El movimiento indígena ecuatoriano, al menos en el formato por el cual es ahora conocido, emerge a la política contemporánea a partir del levantamiento indígena de mediados del año 1990. Este levantamiento continuaba una tradición de rebeliones, insurgencias y sublevaciones indígenas que provenían desde las épocas coloniales y que habían continuado también en la era republicana; sin embargo, el levantamiento de 1990 fue diferente a todos los demás porque por vez primera las organizaciones indígenas a sus tradicionales demandas de tierra y en contra de la opresión del sistema hacienda, incorporaron una categoría política novedosa para el sistema político y que se convertirá en el centro y la referencia en la construcción de su ontología política, esta categoría es el Estado Plurinacional. Ello los pone a discutir, cuestionar y debatir el centro y el núcleo duro de la constitución y conformación del Estado liberal moderno y de la democracia representativa, y por eso los indígenas pueden transformarse en sujetos políticos que interpelan y cuestionan al Estado liberal en sus fundamentos epistemológicos y ontológico-políticos. No se puede comprender su recorrido en la historia contemporánea del Ecuador sin referirse al Estado Plurinacional como el horizonte hacia el cual navega su proyecto político.

 La organización social que condensa tanto la estructura comunitaria que caracteriza a los pueblos y naciones indígenas, cuanto a su propuesta política de Estado Plurinacional es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, constituida a mediados de los años ochenta del siglo pasado. Si bien existen otras organizaciones indígenas nacionales como la FENOCIN, o la FEINE, es la CONAIE quien agrupa a la mayoría de organizaciones indígenas y quien tiene la voz cantante en el debate político. De grado o por fuerza de las circunstancias, las organizaciones sociales nacionales siempre han tenido que converger hacia la CONAIE.

 La estructura política organizativa interna de la CONAIE está atravesada, definida y conformada desde la visión del Estado Plurinacional. Si se quiere, la CONAIE es una expresión de su divisa de la Unidad en la Diversidad. La definen organizaciones territoriales por la división política del Estado (las provincias), pero también la conforman los pueblos y nacionalidades indígenas, precisamente, por su visión de plurinacionalidad. Se tratan de dos niveles de organización que se funden en uno solo.

 El fulcrum de su estructura organizativa son las comunidades y los centros indígenas. Es ahí en donde emerge el real poder de esta organización. Es desde ahí en donde se toman las decisiones más importantes. Ahí radica el núcleo de su democracia y de todas sus condiciones de posibilidad y, por supuesto, de su ontología política.

 La CONAIE es la expresión organizativa de tres grandes estructuras tanto territoriales como de pueblos y nacionalidades: aquella de los valles interandinos de la sierra ecuatoriana, y que se denomina Ecuarunari y, de hecho, es su más importante estructura organizativa; aquella que proviene de los territorios indígenas que fueron puestos en subasta por el gobierno de ese entonces por las derivas extractivas que lo caracterizaron. La CONAIE organizó varias marchas, levantamientos, y ejerció presión sobre las derivas extractivas y autoritarias del partido de gobierno. Pero se enfrentó a una construcción hegemónica relativamente novedosa en la cual el espacio de resistencia social creado por las organizaciones indígenas no podía establecer vasos comunicantes con la sociedad porque esta también estaba sometida al control y al espejismo del consumo por la vía del gasto público.

 El autismo de la revolución ciudadana impidió cualquier acercamiento o proceso de diálogo con la mayor organización social del país, porque la revolución ciudadana consideraba que hablar en igualdad de condiciones con la CONAIE ponía en riesgo su capacidad hegemónica y su dominación política. En este proyecto de construcción hegemónica, solo cabía un diálogo en una sola dirección y bajo condiciones de subordinación y sometimiento. Algo impensable para la organización indígena. A pesar de ello, al menos en los primeros años de la revolución ciudadana y cuando estaba en pleno proceso de estructuración su capacidad hegemónica, la CONAIE logró que muchos de sus puntos principales de su agenda política consten en la Constitución del año 2008, como el Estado Plurinacional, el agua como derecho humano, los derechos de la naturaleza y la transformación ontológica del régimen de desarrollo económico como régimen del Buen Vivir.

