Colombia

Situación de defensores de derechos humanos empeoró a lo largo del gobierno Uribe

05/08/2010

Opinión

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En materia de garantías para los defensores de derechos humanos en Colombia, los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no dejan el balance más alentador.

Las evaluaciones realizadas por las diferentes plataformas nacionales de derechos humanos señalan que los dos periodos presidenciales más trascendentales en la historia del país, que culminarán el próximo 7 de agosto, dejan tras de sí una estela de graves hechos que no sólo afectaron el ejercicio de esta labor vital para la democracia sino que además pusieron en riesgo (y cobraron) la vida de cientos de activistas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Aspectos como los continuos señalamientos y estigmatizaciones por parte de miembros del poder Ejecutivo; las persistentes amenazas, agresiones e intimidaciones contra organizaciones no gubernamentales (ONG) por parte de los grupos armados ilegales y el asesinato selectivo y sistemático de importantes activistas en diferentes regiones del país marcaron, a juicio de los defensores, una constante a lo largo de los dos periodos presidenciales de Uribe Vélez.

Según cifras del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores), entre los años 2002 y 2009 unos 1.057 defensores de derechos humanos fueron víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del sistema penal, entre otros. De acuerdo con el Programa, en dicho periodo se presentó un promedio de 16 asesinatos y 132 ataques contra defensores por año.

Las estadísticas también indican que el año más crítico para los defensores lo constituyó el 2009, cuando se registraron 179 agresiones discriminadas en 99 amenazas, 32 asesinatos, 17 atentados, 15 detenciones arbitrarias, 3 heridas, 10 usos arbitrarios del sistema penal y un caso de tortura.

Las cifras de 2010 ya generan alarma. Sólo en el mes de mayo fueron asesinados siete líderes campesinos que venían trabajando por la reivindicación de los derechos de la población desplazada así como la reclamación de tierras usurpadas por grupos paramilitares. En este mismo mes, más de 100 organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, el campesinado, las comunidades afrodescendientes e indígenas denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte de actores armados ilegales.

De acuerdo con Alberto Yépez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), instancia que agrupa a más de 150 organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el país, los líderes y organizaciones vinculados al trabajo con estas comunidades han sido precisamente las que más han padecido la persecución de los actores del conflicto armado.

“La entrega de múltiples concesiones para la explotación minera por parte del Gobierno nacional, sumado a la negativa de terratenientes y redes mafiosas de entregar las tierras usurpadas por los paramilitares y que ahora son explotadas por empresarios de agrocultivos como la palma africana, han convertido a las comunidades campesinas e indígenas en blanco directo de los actores armados, bien porque ‘estorban’ a estos intereses o bien porque están ubicados en territorios privilegiados”, señaló Yépez.

Para sustentar su afirmación, Yépez señala que sólo en los tres últimos años más de 47 campesinos que venían adelantando procesos de reclamación de tierras ante la justicia han sido asesinados. Seis de estos asesinatos se cometieron en la región agroindustrial de Urabá, donde diversas organizaciones no gubernamentales han documentado graves casos de despojo de tierras por parte de ex jefes paramilitares como Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”; y Ever Veloza, alias “H.H”.

Lo anterior evidencia el grado de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de este flagelo que muchos califican como uno de los principales retos del país en los próximos años. En el caso de los indígenas la situación es aún más preocupante. Debido al recrudecimiento del conflicto armado en el occidente y sur de Colombia, los diferentes cabildos asentados allí han tenido que soportar la persecución de guerrillas y nuevos paramilitares así como el señalamiento de miembros del Ejército Nacional, dejando un saldo trágico de 120 aborígenes asesinados en los últimos tres años.

“Aquí la responsabilidad recae en todos los actores del conflicto armado: guerrilla, narcotraficantes, nuevos grupos paramilitares, pues desafortunadamente los resguardos indígenas se convirtieron en puntos estratégicos para la guerra y para el negocio del narcotráfico”, añadió Yépez.

