Tribunales de familia, juzgar y educar

Dixie Edith

22/04/2010

Opinión

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La Habana, abril (Especial de SEMlac).- Las familias cubanas enfrentan actualmente problemas legales que no siempre encuentran soluciones satisfactorias en el ámbito jurídico, porque la actual legislación necesita adecuarse a las condiciones y características de los tiempos que corren.

Esa es la experiencia de Yoisel Carmenate, un ingeniero mecánico de 26 años, que reside en el municipio capitalino del Cerro.

A poco más de 12 meses de su divorcio, Carmenate valoró, por tercera vez, la posibilidad de entablar una demanda judicial contra la madre de Yanira, su hija de tres años, para reclamar su derecho a ejercer como papá.

"Recién volví a encontrar pareja e inmediatamente empezaron a aparecer pretextos para no dejarme llevar a la niña los fines de semana. Yanira, además, ha tenido muchos problemas de salud en los últimos meses, pero la mamá no me permite ir a las consultas con los médicos, ni saber de primera mano lo que está pasando", relató este papá a SEMlac.

La situación se veía venir desde los días en que, finalmente, se hizo firme el divorcio, tras casi seis meses de trámites en los que la mamá de la pequeña, primero se negaba a firmar, y luego empezó a poner barreras en la comunicación entre el padre y la hija.

Una novedosa experiencia se aplica actualmente en la Isla y apunta a que historias como la de Carmenate transcurran, y se resuelvan, de manera diferente: los Tribunales de Familia.

La decisión de crearlos comenzó a gestarse en el II y III Seminario Taller Nacional sobre Procedimiento Especial de Familia, auspiciado por la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en los años 2003, 2004 y 2006.

De ellos salió, en diciembre de 2007, la propuesta de iniciar esa experiencia en dos municipios del país, que se hizo viable a partir de la Instrucción 187, emitida por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP).

Pero en realidad, la idea tiene más tiempo. La medida número 63 del Plan de Acción cubano, en seguimiento a la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, celebrada en 1999, ya aludía directamente a estudiar la conveniencia y posibilidad de implementar tribunales especializados de familia en el país.

Guanabacoa, en Ciudad de La Habana; y Placetas, en Villa Clara, fueron los municipios elegidos para inaugurar la experiencia a inicios de 2008, pues en ellos existía una tradición de trabajo en materia civil y de familia, que ya estaba poniendo en práctica algunos de los aspectos contemplados en la Instrucción.

Yamila González Ferrer, secretaria de la sociedad Cubana de Derecho de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, aseguró a SEMlac que la experiencia "implica un perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia".

Humanizar el enfoque y el tratamiento de asuntos como la guardia y cuidado de menores, los divorcios, la pensión alimenticia y la impugnación de paternidad están entre los principales objetivos de la nueva práctica judicial.

Lo que comenzó como una experiencia piloto en dos territorios se ha ido implementando de manera gradual, desde febrero de 2009, a otros 15 municipios de la Isla.

Así, se incorporaron Pinar del Río, Artemisa, Cárdenas, Santa Clara, Cabaiguán, Cienfuegos, Morón, Camagüey, Puerto Padre, Gibara, Banes, Palma Soriano, Manzanillo, Baracoa y el municipio especial de la Isla de la Juventud, con posibilidades de seguir generalizándola gradualmente.

Solo en 2008, los tribunales civiles municipales tramitaron alrededor de 42 mil 600 casos y de ellos, el 80,5 por ciento guardaban relación con el Derecho de Familia.

Los divorcios alcanzaron más de la mitad de los casos, con un 57, 7 por ciento, seguidos de procesos de pensión de alimentos, reconocimiento de matrimonios no formalizados, filiación, entre otros, reveló en marzo pasado la prensa local cubana.

Aprovechar muchos saberes

Quizás una de las claves del éxito de esta experiencia judicial sea el trabajo en equipo. Junto a jueces y fiscales se desempeña un equipo multidisciplinario, coordinado por las Casas de la Mujer y la Familia de la FMC, compuesto por sociólogos, pedagogos, maestros, licenciados en enfermería, siquiatras infantiles y trabajadores sociales.

La presencia de diversos especialistas ayuda a incorporar al proceso elementos que tributen a una decisión más justa del tribunal, aunque este siempre lleva el papel rector sobre los asuntos que se van a dictaminar.

Y en algo coincide la mayoría de los profesionales vinculados a la novedosa práctica: lo más importante, muchas veces, es lo que sucede posterior a la vista.

"El Tribunal resuelve una situación coyuntural y puntual. Pero precisamente por ser procesos de familia, existen vínculos y contradicciones que no se rompen fácilmente con un dictamen", ha evaluado Sonia Beretervide, miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que atiende la esfera de trabajo comunitario e involucrada desde los inicios en la experiencia de los Tribunales de Familia.