 La debacle del partido hasta ese entonces hegemónico Alianza País y el vacío político que se generó durante el régimen de Lenin Moreno en el periodo 2017-2021, permitió, entre otros aspectos, la reemergencia política del movimiento Pachakutik que logró nuevamente ganar importantes espacios de representación en los gobiernos territoriales y se convirtió en la tercera fuerza política más importante del país por el número de prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales ganadas en las elecciones del año 2016. En el giro neoliberal de Lenin Moreno, que se radicaliza en el año 2019, la CONAIE retoma su capacidad de veto y es la fuerza motriz de la mayor movilización social de las últimas décadas, aquella de octubre de 2019 y que dio al traste todo el programa de ajuste fiscal que el gobierno de Moreno había pactado con el FMI. En diciembre de ese año el FMI habría de recurrir al argumento de la “notificación errónea” para cancelar el acuerdo suscrito en marzo de 2019. En esa coyuntura, la CONAIE llamó al Parlamento de los Pueblos para construir un programa económico alternativo y para oponerse a la continuidad del ajuste y el neoliberalismo, al que denominó: Minga por la Vida.

 Sin embargo, el contexto mundial se altera radicalmente en el año 2020 con la crisis sanitaria derivada del Covid-19. La pandemia actúa como un vector externo a la globalización que la condiciona y la somete a una interrupción de sus circuitos mundiales de producción, comercio y consumo que son inéditos para el capitalismo. Para controlar el avance de la peste las sociedades tuvieron que acudir e imponer estrictos protocolos de salud pública de distanciamiento social, confinamiento y medidas obligatorias de prevención.

 El gobierno de Lenin Moreno, que había atravesado una dolorosa derrota ante la CONAIE en octubre de 2019, cuando tuvo que derogar los decretos neoliberales y tuvo que constatar que se hundían sus acuerdos con el FMI, vio en la peste una oportunidad para recuperar el espacio perdido ante las organizaciones indígenas. Existe ahí una historia que aún no ha sido contada y que tiene que ver la forma estratégica por la cual el gobierno de Lenin Moreno y sus aliados políticos se apalancaron en esa pandemia para imponer y radicalizar su agenda neoliberal. En efecto, el gobierno optó por crear un vacío institucional sobre la salud pública en las comunidades indígenas que provocó la expansión de la pandemia en los territorios indígenas, al mismo tiempo que el Estado evacuaba de esos territorios la institucionalidad de salud pública que hubiese podido protegerlos. Dirigentes indígenas y sus familiares se contagiaron y muchos de ellos sucumbieron a la peste. Fue como si el régimen aprovechaba la letalidad de la peste para reducir las capacidades políticas, organizativas y de movilización de las organizaciones sociales.

 Cuando el gobierno avanzó en medio de la pandemia en la radicalización del ajuste, a través de despidos masivos en el sector público, desinstitucionalización extensiva e intensiva (el país perdió en esas circunstancias la empresa nacional de correos por ejemplo), y eliminó el subsidio a los combustibles, la misma medida que provocó las movilizaciones de octubre, muchos se preguntaban porqué el movimiento indígena no se manifestaba ante la agresión neoliberal del gobierno. Lo que pocos sabían, aunque se intuía, es que el movimiento indígena era sometido políticamente por una especie de necropolítica o tanatopolítica, es decir, una administración de la muerte como consecuencia inevitable del vaciamiento del Estado en los territorios indígenas y el avance de la peste en sus comunidades. De la mano del FMI, el gobierno llevó adelante una estrategia de indefensión en salud pública en las comunidades y territorios indígenas, que obligó a que la organización indígena CONAIE asuma el rol del Estado en esos territorios. Fue la CONAIE la que aplicó los protocolos de salud pública y buscó las estrategias y los recursos para proteger a la población del contagio de la pandemia.

 Al neutralizar a la CONAIE, el gobierno tuvo las manos libres para volver al FMI y renegociar la fallida Carta de Intención. Los sucesivos estados de emergencia promulgados en el año de la pandemia, si bien se contextualizan con la crisis sanitaria fueron también importantes instrumentos de control político a la población. En septiembre de 2020 el gobierno de Lenin Moreno suscribe un nuevo acuerdo con el FMI, que continúa con las tareas pendientes del anterior acuerdo de marzo de 2019. A diferencia del año 2019 esta vez no hay oposición política a este acuerdo con el FMI, que no sea aquella del propio sistema político que, además, puede ser manipulada, comprada o cooptada directamente por el gobierno. Como pasaría efectivamente cuando se empezaron a procesar las leyes de estos acuerdos con el FMI con el apoyo del sistema político.