La persecución oficial

Pero a lo largo de estos ocho años la arremetida contra los defensores de derechos humanos no provino sólo de sectores de la ilegalidad. Las pesquisas que ha venido realizando la Fiscalía General de la Nación por el caso de las interceptaciones ilegales llevadas a cabo por el DAS han dejado al descubierto como importantes ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, dedicadas principalmente a denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, se convirtieron en blanco de seguimientos, hostigamientos y montajes a fin de desestimular y desacreditar su labor.

El hecho fue abordado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en su informe anual de 2009 consignó que “tales acciones, en muchos casostenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por estas organizaciones, a quienes se consideraba ‘blancos legítimos’ por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales”.

Liliana Uribe Tirado, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y que ha sido víctima de hostigamientos y señalamientos por parte del Ejecutivo, comparte dicha apreciación y agrega que acciones como estas indican que la labor de denuncia de violaciones a los derechos humanos se convirtió para el Gobierno que termina en una actividad sospechosa y quienes se dedican a ello fueron considerados como “enemigos de la Patria”.

“Si a un defensor de derechos humanos en un país como Colombia se le considera como parte del enemigo interno, entonces el tratamiento nunca va a poder ser respetuoso. ¿Cómo se trata al enemigo interno? Desacreditándolo y deslegitimándolo y en este sentido, este Gobierno empleo una estrategia bien calculada”, agregó Uribe Tirado.

Según la abogada, prueba de ello es que actualmente cientos de organizaciones no gubernamentales y activistas afrontan duros procesos judiciales, algunos de ellos llevados a cabo de manera irregular, tal como lo señaló la organización internacional Human Rigth First (HRF), en un informe publicado en febrero de 2009.

Tras analizar 32 procesos penales adelantados contra defensores de derechos humanos en Colombia por los delitos de rebelión y terrorismo, HRF encontró que en ellos operaban patrones que vulneraban el derecho a las garantías del debido proceso, pues muchos de los casos estaban sustentados sobre falsas denuncias, pruebas obtenidas de manera ilegal, testimonios no corroborados de desmovilizados de la guerrilla, principalmente, y archivos elaborados por los organismos de inteligencia del Estado.

Si hubo algún caso que dejara en evidencia todo lo anterior fue el afrontado por el movimiento de derechos humanos de Medellín en el año 2009. En abril de ese año se conoció cómo a través de informes de inteligencia preparados en la capital antioqueña por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la IV Brigada del Ejército, se buscaba vincular a una serie de reconocidas organizaciones de la cuidad y partidos políticos alternativos con la guerrilla de las Farc.

El documento señalaba que para los años 2008-2009 la estructura del Partido Comunista Clandestino (PC3), perteneciente a las Farc, estaba integrado por partidos políticos, organizaciones juveniles, de derechos humanos, sindicales, y movimientos estudiantiles de universidades públicas de la ciudad.

Dichos informes dieron lugar a la reapertura de una investigación por parte de la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, la misma que en 2008 decidió precluir este proceso tras considerar que “no contaba con las pruebas que respalden la presunción de la actividad rebelde”.

Por esta investigación fue privado de la libertad en junio del año anterior el defensor de derechos humanos Winston Gallego Pamplona, en momento en que se presentaba ante el Ente Acusador para clarificar su situación. A la fecha continúan las investigaciones.

Señalamientos e impunidad

En su publicación, la organización internacional HRF llamó la atención sobre la celeridad con que se llevaban a cabo las investigaciones contra defensores de derechos humanos, en contraste con la falta de diligencias, indagaciones y recolección de pruebas en las denuncias de amenazas contra organizaciones y activistas, muchas de las cuales aún se encuentran en total impunidad.

Al respecto, un informe elaborado en 2007 por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), mostró que la eficacia de la justicia era para aquel entonces de 2,34 % y los índices de impunidad llegaban al 97,66 %.

