Colombia

Presente de la comuna 13 de Medellín: tan doloroso como hace 10 años

12/08/2010

Opinión

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“Medellín ya no aguanta más comisiones, más discursos. Aquí estamos muy solos, necesitamos medidas extraordinarias para la ciudad”, fue lo primero que atinó a decir el alcalde de la capital antioqueña, Alonso Salazar Jaramillo, tras los graves hechos de orden público que tuvieron lugar el pasado 10 de agosto en la comuna 13, occidente de la ciudad.

Su declaración se produjo minutos después que las autoridades recuperaron el control de la comuna luego de varias horas de fuertes enfrentamientos armados que sostuvieron entre sí bandas criminales que hacen presencia en la zona, quienes a su vez repelieron con gran poder de fuego la reacción de la Fuerza pública.

Los disparos de fusiles y armas automáticas dejaron como saldo un menor de edad gravemente herido y serias afectaciones al sistema de transporte Metrocable, que presta servicio a cerca de 15 barrios del occidente de Medellín. Sin duda la gota que faltaba para que se “rebosara la copa” de la paciencia de Salazar Jaramillo, quien no dudo en pedir acciones concretas por parte del Gobierno nacional pues a su juicio, “la Administración Municipal ya no está en capacidad de garantizarle la seguridad a los ciudadanos”.

Aunque dolorosa, su afirmación encierra algo de verdad. Las dos últimas administraciones han invertido más de 400 mil millones de pesos en obras de infraestructura, vivienda y mejoramiento del espacio público en la comuna 13. La inversión social allí adelantada ha sido quizás la más alta en los últimos 10 años.

A eso se suma que los 23 barrios que componen esta comuna registran el mayor número de fuerza pública de todo Medellín: 800 hombres, entre Ejército y Policía, son los encargados de garantizar el orden y la seguridad de los cerca de 123 mil pobladores que habitan allí.

Sin embargo, estas cifras, importantes y dignas de resaltar, contrastan con los indicadores de violencia y violaciones a los derechos humanos que arrastra la comuna 13 desde finales del año anterior y que han experimentado una crecimiento abrupto en lo que va del 2010.

De ahí que la pregunta que se hacen hoy los medellinenses y la opinión pública nacional no sea otra que: ¿Qué es lo que está pasando en la comuna 13?

Cifras escandalosas

Estadísticas del Instituto de Medicina Legal señalan que de los 1.057 homicidios cometidos en el primer semestre del año, unos 139 ocurrieron en la comuna 13; es decir, 52 casos más que los presentados en el mismo periodo de 2009, lo que la convierte en la zona más violenta de la ciudad. Para tener una dimensión del problema, basta decir que esta comuna registra una tasa de 108 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra que pasa de preocupante a escandalosa.

Las explicaciones de las autoridades civiles y de Policía frente a esta racha de asesinatos apuntan a la disputa territorial que sostienen “bandas criminales” y “combos” por el control de territorios y rentas legales e ilegales. Rastreos realizados por la Personería de Medellín señalan que en la comuna delinquen más de 30 organizaciones delincuenciales, algunas al servicio de alias “Sebastián”, otras leales a alias “Valenciano” y otras simplemente se dedican a actividades ilícitas por “cuenta propia”.

Los enfrentamientos armados que tienen lugar a diario en calles, callejuelas y callejones de este populoso sector están originando una crisis humanitaria de graves proporciones.

Donde se aprecia con mayor claridad lo anterior es en el tema de desplazamiento forzado intraurbano. De acuerdo con informes de la Personería de Medellín, en lo que va corrido del año se han documentado 615 declaraciones por este flagelo, que representan un total de 2.395 personas que fueron forzadas a salir de sus barrios. De ellas, por lo menos 800 debieron hacerlo de la comuna 13.

“Esta comuna es el ejemplo más patético de cómo se está derrumbando la seguridad democrática en las ciudades. Lo que se vive en esta comuna todos los días, ya sea con el desplazamiento, con los enfrentamientos armados, con los asesinatos, con las amenazas no da lugar a dudas en plantear que allí se está viviendo una grave crisis humanitaria”, señala Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín.

La deserción escolar por causas de la confrontación armada también muestra niveles alarmantes. Sólo entre julio y agosto unos 40 estudiantes han tenido que abandonar la escuela mientras que una cifra indeterminada asiste esporádicamente debido al temor que genera transitar por algunos barrios.

“En mi clase tengo estudiantes que dejan de asistir por semanas enteras, debido a los fuertes enfrentamientos que tiene lugar en el barrio. Constantemente recortamos los horarios de clase para no exponerlos a las balaceras”, manifiesta un docente de la Institución Educativa Eduardo Santos, ubicada en el barrio del mismo nombre, quien se ve obligado a mantener su identidad en reserva debido a la situación que vive a diario en su sitio de trabajo.

¿Intervenciones efectivas?

“Si al miedo que tiene la gente se le suma la apatía generalizada entre la comunidad, el panorama no puede ser más desolador. La comunidad está cansada de la situación y, más que eso, cansada de denunciar y que las cosas no cambien: que la pobreza y la violencia sigan igual”, dice con tono enérgico un líder barrial de la comuna 13, que prefiere omitir su nombre.