Es sobre ese contexto que se producen las elecciones de 2021 y en las cuales participa el movimiento indígena. La intención del movimiento indígena era trasladar la energía política de la movilización de Octubre de 2019 y el Mandato por la Vida creado por los Parlamentos del Pueblo, como plan de gobierno y como una continuación de la lucha, resistencia y movilización social que tuvo en Octubre su momento más importante, al tiempo que le permita desarticular esa necropolítica a la cual estaba sometido. Esa fue al menos la intención de la organización CONAIE y esa fue la instrucción que esta organización definió para su organización política Pachakutik.

 Sin embargo, en esta ocasión la organización política Pachakutik, decidió soltar amarras de su organización social, la CONAIE, y decidió asumir por su cuenta y riesgo el momento electoral. Tenía a su haber las disposiciones del Código de la Democracia, un instrumento legal que convierte a los partidos políticos en verdaderas maquinarias electorales. En los estatutos del movimiento Pachakutik la capacidad de representación y control interno que pueden tener las organizaciones sociales se diluye, se neutraliza y, a la larga, deviene irrelevante. Un pequeño número de militantes o adherentes reconocidos por la autoridad electoral tienen peso y pueden tomar decisiones de forma independiente de cualquier tipo de estructura social que forme parte de los partidos y movimientos políticos. Puede ser que el peso organizativo sea legítimo y sumamente importante pero si no tiene reconocimiento legal ante la autoridad electoral es irrelevante para tomar y validar decisiones electorales. Un pequeño número de personas legalmente reconocidas por la autoridad electoral cuenta más que centenas de miles de adherentes y militantes sociales.

 Habida cuenta de sus excelentes resultados en las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados, el movimiento Pachakutik se apalancó más en esos gobiernos territoriales que en su estructura social y organizativa. Y eso se entiende porque esos gobiernos territoriales, justamente por los recursos que poseen, pueden tejer lazos clientelares como efectivamente pasó con la Prefectura del Azuay y la dirigencia del movimiento Pachakutik; son lazos difíciles de romper y que crean alianzas y sinergias más potentes que la relación de militancia con las organizaciones sociales. Es precisamente esta relación clientelar la que creó las condiciones de posibilidad para que la dirigencia del movimiento Pachakutik se decante por la candidatura del entonces prefecto indígena de la provincia del Azuay, Yaku Pérez a la Presidencia de la República.

 Así, el movimiento indígena se encontró ante un déjà vu. En efecto, en el año 2002, el movimiento Pachakutik se alió con Lucio Gutiérrez sin que haya mediado en esa alianza la participación, el aval, la legitimidad y la participación de la CONAIE. Se trató de una alianza hecha a espaldas de la CONAIE quien tuvo que asumir esa alianza y esa campaña electoral sin haber participado previamente en sus definiciones. Cuando Lucio Gutiérrez traicionó al movimiento indígena, fue la CONAIE quien tuvo que asumir los costos políticos de esa traición y quien tuvo que resolver esos impasses a través de la movilización y en contra del criterio de los dirigentes del movimiento Pachakutik que, en esa coyuntura, querían quedarse en el gobierno de Gutiérrez a cualquier precio. Posteriormente esos dirigentes serían expulsados y se convertirían luego en dirigentes, funcionarios y autoridades políticas de la revolución ciudadana.

Ahora bien, en esta oportunidad la CONAIE se confronta a un escenario similar pero no con una alianza con otros sectores políticos, sino con sus propias bases. La dirigencia política del movimiento Pachakutik tomó decisiones basadas más en las prerrogativas que le concede la ley electoral que en la legitimidad que proviene de su movimiento social. Se produce ahí un desencuentro entre la intención de la CONAIE de convertir a las elecciones de 2021 en una continuidad de sus movilizaciones de octubre de 2019, porque tenía que detener el agresivo proceso de criminalización social al tiempo que quería recuperar el sentido y la convocatoria que tuvieron esas movilizaciones, de hecho las más importantes de las últimas décadas.

