La grotesca caricatura de una revolución impostada

Pablo Dávalos

25/07/2009

Opinión

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Quizá el mejor argumento que demuestra la esquizofrenia del discurso político de Alianza País y de Rafael Correa, sea el Decreto Ejecutivo No, 1780 en donde se expresa, entre otras perlas, lo siguiente: “Facúltese al señor Ministro de Gobierno para que, a nombre y representación del Gobierno Nacional de la República del Ecuador, celebre un contrato con las representantes de las misiones católicas … (para) trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socio-económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado”. (D.E. No. 1780, Registro Oficial 620, 12 de junio-09).

En el Artículo No. 1 de la Constitución Política del Ecuador que se aprobó en Montecristi y que fue votada en referéndum y apoyada con más de los dos tercios del electorado, se puede leer lo siguiente: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” El Decreto Ejecutivo No. 1780 de Rafael Correa, demuestra que el Ecuador no es un Estado laico. En realidad, este decreto lo convierte en un Estado confesional. La paradoja de la historia es que el Estado confesional que ha cedido la soberanía, los territorios y sus poblaciones a las tareas de la evangelización y encomienda, ha sido realizado por un gobierno que tiene toda la fama de ser de izquierda y que utiliza la retórica del socialismo del siglo XXI para legitimarse.

La Constitución de 2008 está allí pero demuestra que es un texto sin contexto. Un texto sin referentes. Puro simulacro y artilugio que sirve de baza al poder. Una acumulación de adjetivos sin mínimas posibilidades de existir fuera del espacio vacío de las palabras y las cosas. Entre el Decreto Ejecutivo 1780 y la Carta Constitucional media la razón del poder y esta razón no está precisamente en la Constitución, está en la iglesia, en el capital financiero, en la estructura de clases que no han cambiado un milímetro. Entre el texto del Decreto y la axiomática de la Constitución existe un espacio en donde el poder demuestra que la ley se acata pero no se cumple. El Decreto 1780 es el principio de realidad del poder. La Constitución de 2008 es la sombra en el espejo de los simulacros del poder.

Al Ecuador le costó una revolución, justamente la revolución liberal de fines del siglo XIX y de inicios del siglo XX, para separar la Iglesia del Estado. La Iglesia Católica nunca perdonaría semejante agravio a los líderes liberales y sería un actor clave para frenar los avances de la revolución liberal. Por una cruel paradoja de la historia, el gobierno de Rafael Correa ha utilizado la imagen del líder liberal Eloy Alfaro para legitimar su proceso de “revolución ciudadana”. Y es este gobierno que se asume liberal, socialista, progresista y patriótico, el que entrega a la Iglesia Católica la soberanía del Estado y la definición de políticas públicas en un decreto que recuerda al Concordato suscrito por el archiconservador y ultramontano gobierno de García Moreno en el último tercio del siglo XIX.

¿Cómo entender estas contradicciones? ¿De qué manera situar estas paradojas? ¿Qué razón esquizoide está emergiendo en esta dinámica política? La “revolución ciudadana” como se autodenominado el cambio político del partido de gobierno del Ecuador es un proceso conservador, involutivo políticamente, regresivo en materia de derechos, nefasto para vastos sectores populares, corrupto como pocos gobiernos en la historia reciente, y que continúa los procesos de privatización de los territorios pero que es visualizado como un proceso de cambios políticos importantes y orientados hacia la izquierda del espectro político. Hay, incluso, intelectuales progresistas en el ámbito internacional y nacional que se han sumado al coro que entona loas a este gobierno y lo consideran un importante avance democrático para la región. Pero el Decreto 1780 existe, es innegable, está allí constatando una realidad política que nada tiene que ver con la izquierda ni con los cambios que se pretenden de un gobierno de izquierda.

Cabe preguntarse, aquellos que han legitimado este gobierno y asumen que se están realizando cambios importantes, ¿cómo conciliarán la existencia de esta ley que preconiza la evangelización y la encomienda en pleno siglo XXI con sus argumentos de que es un gobierno de izquierda y progresista? ¿Quizá acudiendo a la lógica de Ubu Rey? ¿Quizá regresando a ver a otro lado y negándose a ver la realidad? Y, ¿cómo justificarán las organizaciones sociales que alguna vez adscribieron el proyecto político de Alianza País como un proyecto propio y que ahora demuestra su real intención? ¿Qué dirán las organizaciones indígenas del Ecuador que ingenuamente pensaban que luego de esta Constitución había que trabajar en las leyes secundarias para garantizar el cumplimiento de sus derechos? ¿Hasta cuando la razón esquizoide del populismo impostará los sueños emancipatorios? ¿Qué otras pruebas se necesitan para comprobar lo evidente, que Alianza País y Rafael Correa, no son ni han sido nunca parte de las esperanzas libertarias de nuestros pueblos?

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.

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