El documento recogió un muestreo de 168 casos de asesinatos y desaparición a defensores en Colombia. Después de haber solicitado información oficial sobre los mismos, la Fiscalía General de la Nación tenía conocimiento de sólo 128, de los cuales se había proferido condena en tres de ellos; 50 se encontraban archivados y el resto estaba en indagación preliminar.

De lo anterior fue consciente el Gobierno nacional, que mediante Conpes 3411, promulgó una política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los Derechos Humanos. Según la Vicepresidencia de la República, como resultado de lo anterior se produjeron 264 sentencias con 367 personas condenadas por violaciones a los derechos de sindicalistas.

Para Alberto Yépez, lo anterior constituye un avance importante a lo largo de estos años, pero advierte que aún persisten prácticas entre los miembros de la Fuerza Pública y los operadores de justicia que ayudan a la estadística oficial y perpetúan la impunidad. “En muchos casos las autoridades están minimizando las denuncias, no las valoran y por tanto se deja a las organizaciones y a los defensores sometidos al régimen del terror que tiene que soportar en sus territorios”, manifiesta Yépez.

Las afirmaciones de Yépez fueron corroboradas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual de 2009. “La Oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa”, reseñó la Oficina.

De ahí que los activistas no duden en calificar el tema de la impunidad como una de las principales amenazas en materia de garantías para la defensa de los derechos humanos. “Hay avances importantes en algunos ámbitos, como lo que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia en el caso del DAS por tratar de llegar a la médula de la autoría intelectual. Claro que todo esto queda supeditado a que el país logre dotarse de un buen fiscal, distinto a los personajes que integran la actual terna que no son garantía de independencia”, asegura el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEUU.

Pero además de superar esta ineficacia de la justicia, lo que esperan las plataformas de derechos humanos es que, con el nuevo gobierno, cesen los señalamientos y el fuerte lenguaje empleado por altos funcionarios del Ejecutivo, incluido el propio Presidente de la República, con los que se buscaba deslegitimar la labor de denuncia y que en no pocas ocasiones pusieron en riesgo la vida de los defensores.

Basta recordar discursos como el pronunciado por el presidente Uribe el 8 de septiembre de 2003, durante la posesión del general Edgar Alfonso Lesmes como nuevo comandante de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC), para corroborar que el presidente Uribe no escatimó esfuerzos para cuestionar la legitimidad de los defensores de derechos humanos.

“Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y la ciudadanía le ha quitado”, dijo en tono enérgico ese día. De hecho, una de las principales recomendaciones que hizo la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, en visita realizada en septiembre de 2009, fue que cesaran los señalamientos y las estigmatizaciones dirigidas contra las ONG por parte del Gobierno nacional.

Por ello, los anuncios que ha hecho el presidente electo, Juan Manuel Santos, de “desarmar la palabra” y trabajar por la unidad nacional, han despertado expectativas al interior de las distintas plataformas de derechos humanos sobre lo que será el relacionamiento con el nuevo gobierno, máxime si se tiene en cuenta que el nuevo Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, proviene del sindicalismo.

Al respecto, Liliana Uribe prefiere no hacerse mayores expectativas, pues recuerda que cuando fue Ministro de Defensa, el propio Juan Manuel Santos fue muy crítico de la labor de las ONG y por ello afirma que “va a haber un cambio en las formas, no en los fondos”.

Por su parte, Alberto Yépez espera que el nuevo gobierno reconozca y valore la labor de denuncia, investigación, defensa y promoción que hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues a su juicio, dicha actividad constituye un punto vital en el desarrollo del Estado Social de Derecho en el que se circunscribe Colombia.

En ello, el activista tiene toda la razón. Si no, basta recordar que los temas que estremecieron el acontecer nacional a lo largo de estos últimos ochos años, como las ejecuciones extrajudiciales, las interceptaciones del DAS, la parapolítica, la visibilización de las víctimas del paramilitarismo, se logró gracias a la labor decidida de las organizaciones no gubernamentales y, ¿Qué sería hoy de la democracia si no hubieran surgido a la luz pública estos temas?

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa

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