La dirigencia del movimiento Pachakutik, en cambio, se desprende de ese proyecto y se apega más a la institucionalidad. De esta manera, rompe la relación entre las elecciones de 2021 y las movilizaciones sociales de octubre de 2019. Asume una decisión legal, sin duda alguna, al reunir solamente a los coordinadores provinciales del movimiento Pachakutik para que sean ellos quienes tomen la decisión de elegir al candidato presidencial del movimiento indígena que se decantan en su mayoría por el entonces prefecto del Azuay Yaku Pérez. Una decisión relativamente inédita en un movimiento social que siempre había apostado por la democracia directa de sus bases.

 Una vez tomada esa decisión, se refugian en las prerrogativas de la ley para evitar que se produzcan cambios y se altere la nominación del candidato a la Presidencia de la república. Se trató de un coup de force, legal pero ilegítimo. La CONAIE reclamó a través de sus canales habituales: el Consejo de Gobierno y las Asambleas. Quiso inscribir estos impasses y resolverlos dentro del diálogo y el consenso. Empero, todo ello fue inútil. Ni el Consejo de Gobierno de la CONAIE ni las Asambleas indígenas tenían peso legal alguno ante la autoridad electoral nacional. La decisión había sido tomada por las dirigencias provinciales del movimiento Pachakutik y no había posibilidades de alterarla ni modificarla. La dirigencia de Pachakutik contaba a su haber con la ley electoral para respaldar y avalar sus decisiones. Muchos de los dirigentes provinciales que tomaron esa decisión a favor del candidato Yaku Pérez, fueron también tomados en cuenta para encabezar las listas electorales a nivel provincial del movimiento Pachakutik. De esta manera, la organización social, CONAIE, fue separada definitivamente de las decisiones de su brazo político.

 El proyecto de crear una solución de continuidad entre la movilización de octubre de 2019 con las elecciones de 2021 se quebró irremisiblemente. La CONAIE se vio atrapada dentro de una aporía jurídica y también política. No podía resolver esa aporía a riesgo de fracturarse ella misma.

 El candidato Yaku Pérez, una vez legalizada e inscrita su candidatura jamás vinculó esa candidatura con las movilizaciones de octubre, de hecho se desmarcó de ellas y se identificó con la judicialización a los dirigentes indígenas de las movilizaciones de octubre que se hacía desde el poder, cuando hizo declaraciones como candidato presidencial en el sentido que esos dirigentes, si en octubre habían trasgredido la ley, entonces deberían pagar por ello.

 Para la CONAIE la aporía era respaldar una candidatura presidencial que había nacido desde su propio seno pero que iba a contrapunto de todo por lo que había luchado. Si avalaba, respaldaba y se comprometía con esa candidatura presidencial, tenía que, a su pesar, renegar del legado de octubre y de todo lo que significa. Tenía que someterse a la judicialización que enfrentaban desde el poder sus principales líderes. Tenía que ceder y eliminar a octubre de 2019 del registro de sus luchas sociales, y convertirlo en apenas un episodio más y limar su aporte histórico para la lucha social. Por supuesto que la CONAIE no podía hacer eso. Pero tampoco podía ser indiferente a una candidatura que nacía desde sus entramados organizativos directos.

 Se necesitaba de mucha madurez para asumir decisiones que tendrían consecuencias futuras. La candidatura de Yaku Pérez amenazó, como pocas veces en la historia de la CONAIE, con fracturar de forma irremisible al movimiento indígena. El desafío lanzado por la organización política Pachakutik puso en tensión a todo el entramado organizativo del movimiento indígena que estuvo muy cerca de la ruptura. Es en estas circunstancias que la dirigencia nacional de la CONAIE optó por la madurez política y por crear una distancia prudente y estratégica con respecto a esta candidatura presidencial para salvar el legado de Octubre y para evitar la ruptura y fragmentación del movimiento indígena. Efectivamente, no se fragmentó, tampoco se dividió, pero se debilitó precisamente cuando el escenario electoral le era más favorable que nunca.

