, se niegan a dejar sus casas.

Correa, de 42 años, ha vivido toda su vida a pocos pasos de Playa Pelada, una prístina playa en Ostional. Su difunto abuelo, pescador y agricultor, se instaló en la zona hace 63 años, mucho antes que fuera declarada parque nacional en 1983. Pero la familia Correa y muchas otras no tienen títulos de propiedad de los terrenos que han ocupado por décadas.

"Nos quieren echar como perros", dijo Correa, cocinera que tenía hasta hace poco un restaurante de pescado cerca de su casa. "Pero aquí es donde crecí, aquí es donde nacieron mis hijos, y aquí murieron mis padres".

Correa, una corpulenta mujer, trata de secarse las lágrimas antes de decir en voz baja: "Aquí me entierran, aquí en la playa".

El pánico y la rabia se han propagado en otras comunidades del refugio de vida silvestre y a lo largo de la costa costarricense, donde los pobladores —antiguos residentes que nunca compraron sus tierras— están siendo amenazados con el desalojo.

Estos pobladores han formado el Frente Nacional de Comunidades Costeras en Peligro de Extinción, que agrupa a unas 60 comunidades. El grupo estima que unas 50,000 familias en todo el país corren el peligro de perder sus casas. Encabezado por el abogado en derechos humanos Wilmar Matarrita, el frente ha propuesto una nueva legislación que permitiría a todas las familias permanecer en sus tierras.

"Todos tiene el derecho de poder tener un lugar en donde vivir", dijo Matarrita. "Ellos son gente pobre, gente humilde; no son precaristas [invasores]".

La ley protege un espacio de 200 m a lo largo de la cosa conocido como Zona Marítimo-Terrestre, aprobada en 1977 para proteger las playas del país. Declara los 50 m más cercanos al océano como sacrosantos, de propiedad pública, mientras que los otros 150 m pueden ser ocupados sólo con permisos especiales.

En la mayor parte del país, los gobiernos locales están a cargo de aplicar la ley. Uno de los más agresivos ha sido Alberto Cole, alcalde del municipio de Osa, un área exuberante en la costa sur del Pacífico. En mayo, Cole ordenó la demolición de la casa perteneciente a Estela Aguilar Corella, de 60 años, donde ésta había vivido la mayor parte de su vida. La cobertura periodística del caso de esta mujer que encontró su casa en escombros y todas sus pertenencias desaparecidas captó la atención del país. "Todos los utensilios de cocina, los muebles, cama, toda la ropa, todo desapareció, no quedó ni el zinc ni la madera de la casa", dijo Aguilar al diario El País.

Los negocios son primero

Al mismo tiempo, Cole ha estado promoviendo activamente el desarrollo turístico a lo largo de la costa. Ha sido duramente criticado por haber dado luz verde a grandes proyectos turísticos en la misma zona protegida a empresas como Las Ventanas de Oso, una conocida promotora inmobiliaria que se dedica a construir lujosos condominios y complejos ecoturísticos. Cole no respondió a un correo electrónico solicitando su comentario, pero declaró recientemente al Semanario Universidad que "el municipio está poniendo las cosas en orden y lamentablemente hay personas a quienes no les gusta eso, pero es mi obligación aplicar la ley".

Se han producido otras demoliciones a lo largo de la costa, lugares para practicar tabla y reservas de vida silvestre. El 21 de junio, residentes de la localidad de Punta Morales, en el Pacífico norte, se reunieron para asistir a una sombría misa en el mismo sitio donde su pequeña capilla había sido destruida por el gobierno. Nueve familias perdieron sus casas también.

Matarrita y el frente esperan poner freno a los desalojos y cambiar la forma como se están haciendo las cosas en la costa, al proponer una ley que otorga el derecho a todos los moradores con una antigüedad de cinco años a vivir en sus tierras y heredarlas a sus hijos, pero no venderlas. Esto daría a las comunidades costeñas el poder de tomar sus propias decisiones y la responsabilidad de proteger el medio ambiente. También limitaría los enormes proyectos turísticos.

Algunos políticos costarricenses han tomado nota del movimiento. El 21 de mayo, habitantes de toda la costa, incluyendo Correa, viajaron varias horas en embarcaciones, buses y camiones para presentar sus casos en San José. Una decena de legisladores se comprometieron a impulsar el proyecto de ley. Sin embargo, esos mismos políticos señalaron que por el momento era muy poco lo que podían hacer para detener los desalojos porque los gobiernos locales estaban simplemente aplicando la ley.

Y aunque Correa y su familia y cientos de otras personas que viven en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional tienen esperanzas en el proyecto de ley, todavía hay mucha incertidumbre en el futuro. El fallo de febrero de la Corte Suprema ordenó a todos los residentes abandonar la zona en un plazo de seis meses. Y aunque el tribunal hizo una excepción con las personas que vivían allí antes de 1983, cuando se creó el parque, muy pocos tienen documentos que lo demuestren.

Dilema político
El Ministerio del Ambiente y Energía es responsable por el desalojo del refugio, pero al mismo tiempo está reacio a hacerlo ante la creciente oposición. La entidad está esperando a sacar su propia legislación que permitiría que permanezcan en el lugar las personas que han vivido allí más de 10 años.

"Queremos proteger el refugio", dijo Laura Brenes, funcionaria del Ministerio del Ambiente y Energía. "Pero estamos tratando que salga la menos cantidad de gente porque es un impacto social".

Sentada en la puerta de su casa de ladrillos azul y blanca, Correa observa el área que la rodea. Detrás están las pequeñas casas de sus hijos. A través de las hojas de los árboles, puede ver las destartaladas casas de madera con pisos de tierra donde viven sus vecinos. Y adelante, el sonido de las olas.

"Es como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra", dijo.

Fuente:  Noticias Aliadas.  www.comunicacionesaliadas.org