Razones tiene para expresarse así. A mediados de 2008 diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron como las “bandas criminales” venían adelantado un feroz proceso de reclutamiento y vinculación forzada de menores de edad en barrios como El Salado, Nuevos Conquistadores; Las Independencias y Juan XXIII.

Las advertencias fueron desestimadas por el entonces secretario de Gobierno Municipal, Jesús María Ramírez. En 2009, el Comité Metropolitano de Derechos Humanos de Medellín, integrado por varias organizaciones no gubernamentales de la cuidad, expresaron su preocupación por el incremento que venía registrando el desplazamiento forzado en esta comuna, generado en parte por la presión de los grupos armados a reclutar a niños, niñas y adolescentes.

Pero sin duda el anuncio más serio sobre la ferocidad de la guerra que se estaba librando en la comuna 13 fue el incendio que consumió más de 200 viviendas en el barrio Altos de la Virgen el día 3 de junio y del que se dice fue originado por un artefacto incendiario lanzado en medio de un enfrentamiento armado entre las bandas del sector. Sobre el particular, las autoridades siguen sin entregar explicaciones.

De ahí el desconcierto que genera entre activistas sociales y defensores de derechos humanos la situación actual de este populoso sector de la ciudad. “Cuando dialogamos con la Alcaldía (de Medellín) sobre los problemas de la comuna 13, ellos exponen una larga lista de inversiones y es verdad que hay inversión, pero, ¿Por qué la pobreza y la inequidad siguen siendo tal altas?”, indica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

A este interrogante, Arboleda le suma uno más preocupante: “Si esta es la comuna con mayor presencia de Fuerza Pública, ¿Por qué el elevado número de muertos? Una situación así sólo es posible si hay condiciones de connivencia o negligencia que lo permitan”.

Al respecto, la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC) ha conocido quejas de la comunidad de barrios como La Quiebra, relacionadas con la connivencia de miembros de la Fuerza Pública con una de las bandas del sector. Si bien señalamientos de este tipo no logran trascender al ámbito de la denuncia formal, sí causa preocupación que un reciente informe de la Personería de Medellín sobre la situación de derechos humanos en la ciudad, haya incluido en su apartado sobre la actuación de la Fuerza Pública a la Estación de Policía de San Javier como una de las que maneja un volumen considerable de quejas.

“El territorio de la ciudad en donde más se presentan quejas contra la Policía Nacional es el centro de la ciudad (La Candelaria). Durante los primeros cinco meses del año la Personería recibió 18 quejas relacionadas con esta comuna (…) Sin embargo la Personería desea llamar su atención sobre otros territorios y lugares en donde se experimenta actualmente un volumen considerable de quejas, tal es el caso de la Comuna 13 San Javier, en donde se presentaron cinco (5) quejas, la Comuna 16 Belén con cuatro (4) quejas, y las comunas de Manrique, Aranjuez, Santo Domingo y Laureles – Estadio, en donde se presentan 14 del total de las quejas recibidas”, reseña la Personería en su Informe.

La situación de desconfianza hacia los miembros de la Policía Nacional y la falta de credibilidad que generan las intervenciones municipales viene creando un sentimiento de desesperanza entre la comunidad que muchos prefieren no denunciar lo que padecen a diario. La situación está llegando a tal punto que la Agencia de Prensa IPC ha conocido de situaciones de confinamiento de familias enteras que optan por no salir de sus viviendas por semanas enteras, pues sienten que es la mejor manera de proteger sus vidas.

¿Qué hacer entonces?

Las palabras pronunciadas por el Alcalde de Medellín el pasado 10 de agosto abrieron de nuevo la discusión sobre la posibilidad de una nueva intervención militar como la que tuvo lugar en octubre de 2002: la famosa Operación Orión.

Como se recordará, en esa ocasión fuerzas combinadas de Ejército, Policía, CTI, Fuerza Aérea, DAS, Fiscalía, ingresaron a la comuna 13 para recuperar el territorio tomado por aquel entonces por las milicias del ELN, FARC y Comandos Armados del Pueblo (CAP). Pese a que el operativo fue catalogado en su momento como un éxito histórico por el Gobierno nacional, las denuncias conocidas poco después de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y demás, levantaron un manto de duda sobre la legitimidad de la operación.

El recuerdo de Orión ha hecho que las ONG levanten su voz de rechazo frente a un posible nuevo operativo. “Si Orión hubiera sido exitosa la comuna no estaría viviendo esta situación. No se puede volver a contemplar la posibilidad de que la salida es sólo por la vía militar”, conceptúa Diana Barajas, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC.

“La intervención debería apuntar –continúa Barajas- a una acción decidida a acabar con la pobreza e inequidad que persiste allí”. En eso coincide la Personera Delegada para los Derechos Humanos, quien afirma, sin ocultar su desconcierto, que “no puede ser casualidad que las zonas más pobres de Medellín, como la comuna 13, sean las más afectadas por la violencia. Yo me pregunto: ¿Qué pasa entonces si aquí hay una alta inversión?”.

Agencia de Prensa IPC

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