"Más que su presencia en la vista oral, es vital toda esa labor previa que pueden hacer los equipos multidisciplinarios y, por supuesto, el seguimiento posterior a los casos", asegura Beretervide.

Yoisel Carmenate ha sido testigo de la ayuda que ese equipo de especialistas puede prestar. Aunque aún no funciona un Tribunal de Familia en su municipio, el joven ingeniero fue hasta Guanabacoa a buscar asesoría.

"Allí me dieron mucha información y me recomendaron que fuera a la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia de mi municipio a buscar orientación y apoyo. Ahora estoy acudiendo a ver a la psicóloga y a la trabajadora social", detalló.

Yamila Ferrer coincide en que la incorporación de un equipo técnico asesor multidisciplinario a la labor de las salas de Familia ha sido muy efectiva.

"El trabajo del equipo no se reduce a elaborar un dictamen pericial, sino que se involucra, vive las comparecencias, y en no pocas ocasiones, contribuye a conciliar los pleitos", explicó Ferrer a SEMlac.

"Además, su intervención no solo brinda información a los jueces para la toma de decisiones, sino que favorece la implementación de acciones preventivas y de atención, que actúan como paliativos del conflicto fuera del ámbito judicial. Ese justamente ha constituido el mayor logro de su intervención, pues se le ha dado seguimiento posterior a los casos", añadió.

Especialmente sensible es otro de los aspectos que aporta la Instrucción. Establece la posibilidad de escuchar a los menores con más de siete años de edad, cuando se intenta determinar a quién debe encargarse su guarda y cuidado, o establecer el régimen de comunicación con alguno de sus padres.

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, las personas menores de edad tienen el derecho de aportar su visión sobre asuntos que en definitiva, le competen de manera directa.

Pero en la isla, según la nueva práctica judicial y gracias a la actuación del grupo multidisciplinario, ese testimonio es escuchado en un ambiente relajado y con personal especializado que ayuda a evitar presiones y malos ratos a pequeñas y pequeños.

Además, la nueva norma incorpora la posibilidad de que abuelas y abuelos puedan participar como terceros en los casos en que el juzgado lo precise y, si es necesario, el tribunal puede examinar en calidad de testigos a representantes de las organizaciones de masas, maestros vinculados a la educación de los niños y oficiales de menores, y examinar los expedientes conformados por esos organismos, si tienen relación con el asunto que se debate.

"Se instituyó el llamamiento a terceros, sobre todo a partir de la figura del fiscal, hasta el momento reservada para otro tipo de procesos. Él puede hoy acudir a la comunidad, al domicilio de las partes, investigar lo que nosotros no podemos y por tanto nos tributa elementos importantes", explicó a la quincenal revista Bohemia Lourdes Bautista, jueza del Tribunal Civil Municipal de Placetas, en la provincia de Villa Clara, uno de los pioneros de esta práctica.

En dependencia de la urgencia del caso, la instrucción permite también adoptar medidas cautelares o de carácter provisional.

Para Beretervide, "estos esfuerzos tendrán mayor concreción de aprobarse finalmente las propuestas al nuevo Código de Familia, que desde hace algunos años se viene estudiando".

A juicio de la funcionaria de la FMC, los Tribunales de Familia están validando muchas de las modificaciones que se proponen al Código.

"Es el caso de escuchar el parecer de los abuelos y del papel que pueden tener otros familiares allegados a la hora de dirimir la guarda y cuidado de los menores, entre otros temas. La vida ha demostrado con la práctica algo que se estaba trabajando como propuesta", ha argumentado Beretervide.

Los Tribunales de Familia, además, pueden convertirse en un importante escalón de prevención y enfrentamiento a la violencia intrafamiliar.

"El Tribunal puede percatarse de sucesos de violencia en el desarrollo del caso y, aunque no lleguen a ser tramitados por la vía penal, advertirlo en el momento para que el equipo técnico asesor juegue su papel e intente aliviarlos desde la comunidad. En caso de que sea necesario, desde allí mismo se puede tramitar la denuncia por actos de violencia", precisó Ferrer a SEMlac.

A pesar de los resultados obtenidos, la aplicación generalizada en todo el país llevará algún tiempo. Se irá implementando en los tribunales que reúnan las condiciones necesarias, según la solicitud que estos hagan al Tribunal Supremo Popular.

Para Ferrer, el principal valor de la iniciativa es su función educativa. "La sala tiene una función educativa. Es un recordatorio de que por más compleja que sea la vida en familia, no se tiene que resolver con malos tratos, sino que a esos conflictos humanos se les puede dar soluciones desde una mirada positiva", aseguró.

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