 La candidatura presidencial de Yaku Pérez, a pesar de pertenecer al movimiento social más antisistémico, más radical y más crítico al liberalismo y al neoliberalismo, como es el caso del movimiento indígena ecuatoriano, optó por la institucionalidad, por el clientelismo y por moverse hacia el centro del espectro político. Yaku Pérez rompió con el legado de octubre, quizá por el hecho que en octubre de 2019 no tuvo ningún rol dirimente, pero nunca hizo una relación directa de su candidatura con esta movilización. Se alejó de la CONAIE y construyó una campaña presidencial de manera independiente de la trayectoria histórica del movimiento indígena. Nunca mencionó ni posicionó el Estado Plurinacional en su campaña política. Nunca se refirió a octubre, salvo para deslindarse de cualquier consecuencia legal que pueda generarle esa movilización a su propia candidatura. Nunca apeló a las estructuras organizativas existentes del movimiento indígena y social, salvo cuando necesitó de ellas para proteger su paso a la segunda vuelta electoral. Nunca utilizó ni mencionó el plan de gobierno hecho por el Parlamento de los Pueblos durante las jornadas de octubre. Quería que la organización social participe y entre de lleno en su campaña, pero sin ningún beneficio de inventario. Octubre de 2019 creó la energía política y las condiciones de posibilidad para la candidatura del movimiento indígena. En octubre de 2019 se había roto esa falsa dialéctica entre “correístas” y “anticorreístas” y que había sido tan funcional para el poder. Octubre de 2019 creó un nuevo polo en la resistencia social y lucha popular. Octubre liquidó a varios políticos de la derecha, como Jaime Nebot por ejemplo. Octubre de 2019 creó el primer plan de gobierno hecho directamente por la sociedad en el Parlamento de los Pueblos en un ejercicio de democracia directa nunca antes visto. Por ello octubre fue tan estigmatizado y combatido tanto por la derecha (los anticorreístas) cuanto por los “correístas”.

 Las movilizaciones sociales habían abierto un espacio en la dominación política y había un amplio reconocimiento social al movimiento indígena para liderar ese espacio. Es decir, y como lo ratificarían posteriormente las elecciones, el movimiento indígena no estaba descaminado al querer vincular las movilizaciones de octubre de 2019 con las elecciones de 2021. Había posibilidades ciertas y plausibles de entrar al control directo del Estado y ganar las elecciones con un presidente indígena por vez primera en la historia republicana del país. La CONAIE estuvo a un paso de gigante de transformar la historia. Esas posibilidades fueron fracturadas por la candidatura de Yaku Pérez. Los resultados electorales daban cuenta que la lectura política de los dirigentes indígenas era correcta. Octubre había creado tanta energía política que había todas las oportunidades para que una candidatura indígena que nazca desde la CONAIE pueda ganar las elecciones presidenciales. En efecto, la candidatura de Yaku Pérez, a pesar de que en su campaña electoral nunca haya hecho referencia a octubre, pero debía a esa movilización social el caudal de sus votos, es decir sus propias condiciones de posibilidad. La derecha política se asustó ante esa caudal y decidió escamotearlo en el último minuto. Yaku Pérez había ganado las elecciones y tenía el pasaporte listo para el balotaje, pero no contaba con la astucia de la derecha política que le quitó en el último segundo el acceso a la segunda vuelta electoral.

 Cuando la candidatura de Yaku Pérez regresó a ver a la organización social para que pueda defender esos resultados legalmente ganados en las urnas, se encontró con una factura que tenía pendiente. Si Yaku Pérez había hecho una campaña electoral a espaldas de la organización y a espaldas de octubre, era difícil suponer que la organización social ahora se convierta en el escudo de protección que necesitaba. La aporía que atravesó a la CONAIE desde el inicio de la candidatura de Yaku Pérez se expresó esta vez con toda nitidez. Yaku Pérez se encontró huérfano de apoyos sociales y organizativos para defender su paso a la segunda vuelta electoral porque él mismo había creado esa situación de orfandad. Su situación era la visualización que algo clave se había roto al interior del movimiento indígena.

 Esa distancia prudente y estratégica de la CONAIE con respecto a una candidatura presidencial que nacía desde sus propias estructuras políticas fue, como se comprobará más tarde, un factor decisivo cuando el candidato presidencial Yaku Pérez no tuvo el suficiente capital político para proteger su paso a la segunda vuelta electoral.

 Si la CONAIE resignó la posibilidad cierta que Yaku Pérez vaya al balotaje y que incluso pueda ganar la presidencia de la república, fue porque su memoria histórica le recordaba que se trataba de una situación que ya la vivió. Es complejo asumir una candidatura presidencial y un proyecto de gobierno cuando este ha sido construido a espaldas de la organización. Se sabe que las aporías son imposibles de resolver, y eso le pasó en esta oportunidad a la organización social. Esta candidatura presidencial se parecía mucho al laberinto del Minotauro, pero esta vez no existía ningún hilo de Ariadna para la CONAIE. Antes de entrar al laberinto, la organización social optó por aquello que los griegos clásicos denominan phronesis, es decir, la prudencia de saber actuar en función de una visión de largo plazo. Esta vez, una jugada que nace desde sus mismas estructuras políticas, pretendió imponerse y casi resquebraja los fundamentos y el proyecto histórico de la organización indígena.

 Ahora la CONAIE está consciente que no creó los canales necesarios que permitan articular de forma coherente y estratégica a su brazo político con su proyecto histórico y que eso le pasó la factura y creó la aporía de esta candidatura presidencial. Tiene que cerrar esas brechas. Tiene que evitar que vuelvan a recrearse estas aporías. Pero tiene un panorama más complejo porque Pachakutik ya no es un partido marginal o circunstancial en el sistema político. Es, de hecho, la fuerza política más importante del país, y en la Asamblea Nacional es la segunda fuerza política por la cantidad de su representación legislativa. La CONAIE y Pachakutik pueden marcar el ritmo y los contenidos de la agenda política del país. Si esa agenda implica desarmar el andamiaje neoliberal creado por el gobierno de Moreno y proponer y aprobar leyes que garanticen derechos al tiempo que construyan una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, entonces son una opción real de poder al mediano plazo. La CONAIE puede volver al sistema político y esta vez puede ser dirimente. Pero no puede dejar a su brazo político Pachakutik por fuera de su propio proyecto histórico y sin control político. Por ello, ahora no puede descuidar la representación parlamentaria como lo hizo en el periodo 2017-2021 cuando sus asambleístas votaron por las leyes neoliberales del FMI e incluso en contra de los derechos de mujeres, niños y adolescentes, y no jugaron ningún rol en las movilizaciones de octubre. Ahora la CONAIE necesita ejercer un control real sobre esa representación parlamentaria y sobre su brazo político, porque las elecciones de 2021 han cambiado de forma fundamental el panorama político y proyectan al movimiento Pachakutik como una opción real en el futuro próximo.

 Se sabe que el gobierno que emerge en las elecciones de 2021 no tiene la mayoría parlamentaria, y que intentará construirla de cualquier manera y a cualquier costo, y la CONAIE tiene que aprender ahora a actuar tanto dentro como fuera del sistema político. Octubre aún está ahí. El gobierno que emerge en las elecciones de 2021 en realidad es un gobierno de transición, porque los tiempos han cambiado radicalmente. La única organización que, por el momento, tiene la posibilidad de comprender esos cambios civilizatorios que se vienen es la CONAIE, porque su registro ontológico-político está hecho precisamente para eso. El nuevo gobierno tiene que reinstitucionalizar al país pero también tiene que construir el mundo de la post-pandemia. La noción política y civilizatoria más importante para ese nuevo mundo que nace desde la post-pandemia le pertenece por entero al movimiento indígena, es aquella del Sumak Kawsay, la vida en plenitud.

 La CONAIE asumió con madurez e inteligencia el grave momento que le significó la candidatura presidencial de Yaku Pérez. Con esa misma madurez pudo desmarcarse de la coyuntura electoral con el voto nulo ideológico para el balotaje final, y ahora con esa experiencia acumulada tiene que procesar los cambios civilizatorios de un capitalismo tardío que cada vez se convierte en una amenaza para la humanidad, para construir alternativas viables, plausibles y necesarias. Tiene que recuperar su proyecto de Estado Plurinacional como hilo de Ariadna, para volver a ingresar al Laberinto del Minotauro.

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.